Perturbaciones en el clima

La conmoción pronosticada como consecuencia inevitable de nuestro régimen de acumulación ya se cierne sobre nosotros. Hoy en día no solo nuestra política y nuestras instituciones parecen estar viniéndose abajo, también lo hacen todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos existir en una época en la que las perturbaciones se agravan y multiplican de diferentes formas? ¿Podemos concebir maneras de trabajar con y a través de estas perturbaciones, fomentando la libertad precisamente cuando parece estar más amenazada?

¿Cómo está la vida ahora mismo? La perturbación, entendida como «un desgarro, un estallido, una separación forzosa en varias partes», parece estar a la orden del día. Abordar a grandes rasgos una época de esta forma nos permite englobar cualquier forma de movimientos y emociones, plasmándolos en lo que el crítico cultural galés Raymond Williams denominó una estructura de sentimiento: «la cultura de un periodo […] el resultado vivo en concreto». Estas estructuras tienen el poder de acentuar el desarrollo histórico, determinar silenciosamente cómo se entiende y, hasta cierto punto, dirigirlo. 

Allá por 1983, Williams describió «un mundo mucho menos seguro y mucho más imprevisible», un mundo marcado por las turbulencias de la década de los setenta y la amenaza existencial que los movimientos sociales suponían para el orden capitalista fordista. Bautizada como la «era de la incertidumbre», este desasosiego generalizado resultó ser un caldo de cultivo para que más adelante los fundamentalistas del mercado conmocionaran las economías nacionales hacia un nuevo orden globalizado. 

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

Frente a ello, el neoliberalismo de la tercera vía surge como el gallo del corral: sofisticado, dinámico, flexible, fluido. Sus partidarios se alzaron para enfrentar el cambio del milenio con el compromiso del siglo y la promesa de evitar la fricción ideológica a favor de la madurez tecnocrática. Su evolución desde su forma combativa original hacia su estética lustrosa de los años 90 marcó​​, en palabras del economista político Will Davies, «el desencanto de la política por la economía». 

Los terremotos institucionales definieron la década de 2010 —desde la crisis financiera hasta el Brexit, pasando por Trump y las turbulencias en el mapa de partidos políticos establecidos en toda Europa—,  perfilando la lenta degeneración del neoliberalismo en… algo distinto. Pero el desconcierto percibido no es lo mismo que el desconcierto vivido. La inflación pospandémica ha situado los ámbitos más privados (el hogar y lo cotidiano) al frente del debate público. Asistimos a una convergencia de la protesta, las crisis políticas y los impactos medioambientales que repercute en espacios muy personales como la compra semanal, el camino diario al trabajo y el pago de las facturas. 

La era de las sacudidas 

Es posible identificar tres frentes distintos de perturbación. El primero, y el más obvio, es el caos provocado por el aumento del costo de la vida y la crisis energética. Actualmente la inflación en la Unión Europea supera el 10 % y los gobiernos europeos han destinado 500 mil millones de euros a intentar amortiguar el golpe de las facturas energéticas, que se han triplicado. Resulta fácil olvidar que estas tendencias son anteriores a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Su supuesta naturaleza temporal, una cantinela a la que recurren los actuales políticos en apuros, principalmente, se ve desmentida por múltiples factores. En la medida en la que la inflación se debe a la demanda pospandémica, esto es el fruto de la expansión de los mercados en nuevos territorios —la llamada «propagación zoonótica»— y el previsible resultado del «efecto rebote de nuestra desequilibrada relación con la naturaleza». Los economistas han planteado argumentos similares que achacan la inflación a un conjunto de crisis medioambientales (desde la sequía en Europa este pasado verano a las olas de calor, las inundaciones, las heladas e incluso las plagas de langostas) que han contribuido a la interrupción de la cadena de suministros y al aumento acumulativo de los precios de forma impredecible y generalizada. Solo podemos garantizar una cosa: a medida que los choques climáticos empeoran, la probabilidad de experimentar inestabilidad macroeconómica aumenta y, con ella, todo un arsenal de microconsecuencias. 

Asistimos a una convergencia de la protesta, las crisis políticas y los impactos medioambientales que repercute en espacios muy personales. 

Las políticas climáticas se han contextualizado siempre como un intento por evitar precisament estos impactos medioambientales y todas las consecuencias económicas que conllevan. No obstante, hace mucho que se rechazaron los itinerarios suaves de transición y desarrollo de resiliencia. Las intervenciones estatales para dejar atrás los combustibles fósiles e incentivar un cambio de comportamiento son hoy en día, por necesidad, más radicales, y una segunda forma perturbación en sí mismas. Los esfuerzos recientes de Robert Habeck, vicecanciller y ministro de Economía alemán, encaminados a abandonar la dependencia del país de las importaciones de gas ruso (animando incluso a sus ciudadanos a reducir su consumo doméstico) han contribuido al resurgimiento de la ultraderecha de Alternative für Deutschland (AfD) y su vieja crítica a la transición energética como el proyecto ideológico de un ecologismo metomentodo. Proliferan las acusaciones de una «dictadura climática» y la AfD está azuzando la preocupación ante la perspectiva de un Wutwinter (invierno de la rabia). Las restricciones de la pandemia constituyen aquí un precursor relevante, igual que en España, donde Vox (su homólogo de extrema derecha) arremete contra la «dictadura progresista» de centro-izquierda y contra «todas las leyes que atentan contra la libertad».  

Por lo tanto, la amenaza que auguraban los gilets jaunes franceses en 2018-2019 sigue siendo considerable. En un contexto de desigualdad y tensiones inflacionistas prolongadas, así como en ausencia de un programa destacado de redistribución y reformas, las políticas medioambientales pueden enfrentarse a una reacción airada. Incluso intervenciones más acordes con la injusticia sistémica que las subidas de impuestos se exponen a una profunda hostilidad. Un ejemplo de ello es  la reordenación del espacio vial para fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta que se ha acelerado últimamente en las principales ciudades europeas: desde el sueño de Anne Hidalgo de un París de 15 minutos a las superilles (intersecciones recuperadas) de Barcelona y los Kiezblocks de Berlín. El beneficio social de estas iniciativas las hace muy populares, pero la alteración de los patrones tradicionales de consumo las arrastra a una familiar polémica cultural. En Reino Unido, concretamente, ni todos los enfoques positivos sobre estos proyectos —«barrios con poco tráfico» o «calles diseñadas para las personas»— han conseguido evitar una oleada de ataques furiosos entre una minoría de detractores. Las críticas se basan en una interpretación errónea de la magnitud del número de personas afectadas (según la mayor parte de las encuestas, la mayoría de la gente no se sienten molestas por estas iniciativas), así como en la transmutación de una política para incentivar un tipo de movilidad en una negación autoritaria de derechos. En otras palabras, la negación del derecho a conducir libremente un vehículo con motor de combustión interna por una ciudad densa y saturada. 

La historiadora política Annelien De Dijn ha contrastado esta noción de libertad —«poder hacer lo que uno quiere sin interferencias del Estado»— con su predecesora demócrata, la «libertad de los antiguos», cuyos ejes son el gobierno autónomo y la extensión del empoderamiento colectivo. Aunque a este lado del Atlántico no haya ninguna invocación a la libertad que contenga la misma carga de derechos políticos, la devoción por tal modelo de libertad tan privado, cuya piedra angular son los derechos de propiedad, limita la capacidad de acción del «gran Estado verde». Se estima que los cambios de conducta son decisivos para lograr los dos tercios de la reducción de emisiones requerida y así alcanzar el objetivo cero. Esto hace que los gobiernos que no tienen ningún deseo de interferir en los hábitos tradicionales de consumo (nuestro «modo de vida imperial») se hallen ante una contradicción imposible. 

La tercera y última perturbación es la más calculada: la interrupción deliberada de los medios de subsistencia por parte de ciertos grupos sociales con fines políticos y económicos. Los activistas medioambientales son los ejemplos más evidentes, y cada vez son más quienes rechazan el civismo de la última década y se lanzan a intromisiones cada vez más creativas. Debemos atribuir parte del mérito a Andreas Malm y su Cómo dinamitar un oleoducto, un argumentario demoledor a favor del sabotaje en el seno de un movimiento con un fidelidad casi espiritual a la estrategia de la no-violencia. La oleada actual de activismo se caracteriza por una desesperación creciente que se puede observar en el  a un Monet en Potsdam, la cementación de los  durante una sequía en Toulouse, el bloqueo del tráfico en Berna y la  en Turín. Otros continúan con actividades legales pero cada vez más hostiles, como las arengas de Green New Deal Rising a políticos en eventos públicos, haciendo gala de una «autenticidad juvenil» en estado puro, y obligando a sus objetivos a «elegir un bando» mientras toman videos movidos con la cámara del móbil . La clave de esta táctica radica en la disociación entre el objetivo y la audiencia, y es que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con los conductores o, incluso, con las bellas artes, pero no con los políticos. Cuanto menos popular sea la persona, más cómoda se siente la audiencia. 

Las intervenciones estatales más radicales para dejar atrás los combustibles fósiles son una perturbación en sí misma.

Estos actos siguen siendo desiguales e inconexos, al menos en la forma en que se perciben de manera colectiva, como un batiburrillo de instigadores desacertados. La reacción del público suele ser emocional, desde el enojo por las insinuaciones morales de quienes bloquean las carreteras (que tú, conductor, eres culpable) y la gran ofensa de las sensibilidades culturales y liberales ante los ataques (prácticamente inofensivos) contra el arte, hasta la manida afirmación de que estas perturbaciones acaban por «entorpecer la causa» (en lo que en realidad es a menudo una pobre imitación de empatía). Las reacciones en Internet muestran ambos extremos. Las amenazas de una violencia desenfrenada se codean con promesas nihilistas de quemar aún más combustible el día siguiente por despecho. Unos «masoquistas haciéndose pasar por sádicos», ​​como dice Richard Seymour. Otros, espectadores principalmente, se han mostrado más bien indiferentes, e incluso extrañamente curiosos; una incómoda conciencia política desarrollándose a tiempo real. Cuando el mensaje de los activistas climáticos está teniendo un impacto, este parece coincidir con el contundente llamamiento y la consigna decididamente populista que Davies profirió: «¡Parad, nos estáis matando!”» 

Por último, avanzan en paralelo las huelgas de trabajadores a lo largo de toda Europa, respondiendo de forma directa a la crisis del costo de la vida, pero dispuesta a ampliar sus reivindicaciones más allá de las luchas industriales y sectoriales y de la política parlamentaria, y expandiendo la infraestructura de sus campañas en consonancia. Por ejemplo, la campaña Enough is Enough («Ya basta») impulsada por los sindicatos de Reino Unido tiene una serie de reivindicaciones que van más allá de los salarios y comprenden la seguridad alimentaria, la vivienda pública y los impuestos sobre el patrimonio. El movimiento reunió medio millón de simpatizantes en su primer mes, en una muestra del reto que puede suponer, junto con los activistas climáticos, para un Partido Laborista que cada vez está adoptando posturas más conservadoras. El giro hacia luchas industriales con carácter político revela un cambio estratégico más amplio entre partes de la izquierda, que se alejan del populismo del «Nuevo Pacto Verde» y se centran de nuevo en el antagonismo y las relaciones de fuerzas. Mick Lynch, el secretario general del sindicato ferroviario británico, irrumpió a finales de verano en una avalancha de apariciones en medios de comunicación con consignas sin ambages como «los trabajadores no deberían tener que suplicar». Esto es una perturbación en forma de última llamada a la democracia en un momento en el que todas las formas de agencia política o económica se han agotado o se encuentran estrechamente limitadas. Sin embargo, los sindicatos también cuentan con la importante baza que es su técnica retórica: hablar de intereses. Si bien es cierto que los activistas climáticos no disponen de esa misma capacidad instrumental directa, pueden aprender de ello de todas formas. 

El poder del consumo, un consuelo vacío 

Llamar la atención sobre estas conmociones recientes y sus secuelas personales no implica pasar por alto el gravísimo trastorno cívico de la década anterior. No debemos menoscabar la devastación material generalizada provocada por la crisis financiera y la ortodoxia de la austeridad europea que le siguió, desde la degradación de los servicios públicos al estancamiento de los salarios, ni tampoco debemos minimizar las consecuencias más personales de la pandemia. La novedad es la imposición del desconcierto socioeconómico actual, a nivel del conjunto de la sociedad, sobre los mismísimos derechos que el capitalismo neoliberal se suponía que iba a garantizar. 

Para comprender esto debemos reconocer que, por mucho que el análisis político se preocupe por las experiencias y el movimiento de «votantes», la verdadera subjetividad principal en la sociedad contemporánea es la del consumidor. En Hegemony Now, Jeremy Gilbert y Alex Williams sostienen que la alianza política que apuntaló el neoliberalismo se sostuvo gracias a un acuerdo a favor del «consentimiento del consumidor» según el cual los ciudadanos eran recompensados con nuevas formas de ocio y alternativas de estilo de vida a cambio de la pérdida de comunidad, de la democracia en el lugar de trabajo y de visiones de progreso social a largo plazo. 

Toda política debe ser también política de catástrofes.

Un claro ejemplo de esto en la actualidad es el afán de la ciudadanía por traducir los grandes momentos económicos presumiblemente públicos —como presupuestos estatales, reformas financieras o programas políticos— en cuestiones privadas basadas en el consumo. No se trata solo de un discurso individualizado, sino de su reducción a una pura cuestión de poder adquisitivo (pouvoir d’achat en francés, utilizado como equivalente a costo de la vida), allanando el camino para las repetidas promesas políticas de mantener «tu dinero en tu bolsillo». El resto de cuestiones relacionadas con el poder, la riqueza y la distribución se desestiman como asuntos etéreos, reservados a una esfera pública distante. De forma similar, el mundo del trabajo se postula no como el lugar de intersección con los sistemas de producción, ni como la organización de los trabajadores que tiene lugar en él, sino como el facilitador de ese allanamiento banal y brutal de la experiencia humana que es la idea de «ganarse la vida». 

Gilbert y Williams concluyen señalando que «el consentimiento de la población al programa neoliberal hegemónico dependía de la capacidad de dicho programa de ofrecer una expansión continua de la capacidad de consumo de la ciudadanía». También hizo cómplices por defecto a las personas, que si bien se beneficiaban de un estatus y consumo relativamente altos, eran más o menos incapaces de escapar la omnipotencia de la cultura adquisitiva tal y como se presenta en la publicidad, la televisión (ahora las redes sociales) y la comunicación política. The Salvage Collective ha defendido que la «tragedia del trabajador es que, mientras trabaje para el capitalismo, cavará su propia tumba». La doble tragedia es que estamos imbuidos en este telos acumulativo; la noción de «antropoceno» implica que estamos todos cerca del final. 

Esa capacidad de consumir cómoda y libremente, un remanente de los privilegios de los ciudadanos en el marco del neoliberalismo, se ve ahora amenazado gravemente por las fuerzas disruptivas del impacto climático, la ruptura política y los conflictos sociales. La ultraderecha autoritaria en España, Suecia e Italia (el único país de la UE en los que los salarios han disminuido desde la década de 1990, así que conocen la decadencia neoliberal mejor que la mayoría) ha recurrido al discurso del orden en las últimas elecciones, prometiendo, entre otras cosas, atajar la inmigración, derrotar a «los enemigos de la civilización», aumentar la financiación de la policía y evitar la corrupción general de la «gente normal» y de los valores tradicionales. Sin embargo, tal y como señala Kojo Karam, es probable que las economías europeas sigan descubriendo en sus propias carnes cómo funciona realmente el capitalismo en los llamados mercados emergentes, pese a los grandes esfuerzos por aislar el «jardín» europeo de la jungla que, según los diplomáticos, lo rodea.

Un catalizador para el cambio 

Parece así que lo que importa no es si habrán perturbaciones o no, ya que parece evidente que así será. «En el siglo XXI, toda política es política climática», escribieron los principales promotores del Nuevo Pacto Verde estadounidense en el año 2019. La triste deriva de ello es ahora, tan solo unos años después, evidente: toda la política debe ser también ​​política de catástrofes. De cara a salvar cuanto nos sea posible, los interrogantes más importantes ahora mismo son: ¿Cómo se siente este desconcierto? ¿Qué propósito lo promueve? ¿Qué intereses protege? Y, ¿de quién? 

