Los disidentes de Chernóbil: cómo la catástrofe soviética moldeó el movimiento ecologista en Europa del Este

Cuarenta años después de la catástrofe nuclear de Chernóbil, Bulgaria sigue profundamente marcada por el suceso. Al ser el único país del bloque socialista que no tomó ninguna medida de protección, lo pagó muy caro. La lluvia radiactiva sacó a la luz el cinismo del régimen comunista y marcó profundamente el despertar ecológico y democrático del país.

A la 01:23 del 26 de abril de 1986, el reactor n.º 4 de la central nuclear de Chernóbil, entonces en la URSS, sufrió una avería catastrófica antes de explotar y hacer volar por los aires parte de las instalaciones, dejando el emplazamiento destrozado. El núcleo del reactor quedó al descubierto y liberó grandes cantidades de sustancias radiactivas a la atmósfera. En los meses siguientes, más de 200 000 personas fueron evacuadas de las zonas circundantes.

Impulsada por los vientos, la nube radiactiva contaminó vastas regiones de Europa, con lluvias radiactivas especialmente importantes en Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Las emisiones, formadas por nubes de cesio-137 y otros isótopos, continuaron hasta el 5 de mayo. Si bien es cierto que su concentración iba disminuyendo con la distancia, afectaron a territorios muy extensos. La nube llegó a los Balcanes el 1 de mayo.

En aquella época, Dimitar Vatsov era un estudiante de secundaria de 15 años en Sofía. “Justo después de las lluvias radiactivas, el Komsomol [las juventudes del Partido Comunista Soviético] envió a mi clase a trabajar al campo”, recuerda. “Cada mañana, un autobús venía a recogernos para recolectar espinacas y cebollino”. 

Las autoridades búlgaras no informaron públicamente sobre la catástrofe hasta el 7 de mayo. Las declaraciones oficiales posteriores afirmaban que la contaminación ambiental era mínima y no requería ninguna medida especial. Cuatro compañeros de clase de Vatsov murieron de cáncer en los años siguientes.

Esta experiencia lo marcó profundamente. El ahora filósofo y profesor de la Nueva Universidad Búlgara de Sofía puso en marcha el pasado otoño un seminario dedicado exclusivamente a las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil en Bulgaria, que reunió a historiadores, periodistas y físicos nucleares.

El ahora filósofo y profesor de la Nueva Universidad Búlgara de Sofía organizó el pasado otoño un seminario que reunió a historiadores, periodistas y físicos nucleares dedicado exclusivamente a las consecuencias de la catástrofe de Chernóbil en Bulgaria.

“Bulgaria fue el único país del bloque socialista que no tomó ninguna medida tras la catástrofe”, explica. Aunque el país solo ocupa el octavo puesto entre los más expuestos a la radiación según un informe de la ONU, registró la tasa más alta de cáncer de tiroides infantil fuera de la antigua URSS. “Como filósofo, esta singularidad me llevó a reflexionar sobre la verdad, la ética del discurso político y, en un sentido más amplio, el cinismo del régimen comunista de la época”.

El bloqueo informativo búlgaro

Tras el accidente de Chernóbil, en los países del bloque del Este se filtró la información con rigurosidad con el fin de minimizar los riesgos de contaminación y preservar al mismo tiempo el prestigio de la URSS. Por ejemplo, en Checoslovaquia, la palabra katastrofa se evitó cuidadosamente en las primeras fases, mientras que el término havárie (”accidente”) se utilizaba sin calificativos.

Los informes oficiales destacaban la pericia y el heroísmo soviéticos, el rápido control del incidente y la supuesta exageración de los hechos por parte de los “medios imperialistas occidentales”. Sin embargo, Bulgaria fue el país donde se produjo la censura más estricta y donde no se emprendió ninguna acción significativa.

“Ceaușescu (uno de los dictadores más autoritarios de la época) advirtió a los rumanos del riesgo de contaminación el 2 de mayo. En Yugoslavia, se pidió a las mujeres embarazadas y a los niños que permanecieran en interiores y se recomendaron precauciones básicas, como lavar los alimentos frescos. En Bulgaria, el bloqueo informativo fue total”, cuenta Vatsov.

“No nos decían nada, simplemente teníamos que obedecer. No fue hasta años más tarde cuando comprendí la verdadera magnitud de la catástrofe” – Petko Kovachev

El físico nuclear Georgi Kaschiev, que entonces trabajaba en la central de Kozloduy, en el noroeste de Bulgaria, recuerda muy bien aquellos días: “La única información que recibimos fue que se había producido un incendio en Chernóbil y que había sido extinguido”. Sin embargo, gracias a una gran antena instalada en su edificio, Kaschiev captaba la televisión yugoslava.

“Las noticias procedentes de Suecia y Finlandia permitieron comprender rápidamente que el incidente era mucho más grave de lo que se reconocía oficialmente. Los medios occidentales difundían imágenes de satélites estadounidenses que mostraban el reactor destruido, mapas que trazaban la nube radiactiva y reportajes que indicaban que Yugoslavia había enviado aviones para evacuar a los nacionales que estudiaban en Kiev”.

A finales de abril, Kaschiev y sus colegas comprendieron que la nube se dirigía hacia Bulgaria. Entre el 1 y el 2 de mayo, los niveles de radiación alcanzaron hasta diez veces los niveles naturales, especialmente tras las lluvias. Ante el mutismo de las autoridades, la información se difundió en privado: los ingenieros pidieron a sus familiares que tomaran precauciones básicas, unas advertencias que a menudo fueron recibidas con incredulidad. Varios análisis de muestras de alimentos posteriores, en particular de leche procedente de granjas búlgaras, confirmaron una contaminación extrema.

Los documentos de archivo a los que se pueden acceder actualmente muestran que el Gobierno búlgaro seguía de cerca la evolución de la catástrofe y el alcance de la contaminación en Europa y en Bulgaria. Para ello, analizaron la prensa extranjera, los informes de inteligencia y las mediciones diarias de radiación en todo el territorio. Según Vatsov, el Politburó del Partido Comunista Búlgaro temía que revelar la verdadera magnitud de la contaminación sembrara el pánico y provocara disturbios políticos, como había ocurrido en Polonia: “Aparte de eso, tan solo puedo calificar esta actitud como una forma de flaqueza moral por parte de las élites gobernantes, que demostraron un profundo desprecio hacia el resto de la población.”

Petko Kovachev, activista medioambiental que entonces cumplía el servicio militar obligatorio, recuerda que el ejército reaccionó rápidamente: “De la noche a la mañana, dejamos de consumir productos frescos y solo comíamos conservas en el comedor. Se cancelaron las actividades al aire libre y se nos ordenó medir los niveles de radiación alrededor de la base con contadores Geiger”.

Sin embargo, las medidas no vinieron acompañadas de ninguna explicación. “No nos decían nada, simplemente teníamos que obedecer. No fue hasta años más tarde cuando comprendí la verdadera magnitud de la catástrofe”.

El cinismo de la nomenklatura

La gestión de las repercusiones de Chernóbil en Bulgaria puso de manifiesto flagrantes desigualdades en el acceso a la información y a la protección sanitaria. En la cúspide se encontraba la nomenklatura: altos cargos del partido, policía política, directivos administrativos y oficiales militares. Durante la crisis, disfrutaron de un acceso privilegiado a comidas y provisiones distribuidas a través del hotel estatal Rila, situado en el centro de Sofía. El Politburó recibía agua mineral procedente de manantiales profundos y alimentos importados (cordero australiano, verduras de Egipto e Israel) para evitar cualquier contaminación.

Según Vatsov, la élite de esta nomenklatura —unas 300 personas— nunca estuvo en peligro, ya que se tomaron medidas especiales para garantizar su seguridad y bienestar: “El ejército adoptó medidas menos estrictas, pero suficientes para reducir la exposición. Al resto de la población, en cambio, permaneció en la ignorancia absoluta”.

Un símbolo de este cinismo fue la decisión de mantener el desfile del 1 de mayo de 1986, en el que numerosos niños desfilaron por Sofía a pesar del riesgo de lluvia radiactiva. Por suerte, la manifestación comenzó a las 11:00, mientras que la nube radiactiva no llegó al territorio búlgaro hasta la tarde, como muy pronto hacia las 14:00.

También se organizaron numerosos eventos deportivos de propaganda en todo el país, así como trabajos forzados supervisados por brigadas juveniles, compuestas principalmente por jóvenes de entre 15 y 25 años. Estos “voluntarios” estaban obligados a realizar tareas físicamente exigentes, como trabajos agrícolas o de construcción al menos dos veces al año. Se estima que unos 365 000 jóvenes se vieron expuestos de esta manera.

El 10 de mayo, tras una reunión en el Ministerio de Energía en Sofía, Kaschiev visitó a su cuñada. Los niños jugaban fuera, delante del edificio, mientras los adultos charlaban tranquilamente. Cuando les instó a que no les dejasen salir ni jugar en el arenero, desoyeron su advertencia. “Me acusaron de querer sembrar el pánico”, cuenta. “Alguien incluso insinuó que seguramente era un agente occidental y amenazó con denunciarme a las autoridades.”

