¿Al margen de todo? Cómo la economía excluye a las mujeres

El ‘Green European Journal’ entrevista a la economista Edith Kuiper, quien acaba de publicar ‘A Herstory of Economics’, un libro que invita a reinterpretar la historia del pensamiento económico a través del trabajo de las economistas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia.

Las mujeres son todavía prácticamente invisibles en la economía. El número de profesoras universitarias es increíblemente bajo y la teoría económica ortodoxa continúa obviando las perspectivas femeninas. El Green European Journal entrevistó a la economista Edith Kuiper sobre su libro A Herstory of Economics (Polity, 2022), que pretende dar a mujeres economistas la visibilidad que merecen e incita a interpretar la historia del pensamiento económico a través de su perspectiva.

Su libro gira en torno al pensamiento y la obra de mujeres economistas que la profesión ha marginado durante siglos. ¿A qué se debe esta injusticia?
El trabajo llevado a cabo hasta la fecha sobre las mujeres en la economía se ha centrado principalmente en el siglo XX, momento en el que la economía se convirtió en ciencia y se profesionalizó como tal. Las primeras mujeres economistas aparecieron a finales del XIX, pero en mi libro me remonto al XVIII, ya que me interesan los orígenes de la economía política. Analizo la obra de mujeres que escribían sobre economía sin ser miembros de la academia o la política económica.

En el contexto actual es difícil que la gente se haga una idea de cuán jerárquica y patriarcal era la sociedad occidental en aquel entonces, especialmente en Inglaterra. Las mujeres vivían literalmente bajo el control de los hombres. El sistema legislativo invisibilizaba a las mujeres que, a todos los efectos prácticos, se convertían en propiedad de sus maridos al casarse: perdían sus derechos de propiedad, sus herencias y la patria potestad de sus hijos. Todas las decisiones legales recaían en sus maridos.

Y la privación de derechos empezaba incluso antes del matrimonio: las mujeres no tenían acceso a la educación, con excepción de una minoría de mujeres aristócratas a las que se les permitía unirse a las clases privadas de sus hermanos cuando su tutor les visitaba. Esta situación tenía consecuencias sustanciales, y es que cuando una persona carece de educación no es capaz de leer ni escribir, conocer sus derechos o defenderse legalmente, y queda por tanto excluida del debate intelectual a nivel social, sin hablar del acceso a un empleo de calidad. Y, obviamente, es extremadamente difícil que una persona en esta posición se organice políticamente.

¿Qué efectos tuvo este acceso a la educación a través de los tutores de sus hermanos del que algunas mujeres gozaron?
En el siglo XVIII, algunas de estas mujeres que consiguieron acceder a la educación fundaron escuelas para otras mujeres y escribieron sobre la importancia de la educación. Sarah Trimmer (conocida escritora de literatura infantil británica del siglo XVIII) es una de estas importantes mujeres. Escribió un libro dirigido a mujeres sobre cómo establecer una escuela. Lo mismo ocurre con las obras sobre economía escritas por mujeres a nivel general; muchas de ellas estaban dirigidas a otras mujeres.

¿Por qué a otras mujeres y no al conjunto de la sociedad?
En esa época el género estructuraba profundamente la vida de todas las personas. En el siglo XVIII los hombres controlaban la esfera pública y la economía, mientras que las mujeres estaban cada vez más encerradas en la esfera privada, sin acceso a la educación ni posibilidades de ganarse la vida por sí mismas o labrarse una carrera.

El pensamiento económico se desarrolla en este contexto, alejado de las mujeres. La economía política se desarrolla en clubes de hombres a los que las mujeres no tenían acceso y en los que sus intereses y los temas económicos que las concernían ni siquiera se trataban y debatían.

Las mujeres quedaron excluidas de las teorías planteadas por Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, que constituyen las bases del pensamiento económico y que fueron inimpugnables hasta finales del siglo XIX. La revolución marginalista posterior no fue menos excluyente. Esta nueva vertiente introdujo un enfoque más técnico y da por sentado el capitalismo. Las mujeres fueron excluidas porque sus teorías no parten del agente económico masculino racional y egoísta que se asumía como neutral y genérico.

Las mujeres fueron excluidas de las teorías que sentaron las bases del pensamiento económico

Algunos pensadores afirmaron que sus teorías también concernían a las mujeres, lo cual era evidentemente falso, pero no había ninguna mujer en la sala para hacérselo ver. De hecho, se entendía que las cuestiones femeninas eran algo anormal que debía quedar permanecer relegado al hogar, considerado un entorno ajeno al ámbito económico. El hogar en sí ya había quedado excluido de la economía política, tal y como la había definido Adam Smith. Vemos así que las mujeres no solo quedaban físicamente excluidas de los lugares donde se desarrollaba la economía, sino que sus experiencias, su agencia y sus intereses también eran ignorados.

¿No resultaba obvio para estos teóricos que una teoría económica construida alrededor de un ideal, el de hombre puramente racional (probablemente blanco y rico) no tendría una aplicación general?
Claro, la idea era que estos pensadores estaban describiendo hombres activos en la vida pública; en general, hombres de negocios. Más adelante también se centraron en los trabajadores. Estamos hablando de un ambiente académico formado por hombres blancos de clase media-alta. Eran occidentales, blancos y tenían el control de la sociedad, así que para ellos era normal pensar que sus intereses eran lo más importante del mundo. No tenían razones para cuestionar sus privilegios. Esta tradición continúa hasta nuestros días.

Por supuesto que estos intelectuales podrían haber cuestionado la idea de representaran a toda la humanidad, pero no creían que esta fuera una cuestión que les fuera a permitir avanzar en su ámbito de estudio. Podría ser incluso disruptivo para sus carreras personales. Así que no hablaban ni pensaban sobre ello.

Mencionaste antes que, a pesar de todo, hubo algunas mujeres que consiguieron acceder a la educación y empezaron a reflexionar sobre la economía, entre otras cosas. ¿Quiénes fueron estas mujeres?
Este es otro aspecto interesante: las mujeres no solo fueron excluidas de la academia y del foco de atención económico; también fueron borradas de la historia de la economía. Hubo mujeres que alcanzaron reconocimiento durante sus vidas, pero cuyos nombres apenas se mencionan en la literatura económica. Un ejemplo es Émilie du Châtelet. Ha sido redescubierta recientemente, pero hace diez años tan solo se la conocía como una amante excéntrica de Voltaire. Parece que en realidad contribuyó de manera activa a la Ilustración francesa. Tenía su propia comunidad, a la que acudían matemáticos, filósofos y otros intelectuales, incluso alguien como Voltaire, para escribir y debatir sobre temas relevantes. Tradujo la obra de Mandeville y de Newton al francés, añadiendo sus propias ideas en forma de introducciones y comentarios. Pero los historiadores que han escrito la historia del pensamiento económico son hombres y han considerado sus contribuciones de poco interés.

La economía está muy ligada al poder

Otro nombre importante es el de Sophie de Grouchy de Condorcet, quien tradujo la Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith al francés y añadió una serie de ocho cartas con sus propios comentarios. Estas cartas no se tradujeron al inglés hasta el 2008. Como miembro de la aristocracia, estaba excelentemente conectada, ejercía de anfitriona de su propio salón y era popular entre la intelectualidad de la época. Sin embargo, los historiadores económicos mencionan casi exclusivamente a su marido y consideran su trabajo irrelevante. De hecho, gran parte de la obra de estas pensadoras aborda temas que la teoría económica no consideraba relevante, como el matrimonio como institución económica, la educación y el comportamiento de los consumidores. Esta es otra razón por la cual los historiadores consideran poco interesante el trabajo de estas mujeres.

Si bien cada vez más mujeres estudian economía en el siglo XXI, continúan en el margen. No tienen poder de decisión sobre la dirección de la disciplina porque continúan siendo una minoría en la titularidad de las plazas de profesorado universitario. En el 2021 tan solo el 15 % de estas plazas de los Estados Unidos están ocupadas por mujeres. Las mujeres continúan siendo una excepción y esto no es bueno para la ciencia económica.

¿Cuál fue tu experiencia personal cuando accediste por primera vez al campo de la economía?
En nuestras sociedades, la economía funciona como una religión: determina nuestras decisiones en torno a quién recibe el qué y por qué. Así que quería entender la lógica detrás de la economía. Me interesaba especialmente entender la razón por la cual la economía está más interesada en usar a la gente para producir riqueza que en producir riqueza para hacer feliz a la gente.

Y ya en la primera semana de la carrera me di cuenta de que el enfoque económico ortodoxo es muy limitado, lo que lo convierte en algo peligroso. Si le dices una y otra vez a las personas que son seres egoístas, se convertirán en seres egoístas. En esa época la academia estaba dominada por la economía neoclásica, el marxismo estaba silenciado y otros enfoques eran marginados y vilipendiados, al menos hasta los años noventa. No había apenas espacio para desarrollar una perspectiva económica alternativa. Esto implicaba que un estudio que aplicase un enfoque alternativo no obtenía reconocimiento en el ámbito académico. Recuerdo que en mi departamento se reían incluso de Amartya Sen, el premio nobel. Era la época en la que la economía neoclásica no solo era dominante en la academia, también lo era en los espacios de decisión en materia de política económica como el Banco Mundial y el FMI. En todas las universidades se estudiaban las mismas teorías y los académicos críticos planteaban preocupaciones similares en todo el mundo.

A pesar de todo, un grupo de mujeres decidimos empezar a estudiar la economía de las mujeres. Nos encontramos con que apenas existían libros sobre los temas que nos interesaban y esto fue duro y emocionante a la vez. En un momento dado conocí a una colega, Jolande Sap, con la que compartía una visión similar sobre género, feminismo y economía. Decidimos organizar una conferencia internacional. Fui a los Estados Unidos, donde la academia estaba un poco más avanzada en estos temas, y los estadounidenses vinieron a Ámsterdam para facilitar el intercambio de ideas. De esta manera pudimos entrar en contacto con gente de todo el mundo que pensaban que el género había sido un factor estructurante en el desarrollo de la economía política y la ciencia económica. Y fue sencillamente fantástico.

A la conferencia asistieron aproximadamente 120 personas de distintas partes del mundo y todas entendíamos de lo que hablábamos. Esto fue una clara señal de lo importante que era nuestro enfoque en torno al género y la economía.

Hasta la fecha solo dos mujeres economistas han ganado el Premio Nobel: Elinor Ostrom y Esther Duflo. ¿A qué se debe? Incluso teniendo en cuenta que solo el 15% de los profesores universitarios titulares son mujeres, debería haber suficiente material como para elegir a más economistas mujeres. ¿Crees que existe un problema dentro del comité que adjudica el Nobel de Economía?
Sí, el problema es una parte de la cultura imperante en el campo de la economía. Hay ciertas preguntas que deberíamos hacernos: ¿A quién se selecciona para formar parte del comité? ¿Cuáles son sus valores? Conozco personas que serían fantásticas candidatas, pero la nominación requiere tiempo y contactos, y las economistas feministas raramente disponen del tiempo y los contactos necesarios.

En general, el Premio Nobel refleja la situación en la que se encuentra en ese momento el campo de la economía. No tengo ninguna esperanza de que en los próximos veinte años el comité Nobel le otorgue el premio a una mujer afroamericana. Cuando Ostrom fue galardonada Gary Becker protestó, afirmando que la economía se estaba convirtiendo en una ciencia social o cultural. Es una actitud sexista muy enraizada.

Una de las maneras de proteger el estatus de la economía como ciencia ha sido incrementar el uso de las matemáticas en las teorías económicas. Pero creo que el énfasis en las matemáticas no surge de una necesidad real. Lo que pasa es que, si bien la física tiene un objeto de estudio muy concreto, «la economía» es una construcción social y política. Así que la definición de lo que es economía no es algo obvio y frente a esto, los economistas la han definido a lo largo de los años como una actividad en las que las mujeres no participan. El patriarcado se ha hecho hueco en la economía política desde sus mismos inicios. De hecho, la economía está muy ligada al poder; brinda una ideología que racionaliza las relaciones económicas. Las personas con poder económico ostentan también el poder social, así que los economistas tienen una plataforma enorme. Por ejemplo, si 200 economistas afirman que debe incrementarse el sueldo mínimo esto se convierte en noticia.

¿Cuál es la lección que el activismo y los partidos políticos progresistas deberían extraer de tu libro?
Escribir el libro me ha hecho darme cuenta de la dimensión del impacto del patriarcado en el pensamiento económico. Ya era consciente de ello, pero no sabía que había sido prácticamente fundacional. A pesar de todo, creo que es un libro reconfortante en el sentido de que muchas de las personas que aparecen hicieron muchas más cosas de las que una creería basándose en las narrativas dominantes. Su obra aterriza el pensamiento económico y lo conduce de nuevo a nuestras experiencias vividas y nuestros problemas cotidianos.

El pensamiento económico dominante actual es tan solo una visión del funcionamiento de la economía. Puede que sea la dominante, pero no deja de ser una visión limitada.

Fueron mujeres de éxito, a pesar de que no aparecen en los libros de historia. De hecho, muchas de ellas fueron enormemente famosas durante sus vidas. Todo el mundo las conocía. Y, sin embargo, sus nombres fueron borrados de los libros de historia.

En este sentido, el libro puede inspirar a pensar de manera diferente sobre la economía y a reflexionar sobre cómo hacerla más justa. También puede contribuir a que los lectores entiendan que el pensamiento económico dominante actual es tan solo una visión del funcionamiento de la economía. Puede que sea la dominante, pero no deja de ser una visión limitada. Yo llamo a la teoría económica dominante «economía del statu quo» porque es incapaz de hacer frente a cambios sustanciales en la economía como, por ejemplo, el cambio climático. Mi libro demuestra que, si integras a las mujeres, si reconoces sus voces, y las voces de las mujeres racializadas en particular, es posible aprender algo increíble. Para entender lo que está ocurriendo en la economía es necesario escuchar estas voces y tomarlas en serio.

Mencionas que la economía statu quo es incapaz de hacer frente al cambio climático. ¿Cómo podría la economía feminista ayudar a incluir el tema en la agenda política?
El movimiento feminista y el ecologista han tenido unos intereses similares o paralelos a lo largo de la historia. Sus preocupaciones fueron marginadas por el pensamiento económico dominante. Los modelos económicos neoclásicos dan por sentada la existencia de la naturaleza y, como tal, su disponibilidad constante. Pasa algo parecido con el trabajo de las mujeres en el ámbito doméstico, que se da por sentado y no se considera ni un valor ni un coste. Esto hace que, hasta cierto punto, ambos ámbitos se enfrenten a problemas similares.

En el pasado, las economistas feministas han titubeado a la hora de acercarse al movimiento ecologista, en parte debido al esencialismo que corre a vincular la naturaleza y las mujeres. Economistas feministas como Bina Agarwal mostraron como este no es un enfoque demasiado útil. Al mismo tiempo, el ecologismo ha llegado muchas veces a conclusiones parecidas a las de las economistas feministas sin acabar de reconocer sus similitudes. Y esto implica que, hasta cierto punto, estamos inventando la rueda por partida doble y simplemente dándole nombres diferentes.

Creo que ahora la economía feminista y el movimiento ecologista son cada vez más conscientes de que deben cooperar y entender mejor los intereses que unen a ambos movimientos. En los últimos tiempos se ha trabajado mucho para alcanzar un entendimiento en cuanto a sus problemas, las causas de fondo y las posibles soluciones. En mi opinión, el movimiento ecologista y las economistas feministas podrían potenciar conjuntamente el alcance de su mensaje común.

Ciudades acaloradas

El aumento de las temperaturas está provocando que las ciudades europeas sean cada vez más inhóspitas durante el verano. El acceso a viviendas climatizadas e instalaciones adaptadas al clima tales como parques y piscinas no debería estar restringido a las personas que pueden permitírselo.

Las olas de calor históricas se han convertido en la nueva normalidad de Europa. Si bien el calor, tal y como ocurre con las enfermedades y las catástrofes naturales, nos afecta a toda la población, el peso de sus consecuencias no se reparte equitativamente. Si nos fijamos en la situación a pie de calle, veremos que el gremio que más suda la gota gorda es el de los repartidores en bici. Salario insuficiente para su jornada, horas bajo un sol abrasador sin la protección apropiada y después regresan a sus casas, habitualmente pisos minúsculos en barrios de cemento desarbolados. No tienen aire acondicionado ni un jardín a la sombra donde poder refrescarse.