«Fin del mundo, fin de mes». Dos batallas, opuestas en el pasado y convergentes en la actualidad.

Para los ecologistas y la izquierda, trabajar en medio de este caos supone negarse a minimizar este antagonismo y el papel de este ecologismo cada vez más divisorio. Los partidos consolidados, tanto en el poder como en la oposición, pueden dar una cobertura institucional considerable a las fuerzas disruptivas mediante la cualificación y la justificación de sus actos, corroborando la valoración lúcida del desesperado caos económico y medioambiental al que se enfrentan, la insuficiencia de tácticas alternativas más respetables y, en definitiva, la sensatez de sus demandas. Si hubiéramos actuado cuando la gente dijo que debíamos actuar, si el sistema hubiera cambiado cuando la gente dijo que debía cambiar, entonces no estaríamos donde nos encontramos ahora. A la vez, es posible condenar actividades y objetivos concretos. De hecho, esta selección legitima el principio de algunos tipos de disrupción deliberada. Tal y como han descubierto los estudios citados por Malm y otros, ni siquiera una reacción negativa en contra de los manifestantes perjudica necesariamente la causa. Un flanco radical recluta activistas, «siembra los granos» de la agenda y hace que otros actores parezcan más razonables. Una estrategia bien planteada (dirigida a las infraestructuras de explotación y producción y a las emisiones de lujo, que tenga en cuenta el análisis racial y de clase y que haga concesiones a grupos vulnerables) puede dividir a la opinión pública de formas políticamente productivas, al igual que algunas huelgas laborales que han sido sorprendentemente populares este verano pasado. 

Otra vía de acción pasa por incidir en el «hedonismo alternativo» de las iteraciones más utópicas del Nuevo Pacto Verde. Los nuevos modos de vida que sean capaces de contrarrestar y adaptarse a la perturbación no necesitan derrotismo; más bien precisan de algo que podríamos llamar recostismo. Más lujos públicos, un mejor ocio y, por supuesto, menos trabajo: estos pueden ser los principios compensatorios del decrecimiento material. Dado el rol del consumo como dotador de agencia en la cultura neoliberal, las políticas medioambientales que van ligadas a la liberación y la democratización resultan muy atractivas. Los ecologistas no necesitan una hegemonía ni un «bloque histórico» para empezar a plantear todo esto. Iniciativas locales como las superilles de Barcelona recuperan las intersecciones entre calles no como lugares bonitos sino como espacios verdaderamente sociales y públicos. Nuestra crisis es producto del desmantelamiento de las instituciones democráticas, de lo que se deduce que la acción y el empoderamiento distribuidos son un importante resultado de la justicia económica, algo que las perspectivas estatales de los nuevos pactos verdes consideraban una debilidad

Por último, los Verdes no deberían pasar por alto el papel del voluntariado cívico como una manera menos intrusiva de conducir a una transformación conductual, sin suavizar un ápice la crítica a las élites. Tal y como reflejó la pandemia, la sensación del esfuerzo colectivo (mientras pudo mantenerse) permitió que los gobiernos pudieran confiar en el cumplimiento ciudadano de las restricciones en un grado que excedió las expectativas libertarias dominantes. Una vez más, pedir algo con amabilidad no está exento de riesgos políticos, como Habeck está descubriendo en Alemania. Sin embargo, será esencial incluir algún tipo de «limitacionismo» en cualquier programa ecosocialista, y bajo las condiciones adecuadas es posible que dé prioridad a la solidaridad por delante de la imposición. 

«Fin del mundo, fin de mes». Dos batallas, opuestas en el pasado y convergentes en la actualidad. Todavía quedan historias impactantes por contar sobre lo que nos ha traído hasta aquí, por qué nos sentimos como nos sentimos y cómo podemos abrirnos paso entre los escombros. 

Klimat rozpadu

Wstrząs, którego nadejście przewidywano jako nieuniknioną konsekwencję naszego reżimu akumulacji, jest już naprawdę blisko. Dziś nie tylko nasza polityka i instytucje, ale wszystkie aspekty naszego codziennego życia wydają się trzeszczeć w szwach. Jak możemy istnieć w epoce tak wielu narastających i potęgujących się form zakłóceń? I czy przy takich zakłóceniach (i pomimo nich) potrafimy sobie wyobrazić, jak moglibyśmy działać na rzecz wolności, gdy wydaje się, że to ona jest najbardziej zagrożona?

Jak wygląda teraz życie? Jego tematem przewodnim zdaje się rozpad, definiowany jako „rozerwanie, pęknięcie, wymuszony podział na części”. Takie ogólne spojrzenie na epokę pozwala nam objąć wszystkie rodzaje ruchu i emocji w tym, co walijski krytyk kultury Raymond Williams nazwał strukturą odczuwania: „kulturą epoki… szczególnym żywym rezultatem”. Struktury te mają moc akcentowania rozwoju historycznego, dyskretnie wskazują, jak jest rozumiany, i w pewnym stopniu kierują nim. 

Już w 1983 roku Williams opisywał „znacznie mniej pewny siebie i znacznie bardziej nieoczekiwany świat”, naznaczony zawirowaniami lat 70. XX wieku oraz egzystencjalnym zagrożeniem, którym dla kapitalistycznego porządku fordyzmu były ruchy społeczne . W tym „wieku niepewności”, powszechny niepokój był dla fundamentalistów rynkowych żyznym gruntem do wtrącenia gospodarek narodowych w nowy zglobalizowany porządek. 

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

Neoliberalizm „trzeciej drogi” jawi się z kolei jako napuszony samiec alfa – sprytny, dynamiczny, luźny, płynny. Jego zwolennicy zdominowali dyskurs na przełomie mileniów, obiecując kompromis stulecia i uniknięcie tarć ideologicznych na rzecz technokratycznej dojrzałości. Odchodząc od swojej pierwotnej bojowej formy i przyjmując tandetną estetykę lat 90., „trzecia droga” oznaczała – jak ujął to ekonomista polityczny Will Davies – „odczarowanie polityki przez ekonomię”. 

Drugą dekadę XXI wieku zdominowały instytucjonalne trzęsienia ziemi, począwszy od kryzysu finansowego, poprzez Brexit, Trumpa, aż po zachwianie fundamentami mainstreamowych partii politycznych w całej Europie, które przypieczętowały powolną degradację neoliberalizmu… w coś innego. Jednak przekonanie o istnieniu rozpadu to nie to samo, co doświadczenie go. Popandemiczna inflacja przesunęła bardziej intymne strefy – gospodarstwa domowe i codzienność – na pierwszy plan debaty publicznej. Protesty, rozłam w polityce i skutki zmian klimatycznych – wszystkie te czynniki zbiegają się obecnie, odbijając na głęboko osobistych prerogatywach, takich jak cotygodniowe zakupy, dojazd do pracy, płacenie rachunków.  

Epoka wstrząsów 

Współczesny rozpad odbywa się na trzech różnych frontach. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest spustoszenie powodowane przez rosnące koszty życia i kryzys energetyczny. Inflacja w UE przekracza obecnie 10 procent, a europejskie rządy przeznaczyły już 500 mld euro na złagodzenie skutków trzykrotnego wzrostu cen energii. Łatwo można zapomnieć, że trendy te były widoczne jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. Ich rzekomej tymczasowości, o której nieustannie próbują przekonywać przede wszystkim nieudolni politycy stojący dziś u władzy, przeczy szereg czynników. Choć inflację napędził popandemiczny popyt, to sama pandemia jest skutkiem ekspansji rynków na nowe terytoria (i związanej z tym tzw. „transmisji odzwierzęcej”) i przewidywalną konsekwencją „gwałtownej reakcji na nasz niezrównoważony stosunek do natury”. Ekonomiści podają podobne argumenty, przypisując inflację szeregowi wstrząsów środowiskowych – od tegorocznej letniej suszy w Europie po fale upałów, powodzie, mrozy, a nawet plagę szarańczy – które w rozproszony i nieprzewidywalny sposób przyczyniają się do zakłóceń w łańcuchu dostaw i skumulowanego wzrostu cen. Jedno jest pewne: w miarę nasilania się zmian klimatu rośnie prawdopodobieństwo niestabilności makroekonomicznej, a wraz z nią pojawia się cały szereg mikrokonsekwencji.  

Protesty, rozłam w polityce i skutki zmian klimatu, wszystkie te czynniki zbiegają się obecnie, wpływając na głęboko osobiste priorytety.

Polityka klimatyczna zawsze była zdecydowanie przedstawiana jako próba powstrzymania właśnie takich wstrząsów ekologicznych i wszystkich wynikających z nich konsekwencji gospodarczych. Dawno temu odrzucono jednak metody płynnego wprowadzania zmian i budowania odporności. Podejmowane dziś bardziej radykalne interwencje państw mające na celu odejście od paliw kopalnych i zachęcanie do zmiany zachowań same w sobie są z konieczności kolejną formą rozłamu. Ostatnie wysiłki niemieckiego wicekanclerza i ministra gospodarki Roberta Habecka zmierzające do uniezależnienia kraju od rosyjskiego gazu – i związane z tym zachęcanie obywateli do ograniczenia jego zużycia w gospodarstwach domowych – przyczyniły się do odrodzenia skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) i ponownego nagłośnienia wyrażanej od lat krytyki transformacji energetycznej jako dyktowanej ideologicznie ingerencji wścibskich ekologów. Mnożą się oskarżenia o „dyktaturę klimatyczną”, a dodatkowo AfD podsyca niepokój związany z perspektywą Wutwinter (zimy wściekłości). Istotnym czynnikiem, który stworzył ku temu sprzyjające warunki, były ograniczenia pandemiczne, jak na przykład w Hiszpanii, gdzie skrajnie prawicowy odpowiednik AfD – partia Vox – surowo krytykuje centrolewicową „progresywną dyktaturę” i „wszystkie ustawy zabijające wolność”. 

Zagrożenie zapowiadane przez francuski ruch żółtych kamizelek (gilets jaunes) w latach 2018–19 pozostaje zatem poważne. W kontekście nierówności i długotrwałej presji inflacyjnej przy jednoczesnym braku poważnego programu redystrybucji i reform polityka klimatyczna może budzić gwałtowne reakcje. Nawet interwencje lepiej uwzględniające problem niesprawiedliwości systemowej niż podwyżki podatków są narażone na spotkanie z głęboką wrogością. Działania związane z realokacją przestrzeni drogowej zachęcające obywateli do poruszania się pieszo i rowerem przyspieszyły ostatnio w największych miastach europejskich: przykładami są wymarzony przez Anne Hidalgo piętnastominutowy Paryż, barcelońskie superilles (skrzyżowania wyłączone z ruchu) i berlińskie Kiezblocks. Choć związana z nimi społeczna dywidenda sprawia, że cieszą się one dużą popularnością, to sam fakt, że zaburzają tradycyjne wzorce konsumpcji, wciąga je w znajomy spór kulturowy. Zwłaszcza w Wielkiej Brytanii przedstawianie tych zmian w pozytywnym świetle pod hasłami typu: „dzielnice o małym natężeniu ruchu” czy „ulice przyjazne ludziom” nie zdołało zapobiec fali zażartej krytyki ze strony będących w mniejszości przeciwników. Cechą charakterystyczną zgłaszanych zastrzeżeń jest błędne przeświadczenie o ich liczbie – większość sondaży wskazuje, że inicjatywy te nie są uciążliwe dla przeważającej liczby mieszkańców – ale także wrażenie przemiany polityki opartej na wyrafinowanych zachętach do podróżowania w autorytarną odmowę przysługujących jednostce praw. Czyli prawa do niczym niezmąconej jazdy samochodem z silnikiem spalinowym przez ciasne, zakorkowane miasto.  

Historyczka myśli politycznej Annelien De Dijn przeciwstawia tę koncepcję wolności jako „możliwości robienia tego, co się chce, bez ingerencji państwa” jej demokratycznemu poprzednikowi, „wolności w rozumieniu starożytnych”, której sednem są samorządność i rozszerzanie podmiotowości zbiorowej. Choć po tej stronie Atlantyku nikt nie powołuje się na wolność z takim samym ładunkiem politycznej roszczeniowości, to przywiązanie do prywatnego trybu wolności, opartego w samej swej istocie na prawie własności, ogranicza „wielkiemu zielonemu państwu” możliwości działania. Szacuje się, że zmiana zachowań jest konieczna do osiągnięcia aż dwóch trzecich wymaganego ograniczenia emisji netto do zera. To stawia rządy, które nie chcą ingerować w tradycyjne wzorce konsumpcji – nasz „imperialny tryb życia” – w obliczu sprzeczności nie do rozwiązania. 

Trzecia i ostatnia forma rozpadu jest najbardziej przemyślana i polega na zamierzonym zakłóceniu życia określonych grup społecznych dla celów politycznych i ekonomicznych. Najbardziej oczywistymi graczami są tutaj aktywiści klimatyczni, którzy coraz częściej odrzucają grzeczne metody protestu stosowane w ostatnim dziesięcioleciu i dopuszczają się twórczych interwencji. Pewną zasługę w tym zakresie należy przypisać książce Andreasa Malma How to Blow Up a Pipeline, w której znalazły się dobitne argumenty przemawiające za wprowadzeniem sabotażu do ruchu nieomal religijnie przywiązanego do strategii niestosowania przemocy. Obecną falę aktywizmu charakteryzuje nieodwracalna desperacja, której przykładem mogą być: rzucanie puree ziemniaczanym w obraz Moneta w Poczdamie, zalewanie cementem dołków na polu golfowym w czasie suszy w Tuluzie, blokowanie ruchu drogowego w Bernie czy też spuszczanie powietrza z opon SUV-ów w Turynie. Inni kontynuują zgodne z prawem, ale coraz bardziej antagonistyczne działania, jak np. pouczanie polityków na forach publicznych przez przedstawicieli ruchu Green New Deal Rising, wykorzystywanie „autentyczności młodzieży” w czystej postaci i zmuszanie na amatorsko wyglądających nagraniach wideo obranych za cel polityków do opowiedzenia się za jedną ze stron. Siła tej taktyki tkwi w odrywaniu obranej za cel osoby od grona widzów: większość z nas jest w stanie identyfikować się z kierowcami, a nawet z dziełami sztuki, ale na pewno nie z politykami. Im mniej popularna jednostka, tym chętniej sprzyja temu publiczność. 

Podejmowane dziś bardziej radykalne interwencje państw mające na celu odejście od paliw kopalnych same w sobie są kolejną formą rozłamu.

Działania te nadal sprawiają wrażenie odrębnych i nieco chaotycznych, przynajmniej w zbiorowym odbiorze: jawią się jako zbieranina prowokatorów robiących nieprzemyślane rzeczy. Opinia publiczna często reaguje emocjonalnie – od złości na moralne implikacje blokad drogowych (że to ty jako kierowca jesteś winien) i głębokiej obrazy wrażliwości kulturowej i liberalnej z powodu (praktycznie nieszkodliwych) ataków na dzieła sztuki aż po oklepane formułki o tym, że zakłócenia w tej postaci „szkodzą sprawie” (co często bywa wyrazem mizernie udawanej empatii). Reakcje w sieci pokazują skrajne stanowiska. Groźbom nieopanowanej przemocy towarzyszą nihilistyczne obietnice spalenia jutro na złość dodatkowej ilości paliwa: „masochiści udają sadystów”, jak określił to Richard Seymour. Inni, zwłaszcza zwykli obserwatorzy, okazują większą powściągliwość, a nawet niezdrową ciekawość, co może być wyrazem niepewnej świadomości politycznej rozgrywającej się w czasie rzeczywistym. Jeśli założymy, że przesłanie ekologicznych buntowników jest spójne, to wyraża się ono raczej w mocnym i zdecydowanie populistycznym apelu zaproponowanym protestantom przez Daviesa: „Przestańcie, zabijacie nas!”.  