A pesar de unas medidas a menudo insuficientes, se mantuvieron los desfiles del 1 de mayo en todos los países del bloque del Este. Incluso en Polonia, las celebraciones tuvieron lugar según lo previsto, mientras el Gobierno negaba públicamente cualquier riesgo sanitario. Mientras tanto, las autoridades polacas distribuían yodo y limitaban la venta de leche.

La rápida distribución de yodo, que comenzó la tarde del 29 de abril, se cita a menudo como una respuesta ejemplar ante una emergencia radiactiva: en tres días, 18,5 millones de personas (adultos y niños) recibieron una pastilla de yodo.

Científicos y activismo medioambiental

Justo después de la caída del régimen, Kovachev conoció más a fondo la catástrofe de Chernóbil y sus consecuencias gracias a una exposición organizada por físicos de la Universidad de Sofía. Ya en la época del comunismo, algunos de ellos formaban parte de redes ecologistas informales que más tarde se convertirían en Ecoglasnost, organización a la que Kovachev se unió cuando era estudiante.

Fundada en la primavera de 1989, unos meses antes de la caída del comunismo, Ecoglasnost era un movimiento cívico centrado en la protección del medioambiente, nacido del clima de liberalización política inspirado por la glasnost soviética. En otoño, Ecoglasnost organizó peticiones y manifestaciones públicas, entre ellas la concentración del 3 de noviembre en Sofía, considerada una de las primeras movilizaciones cívicas abiertamente contra el régimen comunista.

El movimiento amplió rápidamente sus reivindicaciones a las libertades civiles y las reformas democráticas. En diciembre de 1989, Ecoglasnost se convirtió en la primera organización política no comunista reconocida oficialmente en Bulgaria y desempeñó posteriormente un papel esencial en la estructuración de la oposición democrática al unirse a la Unión de Fuerzas Democráticas (un partido político que unía varias organizaciones opuestas al Gobierno comunista). También inició las primeras inspecciones de la central de Kozloduy.

El compromiso de la comunidad científica con las luchas medioambientales contribuyó al debilitamiento del régimen en sus últimos años. Ya se había manifestado en Ruse, en el norte del país, donde la contaminación atmosférica procedente de una fábrica química situada al otro lado de la frontera rumana desencadenó amplias protestas en 1987. De este movimiento surgió el Consejo Público para la Protección del Medioambiente de Ruse, la primera organización informal tolerada bajo el comunismo, que desempeñó un papel decisivo en las primeras movilizaciones nacionales y en la transición democrática.

En esa misma época, el descubrimiento de materiales radiactivos en forma de “partículas calientes” en Bulgaria (una prueba de la magnitud de la catástrofe de Chernóbil) incitó a varios físicos a seguir de cerca la crisis y a estudiar sus consecuencias. La exposición de la Universidad de Sofía que visitó Kovachev en diciembre de 1989 fue fruto de ese trabajo.

En otros países del bloque socialista, como Hungría o Checoslovaquia, surgieron algunos movimientos similares que combinaban el compromiso científico con la toma de conciencia ecológica y democrática.

Las preocupaciones medioambientales se convirtieron en el motor que expresaba las reivindicaciones de responsabilidad y transparencia. Este fenómeno alimentó las redes reformistas que posteriormente contribuyeron a configurar la transición de Hungría hacia la democracia

Mientras los niveles de radiación aumentaban a finales de abril y principios de mayo de 1986, los científicos y profesionales sanitarios húngaros documentaron la contaminación e intercambiaron información de manera informal, mientras que la comunicación oficial seguía siendo limitada y con ánimos tranquilizadores.

La creciente brecha entre el conocimiento de los expertos y el discurso público creó una disonancia moral en estos profesionales, divididos entre su integridad científica y su lealtad al Estado. En este contexto, las preocupaciones medioambientales se convirtieron en el motor que expresaba las reivindicaciones de responsabilidad y transparencia. Este fenómeno alimentó las redes reformistas que posteriormente contribuyeron a configurar la transición de Hungría hacia la democracia.

En la antigua Checoslovaquia, la catástrofe de Chernóbil también contribuyó a galvanizar los movimientos ecologistas, que posteriormente se convirtieron en actores clave de la Revolución de Terciopelo de 1989. Aunque el régimen era uno de los más represivos del bloque del Este, toleraba más el activismo medioambiental que la disidencia política abierta, pues consideraba que las preocupaciones relacionadas con la contaminación atmosférica e hídrica o la degradación del paisaje eran relativamente inofensivas y difíciles de censurar.

Los disidentes de Chernóbil

Según Vatsov, en Bulgaria no había disidentes antes del accidente de Chernóbil. “Saber que habían sido engañados por las autoridades y expuestos a graves riesgos para la salud marcó el compromiso político de toda una generación, especialmente dentro de la comunidad científica.”

Kaschiev es un ejemplo emblemático. La catástrofe de Chernóbil determinó tanto su compromiso político como su trayectoria profesional. Su indignación ante las deficiencias morales y políticas del régimen le llevó a especializarse en seguridad nuclear. A finales de la década de 1980, pasó de la física de reactores a la evaluación de riesgos, primero como empleado dentro de la central, y luego como profesor universitario e inspector nuclear. En 1997, fue nombrado director del laboratorio nacional de regulación nuclear de Bulgaria.

En otros países socialistas, la catástrofe de Chernóbil también se convirtió en un catalizador de la oposición al régimen. En Polonia, dio lugar a un poderoso movimiento antinuclear. Los temores relacionados con la catástrofe se transformaron rápidamente en oposición al proyecto de la central nuclear de Żarnowiec, y desencadenaron protestas a nivel nacional en las que participaron grupos ecologistas, activistas locales y disidentes como Lech Wałęsa, futuro primer presidente del país elegido democráticamente.

En un referéndum organizado en 1990, coincidiendo con las elecciones locales, más del 86 % de los votantes rechazó el proyecto de Żarnowiec, lo que provocó su abandono definitivo. Como señala el politólogo Kacper Szulecki, estas movilizaciones reflejaron y aceleraron profundas transformaciones sociales y generacionales, al tiempo que socavaron aún más la legitimidad de Moscú en Polonia.

Si bien dejó una huella duradera en la sociedad búlgara, la catástrofe no dio lugar a un movimiento antinuclear amplio. La central de Kozloduy, modernizada y aún en funcionamiento, es considerada en gran medida una fuente de orgullo nacional y una garantía de independencia energética. La catastrófica gestión de Chernóbil puso sobre todo de manifiesto la indecencia y el cinismo del régimen comunista, así como la irracionalidad de su ideología.

La catastrófica gestión de Chernóbil puso sobre todo de manifiesto la indecencia y el cinismo del régimen comunista, así como la irracionalidad de su ideología

En diciembre de 1991, tras la caída del régimen, el Tribunal Supremo de Sofía condenó al exministro de Sanidad Lyubomir Shindarov y al ex viceprimer ministro Grigor Stoichkov por negligencia criminal, por haber engañado deliberadamente a la población. Tras un largo proceso de apelación, sus penas se redujeron a dos y tres años de prisión, respectivamente. Siguen siendo los únicos altos cargos del régimen búlgaro que realmente fueron procesados y condenados por la gestión de la catástrofe de Chernóbil.

El físico nuclear Atanas Krastanov, joven investigador en la década de 1980 y testigo de la mala gestión de la catástrofe por parte de las autoridades, considera que la energía nuclear en sí misma no es el problema.

Subraya que “el accidente de Chernóbil fue ante todo el resultado de un error humano” y precisa “que en un principio no se trató de una explosión nuclear, sino de una explosión térmica debida a una acumulación de presión”. En la actualidad, Krastanov trabaja como experto en el Centro de Prevención de Catástrofes, Accidentes y Crisis del Ayuntamiento de Sofía. Recientemente participó en la realización de un documental sobre el tema, cuyo estreno está previsto para otoño. 

Este artículo se ha realizado dentro de una Thematic Network de PULSE, una iniciativa europea que apoya las colaboraciones periodísticas transnacionales. En su elaboración han colaborado Andrea Braschayko, Martin Vrba y Daniel Harper.

Translated by Raquel Alonso | Voxeurop

I dissidenti di Černobyl’: come il disastro nucleare sovietico ha segnato l’opposizione democratica nel blocco orientale

Oltre a provocare gravi problemi sanitari, la catastrofe di Černobyl’ contribuì alla nascita di movimenti ambientalisti e alla delegittimazione dei regimi nei paesi socialisti. Quarant’anni dopo l’incidente, la Bulgaria resta il paese più segnato dal disastro, l’unico del blocco socialista a non adottare alcuna misura di protezione, Sofia pagò un prezzo altissimo che mise a nudo il cinismo del regime comunista.