A medida que el continente va calentándose, las crecientes urbes europeas y su población envejecida se vuelven más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. Las temperaturas están aumentando en la región mediterránea mucho más deprisa que la media mundial. Según un estudio codirigido por el Instituto de Protección e Investigación Medioambiental (ISPRA), Madrid, Roma y Atenas son algunas de las ciudades más expuestas a las olas de calor. Sin embargo, aunque las olas de calor golpearán con más fuerza al sur, la vulnerabilidad ante la exposición al calor asociada al envejecimiento, las enfermedades y la urbanización es mayor en el norte de Europa, tal y como señala la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

la periodista Gaia Vince sostiene que en este siglo la demanda de sistemas de refrigeración se disparará y que el acceso a temperaturas moderadas se convertirá en un asunto clave de justicia social

A pesar de ello, la UE y sus Estados miembros han ignorado durante mucho tiempo la necesidad acuciante de adaptarse al cambio climático. Pero esta situación está cambiando poco a poco. Los Estados miembros de la UE han empezado a desarrollar estrategias de adaptación al clima a raíz de la aprobación de la Ley Europea del Clima en 2021. En este contexto, el año 2023 será decisivo, ya que está previsto que la Comisión Europea publique un informe de situación sobre las medidas de adaptación que se han adoptado. Sin embargo, el panorama dista mucho de ser el ideal. Por norma general, las políticas de adaptación que se aplican no contemplan un enfoque multinivel e intersectorial, algo que debería ser un requisito innegociable. La mayoría de los países siguen apostando por políticas blandas y los aspectos relacionados con la justicia social suelen pasarse por alto.

Hay determinados grupos de personas que son más vulnerables a las altas temperaturas que otros: infancia, mujeres embarazadas, personas mayores, con enfermedades previas, o en situación de aislamiento social. Las personas con bajos ingresos son especialmente vulnerables. Un estudio de la Escuela Nacional de Sanidad de España (ENS) sobre el impacto de las olas de calor en la mortalidad en Madrid reveló que en los barrios con rentas más bajas mueren más personas por causas relacionadas con el calor que en los barrios más ricos. El estudio muestra que el nivel de renta es una variable más determinante que la edad de la población. Cristina Linares codirigió la investigación y explicó al Green European Journal que “las personas con menos ingresos suelen vivir en el centro de las ciudades, con unas condiciones de vivienda inapropiadas, una exposición mayor a los agentes contaminantes atmosféricos y un acceso menor al aire acondicionado. Además, la proporción de estas personas que viven solas es mayor”.

En el libro Nomad Century, la periodista Gaia Vince sostiene que en este siglo la demanda de sistemas de refrigeración se disparará y que el acceso a temperaturas moderadas se convertirá en un asunto clave de justicia social. En medio de una ola de calor, esto puede convertirse en una cuestión de vida o muerte. Cada vez son más las ciudades que se suben al tren de la adaptación, pero el acceso a la refrigeración no suele distribuirse de forma equitativa. Es más, cuando las herramientas de adaptación no se aplican adecuadamente pueden incluso llegar a perjudicar aún más a los colectivos vulnerables.

Cómo huir del calor en casa

Cuando hablamos de refrigeración, el aire acondicionado es el gran melón que nadie parece querer abrir. En las ciudades del sur de Europa, durante los meses de verano la sociedad parece dividirse entre quienes tienen sistemas de aire acondicionado y quienes carecen de ellos. “Tus amigos viendo que instalaste un aire acondicionado”, reza un meme en el que aparece un hombre mirando, expectante, desde detrás de un árbol. En el verano de 2019, las ventas de equipos de aire acondicionado y ventiladores en Francia crecieron hasta un 300% en comparación con el año anterior a medida que los hogares franceses buscaban un refugio contra el calor.

Las ventas de aparatos de aire acondicionado están a punto de aumentar de forma espectacular a nivel mundial, pero los hogares con ingresos altos son los que lo tendrán más fácil para comprar e instalar los equipos. Los investigadores de la Universidad de California han descubierto que esta disparidad en el acceso agravará las desigualdades existentes en materia de salud, productividad y resultados de aprendizaje en el ámbito educativo.

Si bien estamos acostumbrados a entender las crisis energéticas como un problema propio del invierno, la demanda de refrigeración en verano aumentará (especialmente en Francia, Italia y España), dando lugar a unos picos de consumo que harán que los sistemas eléctricos sean vulnerables y empujara a los hogares con menos ingresos a la pobreza energética. Por consiguiente, la adaptación climática del sector energético también implica garantizar la estabilidad de las redes eléctricas durante las olas de calor.

Daniel Aldana aboga por un nuevo pacto verde para la vivienda que cuente con políticas igualitarias de inversión verde para hacer frente a las crisis climática y del coste de la vida simultáneamente

El aire acondicionado será una opción cada vez más habitual. Sin embargo, la AEMA advierte que la dependencia social e individual del aire acondicionado puede provocar un uso excesivo. Este podría impedir que las personas se adapten de forma natural al calor y que olviden prácticas tradicionales de ahorro energético, tales como recurrir a la ventilación natural por la noche y al uso de persianas durante las horas más calurosas.

La ventilación natural suele recibir elogios como alternativa: es eficaz, barata y respetuosa con el medio ambiente. Pero en algunos barrios la cosa no es tan sencilla. Mantener las ventanas abiertas puede resultar difícil debido a la contaminación, el ruido o incluso debido a cuestiones de seguridad durante la noche, factores que suelen ser más corrientes en los barrios con rentas bajas. La AEMA destaca que esto se podría contrarrestar con una planificación urbana integrada encaminada a disminuir la contaminación acústica mediante la reducción del número de coches y la adaptación de los edificios al ruido y al calor utilizando, por ejemplo, rejillas de ventilación con dispositivos de insonorización.

El hecho de que los barrios con ingresos más bajos sufran en mayor medida durante las olas de calor también es una cuestión de calidad de la vivienda. Daniel Aldana, director de Socio-Spatial Climate Collaborative de la Universidad de California, aboga por un nuevo pacto verde para la vivienda que cuente con políticas igualitarias de inversión verde para hacer frente a las crisis climática y del coste de la vida simultáneamente. Para ello habría que realizar “inversiones específicas en comunidades racializadas y obreras con el fin de descarbonizar y aumentar la resiliencia”, contribuyendo así a “mejorar el diseño de los edificios, aumentar la vegetación y reducir aún más la demanda de energía”.

La OMS introdujo la regla 3-30-300: todo el mundo debería poder ver al menos tres árboles desde su casa, todos los barrios deberían tener una superficie arbolada no inferior al 30% de su extensión y toda persona debería disponer de una zona verde a menos de 300 metros

Hasta hace bien poco, la lucha contra el cambio climático en la UE (incluso en el ámbito de la vivienda y la energía) se centraba casi exclusivamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que en ayudar a las ciudades a prepararse para los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las iniciativas en favor de la eficiencia energética suelen orientarse más a la gestión de la temporada invernal que a la estival. El apartado de los ‘edificios verdes’ del Pacto Europeo por el Clima de la Comisión Europea pretende duplicar los índices de rehabilitación de edificios de aquí al año 2030 y garantizar que esto se traduzca en una mayor eficiencia energética y de gestión de los recursos. Sin embargo, el artículo de la Comisión sobre la iniciativa se centra en reducir las emisiones y evitar que se pierda el calor, mencionando la refrigeración solo por encima.

Un nuevo pacto verde para la vivienda contemplaría la planificación de los edificios, incluyendo otras medidas como pintar los tejados y otras superficies con pintura blanca, tal y como se hace en Grecia por tradición, o con un revestimiento reflectante especial que actúe según el mismo principio.

El diseño urbano en clave social

Si nos alejamos de los edificios para echar un vistazo al entorno urbano en general, encontramos un claro consenso en que las soluciones basadas en la naturaleza (como los árboles y lagos artificiales, por ejemplo) son la fórmula perfecta para reducir el efecto isla de calor urbano, es decir, las temperaturas más elevadas de las zonas urbanas en comparación con sus inmediaciones. La vegetación también mejora el aire que respiramos y ofrece otros beneficios, tanto físicos como psicológicos. La OMS introdujo recientemente la regla 3-30-300, según la cual todo el mundo debería poder ver al menos tres árboles desde su casa, todos los barrios deberían tener una superficie arbolada no inferior al 30% de su extensión y toda persona debería disponer de una zona verde a menos de 300 metros de su domicilio.

Lograr este objetivo sigue siendo una meta lejana en la mayoría de las ciudades. Un informe de 2022 de la AEMA sobre el acceso a los espacios verdes y azules revela la existencia de una situación muy dispar en toda Europa. En general, las ciudades del norte y oeste tienen más espacios verdes que las del sur y el este. Dentro de las ciudades, el porcentaje de zonas verdes varía de un barrio a otro, encontrándose menos espacios y de menor calidad en las comunidades más pobres. Los parques urbanos de los barrios socioeconómicamente desfavorecidos de Helsinki, Berlín o Lisboa tienen menos vegetación y menos instalaciones que los de las zonas más ricas de dichas ciudades, lo que hace que resulten menos atractivos para sus habitantes.

Las políticas de adaptación al clima siempre han estado en segundo plano respecto a las políticas de mitigación

A pesar de que la transformación de las ciudades en zonas verdes y azules parezca una cuestión de sentido común, estas medidas puedan desencadenar una “gentrificación climática” en el marco de un mercado inmobiliario desequilibrado. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Autónoma de Barcelona publicó en el año 2022 un estudio que analizaba 28 ciudades europeas y norteamericanas a lo largo de seis años. En él se constató que las ciudades verdes corren el riesgo de acentuar la desigualdad y la injusticia: “[Aunque] la creación de espacios verdes o el desarrollo de infraestructuras adaptadas al clima mejoran el atractivo de una zona, [también provocan] un aumento del valor de la propiedad y del precio de la vivienda y el consiguiente traslado de la población residente formada por clases trabajadoras y comunidades y culturas racializadas”». Ejemplo de la dinámica de la gentrificación verde han sido ciudades como Copenhague, Nantes o Barcelona.

Aunque no sean infraestructuras azules naturales, las piscinas también pueden hacer las veces de refugios climáticos cuando ya ni la sombra resulta llevadera, especialmente para quienes no pueden permitirse encender el aire acondicionado, haciendo la cuestión de su accesibilidad un asunto de justicia social. Por esta razón, la Generalitat de Catalunya ha autorizado este año que las piscinas comunitarias se llenen a pesar de la sequía. La decisión obedece a razones de salud pública.

El mes de julio de 2022, las temperaturas en Madrid alcanzaron los 40 grados. Ese mismo mes la ciudad alcanzó el mayor número de usuarios de piscinas públicas de la historia. A pesar de ello, algunas piscinas permanecieron cerradas, la mayoría de ellas en barrios de bajos ingresos. En España hay una piscina pública por cada 59.000 habitantes, pero la oferta se reduce a la mitad en la capital. Sin embargo, si añadimos las piscinas privadas al cálculo, Madrid se convierte en el territorio con mayor número de piscinas del país. Pozuelo de Alarcón, un municipio de la Comunidad Autónoma de Madrid, es uno de los más ricos de España y ocupa el décimo lugar en número de piscinas per cápita a nivel nacional.

La adaptación al clima afecta al poder político e institucional a todos los niveles e incluye la transformación ecológica del estado del bienestar con el fin de mitigar los riesgos relacionados con el clima

La cuestión de quién tiene la posibilidad de refrescarse en la piscina lleva a otra: ¿a costa de quién? En épocas de sequía, las piscinas compiten con la industria, la agricultura y los hogares por unos recursos hídricos limitados. La España de las piscinas, el galardonado ensayo de Jorge Dioni, refleja esta realidad. El título hace alusión a las islas verdes y azules que se encuentran en los barrios acomodados de las ciudades españolas, donde reside gran parte de la clase media aspiracional. “Un mundo de chalés, urbanizaciones, hipotecas, alarmas, colegios concertados, varios coches por unidad familiar, centros comerciales, consumo online y seguros médicos privados. Un mundo que propicia el individualismo y la desconexión social”, apunta Dioni.

Otro dato interesante es que un estudio realizado en 53 regiones metropolitanas de EE UU determinó que los modelos de desarrollo urbano en expansión se resentían más ante los fenómenos de calor extremo que aquellos que se adaptan a unas formas de vida más compactas. Según un informe de la American Planning Association publicado en 2022, los modelos de desarrollo más densos también pueden potenciar el efecto isla de calor urbano, pero la vegetación, las superficies frías y otras estrategias de atenuación del calor a nivel de diseño urbano pueden mitigar esos incrementos. “Las ciudades de 15 minutos reducen la dependencia de los vehículos de combustión y, por ende, la contaminación. Además, constituyen una estrategia de cohesión social frente a la ciudad disgregada”, concluye Neila.

La comunidad de expertos insiste en la necesidad de implicar a los colectivos vulnerables en la planificación urbana para que las estrategias con las que las ciudades se adaptan al cambio climático protejan a todas sus comunidades. Ya hay algunos ejemplos al respecto: la Plataforma Europea de Adaptación al Clima ha reconocido la labor que realizó la ciudad de Barcelona para incorporar a las partes interesadas en la transformación ecológica de la ciudad. Además, algunas ciudades se han percatado de la necesidad de una asistencia especial en el contexto del aumento de las temperaturas. Por ejemplo, la región de Kassel, en Alemania, cuenta con un servicio gratuito denominado Línea directa parasol (Hitzetelefon Sonnenschirm), en el que un conjunto de voluntarios llama a las personas mayores registradas y les informan sobre los riesgos para la salud que entrañan las olas de calor, además de sugerirles distintas formas de mantenerse al fresco y reducir así los peligros.

Un estado del bienestar resistente al clima

Las políticas de adaptación al clima siempre han estado en segundo plano respecto a las políticas de mitigación. Hubo quienes creyeron durante mucho tiempo que la aceptación sin reservas de la necesidad de adaptación supondría aceptar la inevitabilidad del cambio climático. Sin embargo, aunque la política ha mantenido una postura pasiva, la población ha reaccionado, tal y como demuestra la caída de los precios de la vivienda en las zonas costeras de EE UU que son más vulnerables ante las inundaciones. Jake Bittle, autor de The Great Displacement: Climate Change and the Next American Migration, señala en la revista The Atlantic: “A medida que el valor de la vivienda descienda como consecuencia del riesgo climático, habrá propietarios e inversores ricos que se desharán de sus activos problemáticos y huirán, mientras que los propietarios de clase media tendrán que hacer frente a las catástrofes climáticas y a las hipotecas costosas”. La adaptación al clima es una realidad. Sin la intervención del Estado, la riqueza y los recursos personales acaban siendo los factores determinantes.

La alternativa es lo que Aldana Cohen denomina el ‘ecoapartheid’: una sociedad en la que los ricos se refrescan en piscinas mientras los pobres padecen un calor cada vez más sofocante

El estado del bienestar surgió en torno a la lógica de la justicia social. Antes del auge del neoliberalismo en los años setenta y ochenta, las democracias occidentales desarrollaron unos programas sociales de gran alcance para materializar el derecho a la vivienda. La vivienda era uno de los pilares del modelo social de posguerra. Si queremos recuperar esa visión para el siglo XXI, debemos reconocer también el protagonismo de los riesgos climáticos y medioambientales en la desigualdad y la injusticia social.

La adaptación al clima afecta al poder político e institucional a todos los niveles e incluye la transformación ecológica del estado del bienestar con el fin de mitigar los riesgos relacionados con el clima. Las ciudades y las regiones no pueden tomar medidas por sí solas. Necesitan el respaldo de los Estados nación y de entidades supranacionales como la UE para financiar y propiciar su resiliencia. Proteger nuestros hogares y ciudades contra el cambio climático requerirá un plan multinivel que abarque todos los sectores, desde la planificación urbana hasta la sanidad pública y la educación, y que garantice la participación de los colectivos más vulnerables. La alternativa es lo que Aldana Cohen denomina el ecoapartheid: una sociedad en la que los ricos se refrescan en piscinas mientras los pobres padecen un calor cada vez más sofocante.