Równolegle rozpędzają się strajkujący w całej Europie pracownicy, którzy bezpośrednio reagują na kryzys związany z gwałtownym wzrostem kosztów utrzymania, a jednocześnie chcą wyjść z żądaniami poza spory zbiorowe i politykę parlamentarną oraz rozbudować infrastrukturę kampanijną. Na przykład zainicjowana przez brytyjskie związki zawodowe kampania „Enough is Enough” [Dość tego] obejmuje szereg żądań wykraczających poza kwestię płac, dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego, budownictwa komunalnego i opodatkowania najbogatszych. Zaledwie w pierwszym miesiącu do ruchu przyłączyło się pół miliona zwolenników – co jest jedynie przedsmakiem trudności, które wraz z aktywistami klimatycznymi może on sprawić Partii Pracy okopującej się na coraz bardziej konserwatywnych stanowiskach. Zwrot ku sporom pracowniczym o charakterze politycznym ujawnia szerszą strategiczną oś działania wśród części lewicy, która odchodzi od populizmu związanego z Zielonym Nowym Ładem w stronę skupienia się znów na antagonizmach i wywieraniu wpływu. Sekretarz generalny brytyjskiego związku zawodowego pracowników kolei, Mick Lynch, pod koniec lata ubiegłego roku szturmem zdobył media sensownymi hasłami typu „Ludzie pracujący nie powinni musieć żebrać”. Ten rodzaj zakłócenia jest desperackim przejawem demokracji, gdy wszystkie inne formy korzystania ze sprawczości politycznej lub ekonomicznej zostały ograniczone lub wyczerpane. Związki zawodowe czerpią siłę także z techniki retorycznej polegającej na rezygnacji z moralizatorstwa i koncentrowaniu się na interesach. Chociaż aktywiści klimatyczni nie dysponują takimi samymi narzędziami bezpośrednimi, mogą się uczyć na ich przykładzie. 

Siła konsumpcji – marne pocieszenie 

Zwracanie uwagi na ostatnie incydenty i ich osobiste konsekwencje nie oznacza pomijania istotnego przesunięcia nacisku w sprawach obywatelskich, do którego doszło w poprzednim dziesięcioleciu. Nie należy bowiem bagatelizować powszechnego spustoszenia wywołanego kryzysem finansowym i wprowadzonymi w związku z tym w Europie cięciami budżetowymi – od pogorszenia jakości usług publicznych aż po stagnację płac – ani też bardzo osobistych konsekwencji pandemii. Nowszym zjawiskiem jest nałożenie się obecnych zakłóceń społeczno-ekonomicznych na poziomie całego społeczeństwa na arcyuprawnienia, które miał przynieść neoliberalny kapitalizm.  

Aby to zrozumieć, musimy uznać, że o ile analiza polityczna zajmuje się doświadczeniami i przepływem „wyborców”, o tyle autentyczną podstawową podmiotowością we współczesnym społeczeństwie jest podmiotowość konsumenta. W książce Hegemony Now Jeremy Gilbert i Alex Williams dowodzą, że polityczny sojusz będący podporą neoliberalizmu utrzymywał się dzięki porozumieniu dotyczącemu „zgody konsumenta”: w zamian za utratę wspólnotowości, demokracji w miejscu pracy i wizji długofalowego postępu społecznego obywatele otrzymali rekompensatę w postaci nowych form sprawczości w zakresie decydowania o swoim czasie wolnym i stylu życia. 

Cała polityka będzie musiała również stać się polityką katastrofy.

Jednym z wyraźnych przejawów tego zjawiska są dziś popularne próby przekładania ważnych, rzekomo publicznych zdarzeń gospodarczych, takich jak budżety państw, wstrząsy finansowe czy ogłoszenia całych manifestów, na kwestie prywatne dotyczące konsumpcji. Dyskurs zostaje w ten sposób nie tylko przeniesiony na płaszczyznę indywidualną, ale wręcz sprowadzony do kwestii czystej siły nabywczej (Francuzi posługują się wyrażeniem pouvoir d’achat, które stało się synonimem kosztów życia), czym toruje drogę dla powtarzanych przez polityków haseł o zatrzymaniu „twoich pieniędzy w kieszeni”. Wszystkie inne kwestie dotyczące władzy, bogactwa i dystrybucji można wówczas odrzucić jako zbyt nieuchwytne i zarezerwowane dla odległej sfery publicznej. Podobnie świat pracy nie jest przedstawiany jako miejsce relacji jednostki i systemów produkcji ani jako organizacja pracowników w ich obrębie, ale jako element ułatwiający banalizację i brutalne spłaszczenie ludzkiego doświadczenia do „radzenia sobie w życiu”. 

„Zgoda opinii publicznej na hegemoniczny program neoliberalny – konkludują Gilbert i Williams – zależała od tego, czy program jest w stanie zapewnić stałe poszerzanie zdolności obywateli do konsumpcji”. Sprawiła również, że jednostki stały się z góry współwinne temu stanowi rzeczy, ponieważ mogły czerpać korzyści ze stosunkowo wysokiego statusu i konsumpcji, ale stały się mniej lub bardziej niezdolne do ucieczki przed wszechwładzą kultury chciwości, wyrażającej się w reklamie, telewizji (obecnie w mediach społecznościowych) i komunikacji politycznej. Członkowie grupy Salvage Collective wskazywali, że „tragedia kobiety pracującej polega na tym, że dopóki pracuje na rzecz kapitalizmu, musi sama sobie wykopać grób”. Drugim dnem tej tragedii jest fakt, że wszyscy uczestniczymy w dążeniu do akumulacji; pojęcie „antropocenu” sugeruje, że wszystko to wydarzyło się dla nas wszystkich. 

Ta zdolność do wygodnej i swobodnej konsumpcji, która w epoce neoliberalizmu jest pozostałością po przywilejach obywateli, jest dziś poważnie zagrożona przez destrukcyjny wpływ zmian klimatycznych, rozłam w polityce i niezgodę społeczną. Wszyscy skrajnie prawicowi autorytaryści w Hiszpanii, Szwecji i Włoszech (jedynym kraju UE, w którym płace spadły od lat 90. XX wieku, co oznacza, że jego obywatele mają lepsze niż większość pojęcie o neoliberalnej zgniliźnie) w ostatnich wyborach wykorzystywali temat porządku, obiecując powstrzymanie imigracji na różne sposoby, pokonanie „wrogów cywilizacji”, poprawę finansowania policji oraz zapobieganie ogólnemu zepsuciu „zwykłych ludzi” i upadkowi tradycyjnych wartości. Jak zauważa Kojo Karam, europejskie gospodarki prawdopodobnie będą nadal odkrywać, jak dokładnie działa kapitalizm na tak zwanych rynkach wschodzących, mimo iż same dokładają wszelkich starań, aby odizolować europejski „ogród” od dżungli, która zdaniem dyplomatów go otacza. 

Katalizator zmian 

Nie liczy się zatem to, czy dojdzie do rozłamów i zakłóceń, bo one z pewnością będą następować. „W XXI wieku cała polityka jest polityką klimatyczną” pisali w 2019 r. czołowi amerykańscy zwolennicy Zielonego Nowego Ładu. Dziś, po zaledwie kilku latach, widać także jak na dłoni niefortunną konsekwencję tego założenia: cała polityka musi również stać się polityką katastrofy. Ratując to, co jeszcze się da, najważniejsze są dziś pytania o to, jak odczuwane są te zakłócenia, w jakim celu są inicjowane i czyje interesy chronią. 

„Koniec świata, koniec miesiąca” – dwa pola walki, niegdyś z sobą sprzeczne, dziś idą z sobą w parze.

Dla Zielonych i Lewicy radzenie sobie z zakłóceniami oznacza odmowę uchylania się od takiego antagonizmu i ekologii stwarzającej podziały. Partie establishmentu – zarówno te rządzące, jak i opozycyjne – mogą zapewnić destrukcyjnym siłom znaczną instytucjonalną ochronę, zarówno poprzez nadawanie uprawnień, jak i uzasadnianie ich działań, potwierdzając tym samym trzeźwą ocenę dramatycznego chaosu ekologicznego i gospodarczego, z którym się borykają, nieadekwatność alternatywnych i bardziej przyzwoitych taktyk działania oraz ostateczną zasadność ich żądań. Gdybyśmy działali wtedy, kiedy ludzie mówili, że powinniśmy działać, gdyby system zmienił się wtedy, kiedy ludzie mówili, że powinien, nie bylibyśmy dziś w miejscu, w którym jesteśmy. W tym samym zdaniu można także potępić poszczególne działania i cele; w istocie sama wybiórczość legitymizuje bowiem zasadność niektórych rodzajów celowego zakłócenia. Jak wynika z badań cytowanych przez Malma i innych, nawet gwałtowna reakcja przeciwko protestującym nie musi zaszkodzić sprawie; radykalna flanka rekrutuje aktywistów, „zasiewa” ziarno swojego programu i sprawia, że inni uczestnicy zdarzeń wydają się bardziej rozsądni. Starannie dobrane działania (ukierunkowane na infrastrukturę wydobywczą i produkcyjną oraz na emisje niezwiązane z podstawowymi potrzebami życiowymi, uwzględniające analizę klasową i rasową, a także wyraźnie biorące poprawkę na grupy wrażliwe) mogą, podobnie jak niektóre wyjątkowo popularne strajki pracownicze latem tego roku, podzielić opinię publiczną w użyteczny politycznie sposób.  

Innym sposobem jest podkreślanie „alternatywnego hedonizmu” bardziej utopijnych wariantów Zielonego Nowego Ładu. Nowe sposoby życia mające na celu przeciwdziałanie rozłamom i przystosowanie się do nich nie wymagają deklinizmu – a raczej tego, co w zamian możemy nazwać reklinizmem, czyli przychylnością wobec relaksu (od ang. recline – spoczywać). Kompensacyjne założenia takiego materialnego postwzrostu mogą obejmować więcej publicznego luksusu, lepsze możliwości wypoczynku i rekreacji oraz oczywiście mniej pracy. Zważywszy na rolę konsumpcji jako wyrazu sprawczości w kulturze neoliberalnej, polityki ekologiczne zakładające wyzwolenie i demokratyzację wydają się bardzo atrakcyjne. Aby zacząć przedstawiać swoje racje, Zieloni nie potrzebują ani hegemonii, ani „bloku historycznego”; lokalne inicjatywy, takie jak barcelońskie superilles, przekształcają skrzyżowania nie w ładne zamknięte enklawy, lecz w przestrzenie o autentycznie społecznym i publicznym charakterze. Nasz kryzys jest następstwem drenażu instytucji demokratycznych: można zatem wysnuć wniosek, że rozproszenie sprawczości i upodmiotowienie są ważnymi konsekwencjami sprawiedliwości ekonomicznej, czyli tego, co państwocentryczne wizje Zielonych Nowych Ładów uważały za najważniejszą słabość

Nie łagodząc wyrażanej przez siebie krytyki elit, Zieloni nie powinni jednocześnie zapominać o roli wolontariatu obywatelskiego jako mniej inwazyjnej drogi do zmiany zachowań. Jak pokazała pandemia, poczucie zbiorowego wysiłku – zakładając, że da się je utrzymać – pozwalało rządom opierać się na przestrzeganiu ograniczeń przez społeczeństwo w sposób daleko wykraczający poza dominujące przewidywania libertariańskie. Jak Habeck przekonał się w Niemczech, proszenie po dobroci nie jest pozbawione ryzyka politycznego. Dla każdego programu ekosocjalistycznego ważnym elementem będzie wyrażenie w jakimś stopniu „limitarianizmu”, który w odpowiednich warunkach może stawiać solidarność ponad surowym egzekwowaniem. 

„Koniec świata, koniec miesiąca” – dwa pola walki, niegdyś sprzeczne, dziś idą z sobą w parze. Warto porozmawiać jeszcze o tym, jak znaleźliśmy się w tej sytuacji, dlaczego się tak czujemy i jak mamy odnaleźć drogę wśród ruin.  

Климат на разруха

Катаклизмът, който се прогнозираше като неизбежна последица от нашия режим на трупане, вече е тук и наистина ни застига. Днес изглежда се разпадат не само нашата политика и институции, но и всеки аспект от ежедневието ни. Как можем да съществуваме в епоха на множество ескалиращи и комбинирани форми на разруха? И можем ли да предвидим начини да работим с тази разруха и чрез нея, напредвайки към свободата точно когато изглежда най-застрашена? 

Какво е усещането за живота сега? Разрухата, дефинирана като „разкъсване, разрушение, насилствено разделяне на части“, изглежда добра тема за размисъл. Пренасянето към една цяла епоха с „голямата метла“ ни позволява да помитаме по този начин всякакъв вид движения и емоции, улавяйки ги в това, което уелският културен критик Реймънд Уилямс нарича структура на усещането: „културата на даден период … конкретният жив резултат“. Тези структури имат силата да акцентират върху историческото развитие, кротко да определят как се разбира същото и донякъде да го насочват. 

Още през 1983 г. в труда си Уилямс описва „един много по-неуверен и много по-неочакван свят“, белязан от турбуленцията на 70-те години и екзистенциалната заплаха, която социалните движения представляват за капиталистическия ред на фордизма. Това общо безпокойство, обобщено като „епохата на несигурността“, ще се окаже плодородна почва за пазарните фундаменталисти да шокират националните икономики с нов, глобализиран ред. 

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

За разлика от него, неолиберализмът на „третия път“ се появява като петел на разходка – хлъзгав, динамичен, освободен, течен. Неговите поддръжници се изкачват, за да посрещнат началото на новото хилядолетие с компромиса на века и обещанието да избегнат идеологическите търкания в полза на технократската зрялост. Развивайки се от първоначалната си бойна форма до лъскавата естетика на 90-те години, той отбеляза, по думите на политическия икономист Уил Дейвис, „разочарованието на политиката от икономиката”. 

От финансовата криза до Брекзит, Тръмп и преобръщането на утвърдени политически партии в цяла Европа, институционалните земетресения определят 2010-те години, преобразувайки бавната деградация на неолиберализма в… нещо друго. Но разбирането на дадена разруха не е същото, като да я преживееш. Инфлацията след пандемията изведе на преден план в обществения дебат по-интимно пазените теми като домакинството и ежедневието. Протестите, разривът в политиката и въздействията върху климата сега се сливат в една тема, засягайки дълбоко лични прерогативи – седмичното пазаруване, пътуването до работното място, плащането на сметките. 

Епохата на сътресенията 

Могат да се идентифицират три различни фронта на съвременното сътресение. Първият и най-очевидният е хаосът, причинен от нарастващите разходи за живот и енергийната криза. В момента инфлацията в ЕС надхвърля 10 процента, а европейските правителства са заделили 500 милиарда евро в опит да смекчат удара от утрояването на сметките за енергия. Много е лесно е да се забрави, че тези тенденции предшестват нахлуването на Русия в Украйна. Техният предполагаем временен характер – рефрен преди всичко на борещите се действащи политици – се опровергава от редица фактори. Доколкото инфлацията се ръководи от търсенето след пандемията, това само по себе си е продукт на разширяването на пазарите в нови територии (т.нар. „зоонозно разпространение“) и предвидимия резултат от „ответните последици от небалансираната ни връзка с природата“.   Икономистите изтъкват подобни аргументи като проследяват инфлацията назад във времето до поредицата от екологични сътресения – от сушата в Европа през това лято до горещите температурни вълни, наводненията, замръзванията и дори нашествията на скакалци – всички те допринасят за прекъсване на веригата за доставки и кумулативно покачване на цените по разпокъсани и непредсказуеми начини. Само едно нещо е гарантирано: тъй като въздействието върху климата се влошава, макроикономическата нестабилност става по-вероятна, а с нея и пълният набор от микропоследствия. 

Протестите, разривът в политиката и въздействията върху климата сега се сливат в една тема, засягайки дълбоко лични прерогативи. 

Политиките в областта на климата винаги са били доста силно формулирани като опит да се предотвратят точно тези екологични сътресения и всички икономически последици, които произтичат от тях. Но плавните пътища на преход и изграждане на устойчивост отдавна са отхвърлени. По-радикалните държавни намеси за отказване от изкопаемите горива и стимулиране на промяната на поведението сега по необходимост се превърнаха във втора форма на разруха. Доскорошните усилия на германския вицеканцлер и министър на икономиката Роберт Хабек да откаже страната си от вноса на руски газ – включително чрез насърчаване на гражданите да намалят вътрешното си потребление – допринесоха за съживяването на крайно дясната партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) и постоянната ѝ критика на енергийния преход като идеологически проект на любопитния екологизъм. Множат се обвиненията в „климатична диктатура“, а „Алтернатива за Германия“ засилва загрижеността си относно перспективата за Wutwinter (зима на яростта). Пандемичните ограничения са важен предшественик тук, както и в Испания, където крайно десните им колеги от „Вокс“ (Vox) се противопоставят на лявоцентристката „прогресивна диктатура“ и „всички убиващи свободата закони“. 