All’1:23 del 26 aprile 1986, il nocciolo del reattore numero quattro della centrale nucleare di Černobyl’ – nei pressi del confine tra le repubbliche sovietiche di Ucraina e Bielorussia – si fuse ed esplose, distruggendo parte dell’impianto. Enormi quantità di sostanze radioattive furono liberate nell’atmosfera, e oltre 200mila persone dovettero essere evacuate dalle aree circostanti. Trasportata dal vento, la nube radioattiva contaminò vaste zone d’Europa, con le ricadute più pesanti in Ucraina, Bielorussia e Russia. Nelle popolazioni esposte si registrarono aumenti di malattie tiroidee e tumori; altri effetti sanitari a lungo termine restano difficili da quantificare.

Il silenzio delle autorità bulgare

“Mi sono interessato alle conseguenze dell’incidente di Černobyl’ in Bulgaria per una questione personale. All’inizio di maggio 1986 avevo quindici anni ed ero studente di liceo a Sofia. Subito dopo le piogge radioattive, la mia classe venne mandata a lavorare nei campi. Ogni mattina un autobus ci portava a raccogliere spinaci ed erba cipollina. Quattro miei compagni sono poi morti di cancro”, racconta Dimitar Vatsov. 

Vatsov insegna alla New Bulgarian University di Sofia, e sostiene che “la Bulgaria fu l’unico paese del blocco socialista a non adottare misure dopo il disastro. Per questo, sebbene un rapporto Onu la classifichi all’ottavo posto tra gli stati più colpiti dalle radiazioni, la Bulgaria registra il più alto tasso di tumori alla tiroide tra i bambini al di fuori dell’ex Urss”.

La nube radioattiva raggiunse i Balcani già il 1° maggio, ma fino al 7 maggio le autorità bulgare non fecero alcun annuncio. Nelle successive comunicazioni ufficiali si sostenne che la contaminazione ambientale era minima e non richiedeva misure speciali.

“Per fare un confronto, Ceaușescu avvertì i romeni del rischio di contaminazione già il 2 maggio. Lo stesso accadde in Jugoslavia, dove alle donne incinte e ai bambini fu chiesto di restare in casa e furono raccomandate precauzioni di base, come lavare il cibo fresco. In Bulgaria, invece, si verificò un blackout informativo totale”, commenta Vatsov.

Nel 1986 il fisico nucleare Georgi Kascev lavorava alla centrale di Kozloduj, nel nord-ovest della Bulgaria, tuttora l’unico impianto nucleare del paese. Ricorda bene quel giorno: “L’unico comunicato che ricevemmo diceva che c’era stato un incendio a Černobyl’, ma era stato spento”. Grazie a un’antenna installata al nono piano del suo palazzo, però, Kascev riceveva la televisione jugoslava: “Le notizie suggerivano che l’incidente era molto più grave. Si vedevano immagini del reattore distrutto e mappe della nube radioattiva, e si diceva che la Jugoslavia aveva inviato aerei per evacuare i propri studenti da Kiev”. Mentre il silenzio ufficiale continuava, in privato gli ingegneri invitavano i parenti a prendere precauzioni di base, spesso senza essere creduti.

I documenti d’archivio oggi accessibili mostrano che il governo bulgaro monitorava in realtà con attenzione l’evoluzione del disastro e la contaminazione in corso in Europa e nel paese. “L’unica spiegazione plausibile [del silenzio] è che le autorità bulgare temevano che rivelare la reale portata della contaminazione avrebbe causato panico e possibili disordini politici. Oltre a questo, posso solo parlare di una forma di debolezza morale delle élite al potere, che mostrarono disprezzo per il resto della popolazione”, spiega Vatsov.

Nel 1986 l’attivista ambientale Petko Kascev stava svolgendo il servizio militare obbligatorio. Ricorda che l’esercito reagì con rapidità: “All’improvviso smettemmo di mangiare cibo fresco, in mensa ci servivano solo scatolette. Le attività all’aperto furono cancellate e ci ordinarono di misurare i livelli di radiazione attorno alla base, ma non ci spiegarono mai cosa stesse succedendo”.

Liliana Prodanova era invece una scienziata che lavorava presso l’Istituto di fisica dello stato solido: “Mio marito era prorettore dell’Università tecnica di Sofia. Anch’io ero fisica, quindi capivamo molto bene le implicazioni della contaminazione. Prendemmo precauzioni in silenzio, come lavare il cibo. Rimuovemmo anche il terreno contaminato attorno alla nostra casa di campagna. Quell’anno non piantammo nulla”.

Gli scienziati e l’attivismo ambientale

Secondo Dimitar Vatsov, “prima dell’incidente di Černobyl’ non c’erano veri dissidenti in Bulgaria. Ma la consapevolezza di essere stati ingannati dalle autorità e di essere stati esposti a gravi rischi sanitari ha plasmato l’impegno politico di un’intera generazione, soprattutto all’interno della comunità scientifica”.

In particolare, nel 1989 nacque Ecoglasnost, un movimento civico per la tutela dell’ambiente in Bulgaria. Organizzò petizioni e manifestazioni, tra cui un raduno a Sofia che è considerato una delle prime mobilitazioni civiche aperte contro il regime comunista. Il movimento ampliò presto le proprie richieste alle libertà civili e alle riforme democratiche e giocò poi un ruolo nella transizione.

Il coinvolgimento della comunità scientifica nelle lotte ambientali fu uno dei tratti distintivi degli ultimi anni del regime bulgaro. Si era già manifestato nella città di Ruse, dove l’inquinamento provocato da un impianto chimico aveva scatenato proteste diffuse e aveva portato alla nascita di un comitato per la protezione dell’ambiente, la prima organizzazione informale tollerata sotto il comunismo. Anche in altri Paesi del blocco sovietico, come l’Ungheria, l’impegno degli scienziati contro l’inquinamento e le devastazioni della natura contribuì a rendere la critica ambientale una forma legittima – seppur attentamente delimitata – di partecipazione pubblica nel tardo socialismo.

Reazioni in Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia

In Polonia la catastrofe di Černobyl’ fece da catalizzatore per la mobilitazione politica e contribuì alla nascita di un movimento antinucleare di massa, in particolare contro il progetto della centrale di Żarnowiec, che avrebbe dovuto diventare nel 1990 il primo impianto nucleare del paese. A partire dal 1986 gruppi ecologisti locali e nazionali organizzarono manifestazioni, campagne di informazione, blocchi stradali e persino scioperi della fame, coinvolgendo ampi settori della società e figure pubbliche di primo piano come Lech Wałęsa, leader di Solidarność. Le autorità si trovarono costrette a indire un referendum, in cui oltre l’86 per cento dei votanti si espresse contro il progetto della nuova centrale, che nel 1990 fu effettivamente interrotto.

Come rileva lo studioso Kacper Szulecki nel libro The Chernobyl Effect (“L’effetto Černobyl’”), le lotte ambientaliste degli anni Ottanta riflettevano trasformazioni generazionali e culturali più profonde. La gestione sovietica dell’incidente di Černobyl’ delegittimò in modo definitivo il già fragile controllo di Mosca sulla Polonia, galvanizzando l’opposizione.

In Ungheria Černobyl’ invece non diede origine a un movimento antinucleare di massa, né mise in discussione il programma nucleare del paese. Mentre la comunicazione ufficiale riguardo all’incidente nucleare restava limitata e rassicurante, scienziati e professionisti della sanità iniziarono a registrare gli effetti della contaminazione e a scambiarsi informazioni in modo informale.

Questo scarto tra la consapevolezza degli esperti e le comunicazioni delle autorità accelerò l’erosione della legittimità del regime. Le tematiche ambientali divennero un canale per sollevare temi più ampi di responsabilità e trasparenza, e così entro la fine degli anni Ottanta emersero reti e iniziative ambientaliste che avrebbero poi intersecato la transizione alla democrazia.

Anche in Cecoslovacchia la catastrofe di Černobyl’ influenzò i movimenti ecologisti locali, che sarebbero diventati attori importanti nella rivoluzione del 1989. Poiché quei movimenti erano in larga parte concentrati su temi come l’impatto sanitario dell’inquinamento industriale, la contaminazione dell’acqua o i danni al paesaggio causati dall’attività mineraria, il regime li considerava relativamente innocui rispetto ad altri dissidenti. Dopo Černobyl’, però, quelle che prima erano preoccupazioni ecologiche locali si trasformarono in sfiducia sistemica.

Il cinismo della nomenklatura

La gestione delle conseguenze di Černobyl’ in Bulgaria mise in luce disuguaglianze profonde nell’accesso alle informazioni e alla protezione sanitaria. Secondo Dimitar Vatsov, “la fascia più alta della nomenklatura non fu mai in pericolo, perché furono adottate misure speciali. Il cibo veniva importato dall’estero e testato, e i suoi membri venivano riforniti con acqua minerale da falde profonde. L’esercito applicò misure meno rigorose, ma comunque tali da ridurre l’esposizione. Il resto della popolazione fu tenuto nella totale ignoranza”.