¿Quién paga los platos rotos del calentamiento global?

Es habitual escuchar que las cuestiones sociales y las medioambientales son dos caras de una misma moneda. Pero si el cambio climático es el mayor conflicto medioambiental de nuestro tiempo, ¿qué implicaciones tiene luchar contra él a nivel social? Lucas Chancel es un economista de renombre mundial que estudia la desigualdad y el cambio climático.

“Desigualdad climática” es un término que escuchamos con frecuencia, pero ¿qué significa exactamente?
A mí lo que me interesa es ver de qué manera se relacionan varios tipos de desigualdad con las cuestiones medioambientales. ¿Quién contamina? ¿Qué colectivos se ven afectados por la contaminación? ¿Quién puede permitirse financiar la descarbonización? Y, ¿de qué manera confluyen la transición ecológica y la desigualdad?

La desigualdad climática tiene, como mínimo, tres aspectos básicos. En primer lugar, la exposición desigual a los efectos del cambio climático. Ni todas las personas, a nivel individual, ni todos los países se ven afectados del mismo modo; algunos lugares se enfrentan a mayores niveles de calentamiento que otros. Un grado más no tiene el mismo impacto en los países de climas más moderados que en los que están experimentando ya altas temperaturas. Dentro de cada país los estándares de vida, el nivel de ingresos y la riqueza determinan considerablemente la vulnerabilidad de la población ante las crisis climáticas.

En segundo lugar están las desigualdades a nivel de responsabilidad. En este sentido, hay diferencias muy claras tanto entre países ricos y pobres como dentro de las fronteras de los países. En los países ricos hay grandes contaminadores y contaminadores que lo son en menor medida. Los países pobres contaminan menos por término medio, pero las élites de los países emergentes (a las que les gusta esconderse entre la multitud) están frecuentemente entre los principales contaminadores a nivel global.

Por último, existen desigualdades en cuanto a la capacidad de actuar. No todas las personas tenemos la misma capacidad de participar en la transición: cambiar nuestro coche, reformar nuestra casa o protegerla ante la sequía o las inundaciones. El Informe sobre la desigualdad climática 2023 señala que, a nivel global, la mitad menos contaminante del mundo (que se solapa aproximadamente con la mitad más pobre) emite solo el 12% del total de las emisiones. Y, sin embargo, esta mitad del mundo deberá soportar el 75% de los daños causados por el cambio climático en términos de pérdida de ingreso relativo. Hay que tener recursos para financiar la transición, así que hay una clamorosa asimetría en lo relativo a la capacidad de actuar. Que el mundo es muy desigual no resulta una sorpresa para nadie, pero el nivel de la desigualdad ha llegado a extremos chocantes. El 50% más pobre del mundo posee menos del 3 % de toda la riqueza global.

Estas tres dimensiones de la desigualdad climática global (la exposición a las crisis climáticas, las emisiones y la capacidad de acción) ilustran las tensiones inmensas del mundo actual. Las comunidades más afectadas por el cambio climático son las que menos contaminan y, al mismo tiempo, las que menos capacidad tienen para tomar cartas en el asunto.

¿Cómo agrava el cambio climático las desigualdades existentes?
Los impactos del cambio climático han agravado ya las desigualdades entre los países. Estamos ya 1,3 grados por encima de los niveles preindustriales y los países tropicales y subtropicales han sido los más afectados por ello. Incluso ahora, los países más pobres tendrían más recursos económicos si no fuera por los daños derivados del aumento de las temperaturas. El cambio climático implica una serie de perturbaciones a las que las sociedades deben enfrentarse: olas de calor, inundaciones, empresas que se ven obligadas a reubicarse, etcétera.

Tenemos, por un lado, la desigualdad en la exposición a los riesgos. Algunos barrios están más cerca de las zonas de inundación que otros, que están situados en zonas más altas. La gran mayoría de las veces los barrios menos susceptibles a las inundaciones son los más antiguos y acaudalados. Por supuesto, cualquier persona puede verse afectada por la crisis climática, pero la tendencia es que sean las personas más pobres las que se llevan la peor parte. Y, dejando de lado la cuestión climática, las áreas urbanas de bajos ingresos suelen ser las más cercanas a las zonas industriales y de riesgo petroquímico.

¿Cómo podemos adaptar unos mecanismos de solidaridad pensados para una época pasada a un nuevo contexto de crecimiento lento e incluso recesivo?

Por otro lado, también tenemos una vulnerabilidad desigual ante los riesgos: no es solo que una persona esté más expuesta; sucede también que su casa está construida con materiales de peor calidad y que no tiene ahorros u otros recursos a los que recurrir. Una de las grandes desigualdades fundamentales de nuestras sociedades contemporáneas, ya sea en Francia, Uganda o los Estados Unidos, es que aproximadamente la mitad de la población no tiene ahorros, es decir, un colchón económico. El cambio climático implica la multiplicación de estas perturbaciones, lo cual agravará a su vez las desiguales en nuestras sociedades ya de por sí desiguales. Pero no todo está perdido. Un sistema del bienestar fuerte y distintas formas de seguridad pública que ofrezcan cobertura universal pueden acabar con estos vectores de desigualdad. La protección social es así uno de los retos centrales de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos aumentar el nivel de protección social en los países ricos y crear nuevos sistemas del bienestar en países menos ricos? El estado del bienestar debe tener en cuenta los nuevos riesgos medioambientales que no estaban en el radar de sus padres fundadores a finales de la Segunda Guerra Mundial.

Pero los límites del crecimiento, el envejecimiento de poblaciones y una economía global cambiante complican la financiación de los estados del bienestar. ¿Podemos realmente permitirnos expandir la protección social para mitigar los riesgos medioambientales y la pobreza?
Debemos tener clara una cosa: económicamente hablando, nuestros países nunca han sido tan ricos como lo son hoy en día. Francia nunca ha sido tan rica. Los Estados Unidos nunca han sido tan ricos. El problema real es la distribución entre la riqueza privada y la riqueza colectiva en manos del Estado, las autoridades locales y las organizaciones sin ánimo de lucro. El problema no es el nivel total de riqueza, sino a quién pertenece esta riqueza. Ante el argumento de que ya no nos podemos permitir nada debemos responder recordando que tenemos un margen de maniobra enorme. Podemos buscar recursos y encontrar nuevas fuentes de ingresos, especialmente en la riqueza. El capital ha estado gravado de manera insuficiente desde hace décadas, y eso que no ha parado de crecer.

Los límites al crecimiento y el envejecimiento de la población sí plantean verdaderos retos a los que debemos enfrentarnos. Los sistemas de protección social que se implementaron tras la Segunda Guerra Mundial fueron concebidos en un contexto de crecimiento robusto: crecimiento convergente, reconstrucción económica y una explosión de la natalidad que se ha convertido hoy en día en una explosión de las jubilaciones. ¿Cómo podemos adaptar unos mecanismos de solidaridad pensados para una época pasada a un nuevo contexto de crecimiento lento e incluso recesivo? Debemos repensar los mecanismos de financiación con tal de superar su dependencia del crecimiento y tasar el stock de riqueza (los activos) en lugar de los flujos (PIB). Desvincular el modo en el que financiamos el estado del bienestar del PIB implica procurar más recursos provenientes de la riqueza privada y de la transmisión de la riqueza a través de la herencia.

Tenemos también que empezar a fijarnos en los costes de la degradación medioambiental que pasan desapercibidos. Por ejemplo, una gran proporción de las enfermedades crónicas actuales están relacionadas con factores medioambientales. Esa es la razón por la que la mejora de nuestro medio ambiente debe formar parte de nuestra concepción de un marco sistémico para la protección social. La prevención debería constituir una parte mucho más integral de nuestra política sanitaria, reduciendo así la presión sobre su financiación.

Subestimamos terriblemente el coste de los daños medioambientales. Aumentar nuestra concienciación a este respecto permitiría reducir el coste de la acción climática. Los combustibles fósiles reciben miles de millones de euros en forma de subsidios cada año. Sin embargo, el coste que implica esto para nuestros sistemas sanitarios en términos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares es enorme. Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles supondría ganar un margen de maniobra de aproximadamente varios cientos de miles de millones de euros al año.

La transición ecológica requiere más democracia frente a la emergencia, no menos

¿Hasta qué punto explica la desigualdad los nuevos conflictos medioambientales que están surgiendo en Europa? Tomemos como ejemplo los conflictos por el agua en Francia y España o las protestas de agricultores en Países Bajos.
El eje central en estos conflictos medioambientales es el acceso desigual a los procesos de toma de decisiones, que refleja los intereses de actores poderosos que se mueven entre las élites. Tal y como lo describe [el economista catalán] Martínez Alier, que ha mapeado los casos de injusticia medioambiental a nivel global, estos conflictos medioambientales conforman una especie de «Internacional de las luchas»: hay una serie de tensiones muy similares las unas a las otras a lo largo y ancho de Europa, pero también en el Amazonas y en África. Esto se debe a la dialéctica de las autoridades públicas que justifican ciertas decisiones basándose en parámetros económicos, frente a activistas que reivindican otras formas de legitimidad, desde la protección de la biodiversidad hasta un respeto más amplio por el proceso democrático. La manera en la que nos enfrentamos a la transición ecológica requiere más democracia frente a la emergencia, no menos. Las decisiones tomadas por comités pequeños que reproducen la defensa de los intereses establecidos no hacen más que malgastar nuestro tiempo.

¿Y qué hay del consumo de carbono de los sectores más ricos de la sociedad? ¿Cómo de útil es realmente la prohibición de los jets privados?
Cada tonelada de carbono en la atmósfera cuenta, así que no es una tontería. Un avión privado produce en una hora más toneladas de CO₂ que los desplazamientos diarios de la mayoría de las personas en un año. Pero todavía más importante es el ejemplo. Estamos entrando en una fase en la que todo el mundo deberá hacer un esfuerzo considerable para transformar sus estilos de vida. ¿Cómo podemos esperar que las clases medias y bajas pongan de su parte si la gente en lo alto de la escalera social continúa emitiendo el equivalente a un año de carbono en tan solo unos minutos?

Históricamente, cuando los políticos han pedido a sus poblaciones sacrificios considerables, a las clases adineradas se las ha hecho participar en él. En un discurso de abril de 1942 [en el que expuso los siete puntos de la política económica nacional orientada a estabilizar la economía de los Estados Unidos de cara a la guerra], Franklin D. Roosevelt pidió a sus compatriotas que hicieran enormes sacrificios. También pidió al Congreso que el ingreso de las clases más adineradas permaneciera por debajo de cierto límite. Es una cuestión de cohesión social, de un nuevo contrato social para la transición. En Francia, las aerolíneas ya no pueden vender billetes para rutas que puedan cubrirse en menos de dos horas y media de viaje en tren. Pero esto no afecta a los jets privados. Un agujero en el plan es un agujero en el contrato social.

Las ciudades y regiones deben lidiar frecuentemente con efectos de la crisis climática. Los gobiernos nacionales tienen las competencias en lo que respecta a tasación y seguridad social. El Pacto Verde Europeo es el marco de la transición y todos estos elementos se sitúan en el contexto de los acuerdos globales por el clima. ¿Cuál es el plano más relevante para la lucha contra el cambio climático?
Lo fascinante y a la vez vertiginoso de esta transición es que todos los planos están interconectados. Debemos empezar a nivel local e ir subiendo, al plano nacional, europeo e internacional. No podemos usar la lentitud y la frustración en un plano concreto para justificar la inacción en otro. Hay mucho que hacer a nivel local en lo que se refiere a desigualdad climática, el daño y exposición a los riesgos: desde la planificación urbana a la reorganización de áreas mediante políticas públicas que beneficien a los sectores más pobres de la población, en lugar de castigarlos. Reverdecer las ciudades y transformar los sistemas alimentarios beneficiará a aquellas personas que están en primera línea ante las olas de calor, la inflación del precio de los alimentos y la sequía.

El plano nacional es importante para promulgar leyes y ofrecer recursos financieros y el plano europeo puede ayudar a hacer acervo de recursos. Compartir esfuerzos es pensar a la mayor escala posible. Una red eléctrica impulsada por energía eólica y solar debe estar interconectada con otros territorios para, por ejemplo, seguir funcionado en los días en los que no hay suficiente sol o viento. Y esta misma lógica es aplicable a la capacidad de recuperación tras perturbaciones tales como los huracanes. Cuanto mayor sea el conjunto de sujetos que comparten los riesgos, mejor funcionará la protección, tal y como funciona la seguridad social a nivel nacional.

Un estado del bienestar europeo nos permitiría compartir riesgos de manera más eficiente. Pero esto implica la creación de recursos fiscales propios de la UE. Y, si bien esta es una conversación que está empezando a emerger, todavía estamos lejos del famoso «momento hamiltoniano» del federalismo estadounidense. El presupuesto de la UE está cerca del 2 % del PIB, mientras que la mayoría de sus estados miembros tienen presupuestos nacionales cercanos al 50 % de su PIB. Debemos federar tanto los recursos como los gastos con tal de prepararnos para la lucha contra las desigualdades medioambientales del futuro.

“War is degrowth by disaster, you want to avoid that”

The climate and biodiversity crises confront us with the limits to growth. But can we let go of economic growth in a conflict-ridden world, where GDP counts as a source of power? We discussed the geopolitical ramifications of degrowth with Trineke Palm, security expert and director of the think tank of the Dutch political party Christian Union, and Hans Stegeman, chief economist of Triodos Bank and columnist.

Richard Wouters: Hans, you think economic growth no longer fits within the ecosystem. “Green growth does not exist”, you wrote. Why not?

Hans Stegeman: The simple answer is that all economic activity, whether products or services, uses energy and materials. You can increase efficiency, but ultimately economic growth always requires more inputs. We only have a limited amount of energy and materials, so we cannot grow indefinitely.

Many economic models suggest that continued growth is possible. The underlying assumption is that you can substitute everything for everything. So you replace raw materials with labour or capital and you go on doing that indefinitely. But that’s not how it works in reality. There is a limit to substitution. No matter how sophisticated your fishing fleet is, you still need fish. And if you catch more fish than can be naturally replenished, at some point the sea will be empty.

The same applies more broadly to the quality of our natural environment: if it drops below a certain limit, the ecosystem collapses. That’s a tough message to deliver. People find it hard to accept that certain things are no longer possible, as we saw at the last provincial elections in the Netherlands; amid a national nitrogen crisis, largely due to an oversized livestock sector, a pro-farmer party became the largest.

Do you consider yourself part of the degrowth movement?

Hans Stegeman: I don’t quite feel at home with the degrowth movement, because it thinks too easily about the social issues raised by the end of growth. Many degrowthers are strongly ideologically driven, Marxist even, and expect the government to fix everything. This is too optimistic.

We are only at the beginning of the search for an alternative to the growth paradigm. We need to look deep into our economic system: what are the drivers of economic growth? Take public policy: if we finance our social security and healthcare by taxing income and profits, there is a growth imperative in the public budget. So we need to think about a different tax base. Also in business and finance, where I myself work, we need to address all the growth drivers one by one and see how things can be done differently.

Trineke, whence your interest in the debate on economic growth?

Trineke Palm: Our think tank has long been concerned with the interaction between globalisation and local policies. You see numerous initiatives at the local level for sustainability and for a new interpretation of prosperity. But such initiatives tend to get bogged down in the present economic system. Even within the Christian social tradition there is a current that criticises the growth compulsion of that system. Think of the Dutch economist and politician Bob Goudzwaard, who argued for an “’economy of enough” as early as 1976.

I personally wrestle with the question of whether a planned transition to an economy without growth is different from a recession, with all the misery it entails. Can you substantiate that no one will be left behind? If not, advocates of degrowth organise their own opposition.