Следователно заплахата, предвещавана от френското движение на „Жълтите жилетки“ (gilets jaunes) през 2018-19 г., си остава значителна. В условия на неравенство и продължителен инфлационен натиск и при липсата на основна програма за преразпределение и реформи, политиките в областта на климата могат да срещнат гръмогласен отговор. Дори интервенциите, които са по-добре настроени към системната несправедливост от повишаването на данъците, са уязвими от дълбоко насадена враждебност. Например преразпределението на пътното пространство, за да се насърчи пешеходството и колоезденето, напоследък се засилва  в големите европейски градове – от мечтата на Ан Идалго за 15-минутен град (Париж) до реорганизираните кръстовища (superilles) на Барселона и жилищните квартали (Kiezblocks) в Берлин. Социалният им дивидент ги прави широко популярни, но прекъсването на обичайния ред на потребление ги въвлича в познат, културно вдъхновен спор. По-специално в Обединеното кралство никакво положително рамкиране – като например „квартали с нисък трафик“, „приятелски настроени към хората улици“ – не успя да предотврати вълната от раздразнителни обиди сред малцината противници. Възраженията се характеризират с погрешно разбиране на техния брой – според повечето социологически проучвания, инициативите са отегчителни за мнозинството – но също така и с превръщането на политика на леко ограничени стимули за пътуване в авторитарно отричане на права. Тоест, на правото да се управлява напълно безпрепятствено превозно средство с двигател с вътрешно горене в гъстонаселен, задръстен от трафик град. 

Анелиен Де Дийн, занимаваща се с история на политиката, противопоставя тази концепция за свободата „да можеш да правиш каквото искаш, без намеса на държавата“ на демократичния ѝ предшественик, „свободата на древните“, в основата на която са самоуправлението и разширяването на колективното овластяване. Въпреки че никое позоваване на свобода не носи съвсем същия произход на политически права от тази страна на Атлантическия океан, предаността към такъв частен режим на свобода, с права на собственост в основата си, наистина ограничава способността на „голямата зелена държава“ да действа. Смята се, че промяната в поведението играе роля при две трети  от необходимите намаления на емисиите до нетната нула. Това оставя правителствата без желание да се намесват в обичайните модели на потребление – в „имперския ни начин на живот – изправени пред невъзможно противоречие.  

Третата и последна форма на разруха е най-премерената: умишленото прекъсване на поминъка, преследвано от социални групи за политически и икономически цели. Климатичните активисти са най-очевидните действащи лица, като все по-голям брой от тях отхвърлят цивилизоваността на последното десетилетие и изскачат напред с все по-креативни намеси. Книгата „How to Blow Up a Pipeline“ на Андреас Малм трябва да трябва да бъде донякъде похвалена за лансирането на идеята за крайно рязък саботаж в движение с почти духовна преданост към стратегическото ненасилие. От хвърлянето на картофено пюре по Моне в Потсдам, циментирането на дупки в голф игрището по време на сушата в Тулуза, блокирането на трафика в Берн и пукането на гуми на луксозни коли в Торино настоящата вълна на активизъм се характеризира с разтърсващо отчаяние. Други продължават със законна, но все по-антагонистична дейност, като нападателното изказване на Green New Deal Rising (младежкото движение „Зелена нова сделка“) срещу политици на публични форуми, разгръщането на „младежка автентичност“ в чистата ѝ форма и принуждаването на целевата им аудитория, чрез трептящ лош видеозапис, да „избере страна“. Тактическото разграничаване на целта от публиката е заредено с определена сила: повечето от нас могат да се идентифицират с автомобилистите, дори с изобразителното изкуство, но не и с политиците. Колкото по-малко популярен е индивидът, толкова по-удобна е публиката.  

По-радикалните държавни намеси за отказване от изкопаемите горива вече са форми на разруха сами по себе си.

Тези действия остават несъизмеримо различни и несвързани, поне по начина, по който се възприемат колективно от обществото: като смесица от заблудени подбудители. Обществената реакция често е емоционална, от гняв към моралните последици от блокиращите пътищата (че ти, шофьорът, си виновен) и дълбока обида до културна и либерална чувствителност към (на практика безобидни) атаки срещу изкуството, до баналното твърдение, че разрухата в крайна сметка „пречи на каузата“ (често лоша имитация на емпатия). Онлайн реакциите показват крайностите. Заплахите за необосновано насилие се съчетават с нихилистични обещания за изгаряне на допълнително гориво утре, от чиста злоба: „мазохисти, маскирани като садисти“, ако цитираме буквално думите на Ричард Сиймор.   Други, особено страничните наблюдатели, са по-бездейни, дори странно любопитни; неспокойно политическо съзнание, което се развива в реално време. До степента, до която е съгласувано посланието на разрушителите на климата, то изглежда се основава на мощната заповед и решително популисткия обединителен вик, предложен от Дейвис: „Спрете, вие ни убивате!“. 

И накрая, успоредно с това се увеличава броят на стачкуващите работници в цяла Европа, които директно реагират на кризата по отношение на разходите за живот, но желаят да разширят претенциите си отвъд браншовите индустриални спорове и парламентарната политика и да разширят инфраструктурата за провеждане на кампании, за да стане съответстваща. Кампанията „Достатъчно е достатъчно“ („Enough is Enough“), стартирана от профсъюзите в Обединеното кралство, например поставя набор от искания, които надхвърлят тези за заплатите до продоволствената сигурност, ведомствените жилища и данъците върху имуществото. Движението регистрира половин милион поддръжници още през първия си месец – с вкуса на предизвикателството, което може да предложи, в тандем с климатичните активисти на Лейбъристката партия, заемаща все по-консервативни позиции. Обръщането към индустриални спорове с политически характер разкрива по-широко стратегическо насочване сред частите на левицата, далеч от популизма на Green-New-Deal и с подновен фокус върху антагонизма и влиянието. Генералният секретар на британския синдикат на железопътните работници, Мик Линч, в края на лятото щурмува с поредица от медийни изяви с безсмислени рефрени като „Работниците не трябва да просят“. Това е разруха, която дори не се доближава до демокрацията, когато всички други форми на упражняване на политическо или икономическо посредничество вече са ограничени или изчерпани. Но синдикатите също черпят сила от реторичните си похвати: като избягват морализма, осъществяват търговия с интереси. Макар активистите по въпроса за климата да нямат същия директен инструментариум, те така или иначе могат да се поучат от всичко това. 

Консуматорската мощпразна утеха 

Да привлечем вниманието към тези неотдавнашни вълнения и личното им въздействие не означава да пренебрегнем доста значимото гражданско разместване през предишното десетилетие. То не трябва да подкопава широкоразпространеното и материално опустошение, причинено от финансовата криза и ортодоксалността на европейските строги икономии, което последва от влошаването на обществените услуги до стагнацията на заплатите, нито изключително личните последици от пандемията. По-голямата новост е налагането на настоящите социално-икономически сътресения – на ниво общество – върху самите архиправа, които неолибералният капитализъм трябваше да си позволи. 

За да разберем това, трябва да признаем, че доколкото политическият анализ се занимава с преживяванията и движението на „избирателите“, истинската основна субективност в съвременното общество е тази на потребителя. В Hegemony Now Джеръми Гилбърт и Алекс Уилямс твърдят, че политическият съюз, който подкрепя неолиберализма, се крепи на сделка за „съгласие на потребителите“: в замяна на загубата на общност, демокрация на работното място и визии за дългосрочен социален прогрес, гражданите биват компенсирани от нови форми на избор за свободното време и начина им на живот. 

Всяка политика ще трябва да се превърне в политика на бедствие. 

Ясно доказателство за това днес се представя под формата на популярните усилия да се преобразуват големи, привидно публични, икономически проблеми – държавни бюджети, финансови промени, лансиране на цели манифести – в лични, основани на потреблението въпроси. Това е дискурс, не само индивидуализиран, но и сведен до въпроса за чистата покупателна способност (на френски pouvoir d’achat, използвана като заместител на разходите за живот), който проправя пътя на повтарящи се политически ангажименти да държите „парите си във Вашия джоб”. Всички други въпроси за властта, богатството и разпределението могат да бъдат отхвърлени като ефимерни, запазени за далечна обществена сфера. По подобен начин светът на труда се позиционира не като мястото на връзката с производствените системи, нито като организацията на работниците в тях, а като посредник на това банално и брутално потъпкване на човешкия опит: „да вземеш живота в свои ръце“.  

„Общественото съгласие за хегемонистичната неолиберална програма“, заключават Гилбърт и Уилямс, „зависеше от способността на тази програма да осигури непрекъснато разширяване на капацитета на гражданите да консумират“. Тя също така превърна индивидите в съучастници по подразбиране, способни да се възползват от относително високия си статус и потребление, но повече или по-малко неспособни да избягат от всемогъществото на културата на придобиване, изразена в рекламата, телевизията (сега и социални медии) и политическата комуникация. Salvage Collective твърдят, че „трагедията на работника е, че докато работи за капитализма, той трябва сам да си изкопае гроба“. Двойната трагедия е, че ние сме замесени в този натрупваща се цел; „The Anthropocene“ предполага, че това бе всичко, за всички нас. 

Тази способност за комфортно и свободно потребление, един остатък от привилегията на гражданите при неолиберализма, сега е под сериозна заплаха от разрушителните сили на климатичните въздействия, разкъсването на политиките и социалните разногласия. Крайно десни авторитаристи в Испания, Швеция и Италия (единствената държава в ЕС, където заплатите са се свили от 90-те години на миналия век, което означава, че познава нeoлибералната гнилост по-добре от повечето от останалите) се възползваха от темата за реда на последните избори, обещавайки по различни начини да спрат имиграцията, да победят „враговете на цивилизацията“, да увеличат финансирането на полицията и да предотвратят корупцията като цяло за „обикновените хора“ и традиционните ценности. Но европейските икономики вероятно ще продължат да откриват, както отбелязва Коджо Карам, как точно всъщност работи капитализмът на така наречените нововъзникващи пазари, въпреки всички усилия да се изолира европейската „градина“ от джунглата, която дипломатите си представят, че я заобикаля. 

Катализатор за промяна 

Следователно това, което има значение, не е дали има разруха, тъй като тя със сигурност ще продължи. „В 21-ви век всяка политика е политика за климата“, написаха през 2019 г. водещите американски активисти на Green New Deal. Нещастното следствие вече е ясно, само няколко години по-късно: всяка политика трябва също да се превърне в политика на бедствие. При спасяването на това, което можем, решаващите въпроси сега са как се усеща тази разруха, с каква цел е подклаждана и чии интереси са защитени. 

„Краят на света, краят на месеца“ – две битки, някога в опозиция, сега се сливат.

За зелените и левицата преодоляването на това разстройство означава отказ от избягване на този антагонизъм и тази все по-разединителна екология. Утвърдените партии – както тези на власт, така и тези в опозиция – могат да осигурят значително институционално покритие на разрушителните сили, както чрез квалификация, така и чрез обосновка на действията си, потвърждавайки проницателната оценка на отчайващия екологичен и икономически хаос, пред който са изправени, неадекватността на алтернативни, по-уважавани тактики и крайната разумност на техните искания. Ако бяхме действали, когато хората казаха, че трябва да действаме, ако системата се беше променила, когато хората казаха, че трябва, нямаше да сме там, където сме. Конкретни дейности и цели могат да бъдат осъдени съвкупно; всъщност, самата селективност легитимира принципа на някои видове умишлена разруха. Както е установено в изследване, цитирано от Малм и други, дори реакцията срещу протестиращите не е задължително да вреди на каузата; даден радикален фланг набира активисти, „посява семената“ на дневния ред и прави другите играчи да изглеждат по-разумни. Онези, които са внимателно подбрани (насочени към инфраструктурата нагоре по веригата и луксозните емисии, вземайки предвид класовия и расовия анализ и правейки ясни допускания за уязвимите групи), могат, подобно на някои изненадващо популярни трудови стачки от това лято, да разцепят общественото мнение по политически продуктивни начини. 

Друг начин е да се подчертае „алтернативният хедонизъм“ на по-утопичните повторения на Green New Deal. Новите начини на живот за противодействие и адаптиране към разрухата не изискват упадък; вместо това можем да го наречем „навеждане“. Повече публичен лукс, по-добро свободно време и, разбира се, по-малко работа: това могат да бъдат компенсаторните принципи на материалния отрицателен ръст. Като се има предвид ролята на потреблението като посредник на неолибералната култура, екологичните политики, които също така освобождават и демократизират, излъчват мощна привлекателност. Зелените не се нуждаят нито от хегемония, нито от „исторически блок“, за да започнат да правят това; местни инициативи като superilles на Барселона възстановяват кръстовищата не като красиви анклави, а като истински социални и обществени пространства. Нашата криза следва изпразването на демократичните институции: от това следва, че разпределеното посредничество и овластяването са важни следствия на икономическата справедливост, нещо, което държавно-центричните визии на Green New Deals смятат за слабост.  

И накрая, зелените не трябва да пренебрегват ролята на гражданския волунтаризъм (доброволчество) като не толкова натрапчив начин за промяна на поведението, без да се смекчава всякаква критика на елита. Както илюстрира пандемията, чувството за колективно усилие – въпреки че не можеше да бъде запазено – позволи на правителствата да разчитат на общественото придържане към ограничения, далеч надхвърлящи доминиращите либертариански очаквания. Отново, както Хабек открива в Германия, любезното искане не е лишено от политически рискове. Но известна проява на „лимитаризъм“ ще е от решаващо значение за всяка еко-социалистическа програма и при подходящите условия тя може да даде предимство на солидарността пред налагането.  

„Краят на света, краят на месеца“ – две битки, някога в опозиция, сега се сливат. Тепърва ще се разказват въздействащи истории за това какво ни е довело дотук, защо се чувстваме така и как намираме пътя си през останките. 

L’isola verde di Ventotene

In una piccola isola del Mediterraneo, le parole resilienza, autonomia e solidarietà sono molto più immediate e concrete rispetto all’utilizzo che ne viene fatto dalla politica. In un processo iniziato durante la pandemia, divenuto ora ancora più utile nel contesto della crisi energetica, gli abitanti dell’isola hanno creato insieme una Comunità Energetica Rinnovabile. La loro storia ci insegna che un sistema equamente distribuito, decentralizzato e democratico è un sistema più sicuro.

Il traghetto che parte dall’isola di Ventotene diretto a Formia, è più affollato rispetto a quello che va nella direzione opposta. Qualche isolano dormicchia in attesa di raggiungere la penisola, mentre qualche visitatore meno abituato scatta le ultime foto delle case colorate della piccola isola italiana, che lentamente diventa sempre più lontana. È finita l’estate e con essa anche la stagione turistica; l’isola si svuota. Non sono solo i turisti a diminuire, ma anche gli abitanti stessi. Dei circa 800 residenti, ne rimangono non più di 200.  

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

«In inverno questo bar è uno dei pochi punti di ritrovo per i giovani. Restare aperti è una scelta, ma è una scelta che comporta dei costi», dice Antonio Psaros (per gli amici Toni) mentre spegne i frigoriferi, preoccupato delle spese del suo bar. Aggiunge: «Io l’anno scorso le bollette dell’elettricità le ho pagate 800 euro per luglio e agosto, invece ora ho speso 1500 euro. Per le piccole attività come noi quest’incremento pesa molto». Ma Psaros è deciso a non chiudere il suo locale dopo l’estate, per poter offrire un luogo a chi decide di rimanere anche d’inverno. Una scelta per se stesso e per la sua comunità, che lo ha portato a ripensare il suo ruolo nell’isola, scegliendo di diventare membro della Comunità energetica rinnovabile (Cer) di Ventotene. «Oltre che al beneficio ambientale, la partecipazione alla Cer può aiutare a sostenerci in questo momento di difficoltà dato dall’aumento dei prezzi di gas e luce» dice Psaros, mentre cerca sul suo telefono le bollette più recenti per mostrarle. 