Un simbolo di questo cinismo fu la decisione di mantenere le tradizionali parate del 1° maggio anche nel 1986. A Sofia molti bambini marciarono sotto una pioggia radioattiva e in tutto il paese si svolsero numerosi eventi sportivi di propaganda, tra cui le cosiddette “maratone della salute”. Le brigate giovanili, composte da ragazzi tra i 15 e i 25 anni, erano obbligate a svolgere lavori fisici in campagna o nei cantieri almeno due volte l’anno: si stima che circa 365mila giovani siano stati esposti alle radiazioni in questo modo.

Anche in Polonia le autorità decisero di mantenere le celebrazioni del 1° maggio. Giornali e media di Stato invitarono i cittadini a partecipare, insistendo sull’assenza di pericoli per la salute pubblica. D’altronde, il primo riferimento ufficiale all’incidente di Černobyl’ era comparso solo tra il 29 e il 30 aprile, limitandosi ad affermare: “C’è stato un incidente nella centrale nucleare in Ucraina. Le vittime sono state assistite. Tutto è sotto controllo”. Allo stesso tempo, però, il governo polacco distribuì in silenzio milioni di dosi di iodio protettivo e limitò la vendita del latte, segno che i rischi di contaminazione erano ben noti.

Dieci anni dopo, un’indagine medica rivelò che circa il 22 per cento dei giovani polacchi soffriva di disturbi alla tiroide, con una percentuale vicina al 40 per cento nelle regioni nord-orientali.

Anche in Ungheria le autorità si mossero con cautela, privilegiando la tutela della calma pubblica e l’osservanza delle celebrazioni del 1° maggio. Non furono emessi comunicati pubblici, i media ufficiali ridimensionarono la portata dell’incidente, e le celebrazioni si svolsero come previsto. Dietro le quinte gli scienziati registravano valori di radioattività elevati e rilevavano l’arrivo di piogge radioattive, ma le misure protettive rimasero limitate e disomogenee. La Cecoslovacchia seguì inizialmente lo stesso schema.

Il nucleare in Bulgaria dopo il 1989

La gestione catastrofica di Černobyl’ mise a nudo l’indecenza del regime comunista. Nel dicembre 1991, dopo che il regime era caduto, la Corte suprema di Sofia condannò l’ex ministro della Sanità Ljubomir Scindarov e l’ex vice primo ministro Grigor Stoičkov per negligenza criminale, per aver ingannato l’opinione pubblica. Furono gli unici alti funzionari del regime a essere processati e condannati a pene detentive.

Benché l’incidente di Černobyl’ abbia avuto un serio impatto sulla società bulgara, non produsse un movimento anti nucleare su larga scala. La centrale di Kozloduj, ristrutturata e ancora operativa, è oggi percepita come una fonte di orgoglio nazionale. L’attivista ambientale Petko Kovačev, vicino all’Ong Za Zemiata e alle reti antinucleari, sostiene che il sostegno popolare al nucleare in Bulgaria è trainato dalle preoccupazioni per l’indipendenza energetica e per il basso costo dell’elettricità, più che da valutazioni scientifiche o etiche.

In questo contesto, sta procedendo il progetto per costruire una nuova centrale nucleare a Belene, approvato anche da un referendum nazionale. In aggiunta, sono previsti due nuovi reattori a Kozloduj. Entrata in funzione nel 1970, la centrale oggi opera solo con i due reattori più recenti; i più vecchi sono stati abbandonati sotto la pressione dell’Unione europea, che ne fece una condizione per l’adesione della Bulgaria. 

Un tempo descritta come la centrale più pericolosa del mondo, Kozloduj oggi rispetta tutti i requisiti di sicurezza fissati dall’Aiea, anche se gli attivisti denunciano una mancanza di trasparenza sulla governance e sugli incidenti che coinvolgono l’impianto.

Questo articolo fa parte del progetto collaborativo PULSE ed è stato pubblicato nell’ambito dei Thematic Networks. Hanno contribuito al progetto Andrea Braschayko, Martin Vrba e Daniel Harper.

The Value of a Mother 

Built on the assumption that price is the best measure of value, modern economics has never adequately grasped non-transactional exchange – care relationships and reproductive work above all. Declining birth rates and ageing societies are now laying bare the limits of a framework that feminist thinkers have long critiqued. An interview with economist Emma Holten.

This article is part of the Green European Journal’s upcoming print edition on demographic futures, out in early June. Subscribe now and get it delivered straight to your door.

Green European Journal: The history of modern political theory is marked by a major omission – of bodies, their needs, and the necessity of caring for them. How did this omission come about?  

Emma Holten: Enlightenment thinking was very much about liberating the individual – from hierarchy, from the ties of religion and superstition, from the bounds of class. Thinkers like Thomas Hobbes, for example, were very progressive in their belief that the individual has value in and of itself. That conviction became the building block of modern political theory, and it has been hugely important for feminism, too. However, it overlooked that individuals are connected not only in oppressive systems but also in positive relationships. Human beings exist only in the context of other human beings. But that interdependence disappeared.  

This omission was most striking in the context of birth and family relationships. The whole story of what it takes to give birth and raise an individual completely disappeared, and we started making political theory about well-educated adults, as if they sprang up like mushrooms. 

How did this original sin become so entrenched in modern economics? 

Economics, too, had a noble ambition: to provide a clear description of the political system and to be able to quantify it. In the 1870s, this ambition culminated in the marginalist revolution, which was probably the most influential shift in the history of economics. Marginalism is based on the idea that you can use market prices to establish value. According to this theory, the market-clearing price is the perfect balance between supply and demand, between how much one wants to be paid for a product or service and how much someone else is willing to pay for it.  

Many of us grow up thinking that economics is like physics or chemistry […] We don’t question it because it would feel like questioning gravity.

The obvious corollary is that if something doesn’t have a price, it doesn’t have value. Economics loses the ability to speak about things that don’t have a price, such as time spent with friends or in the home. The only way to measure the value of time spent at home caring for others or being cared for by others is to calculate how much you would make if you used that time in the market instead.  

However, I don’t think price is a good measure of value in the market either. I spend a lot of time talking to nurses, caregivers for elderly people, and social workers, and when I tell them that economics measures their value by their salary, they are either shocked or start laughing. When you receive care, you don’t necessarily know what the value of that interaction is going to be; it only becomes visible in the long term. And if this interaction happens in the public sector, then the market is all the more unable to grasp its value. Economic methods find it much easier to understand the value of a car than the value of care, both paid and unpaid.  

 Why is this way of thinking about value so difficult to dispel?  

Many of us grow up thinking that economics is like physics or chemistry. That it has always been the same, and we’ve always looked at value the same way. And this is a huge part of economics’ power. We don’t question it, because it would feel like questioning gravity. American economist Paul Samuelson famously said that he didn’t care who held political office as long as he got to write economics textbooks. Economics conditions the way we think about politics.  

The rise of Thatcherism, of neoliberalism – the idea that the market comes before the state, and that the state’s responsibility is to take care of the market, not the people – has reinforced this influence. We let economists decide how much we should work, how much time parents should be able to spend with their children, what the optimal way to provide childcare is, or how to take care of nature. But these are fundamentally political questions. Their depoliticisation has exacerbated the dynamic whereby things that economics can value tend to be overvalued, while those it cannot value become completely valueless. 

Dominant theories may be unable to account for the value of care in the economy, yet they assume a steady and abundant supply of care to sustain the economic system. How do you make sense of this paradox?  

This is probably the central paradox in how modern economics deals with care. It has the idea that people are rational agents, act in their own self-interest, and are oriented towards the market. And so the provision of care, which largely falls outside the market, remains a blind spot. Economic theories tend to assume an endless supply of care, without a clear theory of how it is sustained.  

Based on their own reasoning, women would never have children because it is completely irrational from a market perspective. Yet when birth rates decline, suddenly shock ensues. I sometimes wonder whether economists are angrier at women when they have children or when they don’t. If they do have children and need to work part-time, that’s expensive and doesn’t create enough value. But if they don’t have children, that suddenly becomes a huge issue for the economy.  

When you study economics, the first thing you learn is the production function. How does a product come to be? In that function, there’s a variable called “L”. That’s labour power. But there is no acknowledgement of where it comes from; it’s just there. And I think that tells you everything you need to know about the poverty of the theories. 

 I sometimes wonder whether economists are angrier at women when they have children or when they don’t. 

Feminist thinkers have challenged the approach that treats care as entirely outside the economic equation, but they haven’t always agreed on how best to make the case for it.  

Feminist theorists, particularly Italian feminists like Silvia Federici, have been instrumental in showing that the undervaluing of care is a central part of capitalism. This applies to paid and unpaid care, to the public and the private sector alike.  

The big question was: to price or not to price? Should we speak the devil’s language? Some feminist economists, especially in the early days of the field, argued that we should price unpaid care so we can include it in GDP and measure it. This was based on the reasoning that we can’t change the system, and so we need to use its language and its rules in our favour.  