Hans Stegeman: To avoid that, you must be as specific as possible about what will be better if we jettison the growth drive. Take the Dutch debate on excess nitrogen – that’s a degrowth discussion par excellence. The ecological damage of intensive livestock farming by far outweighs its financial returns, so we need to stop it in a planned way. For that, we need to look at the drivers of the current system: the high prices of agricultural land, farmers’ lack of market power vis-à-vis other actors in the value chain, all factors that force farmers to pursue economies of scale. Can we remove the compulsion to grow through other forms of land ownership, new stakeholders from outside the agro-industrial complex and a fairer distribution of revenues? This way, the discussion becomes practical, allowing a better future to emerge. Not just for farmers, but for all of us: lower nitrogen emissions benefit the health of both humans and nature. The strength of degrowth thinking is that it puts the quality of life and of social relationships at the centre.

Trineke Palm: The focus on quality of life aligns with the way I talk about economics within the Christian Union: how do we shift from growing to thriving? The economy should serve communities where we take good care of each other, even if all that informal care doesn’t count in GDP.

Hans Stegeman: I do want to underline that degrowth is a task for rich countries. We need to shrink to make room for economic growth in countries that still need it. Solidarity between North and South, that’s the international dimension of degrowth.

The battle for economic dominance is a zero-sum game that the EU would do well to stay out of.

Would it be reasonable for the European Union to be the first to say goodbye to economic growth?

Hans Stegeman: Yes, but when you put it that way it sounds like a sacrifice. You could also raise the question, as political economist Katherine Trebeck does: if an economy is fully “grown up”, why would you need more? Why would you want growth at all if you are already living in unprecedented prosperity? It’s not even saying goodbye to anything. You simply spotlight that growth no longer serves any purpose and we just need to organise our society differently. If that is true anywhere, it is in Europe. Actually, also in the United States, but there they have to solve the issue of inequality first.

At the very least, the European Commission is now pursuing green growth, but one wonders if it is not already going further. European policies on climate, sustainability and circular economy are quite far-reaching – they often go beyond national policies, especially Dutch ones. European policymakers are trying to fit their sustainability goals into today’s economy, with its growth imperative, but this is slowly coming into question. There was a big Beyond Growth conference at the European Parliament in 2023. The interest in degrowth is especially strong in southern Europe, where people have been looking for new forms of community after the trauma of the euro crisis. We totally lack that perspective in the Netherlands. We are one of the most neoliberal countries in Europe.

How do foreign and security policy thinkers view economic growth? Isn’t GDP a key measure of geopolitical power?

Trineke Palm: The fundamental debate about green growth versus degrowth is hardly ever held in those circles. There is a growing understanding that unbridled growth does not automatically confer geopolitical advantage, and thus the EU is not weakened by pursuing more qualitative growth. Being ahead in green technology is even a power factor. There is also an increasing focus on decarbonising the defence sector, which is still extremely fossil-based. It is seen as strategically smart to make the armed forces more sustainable. In short, a shift towards green growth is taking place. We should welcome that.

Degrowth is not really on the minds of geopolitical thinkers yet. I do see a common ground. Scaling back our consumption of energy and raw materials reduces our dependence on countries like China. Ecological and geopolitical security seem to coincide here. At the same time, I would caution against isolationism. We should not move towards a situation where Europe says: we have our act together now and we are putting a fence around it. We must preserve the valuable relationships with other countries and cultures.

I therefore have difficulty with the term “strategic autonomy”, which is now central to European discourse. We could say: the EU is finally learning to speak the language of power; that is a healthy correction to the naivety of a trade and security policy that has made us too dependent on other countries. But our community does not stop at the EU’s external border. I heard the term “strategic engagement” the other day. That is more appealing to me.

Hans, you also argue for greater European independence when it comes to energy and raw materials.

Hans Stegeman: Yes, but I agree with Trineke’s nuance. You want to keep international solidarity; it arises partly through interdependence. Moreover, I’m still too much of an economist to think that comparative advantages don’t count. If countries specialise in activities that they are good at, without exploiting people and the environment, we will benefit together. So we should not pursue autarky; that would lead to global impoverishment.

Yet there are good reasons to reduce Europe’s dependence on imported raw materials. There is a geopolitical argument, as Trineke pointed out, but also a moral one; now that we started to bring some mining back to Europe, the environmental costs of our extractive economic model suddenly become visible. As long as the damage is suffered in Congo, we are not worried about it; now those environmental problems need to be addressed. What you mess up, you also must fix – I see increasing that awareness as part of the degrowth strategy.

We must preserve the valuable relationships with other countries and cultures.

Trineke, your dissertation was about the normative power of the EU. Can that kind of power be an alternative to economic and military power?

Trineke Palm: Normative power is more about how economic and military instruments are used. They should not undermine international law and human rights, but rather strengthen them. By affirming existing norms, or establishing new standards, the EU can enhance its own credibility and make it harder for other players to flout the rules completely. This is especially true in the economic sphere, where the EU is strong: it can set an example, create normative frameworks that feed through into global trade.

Geopolitical experts mainly look at economic and military power, but I think a country’s demography is also a power factor. It is said of China: they will grow old before they grow rich. Africa, on the other hand, has a young population. That is where political opportunities lie for the EU, if it shows exemplary behaviour. So don’t rob Africa, but set standards for fair trade. Commit to equal partnerships that constitute a convincing break with the colonial past and the neo-colonial present. This will be easier if we stop putting economic growth first in Europe.

Hans Stegeman: If we in Europe manage to set up a post-growth society that is sustainable and provides well-being, we will be a moral leader that everyone will look to. Especially if we also make the solutions we come up with accessible to the rest of the world – otherwise we won’t benefit ourselves, we’ll still be heading for ecological disaster. Of course, the EU should also ensure a minimum of military security, but I see that as a separate issue.

Russia’s attack on Ukraine shows that peace in Europe cannot be taken for granted. The EU relies heavily on the US in supporting Ukraine. Washington says to us: do more on defence. Is that necessary?

Trineke Palm: You could say that European defence spending has fallen below a minimum level. We will have to invest in the armed forces. The pledge by NATO members to spend at least 2 per cent of their GDP on defence is a good benchmark. If EU countries meet that standard, and strengthen their cooperation, the relationship with the US will become more balanced. This is important because sometimes the EU makes different choices from the US. Take China. The EU should definitely be more critical of Beijing when it violates international law, but I am not in favour of blindly following the US in squeezing China. That battle for economic dominance is a zero-sum game that the EU would do well to stay out of. Especially since we all need each other in tackling the climate crisis. If we start demonising each other, we will not reach joint solutions.

The EU should stick to its core values. Most Europeans do not want to live in a world of economic and military arms races. Neither do they desire a world where the law of the strongest  prevails over the strength of law. Standing up for the international rule of law is therefore not only a value, but also an interest of the EU.

Would an EU that chooses the path of degrowth require better defence cooperation?

Trineke Palm: That is necessary anyway. Without defence cooperation, the EU can’t punch its way out of a paper bag. There is too much duplication between the national armed forces. Joint action is hampered because countries choose different weapons and communication systems, partly to provide their national defence industry with orders. There are really niggling examples of this, such as radios that cannot communicate with each other.

It can all be done much more efficiently if EU countries move towards specialisation. By mutual agreement, each country’s armed force would then focus on certain defence tasks. As Hans said, specialisation can be beneficial for all countries. It also fits in with degrowth thinking, because the EU would gain in strength even without additional spending.

Especially now that EU countries are going to invest more in defence, they really need to agree on who does what. It should also now be easier to break through national protectionism, because the defence industry has no shortage of orders.

Hans Stegeman: A contradiction between degrowth and security is evoked here. I don’t see that at all. GDP is a poor measure of a country’s power. It all depends on how a country uses its productivity, what choices it makes. Look at Russia: it is a lousy country in terms of GDP, but it has a huge armed force. In the West, we are definitely rich enough to invest more in defence, if we feel the geopolitical situation calls for it. Even if we opt for degrowth, we remain one of the richest continents in the world. Let’s face it, war is degrowth by disaster, you want to avoid that at all costs.

Hans, you work at Triodos, a bank that doesn’t invest in the arms industry. Will it remain so now that security in Europe is at stake?

Hans Stegeman: Yes. I am very much against sustainable investors plugging money into the defence sector. Given the situation, it may be necessary to correct the low defence spending of the past, as advocated by Tineke. I’m fine with that. But that doesn’t make defence a useful activity that is also necessary in the long term. History teaches that investing in the military-industrial complex leads to a wasteful arms race. That money is better used elsewhere. You can have a more nuanced personal view, but why would a sustainable bank with an exemplary role finance the production of ammunition? That is a government’s responsibility. If we democratically decide that it is necessary to produce more weapons and ammunition, then we should channel public money into it, not private funds.

Trineke Palm: I agree. It is important to distinguish between defence as a public service, which invests in arms under democratic control as insurance against aggression, and defence as a market, which revolves around profit. That profit is often made by exporting weaponry around the world, including to countries outside the EU and NATO. Even after the Russian annexation of Crimea in 2014, military equipment has been sold to Russia from EU countries – despite European rules that aim to restrict arms exports. In a defence market there is also the risk that arms manufacturers will determine what the threats are and how we should protect ourselves against them. If all you have is a hammer, every problem looks like a nail.

Hans Stegeman: Defence should not be a market; with a little imagination you can think of that as a post-growth idea. Then you say, “we don’t want markets that are only out for short-term returns, without a clear social function.” So no market for arms manufacturers who are looking for customers and therefore have an interest in conflicts and war. The alternative is then to put this task in the hands of the government; that’s what post-growth thinking says about this kind of activity. If it leads to excesses, you don’t want to leave it to the market.

This interview is part of the Green European Foundation’s transnational project Geopolitics of a post-growth Europe. It is also available in Dutch.

Objects of Political Desire VIII: A European project that you can touch and be touched by

Europe has no shortage of libraries and yet there is no European Library. How can that be?

An internet search reveals that until 2016 there was an inter-library service called The European Library, which was then merged into what we now call Europeana. Created in 2009 by a European Commission amazed by the potential of Google Books, Europeana is a long way from fulfilling that promise. It’s not a European library but rather an online repository of digital specimens from European national libraries.

In higher education institutions, in departments of European studies, and in Florence at the European University Institute, there are good and sometimes excellent research collections that can be described as “European”, but they are not public libraries open to ordinary citizens in the middle of the bustling streets of our capitals – precisely what a European Library could aim to be.

But wait a minute – couldn’t we say that any large library in Europe is a European library? In a sense, yes. The British Library and the Bibliothèque Nationale de France are extraordinary libraries and they are in Europe. But they are, like many of the continent’s most important libraries, national libraries, which give themselves universal missions in the name of knowledge, or also because of their countries’ imperial pasts.

Many national libraries were founded in the 19th century, precisely when today’s nation states were consolidating. They were created as part of explicitly national projects. They proved successful precisely because libraries are inclusive instruments for creating identity and civic spirit – Palaces for the People, as we saw in the previous column – that collected all the information available on the most advanced media at the time for the formation of citizenship and national elites. But these are not European Libraries as we might have invented them in the 20th century.

What makes a European Library then? First, it should be a real building, several buildings in fact, at least one for each EU member state and, in time, perhaps even more. Online repositories are useful and practical, but they are distant and immaterial things.

The “European idea” is already too abstract. For it to become tangible, it must be made of brick and mortar, a house you can enter and where the European Union (and other entities that want to join it by international treaty, such as candidate states) says “Come in, this is your house.” For identities need concrete realities on which to be based. 

A European Library needs to be more than what libraries were in the past; today, no good contemporary library is. In addition to a considerable collection of books and translations in at least all the EU languages, the legal deposit of all the publications of the European institutions, the collection of works directly or indirectly financed by EU money, a European Library should provide access to all kinds of digital collections, subscriptions to European and global academic presses and journals, sound, image and video broadcasting services – a wealth of culture, knowledge and science in the most diverse formats and media.

The “European idea” is already too abstract. For it to become tangible, it must be made of brick and mortar, a house you can enter and where the European Union says “Come in, this is your house.”

What’s more, a European Library should be a meeting place. It should have studios and study rooms where working groups can hold meetings, record a podcast, or prepare for an event. Exhibition halls with temporary and travelling exhibitions; auditoriums with dedicated programming spanning across several countries at the same time. It could have a press room to host debates on current affairs in Europe, its countries and humanity as a whole. It could have an Erasmus Club where exchange students could meet. It could have an information centre for scientists applying for European funding projects and spaces for knowledge transfer. It could house the delegations (which already exist) of the institutions, enabling economies of scale. It would, of course, rely on local imagination and ingenuity. In Aarhus, the local library has a gong that plays a pleasant sound every time a baby is born in the city’s maternity hospital and its parents want to announce it to the world. Who knows what each collective of architects and programmers, from Lisbon to Vilnius, could come up with?

The US Library of Congress was once just a small collection of a few hundred books in a forgotten room. Sometime in the 19th century, it was even consumed by a fire. Only gradually was it imbued with the project of becoming one of the largest libraries in the world. In the USA, the tradition was born that each former president could promote the founding of a “Presidential Library” as a civic and community symbol of presidential federalism (Obama is creating his on the South Side of Chicago). A European Library would be an analogous example, but more collective and inclusive. Perhaps shaking out to be the second phase of the New European Bauhaus project launched by President von der Leyen, the European Libraries in each member state would be a place of memory and imagination of the history and future of this continent, making much-discussed “European Project” tangible.

The European Union, as we all know and complain about, has concentrated on what is often more complex and remote: food safety rules, phytosanitary procedures, customs duties, directives and regulations, and so on. Most of these things have a very real impact on our daily lives. But by the time they do, they have been rendered invisible. In its effort to depoliticise decisions in the name of technocracy, Europe won many small battles but is in danger of losing the biggest one, the hearts of its citizens.

On the other hand, relatively minor realities (from a budgetary point of view) such as the Erasmus Programme act as great forges of European identity in the lives of younger generations. Like the inter-rail programme, these experiences are immersive, transforming the lives of the people who do them and opening up new horizons about their personal history while allowing them to understand – without imposing a standardised version – our collective history.

But Erasmus and Interrail are decades old. They are also experiences that only occur at a certain point in life and that are not accessible to all Europeans. What if we had a new idea, which became a recognisable landmark, with its own architectural language, present every day in the landscape of your city?

The European Library could be that idea for the 21st century.

Atom dla Polski? Polityka energetyczna przed wyborami parlamentarnymi

Polski rząd uważa inwestycje w energetykę jądrową za jeden z filarów dekarbonizacji miksu energetycznego kraju. Czy to dobrze przemyślane rozwiązanie – a może jedynie zasłona dymna, mająca podtrzymać funkcjonowanie dotychczasowego, scentralizowanego systemu energetycznego, zdominowanego przez szereg dużych, państwowych spółek? Marcin Wrzos pyta o to byłego ministra środowiska, prof. Macieja Nowickiego.

Kontekst: Ze względów historycznych polski miks energetyczny przez długie lata pozostawał silnie uzależniony od węgla. Lokalne wydobycie gazu ziemnego nie było w stanie zaspokoić zapotrzebowania, co z kolei generowało dużą zależność od paliw kopalnych z Rosji. W ostatnich latach została ona zredukowana dzięki dywersyfikacji dostaw, np. Dzięki budowie terminali LNG na Bałtyku.

Ostatnie lata przyniosły zmiany w miksie energetycznym – tyle że spowodowane bardziej przez oddolne zainteresowanie energetyką odnawialną ze strony chcących wydawać mniej na energię prosumentów czy dążących do neutralności klimatycznej firm niż z powodu spójnej polityki rządowej. Obóz Zjednoczonej Prawicy, zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, ma zróżnicowane podejście do polityki klimatycznej i odchodzenia od węgla, choć łączy do ogólny sceptycyzm wobec wzmacniania poziomu ambicji klimatycznych przez Unię Europejską.

Marcin Wrzos: Polska polityka energetyczna w dużej mierze zakłada zastąpienie węgla atomem. Na ile polska strategia wpisuje się w strategię dekarbonizacyjną UE?