Antonio Psaros, detto Toni, mostra una delle sue ultime bollette della luce.

Sono 38 le Cer già ufficialmente costituite in Italia giuridicamente riconosciute, ma almeno altre 65 sono in fase di progettazione o stanno muovendo i primi passi, secondo quanto censito da Legambiente, associazione ambientalista italiana, nel Rapporto sulle Comunità Rinnovabili del 2022. Le Cer si basano su un’idea di produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, prodotta da impianti distribuiti localmente e che viene condivisa da una serie di consumatori ubicati nelle vicinanze. Alla base vi è la necessità di pensare nuovi modi di produrre, distribuire e consumare energia basati sulla condivisione e che si pongano in netta opposizione allo spreco energetico. I membri della Cer non sono però solo “consumers”, ma  “prosumers” in quanto diventano anche produttori e proprietari di impianti, capaci di generare valore economico, sociale e ambientale nel proprio territorio.  

Le Comunità Energetiche Rinnovabili vengono disciplinate a livello europeo dall’articolo 22 della direttiva Ue RED II nell’ambito dello sforzo di decarbonizzazione e promozione delle fonti rinnovabili stabilito per il 2030. Il Decreto Milleproroghe del 2019, approvato nel 2020, stabilisce un primo recepimento all’interno del corpus normativo italiano delle direttive europee, complessivamente recepite attraverso i decreti legislativi 199 (RED II) e 210 (IEM) del 8 novembre 2021, rendendo così possibile la costituzione formale delle Cer in Italia. Questa direzione legislativa viene accompagnata da incentivi statali: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destina circa 23,78 miliardi alle energie rinnovabili e nello specifico 2,2 miliardi per lo sviluppo delle Cer.  

«Riconoscere giuridicamente le Cer è un passo importante per l’Italia, poiché significa supportare questo tipo di produzione di energia. A mio parere è un modello ideale in quanto dipendente da fonti rinnovabili e localizzato opponendosi all’attuale modello centralizzato e dipendente dalle fonti fossili» spiega Tommaso Polci, che lavora nell’Ufficio energia di Legambiente. Aggiunge Polci: «Le Cer permettono di ritrovare una dimensione umana rispetto a un mondo percepito distante da noi. Per spiegarmi meglio: quando accendiamo una lampadina spesso non ci domandiamo da dove arrivi l’elettricità. Con le Cer questo approccio cambia, poiché siamo portati a chiederci come venga generata l’energia che consumiamo e a comprenderne il valore». 

Nella stessa strada del locale di Antonio Psaros, un cartello verde contrasta con la porta azzurra del bar di Alessio Castagna, dove si legge: «Lo storico Art cafè diventerà dopo l’estate uno spazio laboratorio per facilitare e supportare la realizzazione di proposte e progetti circolari e rigenerativi legati alla tutela ambientale e culturale dell’isola». Castagna ha scelto fin da subito di aderire alla Cer. Apre le porte che si affacciano sulla terrazza del locale, e indica verso l’alto. Il sole è accecante,  difficile vedere cosa indichi. «Probabilmente i pannelli saranno lì», spiega. “Dream in progress” recita il cartello all’ingresso; un sogno che Castegna vorrebbe rendere condiviso, come si legge poche righe sotto: «Nell’epoca del confino politico qui si trovava la mensa socialista, oggi immagino in essa un luogo in cui si possa ascoltare, sognare e co-progettare». Con questa prospettiva progettuale Castagna vede la sua partecipazione alla Cer: «Quando si punta all’autosufficienza bisogna pensare a lungo termine. Una comunità decide insieme che il luogo da cui trarre guadagno è anche un luogo da preservare. E quel luogo diventa la casa di cui quel gruppo di persone si prende cura». Per anni Castagna ha viaggiato per il mondo come fotografo e documentarista, lasciando il suo locale in gestione. E poi, improvvisamente, Ventotene è tornata a essere la sua casa. “Io prima facevo solo le stagioni e poi andavo via, così come fanno tutti». Ma poi, nel 2020, Castagna si è trovato a rivivere alcuni mesi, non solo estivi, nell’isola. Racconta: «Stando qua con tutte le problematiche, la pandemia, le restrizioni, si è cominciata a creare una rete di aiuto. C’è stato un periodo in cui non arrivavano molti prodotti sull’isola, quindi ognuno cominciava a cooperare. In quel preciso momento, in cui ci trovavamo tutti un po’ bloccati, ho cominciato a vedere delle occasioni in cui si poteva credere in nuovi ideali e possibilità » 

Alessio Castagna, proprietario dell’Art Café

Ed è proprio in clima di restrizioni e lockdown che inizia a maturare l’idea della Cer di Ventotene grazie a Gabriele Magni, oggi dottorando ma ai tempi della pandemia laureando in ingegneria energetica. Sebbene il suo legame con l’isola risale all’infanzia, ha continuato con frequenza ad andare a Ventotene, ma solo nella stagione estiva. Poi, racconta Magni, «ho cominciato ad andarci sempre di più, poi è arrivato il periodo del Covid e stare a Roma era solo scomodo e inutile. Avevo un posto in cui appoggiarmi a Ventotene e ho deciso, per la prima volta, di passare un periodo invernale sull’isola per scrivere la tesi magistrale. A stretto contatto con il territorio ho avuto l’idea di scrivere la tesi su Ventotene non solo a Ventotene fisicamente». Coadiuvato dal suo relatore, il professore Andrea Micangeli, che insegna sistemi energetici presso l’università La Sapienza di Roma, Magni ha intrapreso un’analisi che lo ha portato a descrivere quale potesse essere il modello di Cer per Ventotene. La conoscenza dell’isola e dei suoi abitanti gli ha dato una marcia in più. Ha iniziato a bussare di porta in porta spiegando cosa stava facendo e chiedendo alle persone cosa ne pensavano della sua idea e se avrebbero voluto far parte della comunità. Una sorta di sondaggio esplorativo che sin da subito ha portato Magni a interloquire anche con l’amministrazione. Questo legame è servito da facilitatore, infatti «il sindaco ha accolto volentieri l’idea e ha fatto una delibera di giunta comunale, in cui ha dichiarato di voler fare la Cer e poi nell’ottobre successivo, cioè ottobre 2021, è stata costituita ufficialmente l’associazione comunità energetica di Ventotene» che sancisce la messa in pratica di quella che fino a quel momento era stata una ricerca. 

Con le Cer siamo portati a chiederci come venga generata l’energia che consumiamo e a comprenderne il valore. 

Il commissariamento del comune ha, in parte, interrotto questo processo di costruzione della comunità. Così, nonostante il periodo di stop a cui è costretta la comunità, si lavora sulle relazioni tra le persone. Ad aiutare Gabriele Magni su questo fronte c’è Gloria Consoli, coordinatrice della cooperativa di comunità di Ventotene. La sinergia fra queste due figure porta all’attuazione di un approccio dal basso. Parlando di questo processo Magni elenca i vari passaggi: «abbiamo cominciato a creare una mailing list di persone interessate su cui si inviava anche materiale informativo su cosa può essere una Cer e su come funziona; ci siamo riuniti più volte tra di noi per delle riunioni durante l’anno in cui si spiegava anche che cos’è, come si poteva fare e quali erano i passi per portarla avanti». L’approccio di Consoli prevede «l’idea di cominciare a pensare la comunità energetica come una comunità nel vero senso della parola. Quindi cominciare a fare delle cene sociali per mettere da parte, alla fine dell’anno, quel gruzzoletto da reinvestire in altre attività». Per rappresentare la complessità di una comunità, seppur piccola, fa l’esempio del condominio: diversità, specializzazioni diverse, collaborazione e a volte anche situazioni di crisi.   

Consoli promuove anche dei gruppi di lavoro composti da cittadini di Ventotene di tutte le età. Solitamente si procede con delle equipe, come quando sono stati proposti dei laboratori. Ricordando una delle attività svolte, Magni racconta: «Abbiamo fatto un’analisi dei pro e contro che ci sono nel costruire una Cer, insomma abbiamo messo le persone non solo a fare una lezione frontale, ma attuando un processo partecipativo che ha portato anche alla stesura di un’agenda di transizione energetica per l’isola di Ventotene». 

Consoli aggiunge che lo spirito comunitario è fondamentale, ma da solo non basta, infatti «Bisognerà lavorare molto sulla governance della Cer, quindi sull’aspetto finanziario per capire quali possono essere i progetti da mettere in campo con i soldi che si riescono a guadagnare». A fare da denominatore comune sono le parole formazione e sensibilizzazione. Ciascuno, poi, in base al proprio background e alle proprie esigenze declina le conoscenze acquisite in modo diverso. 

«Il nostro hotel sta aperto solo d’estate. Quindi vediamo la nostra partecipazione alla Cer anche in un’ottica di scambio: in inverno, quando non lavoriamo, possiamo azzerare i costi ai privati o imprese più piccole con l’energia che produciamo, mentre loro ci aiuterebbero durante l’estate», commenta Nicola Assenso gestore dell’Hotel Calabattaglia. Il grande spazio a disposizione gli permetterebbe di installare numerosi pannelli fotovoltaici, ma la produzione andrebbe persa nei periodi di inattività: «Abbiamo la possibilità di creare un impianto piuttosto grande, fornendo così anche energia a chi non ha la possibilità di mettere i pannelli». Per questo motivo Assenso è entusiasta di prendere parte alla Cer, seguendo un’idea re-distributiva dell’energia, significativa in un periodo di difficoltà per molte famiglie causato dall’aumento dei prezzi e dalla crisi energetica. «Questa è una piccola isola e se aderissero tutti potrebbe essere possibile abbandonare del tutto i combustibili fossili, divenendo perla esemplare dell’Unione Europea». 

Il Centro polivalente di Ventotene, dove si sono svolte le prime riunioni che hanno dato vita alla Cer.

Anche Antonio Psaros guarda con positività al futuro della Cer: «Più persone sono coinvolte, più persone vorranno essere coinvolte a loro volta», dice mentre entra un suo amico. Si siede e cominciano a chiacchierare. Di quell’amico che quest’anno parte. Dei prezzi del caffè che sono aumentati.  E poi dell’altra sera e del troppo vino. Di quanta energia consumino i forni. Crisi climatica, crisi energetica, crisi politica ed economica segnano la quotidianità delle persone, intessono e influenzano i rapporti sociali. Così quello che può sembrare un piccolo esperimento a livello locale è, in realtà, laboratorio di innovazione e colloca Ventotene nel solco della tradizione come fucina di idee dal respiro europeo. Ventotene, una piccola isola, la prima Cer nel Lazio può fare da apripista e insieme ad altre piccole realtà sparse per l’Italia dar luogo a un arcipelago di comunità energetiche. 

Quello che può sembrare un piccolo esperimento a livello locale è, in realtà, un laboratorio di innovazione

Alessio Castagna prende un grande foglio di carta da un cassetto. Nel frattempo racconta della sua associazione “Sconfinata” che, anche durante la bassa stagione, cerca di creare processi di inclusione sociale e formazione e che stabilisce con la Cer un rapporto di collaborazione e di condivisione di valori. Alessio apre il foglio. Frecce in giù e in su rappresentano le interrelazioni tra le realtà e le persone attive nell’isola. Come in un organigramma aziendale, viene tracciata una mappa dove in un riquadro spicca scritto in maiuscolo “Comunità energetica” a cui si collegano molti altri nomi. Gabriele Magni, o un più generico “Università”, “Sconfinata” e altri ancora. Una freccia indica “Lega Navale”. «Noi siamo tra i sostenitori e promotori della prim’ora» afferma Francesca Rizzi, vicepresidente della Comunità energetica di Ventotene. Nell’isola la Lega Navale è conosciuta per il suo impegno ambientalista e per la promozione di un rapporto sostenibile con il territorio. «Noi dal 1997 con l’istituzione dell’area marina protetta a Ventotene (poi dal 1999 è diventata anche riserva naturale statale) abbiamo sempre pensato che il bene che avevamo sotto i piedi andava preservato». Con naturalità hanno perciò deciso di abbracciare il progetto Cer, consapevoli dell’importanza di unire più conoscenze con l’obiettivo di raggiungere uno scopo comune. Progettare insieme, trovare soluzioni per un fine comune. Sono gli stessi concetti che insegna la Lega navale, quando in mezzo al mare gli allievi della scuola imparano a collaborare per muovere la vela: «Ci vuole coordinazione, le relazioni e il senso di comunità hanno un ruolo centrale in mezzo al mare così come nella Cer. Siamo tutti sulla stessa barca».  

Un diagramma mostra le connessioni tra le varie parti che costituiscono la Cer di Ventotene.

In quest’ottica l’impegno per far fronte alla crisi climatica, oltre che all’inflazione e alla crisi energetica, deve essere realizzato collettivamente. L’aumento dei prezzi dei prodotti energetici e agricoli hanno forte effetto sull’Italia, per la sua dipendenza dall’estero. L’instabilità geopolitica scaturita dal conflitto in Ucraina e gli effetti della crisi climatica, tra cui la siccità degli ultimi mesi, hanno conseguenze soprattutto sulle fasce più povere della popolazione, incrementando le diseguaglianze. In tale contesto si fa sempre più urgente una reale transizione ecologica che ponga le sue basi in una divisione solidale e sostenibile delle risorse.  «Le Cer sono uno strumento utile contro la povertà energetica» commenta in merito Tommaso Polci, raccontando l’esperienza della Cer di  Napoli, costituita nei quartieri poveri di Teduccio e San Giovanni. «Oltre al risparmio per le famiglie, è stata un’occasione di riscatto sociale. Questi quartieri erano famosi per la criminalità, ma per una volta sono stati raccontati in modo diverso». La dimensione economica, sociale e ambientale si mescolano in una comune linea di reciprocità e scambio tra la collettività e il territorio nel complesso. «La comunità energetica deve servire anche per un’istanza di redistribuzione del potere d’acquisto, dell’energia, un’istanza di uguaglianza. Potrebbe andare a ricucire la differenza che c’è tra le classi sociali, che si sta sempre più allargando negli ultimi decenni» commenta Raffaele Spadano, antropologo che gestisce la Comunità di Gagliano Aterno, nella regione Abruzzo. Aggiunge: «Si dice che non c’è alternativa e non si può fare nulla contro cambiamento climatico, pandemia, guerra. Ma le Cer permettono di ripartire da delle basi semplici. Innanzitutto il valore generato dalla natura (acqua, vento, sole, biomasse) deve restare  a chi abita quei territori; al tempo stesso  bisogna far sì che la gestione e la manutenzione degli impianti sia affidata localmente». Gagliano Aterno è un piccolo paese tra le montagne abruzzesi e Spadano vede nelle Cer una possibilità importante per il recupero di un senso di comunità messo sempre più a rischio dallo spopolamento dell’area. «Costituire una Cer è un percorso che richiede tempo, anni e in questi anni le comunità devono essere accompagnate. Molto spesso ci troviamo di fronte a scenari in cui le comunità sono sfilacciate, sono deteriorate dal punto di vista delle relazioni perciò come prima cosa bisogna riscoprire una dimensione collettiva». 

Eppure sono molti gli ostacoli che stanno rallentando lo sviluppo delle comunità energetiche in Italia. A livello europeo Germania, Danimarca e Paesi Bassi superano di gran lunga l’Italia per il numero di Cer riconosciute. L’Italia tuttavia ha visto negli scorsi anni numerosi esperimenti e progetti che seppur non giuridicamente riferibili al quadro legislativo delle Cer, hanno promosso esempi di autoconsumo e promozione di fonti rinnovabili locali. «Nel 2021 l’Italia era abbastanza avanti a livello europeo, diciamo che era un Paese virtuoso, anche rispetto alle Cer. Ma con questi ritardi stiamo perdendo tempo e stiamo rimanendo indietro» commenta Polci. Ritardi dovuti in parte all’instabilità a livello legislativo e rallentamenti nelle regolamentazioni tecniche che hanno bloccato l’installazione dei nuovi pannelli, a partire da Ventotene stessa. Legambiente denuncia infatti il grave ritardo degli Orientamenti in materia di configurazioni per l’autoconsumo predisposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in attuazione del Decreto legislativo 199/2021 e dal Decreto legislativo 210/2021 di recepimento delle direttive europee. A ciò si aggiunge l’assenza di chiarimenti sugli aggiornamenti riguardanti i meccanismi di incentivazione, necessari per l’avvio di molte Cer in Italia, oltre a questioni di ordine tecnico, come spiega Polci: «I membri di una comunità energetica devono appartenere tutti alla stessa cabina primaria. Per sapere a quale cabina si appartenga si deve fare riferimento al proprio distributore locale (per lo più Enel). È un’informazione necessaria nel primo passo di formazione di una CER, ma spesso si deve aspettare molto a lungo». 