We’ve seen a similar logic at play in the environmental movement, where putting a price on a tree or a marsh seems to be the best way to protect it. But pricing ignores the relationships; it isolates and splits things up. And when you talk about nature, you cannot isolate and split. The same goes for care. The value of a mother, just like that of a tree, is not visible at the time of the exchange; it is long-term, and it is reciprocal: mother and child are changing one another. You cannot say that one is giving something to another, as if it were a simple transaction.  

 The home, in particular, has been a subject of controversy within feminist thought. Is it a prison or a shelter, a site of oppression and exploitation or one of liberation? 

It is both. Historically, the home has been a site of extreme violence against women, and we can understand why so much of feminist thought was focused on getting women out of the home and getting them to make their own money. The dominant type of feminism, middle-class feminism, places a strong emphasis on achieving workplace equality between women and men. You can see this in EU strategies for gender equality, for example. That’s what takes up all the space. But many women, especially lower-class or migrant women who face exploitation, are actually fighting to get into the home, to have enough money to see their own children, to have time to rest. This is the double vision we need when we deal with care. The fight goes both ways. And for many people, home is also a place of liberation. 

Meanwhile, we haven’t made a big enough effort to get men into the home. Sometimes, we have fallen into the trap of idealising men’s lives and framing them as free, equating paid work with freedom. But paid labour isn’t necessarily freedom. There are many men who are exploited or work in terrible conditions. Where’s the policy to liberate them?  

Could the resurgence of “traditional” gender roles – as promoted in the “manosphere” and the “tradwife” online movements – be partly understood as a reaction to these failures rather than simply a backlash against women’s emancipation?  

When it comes to care, many of the distinctions between right-wing and left-wing positions tend to collapse. Sometimes I see overlaps in places I didn’t expect. “Tradwives” and other socially conservative people often ask for the same things that progressive people ask for: more community, more time with children, less market dominance in our lives, more focus on love and social relationships, and a reaction against individualism. When I hear a conservative woman say that life is more than work, that what matters are the people we love, I find myself nodding. Then she might add that the man’s role is to dominate, and that’s where she loses me.  

But we should not underestimate the potential to speak about these issues across differences. When I speak to nurses in hospitals, they suddenly realise they find common ground on this, even with people they usually disagree with politically. The devaluation of care is the core of both right- and left-wing anger right now.  

 Does the devaluation of care help explain Europe’s consistently low birth rates over the last few decades?  

If I were to speak to a politician who cares about economic growth and wants women to have more children, I’d tell them to start by offering better childcare and longer parental leave. I was brought up in the 1990s and 2000s, thinking that we had gender equality, and women would live lives that were completely like men’s. Many of us were more educated than most men and made more money than many men. But when they had children, many in my generation were shocked to find out how much gender still mattered.  

But I don’t think it’s just a matter of affordability. Birth rates are declining worldwide, regardless of the cost of living situation. This can be a good thing from a feminist perspective, especially if very young women are waiting longer to have children. But it also has to do with the types of societies we have created, where having children can be quite lonely and make it very difficult to spend time on anything else, including work and hobbies.  

Do pro-birth policies focusing narrowly on economic incentives miss the point?  

Economic theory and policymaking lack a theory of culture, but economics and culture go hand in hand. What we value economically tends to spill over into what we value culturally, and vice versa. The decision to have or not to have children is influenced by both cultural change and economic considerations. Yet when economists speak about demographics, they are at the limit of their theoretical capabilities because culture is simply not something they’re used to dealing with. In their market theory, there is no place for family choices. In a way, you could say that economics is supremely feminist in that rational market agents have no body and no gender. For many economists, I’m a consumer in the same way that a man is, at least until I become pregnant.  

You could say that economics is supremely feminist in that rational market agents have no body and no gender

There are, of course, exceptions. Alice Evans, for example, has done a lot of empirical work, interviewing women around the world about their choices to have or not have children. She found that cultural factors, such as social media use, can have a major impact on reproductive choices because they give access to different types of women’s lives and different female cultures, showing that options other than having a family also exist. She calls this phenomenon “cultural leapfrogging”.

The Left seems more reluctant to talk about demographic crisis or decline. Is there a way of reframing the issue in a more progressive way rather than surrendering it to right-wing narratives and cultural panic?  

Demographic decline is an umbrella term for many things, some of them good and others concerning. We should be extremely concrete in how we talk about decline and what we are worried about. My biggest worry is that, if the state retreats, the ever-expanding group of elderly people will have to be cared for by their daughters, as is already the case all over Europe.  

But there’s also an opportunity to think creatively about how we adapt to the new demographic situation. We cannot leave these big decisions to the market – the state needs to play a big role, too. All over Europe, we’re already seeing major recruitment issues in hospitals because pay is so low. From a green perspective, more jobs in care can be good news because it is a very sustainable type of work, and one that is extremely useful to society.  

Maybe the best way is to understand what we are going through as a care crisis, not a demographic one. It’s a new situation, and we need to adapt.  

Pro-birth policies tend to focus on heterosexual couples or, at best, the nuclear family model with two parents raising children. Is it time we question this norm?  

The family organisation of two parents raising children is actually quite unique in human history. It is the configuration that takes the least time away from the market because it is very steady and small; it requires little organising.  

If you ask any feminist economist what her main policy goal is, she will probably choose a shorter working day, which means more time in the home. Of course, there can be downsides, and we see it in countries where family care has a bigger cultural role: women tend to make less money and be less independent, which in turn creates a patriarchal family structure. However, there’s also the upside that families are more connected and have closer relationships, so we need to strike the right balance.  

This isn’t just about raising children. In Scandinavia and other parts of northern Europe, we tend to just hide elderly people away. When someone cannot work anymore or is no longer self-sufficient, we don’t really want to see them; we don’t want them in the home. When I speak with Muslim feminists who have migrated to Europe, they tell me they find this to be extremely inhumane; they have a much more integrated relationship with elderly people in day-to-day life. 

In the new demographic reality, opening up the home means not only more care for those who need it, but also more help with raising children – and this doesn’t mean the state shouldn’t play its role in providing care. But we have closed off the home too much, and I think we see it in the crisis of loneliness that many adults are facing.  

 

Les dissidents de Tchernobyl ou comment la catastrophe nucléaire soviétique a forgé l’opposition dans le bloc communiste

Quarante ans après l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la politique de dissimulation menée par l’URSS et ses “satellites” – notamment la Bulgarie – montre comment le secret a alimenté la méfiance tout en mobilisant scientifiques et militants. Leur action a contribué à faire naître des mouvements écologistes qui ont soutenu l’opposition démocratique dans l’ensemble du bloc communiste de l’époque.

À 1 h 23 du matin, le 26 avril 1986, le réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, alors en URSS, connaît une défaillance catastrophique avant d’exploser, soufflant une partie des installations et laissant le site éventré. Le cœur du réacteur, laissé à nu, libère de grandes quantités de substances radioactives dans l’atmosphère. Dans les mois qui suivent, plus de 200 000 personnes sont évacuées des zones environnantes.

Porté par les vents, le nuage radioactif contamine de vastes régions d’Europe, avec des retombées particulièrement importantes en Ukraine, en Biélorussie et en Russie. Les émissions se poursuivent jusqu’au 5 mai, formant des nuages de césium-137 et d’autres isotopes, dont la concentration diminue avec la distance mais affecte néanmoins de très larges territoires. Le nuage atteint les Balkans le 1er mai.

À l’époque, Dimitar Vatsov était un lycéen de 15 ans à Sofia. “Juste après les pluies radioactives, le Komsomol [l’organisation de jeunesse du Parti communiste soviétique] a envoyé ma classe travailler aux champs”, se souvient-il. “Chaque matin, un bus venait nous chercher pour récolter des épinards et de la ciboulette.”

Jusqu’au 7 mai, les autorités bulgares ne firent aucune annonce publique concernant la catastrophe. Selon les déclarations officielles ultérieures, la contamination environnementale était minime et ne nécessitait aucune mesure particulière. Pourtant, quatre camarades de classe de Vatsov décédèrent d’un cancer dans les années qui suivirent.

Cette expérience l’a profondément marqué. Aujourd’hui philosophe et professeur à la Nouvelle université bulgare de Sofia, il a lancé à l’automne dernier un séminaire entièrement consacré aux conséquences de la catastrophe de Tchernobyl en Bulgarie, réunissant historiens, journalistes et physiciens nucléaires.

“La Bulgarie a été le seul pays du bloc socialiste à ne prendre aucune mesure après la catastrophe”, explique-t-il. Bien que le pays ne se classe qu’au huitième rang des pays les plus exposés aux radiations selon un rapport de l’ONU, il a enregistré le taux le plus élevé de cancers de la thyroïde chez les enfants en dehors de l’ex-URSS. “En tant que philosophe, cette singularité m’a conduit à réfléchir à la vérité, à l’éthique du discours politique et, plus largement, au cynisme du régime communiste de l’époque.”