Prof. Maciej Nowicki: Mam pewien problem z odpowiedzią na to pytanie. Założenia polskiej polityki energetycznej niedawno zostały zaktualizowane. Ministerstwo Środowiska przesłało do Rady Ministrów projekt, który ma zupełnie inne założenia niż dotychczasowa strategia. W momencie, w którym rozmawiamy, nie został on jednak przyjęty. Jako projekt ministerialny powinien on być poddany szerokim konsultacjom. Te się jednak nie odbyły, więc nie wiem jak mam do proponowanych zmian się odnieść. Muszę przyznać, że jest on zaskakująco progresywny. Nie wiem jak będzie przebiegał proces legislacyjny, ale bez wątpienia dotychczasowa polityka jest nieaktualna i pełna błędów. Nie odzwierciedla zachodzących w Polsce i na świecie procesów. Potrzebujemy bardzo realistycznej strategii rozwoju systemu energetycznego.

W jakim kierunku powinny iść zmiany?

Dostrzegam w Polsce niepokojącą propagandę, przedstawiającą energetykę jądrową jako panaceum na wszystkie nasze problemy. W moim przekonaniu założenie to jest całkowicie chybione. Takie podejście topi debatę na temat transformacji energetycznej. Rząd podejmuje jednostronne decyzje bez pytania społeczeństwa o zdanie. Decyzja nie była nawet przemyślana. Zdecydowano, że Amerykanie wybudują nam elektrownię o mocy 3000 megawatów, potem zdecydowano się zwiększyć ją dwukrotnie. Teraz mówi się już o 9000 megawatów. Rozpoczęły się poszukiwania lokalizacji dla elektrowni. Wiemy, że najpewniej będzie się ona znajdować gdzieś nad morzem.

Cały proces rozpoczęto od niewłaściwej strony. Na początku potrzebna była realistyczna strategia energetyczna, w której precyzyjnie określono by rolę energetyki jądrowej w systemie energetycznym. Potem należałoby zacząć szukać finansowania na stworzenie całego systemu. Dopiero wtedy zobaczylibyśmy, ile możemy wydać na jego modernizację, a ile na energię jądrową. Wtedy poznalibyśmy odpowiedź na pytanie o to, czy ma to w ogóle sens ekonomiczny.

A Pana zdaniem nie ma?

Polski rząd wybrał firmę Westinghouse Electric Company, która miała poważne kłopoty finansowe i była bliska bankructwa. Co więcej – wybrał ją bez przetargu na budowę elektrowni jądrowej. Nikt nie zadaje sobie kluczowych w takiej sytuacji pytań. Ile będzie kosztowała budowa elektrowni jądrowej? Ile będzie kosztowało wyprowadzenie mocy z tej elektrowni? Gdzie będzie zlokalizowane składowisko odpadów radioaktywnych?

Działania podejmowane przez polski rząd mają sens tylko jeśli analizuje się je z punktu widzenia podejmowanych działań PR-owych. Aby usatysfakcjonować stronę amerykańską zdecydowano, że elektrownię jądrową wybuduje Westinghouse. Kiedy decyzja została ogłoszona wszyscy zaczęli się zastanawiać nad tym, skąd weźmiemy na to pieniądze. Takie działania są szalenie nieodpowiedzialne, ponieważ energia jądrowa – i to mogę podkreślić z pełnym przekonaniem – jest w fazie inwestycyjnej zdecydowanie najdroższym ze wszystkich źródeł energii. Początkowo mówiło się, że pierwsza elektrownia może kosztować około 100 miliardów złotych, a planach wskazuje się na moc 6000 megawatów. Teraz jest 200 miliardów – wraz z wyprowadzeniem mocy oraz wszystkimi innymi elementami, które jeszcze podrożeją, uzyskujemy zupełnie horrendalną kwotę. Zdecydowanie większą niż zakładają aktualne szacunki. Nie konsultuje się decyzji o tej inwestycji ze społeczeństwem. Zamiast tego prowadzona jest propaganda, która ma budować dla niej poparcie społeczne.

Dlaczego budowa pierwszej elektrowni jądrowej nie ma sensu?

Spójrzmy na gigantyczną niekonsekwencję w działaniach obecnego rządu, który chce budować elektrownię o mocy 6000 megawatów nad Bałtykiem. Jednocześnie zapewnia, że będzie stawiać na budowę elektrowni wiatrowych na polskim wybrzeżu o łącznej mocy nawet 18 000 megawatów. W ten sposób uzyskamy na północy kraju gigantyczną nadwyżkę energii, z którą nie będzie wiadomo co zrobić. Jeśli przyjrzymy się zużyciu energii w Polsce zauważymy, że w północnej części naszego kraju zużywa się tylko 20% energii elektrycznej. Dla sieci energetycznych tak duża nadwyżka to ogromne wyzwanie. Energia z atomu jest w takim przypadku fatalnym wyborem, ponieważ reaktory muszą pracować całą dobę i nie nadają się do tego, aby zwiększać produkcję w bezwietrzne dni i zmniejszać, gdy wieje silny wiatr. Założenie, że te dwa źródła mogą się uzupełniać jest nierealistyczne.

Zanim Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2015 roku partia ta była postrzegana jako niechętna energetyce jądrowej. Premier Beata Szydło mówiła wprost, że sprzeciwia się budowie elektrowni jądrowej. Co się stało, że nastąpiła tak daleko idąca zmiana?

Żyjemy w niestabilnych czasach i twierdzenie, że energetyka jądrowa zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne trafia w społeczne lęki. Jednak, co najmniej z dwóch powodów, tak się nie stanie.

Jak bardzo jest to chybione stwierdzenie udowadnia wojna w Ukrainie. Elektrownie jądrowe stały się (wbrew prawu międzynarodowemu) celami dla rosyjskiej armii. Doskonałym przykładem jest elektrownia w Zaporożu, która została odłączona przez Rosjan od ukraińskiej sieci energetycznej.  Jest ona ciągle wykorzystywana jako straszak ze względu na ogromną skalę potencjalnej katastrofy, którą można wywołać w bardzo łatwy sposób.

Paliwo jądrowe jest w Polsce w całości importowane z zagranicy. Uranu nie wydobywa się również na terenie Unii Europejskiej. Państwa Wspólnoty w 20% importują go z Rosji i w 20% ze znajdującego się pod silnym jej wpływem Kazachstanu. Budowa nowych elektrowni jądrowych może w jeszcze większym stopniu uzależnić nas od importu ze wschodu. W takim kontekście mówienie o bezpieczeństwie energetycznym brzmi jak ponury żart.

Czy potrzebujemy energii z atomu?

Przyszłością jest energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Wytwarzanie energii w elektrowniach jądrowych jest całkowicie nieelastyczne – nie można go dostosować do zmiennego zapotrzebowania. Nie wiem, czy jest ona potrzebna w mikście energetycznym. Trudno dziś przewidzieć, czy będzie potrzebna za 15 czy 20 lat. Chętnie zobaczyłbym rzeczywiste wyliczania ekspertów, które pokazałyby, czy ekonomiczne i technologiczne wikłanie się w atom ma jeszcze sens.

Realnie rzecz biorąc energia z atomu może wypełnić pewną lukę, ale na pewno nie ma szans stać się panaceum na wszystkie bolączki polskiego systemu energetycznego. Nawet jeśli udałoby się wybudować elektrownię jądrową o mocy 9 000 megawatów to pokryje to nasze zapotrzebowania na energię w 20-25%. Musimy zaakceptować ten fakt i przestać traktować elektrownie jądrowe jako gwarancję bezpieczeństwa energetycznego. Uważam, że ich budowa miałaby sens tylko wtedy, gdy z realistycznej, fachowej analizy by wynikało, że za dwadzieścia lat odnawialne źródła energii nie będą w stanie w pełni pokryć zapotrzebowania i konieczne będzie uzupełnienie systemu energią jądrową.”

W sondażu Ministerstwa Klimatu i Środowiska z listopada 2022 r. wyszło, że ponad 86% ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju, a jedynie 10% jest przeciwnego zdania.

Nie wierzę w rzetelność tego sondażu. Nawet wszechobecna propaganda proatomowa nie mogła w tak krótkim czasie zmienić zdania Polaków w tej sprawie. Przypominam, że jeszcze kilka lat temu większość społeczeństwa była przeciwna budowie elektrowni jądrowej.

W Unii Europejskiej też można zaobserwować pewne ruchy, które próbują energetykę jądrową przywrócić do życia. Na popularności zyskują pomysły na uczynienie atomu częścią zielonej transformacji energetycznej. Na ile polityka polskiego rządu jest zgodna z polityką unijną?

Polska strategia z roku 2021, zapisana w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, jest już nieaktualna. Zawarty w niej udział energii ze źródeł odnawialnych już wtedy był bardzo nierealistyczny. W dokumencie zapisano, że w 2030 roku fotowoltaika będzie miała moc 6000 megawatów, a tymczasem już w ubiegłym roku moc ta osiągnęła 12000 megawatów. Dodatkowo planowano utrzymanie przewagi węgla jako głównego źródła energii, a do miksu dodano energię z atomu, który miał być przeciwwagą dla rozwoju energetyki odnawialnej.

Czy energia ze źródeł odnawialnych jest w stanie wyprodukować wystarczającą dla Polski ilość energii?

Niemcy, które leżą na tej samej szerokości geograficznej i mają podobny klimat, już dziś wytwarzają z energii wiatrowej 60 000 megawatów, a z fotowoltaiki kolejne 60. To dwukrotnie więcej niż wynosi nasze całościowe zapotrzebowanie na energię. Oczywiście nie wystarczy zwiększać produkcji energii ze źródeł odnawialnych, potrzebne są równoległe prace nad przebudową systemu energetycznego. Do 2030 roku muszą powstać wielkogabarytowe magazyny energii, które zrównoważą fluktuacje w produkcji energii z wiatru i słońca. W tej chwili w Polsce mamy sto kilkadziesiąt biogazowni, a dla porównania w Niemczech jest ich 10 000. Musimy lepiej wykorzystywać nasz potencjał w tym zakresie. Biogazownie są znakomitym rozwiązaniem, ponieważ to gaz najlepiej współpracuje z OZE. W okresie przejściowym – do 2040 roku – być może warto by było wykorzystać zgazowanie węgla, aby w okresach niedoborów energii z OZE szybko uzupełnić brakującą moc.

Istnieją różne możliwości magazynowania energii. Na pewno musimy iść w kierunku gospodarki wodorowej. Zielony wodór jest najczystszym i najbardziej energetycznym paliwem. Technologia jest znana od dawna i dynamicznie się rozwija. Wodór będziemy mogli – podobnie jak w tej chwili metan – przesyłać rurociągami.

Czy w przypadku zmian w polskim systemie energetycznym można powiedzieć, że zapadają one w transparentny sposób i mają demokratyczną legitymizację?

Gdy mówimy o braku demokracji w Polsce to problem nie odnosi się tylko do sądów. Wpływa to również na sposób wydawania przez państwo pieniędzy. W ciągu 20 lat rząd wyda kwotę rzędu biliona złotych. To olbrzymie pieniądze – polskie społeczeństwo powinno być włączone w proces podejmowania decyzji w ich sprawie. Społeczności lokalne powinny wyrazić zgodę na budowę elektrowni jądrowej lub składowiska odpadów radioaktywnych na ich terenie.

Wiem, jak bardzo kontrowersyjna jest lokalizacja pierwszej elektrowni jądrowej. Ten kawałek polskiego wybrzeża jest naprawdę piękny. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że budowa elektrowni jądrowej będzie oznaczała koniec turystyki, która jest podstawą ich utrzymania. Nikt nie przyjedzie odpoczywać na plac budowy. Po zakończeniu prac turyści też raczej nie wrócą.

W dyskusjach pojawia się często argument, że wraz z elektrownią pojawią się nowe miejsca pracy. Owszem, w okresie kilkunastu lat budowy będzie potrzebna ogromna ilość robotników, ale sama elektrownia będzie zautomatyzowana i na pracę będzie mogła liczyć tylko wysoko wykwalifikowana kadra, której notabene jeszcze nie mamy. Elektrownię będzie obsługiwać kilkaset osób, którzy w ogromnej większości przyjadą z zewnątrz. Mieszkańcy dostaną zdewastowane środowisko i brak perspektyw na przyszłość.

Czy 100% OZE jest możliwe?

To już się dzieje. Nie tylko na wsiach i w małych miasteczkach, gdzie zielona transformacja jest łatwiejsza, ale również w dużych miastach takich jak Bruksela, Haga, Hamburg czy Frankfurt nad Odrą. Opracowały one szczegółowe plany przejścia w całości na energetykę odnawialną do 2040 roku. Potrzeba do tego jedynie woli politycznej.

Czy wystarczy wola mieszkańców, kiedy na dobrą sprawę nie mamy planu transformacji energetycznej?

Bardzo trafnie pan zauważył, że to nie wystarczy. Co jest do tego potrzebne? Po pierwsze – wola polityczna. Nie taka na potrzeby kampanii wyborczej, że dzisiaj mówimy tak, a jutro się wycofujemy, tylko autentyczne przekonanie polityków, że OZE to jest przyszłość Polski, Europy i świata. Politycy muszą wiedzieć, że zmiany są konieczne ze względu na ocieplający się klimat i wyczerpywanie się paliw kopalnych. My w Polsce jesteśmy tylko małym kawałkiem świata, ale nie zwalnia nas to od myślenia długoterminowego. Aby OZE się rozwijało musi tak myśleć cała klasa polityczna – nie tylko rządzący.

Kiedy spełniony jest ten warunek pojawiają się sprzyjające warunki do tworzenia dobrego, stabilnego i sprzyjającego rozwojowi prawa. Pieniądze inwestorów nie pojawią się, jeśli prawo zmienia się co dwa lata. Dobrze pokazuje to tzw. ustawa odległościowa, która zahamowała rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Sektor rozwijał się bardzo szybko, ale w 2016 roku przyjęto zasadę 10H, zgodnie z którą turbiny wiatrowe mogą być budowane tylko w odległości dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości. W praktyce oznacza to, że turbiny wiatrowe mogą być stawiane jedynie w odległości 1,5-2 km od budynków mieszkalnych, obiektów rolniczych oraz terenów podlegających ochronie. Kiedy pod naciskiem UE wydawało się, że odległość zostanie zmniejszona do 500 metrów, poprawka Marka Suskiego spowodowała zwiększenie jej do 700 metrów, co znacznie zmniejszyło możliwości instalowania elektrowni wiatrowych w naszym kraju.

Również rozwój fotowoltaiki przebiega raczej pomimo działań państwa niż dzięki nim. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało za ustawą o odnawialnych źródłach energii. Po przejęciu władzy diametralnie zmienił swoje podejście. Nowy rząd nie tylko uchwalił tzw. ustawę odległościową, ale również podjął działania, żeby zahamować rozwój fotowoltaiki.

To było niesamowite, bo wtedy PiS było jeszcze w opozycji – zagłosowało za małymi inwestycjami w energetykę słoneczną i wprowadziło pojęcie prosumenta. Po przejęciu władzy szybko się wycofali z popierania energetyki rozproszonej. Ta sytuacja doskonale pokazuje to, jak nie należy tworzyć prawa. W Polsce musimy zmienić paradygmat w podejściu do energetyki. Należy odejść od scentralizowanego systemu w kierunku energetyki rozproszonej. To jest konieczność i przyszłość energetyki. Prywatni inwestorzy chętnie zainwestują wówczas swoje pieniądze. Muszą mieć jednak pewność, że prawo nie będzie się co chwila zmieniać.

Zastanawiam się nad tym skąd w Polsce takie przywiązanie do modelu scentralizowanego?

Wynika to z roli spółek skarbu państwa. Ponieważ mają one strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki mają również realizować rządowe przedsięwzięcia i inwestycje. Można umieścić w nich wiele osób z politycznego nadania – niezależnie od tego, czy posiadają one stosowne kompetencje. To rodzaj politycznych łupów, ponieważ w takich spółkach można bardzo dobrze zarobić i wzmocnić swoją polityczną siłę. System zdecentralizowany jest niesłychanie trudny do sterowania przez rządzących. To w tym upatrywałbym źródeł oporu przed zdecentralizowaną energetyką obywatelską.

Zauważyłem, że ekspertami, z którymi najczęściej konsultuje się propozycje legislacyjne, są przedstawiciele spółek.