Un’Ape per le strade di Ventotene, di fronte a una casa abbandonata in vendita.

Come spiega Gloria Consoli anche per la Cer di Ventotene il percorso di formazione è stato in salita e oltre ai ritardi di adeguamento alla normativa e al commissariamento del comune che ha comportato la mancanza della figura del sindaco, in quanto presidente dell’associazione della comunità energetica di Ventotene, si sono aggiunti anche i problemi di allacciamento alla cabina di bassa tensione. Questo ostacolo iniziale ha fatto sì, continua Consoli, che «il primo nucleo della Cer di Ventotene fosse formato da un gruppo ristrettissimo di persone legate tutte alla stessa cabina di bassa tensione», in questo modo si sarebbero dovuti creare cinque gruppi, ognuno legato a una cabina diversa, ma ciò avrebbe comportato una frammentazione a scapito della coesione. Quindi, per evitare tale divisione si è preferito iniziare da un piccolo gruppo di persone. 

Nel rapporto Orange sulle Comunità energetiche (2022) si ricorda, in riferimento agli obiettivi europei fissati per il 2030 sulla transizione energetica che «l’Italia è in ritardo in questo percorso, tanto che il 26 luglio sono state aperte dalla Commissione Europea 10 procedure di infrazione per il mancato recepimento di alcune direttive, tra cui proprio quella sulle comunità energetiche». 

L’avvio di un numero sempre maggiore di Cer potrebbe apportare vantaggi su tutto il territorio nazionale, andando a favorire un processo virtuoso per cui i membri delle comunità possano essere in grado di reinvestire autonomamente sul territorio senza dipendere da rallentamenti e ostacoli politici che spesso si frappongono alla transizione ecologica.  Commenta Magni: «Il passo successivo sarà creare delle reti di comunità tra Cer, una sorta di green communities, delle reti di scambio di buone pratiche. Però prima devono essere avviate le Cer».  

L’Italia non è un Paese per giovani

Dopo la pandemia, l’aumento del costo della vita ha assestato un altro colpo ai giovani e alla loro condizione. In Italia, le generazioni più giovani soffrono da almeno un decennio gli effetti di una crescente precarietà nel mondo del lavoro e della crisi economica generale. Ne risulta una profonda disillusione, un minore impegno e interesse nella politica e un vuoto che finora solo la destra è stata capace, finora, di colmare.

«Sono laureata in scienze dello sport e mentre studiavo ho iniziato a lavorare in una palestra nell’ambito di un tirocinio curriculare. Dopo la laurea mi hanno proposto di sostituire una maternità e ho continuato a lavorare lì. Da quel momento hanno iniziato a pagarmi in nero, perché per essere in regola avrei dovuto aprire la Partita Iva e, per i soldi che mi danno, sarebbero più le tasse da pagare che il guadagno netto». Sono le parole di Francesca*, una ragazza di 26 anni che si divide tra tre lavori saltuari per aumentare la sua esperienza lavorativa e cercare una minima autonomia dai suoi genitori. «Lavoro anche in un’altra palestra dove si tengono corsi di ginnastica artistica, e lì mi guadagno lo stipendio sotto forma di rimborsi spesa» continua Francesca, «inoltre una o due volte al mese, in base a quando fanno le serate, faccio la barista in discoteca». La gestione di tre lavori non è semplice e mette alla prova sia fisicamente sia mentalmente; infatti, Francesca aggiunge «faccio tre lavori per guadagnare cinquecento euro al mese e sentirmi esaurita».  

Secondo i dati più aggiornati forniti da Eurostat, in Italia nel 2020 l’11,2% dei giovani lavoratori tra i 20 e i 29 anni viveva sotto la soglia di povertà relativa, cioè guadagnava meno di 10.519 euro all’anno e quindi meno di 876 euro al mese. Una percentuale che supera di circa due punti la media dell’Unione Europea. Secondo l’Istat, l’Istituto nazionale di statistica, l’incidenza della povertà assoluta tra i giovani che hanno tra i 18 e i 34 anni è dell’11%. Questo significa che, secondo i dati riferiti al 2021, nel Paese ci sono 1 milione 86mila giovani che vivono in condizione di povertà assoluta e non possono permettersi le spese minime per condurre una vita accettabile. Inoltre, ad aggravare la situazione, dal 2020 la pandemia da Covid-19 ha fatto perdere il lavoro a migliaia di giovani, aumentando la precarietà e la disoccupazione e dilatando l’area del disagio occupazionale. 

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

Sottopagato, discontinuo, sfruttato e insicuro, queste sono le caratteristiche principali del lavoro che spesso i giovani in Italia sono costretti ad accettare per poter vivere. Un’indagine realizzata nel 2021 dal Consiglio nazionale dei giovani con il supporto dei Servizi europei per l’impiego (Eures) e condotta su un campione di 960 giovani della fascia 18-35 anni, ha rivelato che nei cinque anni dal completamento degli studi, il 33,3% degli intervistati viveva una situazione di elevata discontinuità lavorativa, cioè una durata della disoccupazione superiore al 40% del tempo. Inoltre, un’ampia maggioranza dei giovani coinvolti ha indicato di ricevere una retribuzione inferiore ai 10mila euro annui, il 23,9% addirittura inferiore ai 5mila euro.  

Nell’Unione Europea, in 22 dei 27 Stati membri è stato già introdotto il salario minimo, ma l’Italia non ha ancora provveduto a tale riforma, insieme a Danimarca, Austria, Finlandia e Svezia, dove i salari sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali. Nel mese di settembre 2022 è stata approvata dal Parlamento Europeo una direttiva sui salari minimi dell’Unione, che mira ad aumentare la soglia minima degli stipendi e rafforzare la contrattazione collettiva. Questo perché tale tipologia di contrattazione, pur esistendo negli Stati che non hanno ancora introdotto il salario minimo non copre adeguatamente tutte le tipologie di lavoratori. In Italia, infatti, la contrattazione tra le parti non è obbligatoria ed esistono imprese o tipologie di contratti di lavoro individuali in cui non è applicabile nessun contratto collettivo e, di conseguenza, nessun limite retributivo, a discapito dei diritti e delle tutele dei lavoratori.  

In Italia il lavoro viene regolato attraverso il cosiddetto Jobs Act, una riforma del diritto promossa e attuata dal governo di centro-sinistra guidato da Matteo Renzi a partire dal 2015, volta a flessibilizzare e riavviare il mercato del lavoro dopo la crisi dell’Eurozona iniziata tra il 2009 e il 2010. Questa riforma, attuata con l’intento di ridurre la disoccupazione e stimolare le imprese ad assumere ha, tra le altre cose, definito le soglie da porre a tipologie contrattuali come il contratto a termine o a chiamata, che non garantiscono stabilità lavorativa e di salario. «Questi limiti, però, non impediscono la diffusione sfrenata di questa tipologia di contratti» spiega Nicola Marongiu, coordinatore dell’area dedicata alla contrattazione e al mercato del lavoro di Cgil, uno dei principali sindacati italiani. Secondo quanto riportato da Marongiu, infatti, a livello generale il 90% delle nuove attivazioni contrattuali ogni mese sono di tipologia a termine, mentre per i giovani «si aggiungono altre tipologie di contratti che non si possono definire lavoro» come i cosiddetti tirocini extracurriculari che dovrebbero essere finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento lavorativo, ma «dal 2014, periodo in cui è iniziata la robusta crescita rispetto al loro utilizzo, spesso sono impiegati per esigenze lavorative delle imprese e sono una finta attività formativa». Marongiu spiega, ancora, che la frammentazione contrattuale alla quale sono sottoposti soprattutto i lavoratori giovani in Italia, provoca prima di tutto una scarsa capacità di produzione del salario «perché questa continua interruzione e riattivazione di contratti determina una produzione di reddito annuale non sufficiente al sostentamento». Il secondo problema, invece, riguarda il futuro in quanto il ridotto accumulo di contributi dovuto alle retribuzioni così povere nell’arco dell’anno distruggono la creazione di una prospettiva pensionistica.  

«Il problema fondamentale è che non esistono politiche di welfare pubblico indirizzato ai giovani» aggiunge Silvia Ciucciovino, professoressa ordinaria di diritto del lavoro e consigliera esperta presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), «quest’ultimo è più orientato agli anziani e di conseguenza i nuovi bisogni sociali, specialmente quello dei giovani e dei nuovi nuclei familiari sta fuori dall’intervento dello Stato sociale». Questa mancanza di previdenza priva un’intera categoria cioè quella dei giovani che, secondo Ciucciovino, viene svuotata della possibilità di fare progetti di vita e questo si ripercuote inevitabilmente su una serie di fattori, tra cui la dignità e la motivazione dei giovani stessi. 

Sottopagato, discontinuo, sfruttato e insicuro, queste sono le caratteristiche principali del lavoro che spesso i giovani in Italia sono costretti ad accettare per poter vivere.

Precarietà lavorativa che si riflette sul diritto all’autonomia abitativa 

Il tema della precarietà e della povertà tra i giovani incide in maniera importante su un diritto fondamentale, quello all’autonomia abitativa. Molti giovani in Italia, infatti, vedono continuamente negato il diritto di essere indipendenti e uscire dal proprio nucleo familiare. Secondo i dati Eurostat nel 2021 l’età media nell’Unione europea in cui un giovane tra i 15 e i 34 anni ha lasciato l’abitazione dei propri genitori era di 26,5 anni, mentre in Italia l’età media sale a 29,9 anni. Come ha sottolineato Eurostat, a un’età media elevata corrispondono i tassi più bassi nella partecipazione al mondo del lavoro in quella fascia di età. Infatti, la mancanza di un reddito adeguato e continuativo per accedere a una casa e sostenere le spese quotidiane è il primo elemento che pesa sulla scelta di uscire dalla casa della famiglia d’origine e diventare autonomi. Carlo Giordano, board member di Immobiliare.it, ha dichiarato che secondo una recente analisi effettuata dal centro studi di Immobiliare.it «attualmente in Italia per un trilocale in affitto si spendono in media 10.524 euro di canone annuo, 877 euro al mese». Una cifra in netta crescita rispetto allo scorso anno, che riporta un incremento di quasi l’8%. «Inoltre, al costo del canone vanno aggiunte le utenze» continua Giordano, spiegando che l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti, ha calcolato un costo annuale del gas naturale e della fornitura elettrica pari rispettivamente a 1.730 e a 1.120 euro. Entrambe le bollette hanno subito forti rialzi rispetto allo scorso anno, un aumento del 46% nel primo caso e dell’81% nel secondo. Dati alla mano, quindi, nel 2022 una famiglia italiana deve mettere a budget oltre 13.300 euro per un appartamento in affitto, il 15% in più circa rispetto al 2021. Questa situazione, se comparata con i dati sulla povertà che influisce sulla vita dei giovani e la precarietà contrattuale dilagante, rende sempre più difficile la possibilità di poter godere di una propria indipendenza.  

«Abito attualmente ancora con i miei genitori. La motivazione risiede nella precarietà dei contratti e in quello che è lo stipendio che non mi consentirebbe di affrontare un affitto con relative spese con eventuali imprevisti» racconta Andrea*, 32 anni. «Impiegherei nell’affitto e nel mantenimento dell’abitazione tutto lo stipendio e forse anche di più, di conseguenze non potrei affrontare imprevisti che capitano come il dentista, cure mediche specialistiche o riparare l’auto che si rompe» continua, spiegando poi che questa situazione «è molto frustrante, in quanto potrei provare ad essere indipendente, ma sarei esposto a una serie di rischi che non saprei come affrontare». Quella raccontata da Andrea è una situazione comune in Italia, in cui i giovani che lavorano non guadagnano abbastanza per far fronte alle spese a cui una vita indipendente dal proprio nucleo familiare di appartenenza metterebbe di fronte. Oltre alla mancanza di politiche di assistenza rivolte ai giovani, in Italia, rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea, anche la presenza di agevolazioni come l’edilizia residenziale sociale è scarsa. In termini di disponibilità di alloggi, l’Italia è tra i Paesi con il più alto numero di alloggi per abitante, ma nonostante questo il settore dell’edilizia sociale è relativamente piccolo. Solo il 3,8% del patrimonio abitativo totale del Paese è destinato a soddisfare i bisogni della popolazione che non trova risposta alle proprie necessità nel tradizionale mercato immobiliare, a differenza di Stati come l’Austria e i Paesi Bassi che prevedono questo tipo di supporto in percentuali molto più elevate, mettendo a disposizione rispettivamente il 24 e il 29 percento delle abitazioni totali all’edilizia sociale. Secondo una ricerca condotta da Nomisma, tutti gli indicatori disponibili rivelano un elevato e crescente disagio abitativo nella popolazione in Italia, al quale si aggiunge una situazione particolarmente difficile per i giovani, in quanto l’accesso agli alloggi sociali è praticamente precluso loro in quanto chi occupa questo tipo di alloggi tende a rimanervi per tutta la vita.  

La situazione di povertà alla quale stanno facendo fronte molti giovani, è diventata ormai strutturale, tanto da aver dato inizio a un cambiamento della concezione stessa di indipendenza abitativa. Come riporta Nicola Ferrigni, infatti, sociologo e direttore dell’osservatorio permanente sui giovani “Generazione Proteo”, in uno studio da lui condotto su cinquemila giovani tra i 16 e i 19 anni, il 62% ha rivelato che andrebbe a vivere in una condizione di co-living, un modello immobiliare che propone l’affitto di abitazioni in edifici con spazi condivisi. Il 36,8% degli intervistati ha risposto che farebbe questa scelta per motivi economici, spiega Ferrigni, chiarendo come il cambiamento che sta avvenendo è sicuramente culturale, «ma è un cambiamento culturale che deriva da una dimensione economica». 

Una classe politica assente 

In questo panorama antitetico tra le condizioni lavorative e l’aumento del costo della vita, si inserisce una classe politica che da anni ha dimenticato i giovani e le loro esigenze. «Il giovane è escluso dalla politica» chiarisce Nicola Ferrigni, aggiungendo che «oltre ad essere escluso è anche usato. La parola “giovani” viene usata come key word in campagna elettorale, è quasi un politicamente corretto» che poi, però, non porta a nulla nel concreto. Gli under 35 in Italia, infatti, sembrano essere completamente disillusi dalla classe politica, lo dimostrano anche le statistiche relative alle elezioni politiche che si sono tenute in Italia il 25 settembre e che hanno visto la coalizione di destra guadagnare la maggioranza in Parlamento con più del 40% dei voti. Secondo i dati forniti dall’Istituto Ixè, infatti, il 39,8% dei ragazzi tra i 18 e i 24 e il 40,5% dei giovani tra i 25 e i 34 anni si sono astenuti. Numeri che si inseriscono in una dinamica di disillusione e sfiducia che è stata estremizzata dalla politica stessa, attraverso l’esclusione continua delle generazioni più giovani dai propri programmi e dalle proprie politiche.  

«Non ho fiducia nella politica. Nessuno rispecchia i miei pensieri. La maggioranza dei politici negli ultimi anni non ha dato peso alle esigenze della mia generazione» sostiene Francesca. Della stessa idea è Andrea, che con lo sguardo deluso racconta di amare profondamente la politica, ma di non nutrire alcun tipo di fiducia nella politica italiana perché «indipendentemente dal punto di vista, dall’estrema destra all’estrema sinistra, non vedo politici in grado di avere e attuare una visione di medio-lungo periodo per quello che è il Paese. Ho 32 anni, quindi voto da diverse tornate elettorali e in nessuna di queste ho visto quel lampo di novità o visione che sia riuscita a tranquillizzarmi». 