Le black-out bulgare

Après l’accident de Tchernobyl, l’information a été étroitement filtrée dans les pays du bloc de l’Est afin de minimiser les risques de contamination tout en préservant le prestige de l’URSS. En Tchécoslovaquie, le mot katastrofa a été soigneusement évité dans les premières phases, auquel on a préféré le terme havárie (“accident”), utilisé sans qualificatif. Les rapports officiels mettaient en avant l’expertise et l’héroïsme soviétiques, la maîtrise rapide de l’incident et l’exagération supposée des faits par les “médias impérialistes occidentaux”. Toutefois, la Bulgarie s’est distinguée comme le pays où la censure était la plus stricte et où aucune action significative n’a été entreprise.

“Ceaușescu – l’un des dictateurs les plus autoritaires de l’époque – a averti les Roumains dès le 2 mai du risque de contamination. En Yougoslavie, on demanda aux femmes enceintes et aux enfants de rester à l’intérieur et l’on recommanda des précautions de base, comme laver les aliments frais. En Bulgarie, ce fut un black-out total”, raconte Vatsov.

On ne nous disait rien, on devait simplement obéir. Ce n’est que des années plus tard que j’ai compris l’ampleur réelle de la catastrophe – Petko Kovatchev

Le physicien nucléaire Gueorgui Kaschiev, alors employé à la centrale de Kozlodouy, dans le nord-ouest de la Bulgarie, se souvient très bien de ces journées : “La seule information que nous ayons reçue était qu’il y avait eu un incendie à Tchernobyl et qu’il avait été éteint”. 

Grâce à une grande antenne installée sur son immeuble, Kaschiev captait cependant la télévision yougoslave. “Des informations venues de Suède et de Finlande ont rapidement permis de comprendre que l’incident était bien plus grave que ce qui était reconnu officiellement. Les médias occidentaux diffusaient des images satellites américaines montrant le réacteur détruit, des cartes retraçant le nuage radioactif et des reportages indiquant que la Yougoslavie avait envoyé des avions pour évacuer ses ressortissants qui étudiaient à Kiev.”

Fin avril, Kaschiev et ses collègues comprirent que le nuage se dirigeait vers la Bulgarie. Entre le 1er et le 2 mai, les niveaux de radiation atteignirent jusqu’à dix fois le niveau naturel, en particulier après les pluies. Face au silence persistant des autorités, l’information se diffusa de manière informelle : des ingénieurs avertirent leurs proches de prendre des précautions élémentaires, souvent accueillies avec incrédulité. Des analyses ultérieures d’échantillons alimentaires, notamment du lait provenant de fermes des environs, confirmèrent une contamination extrême.

Des documents d’archives accessibles aujourd’hui montrent que le gouvernement bulgare suivait de près l’évolution de la catastrophe et l’étendue de la contamination en Europe et en Bulgarie, et analysait la presse étrangère, les rapports de renseignement et les mesures quotidiennes de radiation sur l’ensemble du territoire. Pour Vatsov, le Politburo du Parti communiste bulgare craignait qu’une révélation de l’ampleur réelle de la contamination ne provoque la panique et des troubles politiques, comme cela s’était produit en Pologne : “Au-delà de cette première explication, je ne peux que qualifier cette attitude de défaillance morale de la part des élites dirigeantes, qui ont fait preuve d’un profond mépris à l’égard du reste de la population”.

Petko Kovatchev, militant écologiste effectuant alors son service militaire obligatoire, se souvient que l’armée réagit rapidement : “Du jour au lendemain, nous avons cessé de consommer des produits frais et mangions uniquement des conserves au réfectoire. Les activités extérieures furent annulées et nous reçûmes l’ordre de mesurer les niveaux de radiation autour de la base avec des compteurs Geiger”.

Ces mesures ne s’accompagnèrent toutefois d’aucune explication. “On ne nous disait rien, on devait simplement obéir. Ce n’est que des années plus tard que j’ai compris l’ampleur réelle de la catastrophe.”

Le cynisme de la nomenklatura

La gestion des conséquences de Tchernobyl en Bulgarie révéla des inégalités flagrantes dans l’accès à l’information et à la protection sanitaire. Au sommet se trouvait la nomenklatura – hauts responsables du parti, police politique, cadres administratifs et officiers militaires. Durant la crise, ils bénéficièrent d’un accès privilégié à des repas et des provisions distribués via l’hôtel d’État Rila, au centre de Sofia. Le Politburo recevait de l’eau minérale provenant de sources profondes et des aliments importés – agneau australien, légumes d’Égypte et d’Israël – afin d’éviter toute contamination.

Selon Vatsov, l’élite de cette nomenklatura – environ 300 personnes – ne fut jamais en danger, des mesures spéciales ayant été prises pour assurer leur sécurité et leur bien-être : “L’armée appliquait des mesures moins strictes, mais suffisantes pour réduire l’exposition. Le reste de la population, lui, fut maintenu dans une ignorance totale.”

La décision de maintenir le défilé du 1er mai 1986 – au cours duquel de nombreux enfants ont paradé dans les rues de Sofia malgré la menace de pluies radioactives – symbolise ce cynisme. Par chance, la manifestation a débuté à 11 heures, alors que le nuage radioactif n’a atteint le territoire bulgare que dans l’après-midi, au plus tôt vers 14 heures.

De nombreux événements sportifs de propagande ont également été organisés dans tout le pays, ainsi que des travaux forcés encadrés par des brigades de jeunesse, composées principalement de jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ces “volontaires” étaient tenus, au moins deux fois par an, d’effectuer des tâches physiquement éprouvantes telles que des travaux agricoles ou de construction. On estime qu’environ 365 000 jeunes ont été exposés de cette manière.

Le 10 mai, après une réunion au ministère de l’Énergie à Sofia, Kaschiev rend visite à sa belle-sœur. Des enfants jouent dehors devant l’immeuble, tandis que les adultes discutent tranquillement. Lorsqu’il les exhorte à garder les enfants à l’intérieur et à ne pas les laisser jouer dans le bac à sable, son avertissement est rejeté. “On m’a accusé de vouloir semer la panique”, raconte-t-il. “Quelqu’un a même insinué que j’étais sans doute un agent occidental et a menacé de me dénoncer aux autorités.”

Dans tous les pays du bloc de l’Est, malgré des mesures souvent insuffisantes, les défilés du 1er mai furent maintenus. En Pologne également, les célébrations eurent lieu comme prévu, tandis que le gouvernement niait publiquement tout risque sanitaire. Dans le même temps, les autorités polonaises distribuaient de l’iode et limitaient la vente de lait. La distribution rapide d’iode, commencée le 29 avril dans l’après-midi, est souvent citée comme une réponse exemplaire à une urgence radioactive : en trois jours, 18,5 millions de personnes –  adultes et enfants – reçurent un comprimé d’iode.

Scientifiques et activisme environnemental

Juste après la chute du régime, Kovatchev apprit davantage sur la catastrophe de Tchernobyl et ses conséquences grâce à une exposition organisée par des physiciens de l’université de Sofia. Sous le communisme déjà, certains d’entre eux faisaient partie de réseaux écologistes informels qui deviendraient plus tard Ecoglasnost, organisation que Kovatchev rejoignit comme étudiant.

Fondée au printemps 1989, quelques mois avant la chute du communisme, Ecoglasnost était un mouvement civique axé sur la protection de l’environnement, né du climat de libéralisation politique inspiré par la glasnost soviétique. À l’automne, Ecoglasnost organisait des pétitions et des manifestations publiques, dont le rassemblement du 3 novembre à Sofia, considéré comme l’une des premières mobilisations civiques ouvertes contre le régime communiste. Le mouvement a rapidement élargi ses revendications aux libertés civiles et aux réformes démocratiques.

En décembre 1989, il est devenu la première organisation politique non communiste officiellement reconnue en Bulgarie. Il a ensuite joué un rôle clé dans la structuration de l’opposition démocratique en rejoignant l’Union des forces démocratiques. Il a également initié les premières inspections de la centrale de Kozlodouy.

L’engagement de la communauté scientifique dans les luttes environnementales contribua à l’affaiblissement du régime dans ses dernières années. Cette implication s’était déjà manifestée en 1987 à Roussé, dans le nord du pays. À l’époque, la pollution atmosphérique provenant d’une usine chimique située de l’autre côté de la frontière roumaine avait déclenché de vastes protestations. De ce mouvement naquit le Conseil public pour la protection de l’environnement de Roussé, première organisation informelle tolérée sous le communisme, qui joua un rôle décisif dans les premières mobilisations nationales et la transition démocratique.

À la même période, la découverte de matières radioactives sous forme de “particules chaudes” en Bulgarie – preuve de l’ampleur de la catastrophe de Tchernobyl – incita plusieurs physiciens à surveiller étroitement la crise et à en étudier les conséquences. L’exposition de l’Université de Sofia visitée par Kovatchev en décembre 1989 était le fruit de ce travail.

Des mouvements similaires émergent dans d’autres pays du bloc socialiste, comme la Hongrie et la Tchécoslovaquie, mêlant engagement scientifique et prise de conscience écologique et démocratique.

Les préoccupations environnementales sont devenues un élément moteur, exprimant des exigences de responsabilité et de transparence. Ce phénomène a nourri les réseaux réformistes qui ont ensuite contribué à façonner la transition négociée de la Hongrie vers la démocratie.