Owszem, traktuje się ich jako wybitnych ekspertów – a tymczasem są oni nominatami politycznymi, realizującymi interesy swojej formacji. Na czele największego przedsiębiorstwa w kraju znajduje się dziś osoba, która nie ma ku temu żadnych kwalifikacji. Nie jest słynnym ekonomistą, światowej sławy ekspertem branży naftowej, nie ma też wieloletniego doświadczenia w pracy w spółkach energetycznych. Jego najważniejszą zaletą jest to, że jest nasz.

Chciałem zapytać o dziedzictwo ruchu antyatomowego z lat osiemdziesiątych. Czy jest jeszcze ono widoczne w obecnej debacie publicznej?

O tym się już nie mówi – tak samo jak o Żarnowcu. Miałem swój udział w tym, że ta elektrownia nie powstała. Była to technologia radziecka, która była bardzo niebezpieczna, ponieważ nie posiadała odpowiednich zabezpieczeń na wypadek jakiejkolwiek awarii systemu. W tej chwili w debacie dominują inne wątki, nie wraca się już do Czarnobyla. Teraz odwołujemy się głównie do argumentów ekonomicznych. Technologie jądrowe stały się bezpieczniejsze, ale tym samym więcej kosztują. W ostatnich latach ceny reaktorów jądrowych wzrosły o 20%, a ceny fotowoltaiki w tym samym czasie spadły o 88%. To pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy iść.

Dodatkowych argumentów dostarczają nam realizowane inwestycje. W Wielkiej Brytanii prąd z elektrowni w Hinkley Point będzie kosztował znacznie więcej niż ten do kupienia na brytyjskim rynku. Inwestycja zacznie się zwracać dopiero po 35 latach.

Padają argumenty, że energetyka jądrowa jest niskoemisyjna i dlatego warto ponosić dodatkowe koszty w imię ochrony klimatu. Nawet środowisko ekologiczne w Polsce zdaje się być w tej kwestii podzielone. Czy energetyka jądrowa jest dobra do klimatu?

Tak, bardzo często podnoszony jest argument niskoemisyjności energetyki jądrowej. Wielu ekologów w trosce o klimat przyjmuje ten punkt widzenia i stara się promować ten rodzaj pozyskiwania energii. Prawdą jest, że sama praca reaktorów jest zeroemisyjna. Jednak pozyskiwanie uranu już takie nie jest. W rudzie stanowi on tylko ułamek procenta. Do jego wzbogacenia potrzeba ogromnej ilości energii. Do tego dochodzi jeszcze równie wielkie zużycie wody i składowanie odpadów nuklearnych. To są problemy środowiskowe, o których powinniśmy pamiętać, zanim zaczniemy mówić o zeroemisyjności. Aby mieć pełny obraz trzeba prześledzić pełen proces wytwarzania energii – nie można ograniczać się wyłącznie do analizy pracy reaktora.

Chciałbym zwrócić również uwagę na inny aspekt. Przeznaczane na rozwój atomu w Polsce pieniądze mogłyby być wydawane na inne cele – w tym na rozwój OZE czy konieczny remont sieci energetycznej. Wiemy, że pierwsza elektrownia jądrowa może powstać w naszym kraju najwcześniej za 15 lat. To kluczowy okres dla dekarbonizacji gospodarki, tymczasem rząd wydaje ogromne sumy na atom, aby obecny system mógł trwać chociaż jeszcze kilka lat dłużej. Prowadzi nas to do katastrofy. Za 10 lat stracimy z systemu co najmniej 15 000 megawatów z bloków węglowych – będą musiały zostać wyłączone, ponieważ nie da się dalej ich eksploatować. W jaki sposób zapełnimy tę lukę i ile to będzie kosztować? Właśnie dlatego tak ważna jest rzetelna debata na temat systemu energetycznego w Polsce.

Na transformację energetyczną powinny być przeznaczane pieniądze z ETS, czyli systemu handlu emisjami. W Polsce pieniądze te trafiają do budżetu i za bardzo nie wiadomo na co są wydawane. Działania rządu są skrajnie nietransparentne. Zgodnie z unijnymi regulacjami 50% przychodów z handlu ETS powinno iść na OZE i oszczędność energii. Nie sądzę, żeby tak się działo. Moim zdaniem powinniśmy na ten cel przeznaczać 100% uzyskiwanych w ten sposób środków. W ramach tych działań należałoby również zmodernizować sieci przesyłowe, ponieważ jest to niezbędny warunek dla rozwoju energetyki rozproszonej opartej na OZE. Gdyby tak się działo byłbym spokojny, że nasz rząd sensownie te pieniądze wydaje.

Chciałbym zapytać o list otwarty do partii opozycyjnych w sprawie transformacji energetycznej, pod którym się pan podpisał. Czy ewentualna zmiana władzy w Polsce daje nadzieję na zmiany?

Pod listem podpisało się pięciu byłych ministrów, 20 dużych organizacji pozarządowych oraz wielu wybitnych naukowców. Jestem zasmucony, że żadna z partii politycznych nie odniosła się do niego. Z moich rozmów z politykami wynika, że partie opozycyjne są przychylne rozwojowi OZE. Jeśli dojdzie do zmiany rządu w Polsce po październikowych wyborach i powstanie rząd złożony z partii opozycyjnych to jestem spokojny, że zacznie powstawać dobre, stabilne i przyjazne dla energetyki odnawialnej prawo. O ile wśród partii opozycji demokratycznej panuje właściwe konsensus, że OZE ma być głównym źródłem pozyskiwania energii, to w niektórych ugrupowaniach widać również poparcie dla atomu. Partia Razem, która jest częścią lewicy, silnie popiera energetykę jądrową. Również w Platformie Obywatelskiej istnieje frakcja, która myśli podobnie. Partie często nie mają jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.

W tej chwili na sztandarach wypisane jest hasło, że atom jest panaceum na wszystko. Powstanie odpowiedzialnego rządu, który zacznie podejmować decyzje kierując się twardymi danymi – moim zdaniem – gwarantuje rozwój zielonej energetyki.

Dziś tak jednak nie jest. Dochodzi do kuriozalnej sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość – w trosce o bezpieczeństwo energetyczne – chce wybudować 79 małych reaktorów modułowych (SMR) opartych na technologii, o której można powiedzieć, że będzie gotowa w perspektywie dekad. Pierwszy prototyp reaktora tego typu dopiero powstanie. Nie wiadomo jeszcze ile będzie kosztował, w jaki sposób gminy poradzą sobie z odpadami nuklearnymi, a nawet kiedy będzie mógł być wprowadzony do produkcji. Mówienie o rozproszonej energetyce jądrowej brzmi dobrze, ale w chwili obecnej jest tylko chwytem propagandowym używanym do tego, aby nie dopuścić do erozji scentralizowanego systemu energetycznego w Polsce.

Czy kwestie energetyczne mogą się stać ważną częścią kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi?

Niestety nie. Moim zdaniem kampanię zdominują kwestie socjalne, inflacja, ceny żywności i mieszkań. Z drożyzną spotykamy się na każdym kroku, to temat zajmujący teraz myśli Polek i Polaków. Na skutki zmian w systemie energetycznym należy patrzeć w perspektywie co najmniej kilku lat. Rządowi wystarczają ogólniki i pozorowane działania, które mają uwiarygadniać propagandę sukcesu obecnej ekipy. Kampanie wyborcze opierają się dziś na prostych i zrozumiałych dla każdego hasłach. Energetyka wymaga głębszej debaty. Owszem, mniejsze partie – takie jak PSL – mogą mówić o OZE, ponieważ fotowoltaika i biogazownie dla wyborców ludowców są bardzo ważne. Nie będzie to jednak ważny temat w kampanii wyborczej.

Na oficjalnej stronie rządowej poświęconej polskiemu programowi energetyki jądrowej napisano, że „budowa elektrowni jądrowej w Polsce to inwestycja strategiczna dla zrównoważonego rozwoju całego kraju”. Jak by to pan skomentował?

To typowy chwyt propagandowy, którego celem jest wypranie z treści bardzo jasno przecież zdefiniowanego terminu, jakim jest „zrównoważony rozwój”. Przyjmując zaproponowaną tutaj definicję łatwo dojść do absurdalnej tezy, że najlepszym sposobem na zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego kraju jest węgiel.

W rządzie Tadeusza Mazowieckiego, który powstał po pierwszych częściowo wolnych wyborach w 1989 roku był pan wiceministrem ochrony środowiska, a po kolejnych wyborach w 1991 roku – ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. W latach 2007–2010 z kolei ministrem środowiska.  Co od tego czasu zmieniło się w Polsce na lepsze?

W Polsce 30 lat temu prawie nikt nie mówił o odnawialnych źródeł energii. Byliśmy właściwie pionierami jeśli chodzi o promocję OZE. Wtedy to powstały pierwsze kotłownie na biomasę, pierwsze instalacje fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe polskiej produkcji. Od tamtego czasu bardzo dużo się zmieniło – wtedy nikt jeszcze nie myślał o odejściu od węgla. W Polsce nie było ani jednej instalacji do odsiarczania węgla. Podczas spalania wszystko było emitowane do atmosfery.

Wielkim problemem była również ochrona wód. Połowa miast w Polsce nie miała wtedy oczyszczalni ścieków – w tym te największe, jak Warszawa czy Łódź. Byliśmy w tamtym czasie bardzo zanieczyszczonym krajem, być może najbardziej obok Związku Radzieckiego zanieczyszczonym w Europie. Zaczynaliśmy z niesamowicie niskiego poziomu. Pierwsze 3 lata rządów to było intensywne uchwalanie niezbędnego prawa. Wymyśliliśmy wówczas unikalny w świecie system funduszów ekologicznych. Potem zmiany trochę zwolniły i następnie – wraz z negocjacjami w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej – znów przyspieszyły. Patrząc na to co się w tej chwili dzieje w Polsce jestem pewien, że gdybyśmy do UE nie wstąpili to stan środowiska byłby katastrofalny.

Can Europe Defend Itself Without Economic Growth?

There are increasing doubts as to whether pursuing GDP growth indefinitely is compatible with a liveable planet. Could the EU be the first to renounce economic growth without putting itself at the mercy of other great powers? Belgian geopolitical thinker Sven Biscop says defence cooperation and diplomacy are the recipe for peaceful coexistence.

Richard Wouters: Has the discussion about degrowth reached the circles of experts on international relations?

Sven Biscop: People who have a background in strategic studies do engage with the economy more than before. Firstly, because today’s geopolitical players are deliberately using economic instruments to pursue strategic goals. Secondly, because of the climate. A failure to mitigate climate change is going to exacerbate existing security problems and will probably create new ones. But the concept of “degrowth” is something I’ve only come across a few times.

The EU bears the greatest historical responsibility for climate change and the depletion of natural resources. It is also one of the most prosperous parts of the world. If we have to abandon economic growth, is it natural for the EU to be at the forefront?

In geopolitics, economic growth is seen as something positive, but I recognise that you can look at it differently. When concretely implementing degrowth, though, you have to be careful not to erode your power base in relation to other players too much. The EU is not alone in the world. There are competitors and rivals. All states pursue their self-interest, so they are competitors. Rivals, on top of that, actively undermine the interests of others. Europe can build the perfect society, but if it doesn’t have the power to defend it against rivals, its model will soon be eroded.

There is also an internal dimension to it. With the green transition, and certainly with degrowth, we have to be careful not to create a new imbalance within our own borders. There is always the risk that the measures you take can easily be borne by those who are already well-off, while the less well-off are hit hard. Security policy is external as well as internal. You cannot be an effective external player if you don’t have internal stability. We guarantee that internal stability through the welfare state, with a certain degree of equality and democratic control. Without that stability, in times of crisis, extreme solutions suddenly become attractive.

Ultimately, the biggest threat to our security is internal. It is very difficult for an external actor to bring down the EU. But if we start voting en masse for non-democratic parties – which are already in power in Hungary and Poland – we can bring down ourselves. To avoid that, we need to preserve internal balances. A functioning welfare state must redistribute what is available.

People often say: the EU is a peace project. Thanks to European integration, starting in the 1950s, the participating countries no longer wage war against each other. That is only half the story. The other half is that in those same 1950s, great strides were made in building the welfare state, in order to keep peace within each of those countries. Integration between member states and social security within member states are the two halves of the peace project.

The challenge now is that we have to make social security partly a European project as well, because we have a single market and a single currency, with labour mobility and so on. Some minimum conditions have to be agreed within the EU to keep all that manageable.

The degrowth movement advocates high-quality public services such as social security and healthcare. Should these include defence and diplomacy too?

It is often suggested in the public debate that we must choose between guns and butter. That is a false dichotomy. We need defence because we have something worth defending – a model of society that combines welfare state and democracy. If that model cannot withstand external pressures, it will not survive for long. So we need a real but realistic defence: strong enough to defend us without consuming astronomical sums of money. In addition, of course, we need diplomacy, because the defence instrument alone will never suffice in international politics. Ideally, we need defence only for deterrence.

If the EU stopped pursuing economic growth, would member states cooperate better on defence?

Even now, there is a strong argument for more European cooperation. The size of national armed forces has been greatly reduced and their equipment has become much more expensive. We are seeing total fragmentation, which is not cost-effective at all. Yet that economic argument, endorsed by all, is insufficient to achieve true defence integration. Governments still want to protect their own defence industry, and the armed forces are seen as a symbol of sovereignty. So although we have had a European defence policy since 1999, we still haven’t made the big leap. I doubt the end of growth would trigger it.

Is the Russian invasion of Ukraine the big gamechanger?

The war deepens the divide between EU member states. One camp says: in a crisis like this, we cannot do without NATO and the US, so what is the point of EU defence? The other camp says: if we want to exert influence in times of crisis, we can only do so through the EU. The result is stalemate.

Admittedly, the EU is now doing things that are unprecedented, such as jointly buying weapons for Ukraine. But supporting Ukraine’s armed forces is another thing than accelerating the integration of our own forces. Of course, if joint arms procurement works for Ukraine, that is an argument for doing it for our own militaries as well. So I keep hoping for a breakthrough, but I’ve been disappointed many times over the past 25 years.

And what if Trump returns to the White House?

We had four years of Trump making crazy statements about NATO. That did not lead to a breakthrough in European defence integration. So I don’t expect that either if Trump or one of his followers were to become president in 2024. Unless they decided to disband NATO altogether.

The problem is that European countries don’t trust each other. If you ask a Pole or even a Finn whom they would trust to come to the rescue in case of Russian invasion, they will pick the US even though historically, when Belgium was invaded in 1914, and Poland in 1939, It was France and the UK who declared war on the aggressor. It was not until much later that the US intervened.

I see only two scenarios that could produce a breakthrough in European defence integration. The first is if a major crisis occurs just outside Europe, with the US telling the EU to deal with it alone. The second is if France and Germany, which are at the heart of European integration, really start doing what they announced in 2017: that they will jointly implement all their major defence projects, including a new type of battle tank and a new fighter jet. Such a merger of the military-industrial complexes would force other EU member states to join in in order to not be pushed out of the defence market. The French and Germans also need those other member states, because it is not cost-effective to jointly develop a weapons system that nobody else buys.

How much can we gain from defence integration?

Estimates of the potential cost savings, for example by the European Parliament, range from 20 to 120 billion euros a year, depending on the degree of integration. The current fragmentation is not cost-effective, that much is clear. A good example is the air force: whether a country has a hundred aircraft or ten, it needs an airfield, a school to train pilots and technicians, a military air traffic control etc. The smaller the armed forces, the larger the share of these support services – the shaft of the spear – and the smaller the share of combat units – the tip of the spear. When countries pool parts of their armed forces or divide military tasks among themselves, they can shift resources to the tip of the spear.

Belgium and the Netherlands already do that with their navies. The ships are still national, flying the Belgian flag with a Belgian crew or the Dutch flag with a Dutch crew. But all support tasks, from command and supply to training and maintenance, are either divided – one country does it for both – or merged. So they only have one headquarters. That makes it possible for the two countries to generate more deployable capabilities with the same budget.

Suppose all EU countries followed that example. Would a defence budget of 2 per cent of GDP be sufficient?

NATO’s 2 per cent rule has become a kind of fetish. Countries should first determine what their ambition is, what military tasks they want to be able to perform. Even if governments choose to do as much as possible together, that does not immediately produce savings. There are upfront costs. Investment is needed to build a new organisation, to harmonise the equipment of the armed forces. I think 2 per cent of GDP will be about the minimum amount required.