Il recente successo della destra è la conseguenza di molti fattori. Secondo Luca Raffini, ricercatore in sociologia dei fenomeni politici, i giovani sono politicamente molto smarriti e questo deriva dalla precarietà lavorativa, ma anche di vita, a cui sono obbligati ormai da anni. «Le generazioni più giovani si trovano private di una dimensione collettiva a causa della precarietà e della frammentazione delle esperienze e delle identità» continua Raffini, «e la politica è, invece, una cosa collettiva. Ma come si fa a costruire un senso di comunità se in un posto di lavoro la metà dei dipendenti sono precari e hanno paura che qualsiasi tipo di rivendicazione possa giocare la loro presenza nell’azienda?».  

La destra in Italia è riuscita a capitalizzare un malcontento derivante dal continuo deterioramento delle condizioni di vita e dall’aumento del costo della vita, e una delle motivazioni potrebbe risiedere proprio nel fatto che ha concentrato parte del suo programma nel “qui e ora”, come la proposta della cosiddetta flat tax, cioè un sistema fiscale basato su un’aliquota fissa, che, però, alle condizioni formulate non sarebbe applicabile perché priva di copertura economica e perché rischierebbe di compromettere la discesa del debito pubblico. Maggioranza ottenuta anche grazie alla diffusione di proposte che hanno puntato sulla fascia demografica più presente nel Paese se si considera che i votanti under 35 sono 6,8 milioni, mentre quelli over 50 sono più di 16 milioni.  

Tutti gli indicatori disponibili rivelano un elevato e crescente disagio abitativo nella popolazione in Italia, al quale si aggiunge una situazione particolarmente difficile per i giovani.

È importante evidenziare come la maggioranza ricevuta da Giorgia Meloni e il suo partito Fratelli d’Italia sia, molto probabilmente, da attribuire al fatto che al momento delle elezioni rappresentava una proposta nuova rispetto a una serie di governi che erano già stati tentati in Italia e avevano in qualche modo fallito. Una vittoria da attribuire alla sua caparbietà di rimanere salda al ruolo dell’opposizione e alla capacità di colpire gli elettori attraverso una retorica paternalista in cui lo Stato dovrebbe prendersi cura dei suoi cittadini in un momento di crisi come quello attuale. Giorgia Meloni non ha vinto tanto per le proposte concrete del suo programma elettorale, piuttosto per la sua abilità di trasmettere un senso di protezione: protezione della famiglia tradizionale, della patria e della nazione, dei confini e della sicurezza. 

In un contesto di questo tipo, i maggiori partiti italiani hanno provato a guardare ai giovani durante la loro campagna elettorale, tentando di coinvolgerli, ma non sono riusciti a formulare proposte concrete e di lungo periodo capaci davvero di dare speranza a un’intera generazione. Se da un lato la destra ha proposto di effettuare una riduzione dell’imponibile per i giovani lavoratori che vengono assunti, la sinistra del Partito Democratico e l’alleanza Verdi e Sinistra Italiana ha controbattuto sostenendo l’importanza di passare a un regime di “zero tasse” per le assunzioni a tempo determinato dei giovani fino a 35 anni, promuovendo l’importanza di una rete di trasporti pubblici gratuiti per gli under 30. Anche all’interno del Movimento Cinque Stelle l’attenzione ai giovani è stata superficiale, proponendo di agevolare la possibilità di accedere a un mutuo per l’acquisto della prima casa e nominando un generico «diritto a restare», per combattere l’emigrazione di giovani laureati che si recano all’estero per la ricerca di lavoro.  

Una serie di punti importanti, ma che non bastano da soli per cambiare il sistema in cui si trova attualmente l’Italia, in quanto appaiono come sconnessi tra loro e concentrati sul tentativo di mettere una pezza al presente, senza davvero guardare al futuro.  

La precarietà ha un enorme impatto sociale e sulla salute mentale dei giovani  

Precarietà, dipendenza economica prolungata e disillusione sono fattori che incidono profondamente sul benessere psicologico delle generazioni di under 35, cambiando il loro modo di percepire la vita e le relazioni e radicandosi anche e soprattutto attraverso il timore di non riuscire a esprimere se stessi e le proprie necessità. «La precarietà come qualcosa che da lavorativo diventa anche esistenziale si ha quando questo non ti permette di diventare adulto o di acquisire quelli che ci si aspetta essere i tratti dell’adulto» spiega Raffini. Ma non solo, indebolisce le relazioni sociali e intacca la capacità di legare il presente al passato e al futuro, lasciando un’intera generazione in uno stato di delusione e malcontento che, inevitabilmente, intacca l’intera società. «Il lavoro che faccio mi piace tantissimo, ma sono insoddisfatta. Mi sento continuamente alla ricerca della mia indipendenza e di una sicurezza che in questo momento non posso avere», sono le parole di Francesca, che ancora una volta vanno nella stessa direzione di quelle di Andrea. «A livello psicologico e di umore gli effetti della precarietà si fanno sentire» spiega quest’ultimo, aggiungendo con rammarico che quando pensa al futuro non riesce nemmeno a immaginarselo anche se vive con la speranza che tutte queste difficoltà facciano presa sulle persone «tirando fuori il meglio in termini di collettività». 

Ambra Cavina, consigliera dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna e coordinatrice della commissione Sanità dell’Ordine, sostiene che uno stato di non occupazione o occupazione precaria si rifletta come «un momento di arresto dello sviluppo psicoaffettivo e psicosociale della persona, perché il lavoro fa parte della costruzione dell’identità personale e sociale». La situazione che i giovani sono oggi obbligati, in gran parte, ad affrontare nel mondo del lavoro non dà loro la possibilità di sperimentare e conoscere i propri limiti, ma anche i propri desideri. Questo, insieme alla mancanza di opportunità lavorative che siano sostenibili, fa entrare le persone in una spirale di pressione sociale in cui il fatto di non avere un lavoro pervade ogni aspetto della vita. Secondo Cavina queste dinamiche possono innescare «una sintomatologia che è di tipo ansioso-depressivo, che porta alla noia e all’apatia, all’isolamento e all’esclusione, basando il confronto sui successi altrui e sulla possibile vergogna che suscitano verso quello che si vede come un fallimento personale». Secondo la psicologa, dovrebbe essere compito della classe politica prevedere dei percorsi di supporto e intervento che promuovano il benessere e la salute mentale dei giovani, e soprattutto dare loro la possibilità di individuare il proprio spazio all’interno del mondo del lavoro, altrimenti questi si trovano privati della capacità di fare progetti in quanto soffrono di un arresto del processo evolutivo stesso.  

In Italia sembra che le generazioni che hanno meno di 35 anni vivano in una bolla di precarietà economica e lavorativa che potrebbe scoppiare da un momento all’altro, sconvolgendo i deboli equilibri che guidano le loro vite, aggravata dalla situazione politica che, con la destra al governo, non sembra avere occhi di riguardo per le politiche del lavoro, né per i bisogni dai giovani, che chiedono prima di tutto di poter esprimere della propria identità. Il costo della vita continua ad aumentare e il divario tra precarietà lavorativa e diritto all’abitare cresce sempre di più, lasciando i giovani in balìa di un futuro che non si può prevedere e un’insicurezza dannosa sotto diversi punti di vista. Nonostante la poca presenza di proposte sul tema, la vera sfida delle destre ora al governo sarà quella di formulare progetti credibili e realizzabili nel lungo periodo, che possano cambiare un sistema che diventa sempre meno sostenibile. 

«Sono disilluso ma resto possibilista» afferma Andrea con un sorriso amaro e con la speranza di rimanere a galla in una società e in un Paese che sembrano lentamente affondare. 

* Il nome è fittizio per proteggere l’identità degli intervistati. 

Tackling Lyon’s Housing Insecurity Crisis

With housing precarity rising in the city, Lyon is taking emergency steps to provide shelter to homeless and poorly housed people and is working to develop long-term responses. But the lack of affordable housing facing Europe’s cities cannot be solved at the local level alone.

Europe’s major cities are facing an unprecedented housing crisis. Land and construction costs are exploding. With rising interest rates, mortgages are unaffordable for many households. The hardest hit are the poorly housed. In the Lyon metropolitan area, 20,000 people fall into this category. The city’s green-left metropolitan council, which was elected in 2020, has made addressing this housing insecurity crisis its priority.

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

Lyon is one of a number of local and regional authorities in France to have implemented a Housing First plan [offering housing to homeless people without any preconditions]. This was rapidly implemented and has benefited more than 850 people in the city to date. The metropolitan council is building additional social housing to meet high demand and, in a number of areas, has blocked new construction projects that fail to provide a given portion of social housing. The city is also using its current housing stock to help ease the housing crisis via a twofold approach. First, developing transitional urban planning by using temporarily vacant buildings as transitional housing for homeless people. And second, building partnerships with the people occupying these sites to include them in longer-term housing solutions.

A priority demographic for the council, 18- to 25-year-olds in the Lyon metropolitan area receive a “solidarity income” of up to 400 euros per month – a first in France. But this sum is insufficient if the recipient is homeless. The Lyon Métropole – with the help of the EU funding programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – is providing its young people with targeted housing and employment assistance in order to prevent this. The fight against housing precarity also involves the provision of accommodation to people who have experienced migration, including those who have been forced to seek asylum. Over the past year, 1500 people in this situation have been sheltered in Lyon. In particular, we were keen to take in young people who are appealing in court to be recognised as minors. The metropolitan authority, working in cooperation with NGO Le MAS and with the help of co-financing from the French state, has provided 92 places for young migrants. Single mothers with children under the age of three are accommodated in small houses on two sites. Another site co-financed by the Lyon Métropole and the French state, Les Grandes Voisines, promotes migrant integration through employment. Although the Lyon Métropole is pursuing all possible options to get people off the streets, these will never be enough. To address the housing precarity crisis, the French government must commit to developing a more ambitious Housing First programme. Not only do cities need dedicated European Union funding to scale up this work; they also need housing security to become a key issue at a European level. This is an excellent opportunity for the development of a new social and urban agenda.

This piece is part of a series in the edition on how Greens in government in AustriaBelgiumCroatiaFrance, and Scotland are responding to the social crisis.

Securing Tenant Rights in Scotland

Renters often suffer a double burden when it comes to the rising cost of living, paying high rents as well as the price of poor insulation. In Scotland, the entry of the Greens into government went hand in hand with alliances with housing movements. Now their radical ideas are becoming policy.

Energy poverty is soaring across Europe. Even before Russia’s invasion of Ukraine, a quarter of people in the EU could not afford to heat their homes adequately according to the European Commission. This can partially be blamed on the terrible state of insulation in Europe’s housing stock – a problem that is particularly acute for private renters. Renovation (even with generous subsidies) requires a high upfront investment that landlords could instead pour into something with a faster return, such as buying more property. To encourage renovation in private rented accommodation, landlords need incentives. But more than anything, the power imbalance between landlords and tenants needs to be disrupted.

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

This is where we can look to Scotland for lessons. In 2014, a coalition of different organisations founded Living Rent to influence a Scottish government consultation on housing. The campaign was niche, as were its policy demands such as rent controls, but the group subsequently developed into a national tenants’ union. Over the years, Living Rent established branches across mainland Scotland to organise for the rights of tenants. They used classic organising tactics such as door-knocking and repeatedly made small, tangible wins such as preventing evictions. Their success was matched with growing influence over public opinion. By 2019, polling found that 75 per cent of people in Scotland supported rent controls. The niche had become common sense.

Living Rent was also influencing institutional politics. They spoke at events and lobbied parties such as the Scottish Greens at the same time as winning over party members, who amplified their demands. At the height of the pandemic in 2020, Living Rent gained further public recognition after it successfully pushed the Scottish government to ban evictions. Although a temporary policy, the eviction ban set a new direction for tenants’ rights policy in Scotland – a precedent that only aided the Scottish Greens.

During the 2021 Scottish parliamentary elections, the Greens campaigned on a host of Living Rent demands. The party’s record result led them into power with the Scottish National Party and a cooperation agreement that had the fingerprints of Living Rent all over it. For example, the agreement promises rent controls to be implemented by the end of 2025. In September 2022, with the cost of living crisis increasing the risk of destitution for many, the Scottish Parliament passed a rent freeze coupled with new protections against eviction. The Green Party publicly called for the rest of Europe to follow suit.

While rent freezes and eviction protections are common-sense policies for the welfare of tenants during the cost of living crisis, a more long-term approach would be rent controls. And this goes beyond the price of rent. For example, with 75 per cent of EU buildings deemed “inefficient” in terms of insulation, governments could refuse to allow rent indexation unless properties have sufficient insulation. The Overton window for interventionist policies has shifted thanks to the cost of living crisis. Greens around Europe would do well to take advantage and push through radical policies that would previously have been unthinkable. What the Scottish case demonstrates is that, with strong community organisations doing the work on the ground, the Greens don’t have to do quite so much of the heavy lifting.

This piece is part of a series in the edition on how Greens in government in AustriaBelgiumCroatiaFrance, and Scotland are responding to the social crisis.

New Social Policies for Zagreb Amid a Confluence of Crises

Despite scarce finances and converging crises from earthquakes to surging energy prices, Zagreb’s green-left municipal government is focused on restoring the city’s capacity to deliver quality public services, from waste management to childcare.

In June 2021, green-left coalition Možemo! (We Can!) won the Zagreb mayoral and city assembly elections, along with the majority of the 17 district and 216 neighbourhood council elections. The coalition was spearheaded by municipalist platform Zagreb je NAŠ! (Zagreb is OURS!), a political force founded in 2017 and allied with Nova ljevica (New Left), ORaH (Održivi razvoj Hrvatske – Sustainable Development of Croatia), and Za grad (For the City). Crony politician Milan Bandić, who over 20 years had slid from social democrat to social conservative populist, was replaced as mayor by environmental activist Tomislav Tomašević. Zagreb’s municipal administration and its public holding company, as well as the city’s infrastructure, had sunk into a state of dysfunction and disrepair. The city had run up unsustainable levels of debt and equally unsustainable levels of payment arrears, with interest payments and borrowing guarantees hitting the fiscal brake of 20 per cent of the annual budget.

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

The coalition was aware that repairing and transforming the city amid the global pandemic and in the aftermath of two earthquakes that severely damaged the city’s historical centre and its poorer outskirts would be challenging. No one, however, could foresee the energy shock and soaring inflation deepened by Russia’s invasion of Ukraine.

The new green-left municipal administration acted quickly to begin delivering on its election promises to restore the city’s structures and services. It immediately restructured and expanded the capacity of the city’s administration and its holding company. Twenty-seven municipal offices were merged into 16, and competent heads of office were gradually employed through open calls. The government started consolidating municipal finances and made payments to over 300 public institutions, the lack of which had been crippling the ability of kindergartens, schools, cultural institutions, care institutions, and hospitals to cover material costs. Most importantly, it began restructuring Zagreb’s public utility and service company. The newly appointed board of directors was tasked with helping the company recover from operating losses, bringing in-house operations previously outsourced to private companies, reducing the size of the administration, and expanding the frontline workforce.

A public administration overhaul of this scale is unprecedented in recent Croatian politics. Yet Možemo! believes this is essential if the erosion of the public sector is to be stopped and the trajectory of Croatian social and ecological development reversed.

While overhauling the city’s administration and its holding company, the green-left municipal government immediately set the course for transformative politics along three axes.

First, expanding public services and returning them to public hands. This entails growing the operative capacity of public utility companies. The waste management sectors that had been privatised are being reintegrated into companies owned by the city. As municipal politics starts from where people live and work, public companies need to regain the capacity to respond to citizens’ demands for safe roads and communal and green infrastructure. Second, improving the provision of childcare and public housing. After a decade and a half of reliance on family-based childcare and religious and private kindergartens, the green- left government is building 21 kindergartens and kindergarten extensions to make public childcare accessible to all. In a similar vein, it has halted the privatisation of public housing and, once fiscal circumstances improve, plans a significant expansion of public housing to buffer exploding house prices.

Third, the city’s urban metabolism has to be made sustainable. The most significant undertaking is the transformation of the entire waste collection and management pipeline. Mobilising every household, this plan aims to significantly increase waste separation, bringing Zagreb closer to its zero-waste goal. Furthermore, pedestrian zones are being expanded and new tram lines and bus routes are being introduced. For the first time, a systematic approach to creating a true network of cycling routes for the city has been adopted. Finally, the municipality has initiated a programme of rooftop solar generation on public buildings that will generate more power than is currently produced by Croatia’s biggest solar plant.