Alors que les niveaux de radiation augmentaient à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai 1986, des scientifiques et des professionnels de santé hongrois documentaient la contamination et échangaient des informations de manière informelle, tandis que la communication officielle demeurait limitée et rassurante. L’écart croissant entre le savoir des experts et le discours public a créé une dissonance morale chez ces professionnels, tiraillés entre leur intégrité scientifique et leur loyauté envers l’État. Dans ce contexte, les préoccupations environnementales sont devenues un élément moteur, exprimant des exigences de responsabilité et de transparence. Ce phénomène a nourri les réseaux réformistes qui ont ensuite contribué à façonner la transition négociée de la Hongrie vers la démocratie.

Dans l’ancienne Tchécoslovaquie, la catastrophe de Tchernobyl a également contribué à galvaniser les mouvements écologistes, qui sont devenus par la suite des acteurs clés de la Révolution de velours en 1989. Bien que le régime fût l’un des plus répressifs du bloc de l’Est, il tolérait davantage l’activisme environnemental que la dissidence politique ouverte, considérant les préoccupations liées à la pollution, à la contamination de l’eau ou à la dégradation des paysages comme relativement inoffensives et difficiles à censurer.

La seconde vague de contamination

Faute de mesures prises par les autorités bulgares, vaches, moutons et chèvres continuèrent à paître sur des pâturages contaminés et à consommer des fourrages radioactifs jusqu’au printemps 1987. Les produits laitiers issus de cette chaîne alimentaire restèrent en circulation, entraînant une “seconde vague” de contamination estimée à près de 30 % de l’exposition totale. Cette situation – unique dans l’histoire de Tchernobyl – explique en partie les taux exceptionnellement élevés de cancers de la thyroïde chez les très jeunes enfants en Bulgarie.

La physicienne retraitée Liliana Prodanova, à l’époque chercheuse à l’Institut de physique de l’état solide, n’a appris la gravité de la situation qu’à la mi-mai. “Mon mari était vice-recteur de l’Université technique de Sofia. Moi-même, je me spécialisais dans la recherche sur le silicium, nous comprenions donc parfaitement les implications de cette contamination. Nous avons pris des précautions discrètes, comme laver systématiquement les aliments. Nous avons aussi retiré la terre contaminée autour de notre maison de campagne. Cette année-là, nous n’avons rien planté.”

Elle se souvient que des amis leur demandaient souvent de mesurer la radioactivité des yaourts destinés aux enfants, à l’aide des instruments de l’institut. “Nous le faisions discrètement, sans demander d’autorisation officielle.”

La nomenklatura, en revanche, était parfaitement consciente des risques. Elle testait les produits laitiers qu’elle consommait et importait le reste de l’étranger. À la périphérie de Sofia, les pâturages autour du palais royale de Vrana – alors occupé par des responsables du parti – furent fauchés en mai pour éviter la contamination. Le foin fut ensuite redistribué à des coopératives d’élevage fournissant la capitale, qui produisirent ensuite des produits laitiers contaminés.

Les physiciens de la centrale de Kozlodouy utilisèrent un des laboratoires pour développer leurs propres instruments de mesure, se souvient Kaschiev. Ils conçurent notamment un dispositif permettant d’évaluer l’exposition de la thyroïde aux radiations. “Ceux qui n’avaient pris aucune précaution début mai, en particulier les personnes parties en vacances à ce moment-là, ont été exposés à des niveaux de contamination jusqu’à 10 000 fois supérieurs aux nôtres. Début mai, j’ai fait des réserves de fromage et de lait en poudre. Cela nous a probablement protégé de la seconde vague”, explique-t-il.

Les dissidents de Tchernobyl

Il n’existait pas de dissidents en Bulgarie avant l’accident de Tchernobyl, assure Vatsov. “La prise de conscience d’avoir été trompé par les autorités et exposé à de graves risques sanitaires a façonné l’engagement politique de toute une génération, en particulier au sein de la communauté scientifique.”

Kaschiev, dont l’engagement politique et le parcours professionnel a été déterminé par la catastrophe, est un exemple emblématique. Sa colère face aux défaillances morales et politiques du régime l’a conduit à se spécialiser dans la sûreté nucléaire. À partir de la fin des années 1980, il est passé de la physique des réacteurs à l’évaluation des risques, d’abord comme employé à l’intérieur de la centrale, puis comme enseignant universitaire et inspecteur nucléaire. En 1997, il a été nommé directeur du laboratoire national de régulation nucléaire de Bulgarie.

Dans d’autres pays socialistes, la catastrophe de Tchernobyl devint également un catalyseur de l’opposition au régime. En Pologne, elle donna naissance à un puissant mouvement antinucléaire. Les craintes liées à la catastrophe se transformèrent rapidement en opposition au projet de centrale nucléaire de Żarnowiec, déclenchant des protestations nationales impliquant groupes écologistes, militants locaux et dissidents tels que Lech Wałęsa, futur premier président démocratiquement élu du pays.

Lors d’un référendum organisé en 1990 en même temps que les élections locales, plus de 86 % des votants rejetèrent le projet de Żarnowiec, entraînant son abandon définitif. Comme le souligne le politologue Kacper Szulecki, ces mobilisations ont à la fois reflété et accéléré de profondes transformations sociales et générationnelles, tout en sapant davantage la légitimité de Moscou en Pologne.

Si la catastrophe a laissé une empreinte durable dans la société bulgare, elle n’a pas débouché sur un vaste mouvement antinucléaire. La centrale de Kozlodouy, modernisée et toujours en activité, est largement perçue comme une source de fierté nationale et une garantie d’indépendance énergétique. La gestion catastrophique de Tchernobyl a surtout mis en lumière l’indécence et le cynisme du régime communiste, ainsi que l’irrationalité de son idéologie.

En décembre 1991, après la chute du régime, la Cour suprême de Sofia condamne l’ancien ministre de la Santé Lyubomir Shindarov et l’ancien vice-Premier ministre Grigor Stoichkov, accusés d’avoir délibérément trompé la population, pour négligence criminelle. Après un long processus d’appel, leurs peines sont réduites respectivement à deux et trois ans de prison. Ils restent les seuls hauts responsables du régime bulgare à avoir été réellement poursuivis et condamnés pour la gestion de la catastrophe de Tchernobyl.

Pour le physicien nucléaire Atanas Krastanov, jeune chercheur dans les années 1980 et témoin de la mauvaise gestion de la catastrophe par les autorités, l’énergie nucléaire en tant que telle n’est pas le problème. “L’accident de Tchernobyl fut avant tout le résultat d’une erreur humaine” estime Krastanov, précisant “qu’il ne s’agissait pas à l’origine d’une explosion nucléaire, mais d’une explosion thermique due à une accumulation de pression”. Aujourd’hui, Krastanov travaille comme expert au Centre de prévention des catastrophes, accidents et crises de la mairie de Sofia. Il a récemment participé à l’écriture d’un film documentaire sur le sujet, dont la sortie est prévue à l’automne 2026.

Quel avenir pour le nucléaire ?

Le militant écologiste Petko Kovatchev, proche de l’ONG Za Zemiata et de réseaux antinucléaires, conteste cette lecture : “L’argument de l’erreur humaine n’est pas valable”, affirme-t-il, car “la plupart des accidents industriels et nucléaires ont pour origine une erreur humaine. Cela ne signifie pas que le nucléaire soit sûr”. Il ajoute que le soutien populaire à l’énergie nucléaire en Bulgarie repose principalement sur des préoccupations liées à l’indépendance énergétique et au faible coût de l’électricité, plutôt que sur des considérations scientifiques ou éthiques.

Dans ce contexte, la construction d’une nouvelle centrale nucléaire à Béléné, dans le nord de la Bulgarie, pourrait encore voir le jour. Malgré une forte opposition des organisations environnementales et des populations locales, un référendum national organisé en 2013 a approuvé le projet. Abandonné puis relancé à plusieurs reprises – principalement pour des raisons géopolitiques, le projet initial impliquant un réacteur russe de troisième génération – il pourrait désormais être confié à la société française Framatome et à l’américain General Electric.

Le projet de vente à l’Ukraine des réacteurs déjà construits sur le site de Béléné, dans le but de remplacer la centrale de Zaporijjia actuellement sous contrôle russe, a finalement été abandonné. Le dernier gouvernement a même envisagé de faire de ce projet de centrale une source d’électricité pour de futurs data centers.

La gestion catastrophique de Tchernobyl a surtout mis en lumière l’indécence et le cynisme du régime communiste, ainsi que l’irrationalité de son idéologie.

Par ailleurs, deux nouveaux réacteurs sont prévus sur le site de Kozlodouy, construits par des entreprises canadiennes. Mise en service en 1970, la centrale n’exploite aujourd’hui que ses deux réacteurs les plus récents, datant de 1988 et 1993. Les plus anciens ont été arrêtés dans les années 2000 sous la pression de l’Union européenne, qui avait conditionné l’adhésion de la Bulgarie à leur fermeture.