In the EU, we have “communitised” a number of policy areas, such as trade. Decision-making takes place at the European level; member states have no right of veto. Should the EU do the same with defence?

It would require an amendment of EU treaties and that is a difficult process, but I see no objective reason why it couldn’t be done. In my opinion, the EU should decide on everything by majority vote, even on the deployment of troops. I would make only one exception: a member state that voted against should have the right not to participate in a military operation. A country cannot be forced to deploy its military if it does not want to, as long as the military personnel is on its payroll. Should it ever come to the point where the military is on the EU payroll, we will no longer need this exception. Then we will have a real European army. But that will take a long time.

NATO’s 2 per cent rule has become a kind of fetish. Countries should first determine what their ambition is, what military tasks they want to be able to perform.

Another form of communitisation is through the European Defence Fund, which supports research and the joint development of military capabilities. It allows the EU Commission to steer the defence market. But this fund is now very small – a billion and a half euros a year – if you compare it with what EU countries spend on defence in total – more than 200 billion a year. I would shift a larger part of the defence budget from the national to the European level. The Commission can then spend the money with the common interest in mind.

I am also in favour of the EU buying its own military hardware. Talking about EU-owned assets is taboo at the moment, but I can imagine an intermediate step where a number of countries decide together to buy the same equipment, for example drones. Instead of dividing them between these countries, you could then operate them as one big drone fleet with one command centre.

Allies bring more resources and more legitimacy, you wrote in your latest book. How important would allies be for a post-growth EU?

I would make a distinction between potential member states, allies and partners. EU enlargement involves the Western Balkans – they are already surrounded by EU countries – and Ukraine, which was granted candidate status last year. If Norway or Switzerland ever asked to join, they would soon be members. These will pretty much be the EU’s borders for a long time, because I don’t see Turkey joining.

In addition, there are NATO countries like the UK and the US with whom we have established a collective defence guarantee.

Finally, the EU should aim for strong partnerships with countries in South America, Africa and Asia. In doing so, we should not demand exclusivity, but recognise that it is in their interest to cooperate with all major players and not rely too much on any one of them. In fact, this is what the EU’s Global Gateway strategy is aiming at. We put an investment package on the table, link it to a political partnership and – if there is a need – offer security cooperation as well. All this without forcing countries to choose between, say, China and us.

This interview is part of the booklet Geopolitics of a Post-Growth Europe, published by the Green European Foundation.

The EU is highly dependent on imported raw materials, especially for the energy transition. If we implement a degrowth programme and, for example, reduce the role of the private car in favour of cycling, public transport and shared transport, we will need fewer metals and rare earths for the electrification of our mobility. Would that offer a geopolitical advantage?

It might make Europe’s dependencies more manageable. But we will still need raw materials, we are not autarkic. Sourcing raw materials from abroad is not necessarily a bad thing. Much depends on how resource-rich countries organise extraction: is it done in the most environmentally friendly way possible and do the proceeds benefit the population? Unfortunately, in many countries this is not the case because they are poorly governed.

But in the end, the most important thing is that we all continue to believe that everyone remains dependent on everyone else. That realisation contributes to stability. Interdependence is not a sufficient condition to prevent war, but it does help: it creates an additional threshold for warfare. Therefore, we need to foster connectivity so that the world economy remains globalised.

It is precisely by having the courage to push back or strike back when our red lines are crossed that we lay the groundwork for equal cooperation in the areas where interests coincide.

Dependencies can be weaponised, but that is always a double-edged sword. Stopping the supply of energy or raw materials, as happened in the wake of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, is a weapon you can only use once. It is not as strong as people often think.

Some Greens advocate that the EU should seek a global alliance of democratic states to counterbalance authoritarian powers such as Russia and China. Is that a good idea?

To tackle global issuessuch as climate change, migration, and nuclear proliferation we also need to keep non-democratic countries involved in the institutions that shape multilateral cooperation, without that implying approval of their domestic practices. To me, that is realpolitik.

World politics is about interests. Every state pursues its interests and ultimately cooperates with every other state if it serves its interests, regardless of the domestic political system. By presenting world politics as a confrontation between democracies and autocracies, you would push China into the arms of Russia, while now it is trying to hold the middle ground regarding the war in Ukraine. I would say: play a nuanced diplomatic game to make sure China stays in that middle position. A new Cold War, with the US and Europe on one side and China and Russia on the other, is really not in our interest.

The EU is working on legislation to ban products made with forced labour from the internal market. This involves products from Chinese factories where members of the Uighur minority work under duress. Do you support that law?

Yes. The question is where we draw the red lines. If we say: we cannot trade with countries that violate human rights, we won’t be left with many trading partners. But we can say that we don’t want to become complicit in human rights violations, so we won’t be buying products made by Uyghur forced labourers.

Is it compatible to draw red lines for China but work together to tackle the climate crisis?

It will have to be. If we link everything, we won’t agree on anything anymore. We have to separate issues, “compartmentalise” relations. Work together where we can, push back where we have to. It is precisely by having the courage to push back or strike back when our red lines are crossed that we lay the groundwork for equal cooperation in the areas where interests coincide.

What if China attacks Taiwan?

If China were to start a war to change the status quo, it would have a lot to lose. The country has an export economy heavily dependent on the global economy, much more so than Russia. Therefore, we have to say clearly to Beijing: if you do that, our economic relationship will never be the same again. That is the only deterrent we have as Europeans, because we are not in a position to intervene militarily.

Taiwan is a democratic society, really different from the one in mainland China. The status quo is best for everyone. The EU should underline that. And it should therefore not tamper with that status quo.

I don’t think China will invade Taiwan tomorrow. The Chinese regime is currently focusing on consolidation and stability at home. So it does not want to cause a big stir abroad. But Taiwan is a highly ideologically charged, symbolic file, which makes it unpredictable.

This interview is included in the booklet Geopolitics of a Post-Growth Europe, published as part of a transnational project of the Green European Foundation.

Life After Coal in Poland

In Poland, the debate on the ecological transition is polluted by government-driven pro-nuclear propaganda. But the country’s energy future lies in renewables, says former Minister of the Environment Maciej Nowicki.

Marcin Wrzos: Poland’s energy policy currently focuses on replacing coal with nuclear energy. To what extent does this strategy fit into EU decarbonisation plans?

Maciej Nowicki: The projections that inform Polish energy policy have recently been updated. The Ministry of Climate and Environment sent a draft to the Council of Ministers that breaks completely with the current strategy. However, at the moment we are speaking it has not been accepted by the government. As a ministerial project, it should be subject to extensive consultations, but these did not take place, and I don’t know how the legislative process will proceed. In the proposed form, the new strategy is surprisingly progressive compared to the current one, which is outdated and full of errors. It does not reflect the processes taking place in the world and in Poland. We need a very realistic strategy for the development of the energy system.

In what direction should the changes go?

The whole process started from the wrong side. What was needed is a strategy that looked at the financing necessary to modernise the whole energy system and precisely defined the role of nuclear before committing to it.

Instead, I see disturbing propaganda in Poland, which presents nuclear energy as a panacea for all our problems. This approach smothered the debate on the energy transition to the point that it practically didn’t happen. The government makes unilateral decisions without consulting the public or even thinking them through. It decided to build a nuclear power plant with a capacity of 3000 megawatts, then it said that capacity needed to be be doubled. Now there is talk of 9000 megawatts, and the search for the location of the power plant has begun.

Does this strategy makes sense from an economic point of view?

For the construction of its first nuclear power plant, The Polish government chose without a tender Westinghouse Electric Company, an American company which was in serious financial difficulties and close to bankruptcy. Nobody asks the key questions in such a situation. How much will it cost to build a nuclear power plant? How much will the power cost and where will the radioactive waste repository be located?

The choice of an American company makes sense only from a PR point of view. But the actions of the Polish government are extremely irresponsible, because nuclear is by far the most expensive of all energy sources in the investment phase. Initially, it was said that the first plant could cost about 100 billion złoty (ca. 22.5 billion euro), for a capacity of 6000 megawatts. Now it’s 200 billion…

Apart from its costs, does nuclear power make sense for Poland’s energy mix?

There’s a huge inconsistency in the actions of the current government. It wants to build a nuclear power plant on the Baltic Sea, and at the same time, it assures that it will favor the construction of wind farms on the Polish coast capable of producing up to 18 gigawatts of energy. In this way, Poland would obtain a gigantic surplus of energy in the north of the country, which it will not know what to do with. Only 20 per cent of energy is used in the northern part of Poland. For energy networks, such a large surplus can be a huge challenge. Nuclear reactors run around the clock and are not suitable for increasing production on windless days and reducing it when strong winds blow. It is unrealistic to assume that these two energy sources can complement each other.

Moreover, the transmission network is in a terrible condition, and is not being modernised. All decisions are currently made on an ad hoc basis. We cannot say which direction the energy sector will go, and the government is reluctant to develop a comprehensive modernisation plan along with a schedule.

Realistically, nuclear energy may fill a gap, but it certainly has no chance of solving the problems of the Polish energy system. Even if it could produce 9 gigawatts, it would cover only 20-25 per cent of the country’s energy needs. We must accept this fact and stop treating nuclear as a guarantee of energy security.

Before Law and Justice won the 2015 elections, the party was averse to nuclear energy. Prime Minister Beata Szydło said that she opposed the construction of a nuclear power plant. What allowed for such a far-reaching change to happen?

We live in unstable times and the claim that nuclear will ensure Poland’s energy security resonates with social fears. However, this will not happen for at least two reasons.

First, the war in Ukraine proves how wrong this claim is. Nuclear power plants, contrary to international law, have become targets for the Russian army. A prime example is the power plant in Zaporizhia, which the Russians disconnected from the Ukrainian power grid and now use it as a bogeyman, due to the enormity of the disaster that can be easily triggered.

Realistically, nuclear energy may fill a gap, but it certainly has no chance of solving the problems of the Polish energy system.

Second, nuclear fuel in Poland is entirely imported from abroad. Uranium is also not mined in the European Union. EU countries import 20 per cent of it from Russia and 20 per cent from Kazakhstan, which is under Moscow’s influence. The construction of new nuclear power plants may make the EU even more dependent on imports from the east. In this context, talking about energy security sounds like a grim joke.

How do Poles feel about nuclear energy?

In a survey by the Ministry of Climate and Environment from November 2022, it turned out that over 86 per cent of respondents support nuclear power plants in our country, and 10 per cent are of the opposite opinion. I don’t believe in the accuracy of this poll. Even the ubiquitous pro-nuclear propaganda could not change the Poles’ opinion on this matter in such a short time. Just a few years ago, the majority of society was against the construction of a nuclear power plant.

Can renewable sources produce enough energy for Poland’s needs?

Germany, which lies at the same latitude and has a similar climate, already generates 60 gigawatts of wind power and another 60 gigawatts of solar power – a huge proportion of Poland’s power needs. Of course, it is not enough to increase the production of energy from renewable sources; modernisation of the energy system is needed too. By 2030, large-scale storage facilities must be built to balance fluctuations in wind and solar energy production. At the moment, we have over 100 biogas plants in Poland compared to 1000 in Germany. Poland must use its full potential in this area. Biogas plants are an excellent solution because gas works best with renewables. In the transitional period until 2040, it might be possible to use coal gasification to quickly supplement the missing power in periods of shortage of renewable energy.

There are several options for energy storage. We need to move towards a hydrogen economy. Green hydrogen is the cleanest and most energy-intensive fuel. The technology has been known for a long time and is developing dynamically. We will be able to send hydrogen through pipelines, just like methane today.

How does energy policy fit into the Polish government’s overall actions?

The lack of democracy in Poland doesn’t only have to do with courts. It also affects how the state spends money. Polish society should be involved in the decision-making process. Local communities should consent to the construction of a nuclear power plant or a radioactive waste dump.

The location of the first nuclear power plant is highly controversial. The piece of the Polish coast that is currently being considered is beautiful and largely unaffected by human activity. Residents fear that the plant will mean the end of tourism, which constitutes the basis of their livelihood.

Discussions often include the argument that new jobs will appear along with the power plant. Yes, a huge number of workers will be needed over the course of several years of construction, but the power plant itself will be automated and only highly qualified staff will be able to count on work. The plant will be operated by several hundred people, most of whom will come from outside. Locals will get a devastated environment and no prospects for the future.

Is the will of citizens enough when there is no energy transition plan?

It is not enough. What is needed is, first, the political will – not for the purposes of the election campaign, but genuine conviction that renewables are the future of Poland, Europe and the world. Politicians need to know that changes are necessary due to the warming climate and depletion of fossil fuels. Poland is only a small piece of the world, but this does not absolve us from long-term thinking.

For renewables to develop, the entire political class must think this way, not just those in power. In the past, sudden changes in regulations discouraged investments in renewables. In 2016, the so-called “Distance Act” inhibited the fast development of wind energy by increasing the required distance of turbines from residential buildings. Similar shifts happened in solar energy regulations. To avoid this in the future, Poland should move away from a centralised system towards distributed energy.

Why is Poland so attached to such a centralised model?

This is due to the role of state-owned companies. They are of strategic importance for the Polish economy: they implement government projects and investments, and many politically appointed people can be placed in them – regardless of their competencies. Decentralised energy communities are extremely difficult to control for those in power.

Politicians need to know that changes are necessary due to the warming climate and depletion of fossil fuels.

Is the legacy of the anti-nuclear movement of the 1980s still visible in the current debate?

I had my share in the fact that the nuclear power plant in Żarnowiec was not built in the 1980s. It was Soviet technology, which was very dangerous as it didn’t have proper safeguards in case of system failure. At the moment, however, this is no longer talked about. There is no going back to Chernobyl – the debate is now dominated by economic arguments. Nuclear technologies have become safer, but much more expensive as well. In recent years, the prices of nuclear reactors have increased by 20 per cent and those of photovoltaics have fallen by 88 per cent over the same period. This shows us in which direction we should go.

There are arguments that nuclear energy is low emission and therefore it is worth it for climate protection. Even the environmental community in Poland is divided on this issue. Is nuclear energy good for the climate?

It is true that the operation of the reactors themselves is net zero. But it takes a huge amount of energy to enrich uranium. There’s also high-water consumption and the issue of storing nuclear waste. To have a complete picture, the entire energy generation process must be traced.

The money allocated to the development of nuclear energy in Poland could be spent on other purposes, including the development of renewables or the necessary renovation of the power grid. The first nuclear power plant in our country may be built in 15 years at the earliest. This is a key period for the decarbonisation of the economy, and the government spends huge sums on nuclear so that the current system can last at least a few more years. This leads to disaster. In 10 years, at least 15 gigawatts of coal-fired units will have to be shut down because they can no longer be used. How will we fill this gap – and at what cost? That is why an honest debate on the energy system in Poland is so important.

Money from the EU Emission Trading System (ETS) should be allocated to the energy transformation. In Poland, it is not clear how this money is spent. The actions of the government are extremely non-transparent. According to EU regulations, 50 per cent of the ETS trade should go to renewables and energy saving. I don’t think that’s happening. We should allocate 100 per cent of the funds obtained in this way for such purposes. Transmission networks should be modernised as well, as this is a necessary condition for the development of distributed energy based on renewables.

You were among the signatories of an open letter to the opposition parties on the energy transition. Does the possible change of power in Poland give you hope for change?

The letter was signed by five former ministers, 20 large NGOs and many scientists. Sadly, none of the political parties answered. Opposition parties are in favor of the development of renewables. If there is a change of government after the elections in October and a new coalition is formed, I am confident that a good, stable, and renewable energy-friendly law will start to take shape. While there is a proper consensus among the democratic opposition parties that renewables are to be the main source of energy, some groups also support nuclear. The leftist party Razem (Together) strongly supports nuclear, and there is also a faction in the centre-right Civic Platform that thinks in a similar fashion. Often parties do not have a clear position on this matter. At the moment, the government argues that nuclear is a cure-for-all. A new government that makes decisions based on hard data would guarantee the development of green energy.

This is not the case today. There are such bizarre situations where Law and Justice, out of concern for energy security, wants to build 79 small modular reactors, based on technology that does not exist yet. It is not yet known how much it will cost, how municipalities will deal with nuclear waste, and even when it can be put into production. Talking about distributed nuclear energy sounds good, but at the moment it is only a propaganda ploy to prevent the erosion of the centralized energy system in Poland.