In Croatia, the state holds the levers of both energy and social care provision. The government, led by the social-conservative Croatian Democratic Union (HDZ), has released a comprehensive package to counter the energy and the cost of living crises. This package includes caps on energy prices for households (which are projected to go up by 20 per cent for gas and 10 per cent for electricity), price caps on certain foods, and one-off energy rebates for almost 100,000 citizens. As a parliamentary party, Možemo! has also called for windfall taxes, as well as power and insulation programmes that would prioritise energy-poor households. The party has also criticised HDZ members for their involvement in gas speculation through the former national oil company in which the Croatian state still owns a 45 per cent stake.

The city of Zagreb has complemented the national government’s measures with targeted financial assistance for the groups left out of the state package, primarily single-parent families and energy-poor households. More importantly, Zagreb has so far managed to keep down the price of communal services despite galloping inflation (12.3 per cent year on year in July, with salaries rising only 7.5 per cent for the same period). Specifically, with its new waste collection system, Zagreb has pushed the cost onto polluters through variable rates paid for unsorted waste. This has helped to make the city’s waste collection service one of the cheapest in the country at 6 euros per household per month. Free bags are also available to certain user categories and diligent sorters.

While social care policy is primarily the state’s responsibility, Zagreb provides additional services such as free public transport for socially vulnerable groups including pensioners and people with disabilities, assistance with housing costs, and financial assistance for retirement home residents and the energy poor. Možemo! is focusing on long-term social innovations, primarily in community-based, deinstitutionalised care, which is currently almost non-existent for the elderly and other vulnerable groups. Novel forms of community-based care organising are promising to expand care-receiver rights and improve labour conditions for care workers. Presently, care workers are emigrating in droves to higher-wage countries. If these transformative reforms fail to materialise, Croatian society will find itself with an aged population with meagre pensions facing a radical shortfall of care.

This piece is part of a series in the edition on how Greens in government in AustriaBelgiumCroatiaFrance, and Scotland are responding to the social crisis.

From Purchasing Power to the Power to Live with Dignity

While political ecology has always emphasised the long term, Green parties in power at different levels now find themselves needing to provide emergency solutions to the blowbacks of social, economic, and energy policies designed for a fair-weather world. This series, “Green Answers to the Crisis”, brings together contributions from Austria, Belgium, Croatia, France, and Scotland, to illustrate how Greens in government are putting forward policies, not without difficult decisions and compromises, that respond to the social crisis in the immediate without letting up on a vision for transformational change.

In Belgium, electricity and gas prices have exploded, triggering an unprecedented social crisis. In case any doubt remained, this has driven home the fact that social justice and environmental sustainability are two sides of the same coin.

In 2020, 21.5 per cent of Belgians faced fuel poverty, defined as the inability to access essential energy at an acceptable cost commensurate with income levels. Since 2020, the prices charged by Belgium’s main household energy suppliers have soared. Without a price cap in place, households with variable rate energy contracts may see a two- to fourfold increase in their fuel bills. Given the close link between energy prices and fuel poverty, a large increase in the number of households struggling to meet their basic energy needs is just around the corner. Many “middle-class” working individuals can no longer keep up with rising bills and are turning to social welfare services for help. The situation will worsen as more fixed-rate energy contracts expire.

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

The different levels of government in Belgium are stepping up to address the situation. (The Greens are in government at the federal level as well as in the Walloon and Brussels regional administrations.) From a Green perspective, three types of measures are needed: emergency support for individuals and companies, structural measures guaranteeing both income increases in line with inflation and gradual redistribution, and investment in the green transition. As financial resources are limited, the challenge is balancing short-term action with the acceleration of the energy transition. This longer-term goal can be achieved in two main ways: targeted support for businesses and households for insulation and renovation, and investment in renewable energy, green mobility, and other transition vectors. The Greens plan to raise funds for these measures through windfall taxes on major energy companies.

Since 2021, an emergency “social rate” has delivered significant cost reductions on electricity and gas for low-income households. A price cap for this section of the population is made possible by government intervention; the state pays the supplier a significant proportion of the bill. Twenty per cent of the Belgian population benefits from the cap. This 20 per cent is made up of the country’s most vulnerable individuals – those who are eligible for social support or whose gross annual income is below 23,680.87 euros.

The “squeezed middle” will also receive help through bonuses, “protected customer” status, a ban on gas and electricity disconnection, and the discontinuation of rent indexation on poorly insulated homes. In addition, Belgium’s automatic wage indexation system boosts real incomes and increases resilience against inflation. Assistance is also available to companies, which are facing both high energy costs and automatic salary indexing (around the 10 per cent mark). Under certain circumstances, companies are permitted to furlough their staff, delay payment of social security contributions and other bills, and apply for one-off aid packages.

The Greens have also negotiated investment in the energy transition – most notably major offshore wind developments – and the renovation of private and commercial buildings to reduce dependence on Russian gas. It is vital to invest today, not only to reach our carbon neutrality targets but also to spend less tomorrow. The cheapest form of energy is the one we don’t use.

In the midst of the current energy and social crisis, Belgian ecologists are being forced to accept compromises that sometimes go against their historical ideals. This tension is particularly visible in the debate surrounding the nuclear phase-out. At the same time, the inextricable mix of social and environmental challenges that we are facing requires ecologists to take a systemic view of current and future issues. Social justice is the beacon that lights the road ahead. We are called to stem inequality via economic and social policies, income distribution, and redistribution (particularly via taxation), while guaranteeing the “power to live with dignity” (as opposed to “purchasing power”) and ecological sustainability. Our work is far from over.

No Country for Young People

The cost of living crisis follows the pandemic as another blow to young people and their living standards. In Italy, younger generations have been suffering from the effects of precarious work and falling economic prosperity for at least a decade. The result is widespread disillusionment, withdrawal from politics, and a vacuum that only the Right has so far been able to fill.

“I have a degree in sports science. While I was studying, I started working in a gym as part of a student internship. After graduation, they offered me a job as maternity cover and I stayed on. I’m paid in cash, off the books. To make it legal I would have to go self-employed and pay more in tax than I actually make.” Francesca [name changed] is a 26-year-old who divides her time between three odd jobs to build up work experience and achieve a minimum of independence from her parents. “I also work at a gymnastics club, but I’m only paid expenses,” continues Francesca. “And once or twice a month, on big nights, I bartend at a club.” Juggling three jobs is not easy physically or mentally: “I work three jobs to earn 500 euros a month, and I’m exhausted.”

In 2020, 11.2 per cent of workers in Italy between 20 and 29 years old lived below the relative poverty line, i.e. they earned less than 10,519 euros per year, which works out at less than 876 euros per month. This percentage exceeds the European Union average by around two points. Italian statistics agency ISTAT reports that absolute poverty among young people aged between 18 and 34 was 11 per cent in 2021. This means that almost 1.1 million young people cannot afford the minimum expenses needed to lead an acceptable life. To aggravate the situation, the pandemic caused thousands of young people to lose their jobs, further increasing precarity and unemployment.

Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
This article is from the paper edition
Priced Out: The Cost of Living in A Disrupted World
Order your copy

The working conditions experienced by young people in Italy today can be summed up in four words: underpaid, occasional, exploitative, and insecure. A 2021 survey by the Italian National Youth Council based on a sample of 960 young people aged 18-35 revealed that, five years after completing their studies, one third of interviewees were unemployed for over 40 per cent of their time. A large majority indicated that they received an annual salary of less than 10,000 euros per year, with 23.9 per cent earning less than 5000 euros.

Twenty-two of the European Union’s 27 members have a legally established minimum wage. Italy is one of the five countries without one, along with Denmark, Austria, Finland, and Sweden. In these countries, wages are regulated by collective bargaining. In September 2022, a directive on EU minimum wages was approved by the European Parliament. This aims to increase the minimum wage threshold and strengthen collective bargaining, which does not always cover all sectors in countries without a minimum wage. In Italy, collective bargaining is not mandatory. Some firms and contracts are not covered at all, undermining the rights and protections of workers.

In late 2014, Matteo Renzi’s centre-left government introduced the Jobs Act, which aimed to kickstart hiring and help Italy recover from the Eurozone crisis by making work more flexible. In theory, the reform also set limits on the number of times a worker can be hired on fixed-term or “on call” contracts, forms of hiring that fail to guarantee stable employment and income. “These limits have not prevented the unlimited spread of these contracts,” explains Nicola Marongiu, labour market and negotiations coordinator for Italy’s biggest trade union CGIL. According to Marongiu, 90 per cent of new hires each month are on fixed-term contracts, while young people are often hired on terms that “cannot be defined as work”, such as fake internships. “Since 2014, ‘extra-curricular’ internships are often used for essential work that cannot be constituted as training.” The result, Marongiu explains, is that young people become trapped in a pattern of interrupted, stop-go employment that means that their income “is not enough to live on”. Throughout this time, young people are failing to build up pension contributions, setting them up for difficulties later in life.

“The fundamental problem is that there are no public welfare policies for young people,” adds Silvia Ciucciovino, a professor of labour law and advisor to the National Council of Economy and Labour. Social protection is targeted at older people and “the welfare state does not address the social needs of young people and families.” An entire demographic is thus ignored by social security, deprived of the possibility of making plans at a cost to personal dignity and drive alike.

The working conditions experienced by young people in Italy today can be summed up in four words: underpaid, occasional, exploitative and insecure.

From insecure work to the denial of housing autonomy

Precarity and poverty impact young people’s ability to live autonomously. In the European Union, the average age at which people leave the parental home is 26.5 years old. In Italy, it is 29.9. This high average correlates with some of the EU’s lowest rates of workforce participation among young people. The presence of an adequate and reliable income is a major factor in the decision over whether to leave home. Carlo Giordano, board member of Immobiliare.it, cites a recent analysis that found that the average monthly rent for a two-bedroom flat, which rose 8 per cent between 2021 and 2022, is 877 euros per month. This figure does not include bills. Energy and environment regulator ARERA has calculated that average annual bills for natural gas and electricity come to 1730 and 1120 euros respectively. Both have risen sharply compared to 2021 – by 46 per cent for gas and 81 per cent for electricity. An Italian household thus needs over 13,000 euros a year to live in a rented apartment. This represents an increase of 15 per cent on 2021. When seen together with low pay and short-term contracts, the problem is obvious.

“I still live with my parents for now. My contracts are too insecure, and I’m not paid enough to cover rent or any unexpected costs,” says Andrea [name changed], 32. “All my salary and maybe more would go on rent, so I wouldn’t be able to afford anything unplanned like dentist’s or doctor’s appointments, or getting the car fixed.” Andrea’s situation is shared by many young people in Italy. In addition to the lack of social security, Italy also has scarce social housing compared to many European countries. Although Italy is among the countries with the highest number of houses per inhabitant, only 3.8 per cent is dedicated to social housing. In Austria and the Netherlands, the proportion is 24 and 29 per cent respectively. As residents tend to stay in social housing for life, it is virtually impossible to access in Italy. All available indicators point to deepening housing deprivation, with young people facing a particularly difficult situation.

The poverty that many young people face has become structural – so much so that it has given rise to changes in the very idea of housing. Nicola Ferrigni, director of the “Generazione Proteo” Observatory, explains how a study of 5000 Italian young people aged 16 to 19, which found that 62 per cent would be prepared to move into a co-living space, a form of residential accommodation with shared communal areas. While half the respondents said that their choice would be based on affordability, Ferrigni sees signs of a “cultural shift that derives from the economic”.

An absent political class

Despite deteriorating working conditions and the rising cost of living, Italy’s political class continues to forget young people and their needs, as it has done for years. “Young people are excluded from politics,” states Ferrigni, adding that “youth was a key word in the Italian election campaign, but it was only ever used in a tokenistic way.” With nothing concrete on offer, under-35s in Italy stayed home on election day. In September 2022, a far-right-led coalition gained a majority in parliament with over 40 per cent of the votes. Forty per cent of people between 25 and 34 abstained.

“I have no faith in politics. Nobody speaks to me. Most politicians have given no weight to the needs of my generation in recent years,” says Francesca. Andrea agrees. With a disappointed gaze, he explains that he loves politics deeply, but that he has lost his confidence in it. “Regardless of their place on the political spectrum, from the extreme right to the extreme left, I do not see politicians with a medium-to- long-term vision for the country. I am 32 years old. I’ve voted in a few rounds of elections, and I haven’t seen any flash of novelty or vision that could reassure me”.

There are many factors behind the Right’s recent success. For political sociologist Luca Raffini, young people are politically lost as a result of the general and sustained precarity of work and life. “Younger generations find themselves deprived of a collective dimension due to their precarious and fragmented experiences and identities,” describes Raffini. “Politics is a collective thing. How do you build a sense of community if half of the employees in a given workplace are on short- term contracts and are afraid that making any demands could see them out the door?”

The Right capitalised on discontent rooted in worsening living conditions by focusing on the “here and now”. With prices rising, the right-wing coalition promised a flat tax to increase incomes and shrink the state. Never mind that the policy is unaffordable considering Italy’s high level of public debt. It also tailored its proposals to target older voters. There are 16 million people over the age of 50 in Italy, compared to 6.8 million voters under the age of 35.

All indicators point to deepening housing deprivation, with young people facing a particularly difficult situation.

The majority received by the right-wing alliance led by Giorgia Meloni and her Brothers of Italy party cannot be explained without underlining the novelty the bloc represented compared to a series of governments of different colours that had all tried and somehow failed. Its victory reflects the Brothers of Italy’s stubbornness in opposing Mario Draghi’s technical government, as well as its ability to entice voters by adopting paternalistic rhetoric calling for the state to take care of its citizens in the current crisis. Giorgia Meloni won not so much for her concrete proposals as for her skill in conveying a sense of protection: of the traditional family, of the homeland and nation, of borders and security.

The major Italian parties attempted to address young people during their electoral campaigns but failed to formulate concrete, long-term proposals that could credibly provide hope to an entire generation. The Right, the left wing of the Democratic Party, and the alliance of the Greens and the Italian Left all proposed reducing taxes on young hires in some form, while the latter supported free public transport for the under-30s. The attention paid to young people by the Five Star Movement was also superficial, centring on making mortgages more accessible for first-time buyers and the introduction of a “right to stay” to combat emigration among young graduates.

All important points, but a long way short of changing the system that has left Italy in its present state. Instead, the proposals appeared disconnected, amounting to patching up the present without looking to the future.

Stressed out and depressed

This precarity, prolonged economic dependence, and disillusionment is deeply affecting the mental well-being of the under-35s in Italy, changing perceptions of life and of relationships. “Insecurity starts at work but becomes an existential question when you cannot truly become an adult and acquire the trappings of adulthood,” argues Raffini. Not only that – insecurity weakens social relations and affects the ability to link the present to the past and the future. “I like the work I do very much, but I am dissatisfied. I feel that I am constantly in search of a level of independence and security that is impossible for me to achieve at present,” adds Francesca. “On a psychological level, you really feel the effects of precarity,” echoes Andrea, stating with regret that he cannot imagine the future, and his one hope is that all these shared difficulties will push people to “bring out the best of the collective”.

Psychologist and counsellor Ambra Cavina argues that unemployment and precarity undermine personal development: “Work is part of building a personal and social identity.” The world of work facing young people today does not give them a chance to explore their limits and their desires. The spiral of social pressure associated with not having a job leads to mental stresses from “anxious-depression to boredom and apathy and isolation and exclusion”. Cavina believes that it is the political class’s responsibility to provide support and create the pathways that promote the wellbeing and mental health of young people, above all by giving them the chance to forge a life path for themselves.

Under-35s in Italy are living in bubbles of economic and job insecurity that can burst at any moment. Meloni’s right-wing government appears uninterested in employment policies and the needs of young people, whose principal desire is to be able to express their identity and sense of self. Meanwhile, the cost of living is going up, and the gap between job insecurity and the right to housing is growing, leaving young people at the mercy of the future. With proposals lacking, the challenge for Italy’s government and its opposition is to formulate credible and feasible long-term proposals to change a system that is becoming less and less sustainable.

“I am disillusioned but still believe that change is possible,” finishes Andrea with a rueful smile, hoping to remain afloat in a society and in a country that seem to be slowly sinking.

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.