Will energy be an important topic ahead of the October parliamentary elections?

The campaign will be dominated by social issues, inflation, and food and housing prices. High prices occupy the thoughts of Poles. The effects of changes in the energy system should be viewed in a perspective of several years, while election campaigns are based on simple and understandable slogans. The energy sector requires a deeper debate. Smaller forces such as the agrarian Polish People’s Party (PSL) can talk about renewables because photovoltaics and biogas plants are very important for its voters. However, energy won’t be an important topic in the campaign.

France’s Green Cities are Showing Change is Possible

Newly elected Green mayors have resisted attempts to undermine them. Midterm, the climate emergency is worsening and their environmental policies are better understood, but the green wave remains confined to urban areas.

Is three years the length of time needed for a radical idea to seem reasonable? The experience of Green mayors elected in 2020 helps answer this question. To recap, a “green wave” swept over some 15 cities in the last local elections, including Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Poitiers, Besançon, Tours, Annecy and Colombes, despite low turnout (59 per cent of voters stayed at home in the second round).

Although just 3 per cent of France’s population now live in a Green-run city, these elections saw the party enjoy “one of its most defining moments”, political scientist Vanessa Jérome stresses in her book Militer chez les Verts (Being a Green Activist). The party replaced its socialist big brother in several cities, while in others it ended decades of right-wing government, with Bordeaux being the biggest breakthrough. Hence the kneejerk anti-Green reaction from influential journalists close to the traditional parties.

The expression “Khmaires verts” (a wordplay on “maires” (mayors) and “Khmers rouges”) fast became fashionable, having first been coined by Gérard Collomb, the defeated mayor of Lyon. A month after the vote, current affairs magazine Le Point ran the headline “Environmentalism’s clowns”, Le Monde mocked the “esoteric theories” of Green mayors, and in the pages of Le Parisien, renowned writer and philosopher Bernard-Henri Lévy denounced elected officials possessed by the “anti-humanist demon”.

Criticism of the positions of the new mayors intensified. Some of them were holding public office for the first time and had a background in social activism, which meant they lacked the networks and intellectual backing to rebut attacks).

The Green wave’s baptism of fire

Newly elected Mayor of Lyon Grégory Doucet, who previously worked in the aid sector, was the first to put his foot in it, declaring that the Tour de France was “macho and polluting”. Then his counterpart in Bordeaux, Pierre Hurmic, refused to put up a Christmas tree – or, in his own words, a “dead tree” – in one of the city’s squares.

In Poitiers, 30-year-old Léonore Moncond’huy justified her “difficult decision” to stop subsidising the city’s flying clubs to “protect children’s futures”. “It’s sad to say, but children today should not be dreaming of flying,” she said.

These positions provoked a major media backlash. “The controversies that followed the Greens taking power amounted to what Stanley Cohen called a moral panic. This is when anecdotes from still minority practice or discourse are amplified by the press and mass media to make it easier to delegitimise them – and thereby preserve the status quo,” explains Simon Persico, a political science professor who co-directs the project “Promesses et bilans des municipalités écologistes” (Promises and track records of Green municipalities), in partnership with France’s Foundation for Political Ecology and Germany’s Heinrich Böll Foundation. “It’s evident at the national level that the political class is falling short,”, adds the Green MP for the Rhône, Marie-Charlotte Garin, a close ally of Doucet. “Saying that the Tour de France is macho and polluting should not cause such outcry. But there is clearly a target on our backs to take back our cities: discrediting us nationally also discredits us locally,” she believes.

For the Green president of the greater Lyon region, Bruno Bernard, this uproar can be explained by the fact that, quite often “Greens have more distinct priorities to other alternatives on the traditional right or left: for civil society, including media and business organisations, this marks a significant change.”

At the midpoint in their terms, accusations of amateurism and dogmatism aimed at Green mayors seem to have subsided. They have stopped making communications blunders and their messaging is now more disciplined. The pioneering experiment in Grenoble, where Éric Piolle has run the city since 2014, has also made a difference: senior local officials were sent to newly won cities to share their skills. “High-ranking political and administrative staff have been scattered everywhere”, explains Persico.

Then, after scorching summers punctuated by megafires, with golf courses enjoying exemptions from water rationing, public opinion began to see where the absurdity really lay. That is what the mayor of Poitiers, Léonore Moncond’huy, would like to believe.

“Greens are creating wedge issues in public debate”. Positions that were once met with outrage may seem less shocking three years later.

After admitting her “blunder” when speaking about aviation, she engaged in a debate that she says has been productive: “I’ve tried to do some judo with this controversy. I’ve spoken to the aviation industry because it’s important to explain our plan for transition. I think that this has changed minds.”

“Greens are creating wedge issues in public debate,” adds Persico. Positions that were once met with outrage may seem less shocking three years later. At the time, these reactions were a way of attacking the newcomer. Today, awareness of the tangible consequences of global heating is somewhat greater and more widely shared, and energy saving is no longer a dirty word in public policy, though it still means different things to different people.”

Everyday environmentalism

Moncond’huy also reckons that Green mayors, leading inclusive and grassroots majorities (50 per cent of her electoral list comprised non-party members), have proven themselves in power: “There was a presumption that we would be incompetent and amateurish, but three years later, we’ve established ourselves. We’ve shown that we can stay the course, that we’re more interested in action than soundbites.”

Simon Persico confirms that, when it comes to their “core business”, promises made by Green councils have been kept: “On transport, school canteens, policies promoting greening and sustainable drainage, active travel, they are making rapid progress in most cities by investing and transforming their urban space. Many of their promises in these areas have been kept or are about to be.”

In the Lyon metropolitan area, a special case where powers are extensive and urban centres (Lyon, Vénissieux, Vaulx-en-Velin) are aligned politically, progress has been significant: to combat heatwaves, 25,000 trees and shrubs were planted in the winter of 2022-2023, with the goal of achieving 30 per cent tree coverage by 2026; advertising in public spaces has been drastically reduced (gone are digital billboards, advertisements on building site hoardings and illuminated shop windows at night); 1,300 compost bins will be installed outside apartment buildings by the end of 2023, with the contents used to fertilise farmland; alternatives to car travel have been boosted, with a doubling of the public transport budget this term – extensions to metro line B and the tram network 2026 are due for completion in 2026…

There is much at stake for the Greens: while Europe Ecologie Les Verts (EELV, the French green party) was seen the rising force in politics after the 2019 European elections and the 2020 local elections, their under-performance in the 2022 presidential election (receiving a disappointing 4.7 per cent of votes) took the wind out of their sails. Green mayors and MPs are now the assets on which the party hopes to build electoral strongholds and cement a more central role in the still-fragile alliance with the Left.

Changing attitudes towards the environment is not all plain sailing, with consumerism and productivism deeply rooted in society. Despite this, the Greens have no intention of resting after their first local wins.

Marine Tondelier, elected as EELV’s national secretary in December 2022, confirmed as much at the close of the party’s conference: “Today there are Green elected officials across our country; it’s a source of great pride. […] That’s right, Greens in power change lives! […] We have twice as many office holders as we did three years ago. Our main goal is to show what the Green movement can mean for an area, because that’s how we can bring people on board with actual effective change,” says Moncond’huy.

Grégory Doucet echoed this message when speaking to Mediapart in 2020: “It is cities that are driving the green transition, that can lead by example, because they can be part of people’s everyday lives.” Persico points out that cities are mostly run by coalitions and so “at local level, the green transition is not the preserve of Green politicians, even though they help to develop and promote good practice in this area.”

Building more Green strongholds

In the eyes of Bernard, president of the powerful Lyon metropolitan area and an expert on EELV’s electoral geography, support has held firm so far – although in certain cities, like Annecy and Bordeaux, the party’s majority is fragile. “Since 2020, there have been elections, parliamentary especially, that have confirmed our gains. When you look at the results, there were no collapses, nor any sign of cracks,” he notes.

While wary of triumphalism, he also points out that two issues are growing salient in society, legitimise green transition policies. First, there is energy saving. “When we were talking about it two years ago, the president was still mocking people who wanted to “go back to candles”. In the Lyon metropolitan area, we cut electricity consumption by 10 per cent last winter through education alone,” he boasts.

Then there is the issue of water, where “there is now greater awareness among the general public.” For the 1.5 million inhabitants of the Lyon metropolitan area, water management was taken into public hands on 1 January 2023 to protect this precious resource. “Today, it’s much easier to explain what we’re doing,” says Bernard.

Other Green cities are, however, more isolated than Lyon, and must deal with “major inter-institutional tensions which mean that projects don’t progress as quickly as planned,” Persico says. “We’d like to go further and faster, but politics is about permanent compromise between institutions,” agrees Moncond’huy, who is frustrated that she is held back both by the region and by differences in position with central government.

It is on the question of transport – and, therefore, reducing space for cars – that Greens still face the most stubborn resistance. Bernard says that low-emissions zones (LEZs) “enjoy more support within the Lyon metropolitan area than outside it,” which mirrors EELV’s still predominantly urban electoral base.

More broadly, changing attitudes towards the environment is not all plain sailing, with consumerism and productivism deeply rooted in society. “People are ambivalent, as we all are. They are aware that climate change is irreversible, and that it will radically alter our everyday lives but, at the same time, they are unwilling to give up certain behaviours,” concludes Alain Coulombel, a member of EELV’s executive office.

Despite this, the Greens have no intention of resting after their first local wins. They are already planning for the 2026 local elections with their sights set on major cities held by the right, including Toulouse and Saint-Étienne whose current mayor Gaël Perdriau is embroiled in scandal.

This article was originally published by Mediapart.

“Good food is a public good”: Lessons From the Netherlands

Forget moralising messages and activist jargon: the Volkskantine in the Dutch city of Almere unites all social groups around quality plant-based food. Across the Netherlands, several initiatives are trying to end food poverty, based on the principle that good food is a right for everyone. Here’s what one year of running the Volkskantine taught one of its creators.

Last year, in collaboration with the food knowledge institute Flevo Campus, I set up a prototype for a community restaurant, the Volkskantine. Located between a Burger King and a KFC restaurant in the centre of Almere, a modern Dutch city not far from Amsterdam, the Volkskantine is a new basic facility to make good food affordable like public transport or social housing. Residents had an organic buffet including 15 homemade vegetarian dishes to choose from, with prices on par with those of a snack bar. Using the lessons learned from this pilot, the plan is to open two new community restaurants in other cities by the end of 2023, with the ultimate goal of a basic supply of healthy and affordable food across the country.

The current debate around food is mainly about policies, numbers, and what is sustainable or healthy; it is not sufficiently linked to the need for a different kind of economy, based on the principle that good food is a public good. Economic democratisation and municipalisation, non-profit public enterprises, or a “food board” modelled on the Dutch water authority are all possible ways to create a public food sector in the Netherlands. The outcome should be that healthy and sustainable food becomes the easiest and most affordable choice, rewarding regenerative production and restricting harmful products through laws and regulations. Can a critical mass of eaters be mobilised to make this happen?

What stood out in Almere was that an easily accessible basic service offering affordable healthy meals elicits sympathy from both left and right. Even the fact that the entire menu was plant-based hardly led to discussion. (It also helped that the term “plant-based” was nowhere to be found.) Instead of an abstract menu with activist jargon, the buffet functioned as a welcoming culinary presentation. The crowd included regular guests with colourful bandanas tied to their backpacks, seniors on state pensions, families with younger children, teenagers fresh from the gym, and shoppers. Conversations at the cash register echoed the shared need for affordable healthy options, and expressed amazement that such a basic service had not been implemented earlier.

Broken food system

Whereas the public sector ensures equal access to other basic needs – water, education, transport – what and how we eat is largely dependent on a small number of private corporations and trading companies. This agro-industrial complex is driven by the maximisation of profit, and this is facilitated by transnational trade agreements and national and international policies.

A collective shift to a healthy and sustainable diet will not happen by moralising food choices, or by giving farmers a face and vegetables a story.

Agricultural subsidies and other public funds are skimmed off by seed breeders, land speculators, fertiliser and pesticide producers, and animal feed companies, some of which are among the richest and most polluting in the world. Poor neighbourhoods have unhealthier food offerings than rich ones. Food advertising is 80 per cent about products that fall outside the Dutch government’s “Wheel of Five” healthy food choices. Organic is more expensive than intensively grown food. Half a litre of energy drink is cheaper than a glass of fresh orange juice. It is financially difficult for less well-off people to live healthily – let alone sustainably. Moreover, people whose life is a daily struggle have little mental capacity left for long-term decisions or world problems. 

A collective shift to a healthy and sustainable diet will therefore not happen by moralising food choices, by giving farmers a face or vegetables a story, or by fair prices in which harmful “externalities” are accounted for. These tactics unfairly shift the responsibility to consumers, but most importantly they are ineffective. Consumers can choose to stop eating meat or start growing their own vegetables,  but as long as the food industry is designed to serve private interests, climate, public health, and equality will remain secondary.

For this reason, the reform of the food system must start by acknowledging that good food is a public good. Where “good” refers to the health of people and the planet, and “public good” means that no one can be excluded from consumption because they cannot pay for it. Health, climate, and equity are not viewed separately in this scenario, unlike in the privatised food market model.

The Volkskantine is fundamentally different from existing services: the food bank is an emergency facility to alleviate acute crises, social meals in community centres are mainly focused on participation, policy is fixated on awareness raising, and lifestyle programs individualise responsibility. Community restaurants as a basic service are based on the understanding that health and sustainability are not derived from lifestyle choices but from the way we function as a society.

Politicising broccoli

That approach resonates with the ongoing political debate and conversations overheard on the street. Harrowing reports of children going to school without breakfast and food banks that can no longer cope with the demand are causing widespread outrage in the Netherlands. At a conference and in his book Beledigende Broccoli (“Offensive Broccoli”), Tim ‘S Jongers’ illustrated the gap between well-meaning social policies and their implementation. A lifestyle coach in schools can try and convince children to eat healthier. But in a disadvantaged neighbourhood, a healthy choice is often not within reach. Over the past year, the “broccoli case” has catalysed a clear wake-up call among professionals about their positions and approaches. Not only must policy become humane, but it must be based on the lived experience of people.

The Volkskantine is a public place where different social groups meet under one roof. Just like the library, where you can borrow Dostoevsky or a football magazine.

To further politicise this momentum and move closer to a public food sector, progressive forces should focus less on technocratic policies and individual choices, and more on the material needs of people. Enter the Volkskantine. This basic facility that makes a nutritious meal accessible to all is a society-wide approach that contributes to increasing both livelihoods and food justice. Importantly, the Volkskantine is a public place where different social groups meet under one roof. Just like the library, where you can borrow Dostoevsky or a football magazine, get help with your tax return, or follow language lessons.

In Rotterdam, there is a public cooking workshop called Mealprep Café, a professional kitchen where local people on a budget can spend three hours cooking a healthy weekly menu under the supervision of local chefs. In this way, culinary knowledge does not become an intimidating barrier but delivers immediate benefits, and for 15 euros everyone takes home five evening meals to feed a five-person household for a week.

How will the Volkskantine’s snack bar prices and the Mealprep Café be paid for, if the total bill is not passed on to the consumer? Currently, through a piecemeal approach: by volume, by social return on investments from the business community, through compensation for guiding some of the employees into work, through a voluntary surcharge for those who can pay a little more, and by funds and donations.

Coordination between progressive initiatives is essential for further steps towards a public food sector to be taken. For instance, civic initiatives that buy up land to lease at use value to regenerative farmers, like the Slangenburg care farm in Doetinchem, where free vegetables for 250 vulnerable families are grown all year round, based on the principle of “Community Supporting Agriculture”. Unlike with “Community Supported Agriculture”, where a group of well-off citizens collectively supports a farm, the farmer in this case becomes a social producer. In addition, cooperative supermarkets – collectively owned by thousands of members – are being developed in several Dutch cities, modelled on La Louve in Paris and Park Slope in New York. Every month, each participant works four hours voluntarily in the supermarket, eliminating staff costs and making products on average 30 per cent cheaper. In short, there is movement.