Autrefois décrite comme l’une des centrales nucléaires les plus dangereuses au monde, Kozlodouy répond aujourd’hui à l’ensemble des exigences de sûreté de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le site accueille également une installation de stockage de déchets nucléaires, dont la mise en service est prévue pour 2027. Les militants écologistes dénoncent toutefois régulièrement le manque de transparence entourant les décisions industrielles, les incidents et les accidents affectant la centrale.

Gueorgui Kaschiev se montre très critique à l’égard de la gouvernance nucléaire en Bulgarie. Pour lui, le projet de Béléné relève de la “catastrophe financière” et constitue un véhicule à des détournements de fonds publics. À Kozlodouy, il pointe une dégradation des conditions : hausse des coûts des pièces de rechange et de la maintenance, baisse de la production d’énergie en dessous des recommandations internationales, et défaillances techniques telles que des fuites dans le générateur de vapeur du réacteur n° 6. “La culture de la sûreté se détériore clairement”, avertit-il.

Cet article a été réalisé dans le cadre du projet PULSE, une initiative européenne qui soutient les collaborations journalistiques transnationales. Andrea Braschayko, Martin Vrba, and Daniel Harper y ont contribué.

Zelení proti zeleným: štěpící linie v evropské energetické transformaci

Energetická transformace k obnovitelným zdrojům nabírá v celé Evropě na tempu. V ekologickém hnutí přitom vznikají spory mezi zastánci rychlého budování rozsáhlé obnovitelné infrastruktury a stoupenci participace místních komunit.

Až donedávna panoval v energetické politice západního světa opatrný konsensus: udržovat stávající model založený na fosilních palivech a zároveň vlažně podporovat dekarbonizaci. Tento konsensus se nyní bortí a energetickou politiku v rostoucí míře určuje otevřený konflikt.

Političtí aktéři hájící zájmy fosilního průmyslu se čím dál nepokrytěji staví proti energetické transformaci, což se projevuje zejména rostoucím odporem vůči projektům rozvoje obnovitelných zdrojů. V Evropské unii se zvlášť na krajní pravici prosazuje rétorika proti obnovitelným zdrojům, která vykresluje větrnou a solární energetiku jako ekonomicky nevýhodnou, diktovanou shora a odtrženou od „reálných“ potřeb běžných lidí.

Rychlý rozmach obnovitelných zdrojů však nenaráží jen na zájmy fosilního průmyslu. Vyvolává také spory mezi aktéry, kteří v zásadě zelenou transformaci podporují.

Na lokální a regionální úrovni se řada ekologických organizací postavila proti konkrétním projektům, jež jsou součástí přechodu k obnovitelné energetice. Například v jižní Francii podnikly spolky jako France Nature Environnment a Liga za ochranu ptactva (LPO) právní kroky proti parkům větrných elektráren, které v chráněných lokalitách ohrožovaly vzácné ptačí druhy. V jižním Španělsku zahájila skupina Ecologistas en Acción kampaň proti projektu rozsáhlé solární elektrárny s odůvodněním, že by znehodnotil půdu a narušil místní flóru.

Tyto debaty nejsou jen typickými příklady sporů o ekologickou spravedlnost či odporu místních obyvatel k výstavbě v jejich okolí (tzv. NIMBY efekt — z anglického Not In My Backyard, tedy Ne na mém dvorku), přestože se s nimi v mnoha ohledech prolínají. Jde spíše o ukázku konfliktů uvnitř zeleného hnutí — o střety mezi navzájem soupeřícími ekologickými prioritami.

Aktéři uvedených sporů se sice shodnou na potřebě dekarbonizace a ochrany přírody, ale rozcházejí se v tom, jaké typy obnovitelných zdrojů by se měly využívat, kde by se elektrárny měly stavět a kdo o tom má rozhodovat. Jelikož jsou spory daného typu čím dál častější a mají zásadní politické důsledky, zasluhují si zevrubnější analýzu, o niž se tu chci pokusit.

Soupeření mezi prioritami

Termín „green-on-green conflicts“, tedy konflikty uvnitř zeleného hnutí, zavedl v roce 2004 britský geograf Charles Warren. Inspiroval se přitom vojenským výrazem „blue-on-blue“, který označuje střelbu do vlastních řad. Warren už tehdy upozornil, že podobné střety předznamenávají budoucí debaty v rámci ekologického hnutí: „Společnost se přiklonila k zelené politice, ale jakou podobu by zelená politika měla vlastně mít?“

Spory mezi ekologickými aktivisty se často točí kolem umístění energetické infrastruktury, ochrany ohrožených druhů či procesů plánování, v principu se však jedná o konflikty politické. Nutí nás totiž klást si otázky, kdo v rámci zelené transformace definuje veřejný zájem a co lze ještě považovat za přijatelné vedlejší škody.

Spory uvnitř zeleného hnutí nejsou ničím novým. Odrážejí dlouhodobé napětí mezi různými proudy, které hlavní důraz kladou na odlišné aspekty ekologické krize. Nejčastěji proti sobě v posledních desetiletích stanuly dva tábory. Na jedné straně to jsou ti, kteří usilují o zmírnění klimatické změny a upřednostňují rychlou, systémovou transformaci ve spolupráci s vládami a průmyslem, což zahrnuje i výstavbu rozsáhlé infrastruktury.

Proti nim se postavili ti, kteří hájí zájmy místních komunit a regionů a akcentují ochranu biodiverzity, půdy a přírodních zdrojů. Popsanou dělicí linii bychom neměli přeceňovat, faktem ale zůstává, že v řadě sporů uvnitř zeleného hnutí stojí proti sobě právě uvedené dvě skupiny, což odráží také dlouhodobý střet mezi odlišnými politickými kulturami uvnitř hnutí.

Ačkoli do odporu proti projektům v oblasti obnovitelné energie často vstupují i jiné příčiny, konflikty mezi ekologickými aktéry si zasluhují zvláštní pozornost. V zemích EU vedla zrychlující se energetická transformace v posledním desetiletí k čím dál častějším a viditelnějším střetům daného typu.

Každý ze sporů je sice zasazen do specifických místních souvislostí, které nelze vždy snadno zobecnit, přesto se do nich často promítají podobné vzorce. Zatímco evropská fosilní energetika se obvykle opírá o těžbu v odlehlých oblastech a o infrastrukturu soustředěnou do nemnoha lokalit, zelená transformace spočívá na početnějších a územně rozptýlených zdrojích výroby energie. Tím se produkce energie dostává do mnohem těsnějšího kontaktu s obydlenou krajinou a místními komunitami.

Při prosazování projektů energetické transformace se obvykle argumentuje naléhavou potřebou dekarbonizace, křehkou energetickou bezpečností či nutností dosáhnout energetické nezávislosti. Odpor proti projektům obnovitelné energetiky naopak postrádá jednotný scénář. Bývá spíše situační, promítají se do něj specifika daných projektů a jejich konkrétní dopady na místní přírodu a krajinu. Navzdory různorodosti odporu lze říci, že jednotlivé sektory energetiky zpravidla vyvolávají specifické typy protestů podle konkrétního dopadu na životní prostředí.

Ohniska sporů

Zřejmě nejčastější a rovněž nejdiskutovanější příčinou sporů uvnitř zeleného hnutí je výstavba větrných elektráren, které v Evropské unii vyrábějí asi čtyřicet procent obnovitelné energie. Jedním z důvodů je jejich nepřehlédnutelnost. Vnitrozemské větrné parky proměňují ráz krajiny a výrazně zasahují do životního prostředí, čímž vyvolávají tradiční formy odporu proti velkým infrastrukturním stavbám.

Dobře je to vidět na příkladu Galicie v severozápadním Španělsku. V regionu, který byl kdysi největším španělským producentem větrné energie, nyní naráží rozšiřování pevninských větrných elektráren na tvrdý odpor. Ekologické organizace vystupují proti desítkám nových projektů a podávají stovky žalob s argumentem, že rychlá výstavba ničí krajinu i chráněné oblasti.

Řada projektů tak byla dočasně pozastavena, což vyvolalo bouřlivou celospolečenskou debatu. Kampaň přitom neodmítla větrnou energii jako takovou: odpůrci naopak zdůrazňují, že větrná energie je „pro ochranu planety před dopady současné klimatické krize zásadní“. Svou kritiku však směřují proti „spekulativnímu a predátorskému modelu“ rozsáhlých projektů větrných elektráren, které jsou prosazovány shora v zájmu velkých energetických korporací.

Takovýto přístup podle nich může způsobit „nezvratné ekologické, kulturní, společenské a ekonomické škody“. Podobné spory kolem větrných parků se objevily také v dalších částech Evropy, například v Německu, Švédsku nebo na Kypru.

Podobné diskuse vyvolávají i solární projekty, které zajišťují asi čtvrtinu evropské energie z obnovitelných zdrojů. Například plány na projekt Dama Solar v rumunské župě Arad, který se měl stát největším fotovoltaickým parkem v Evropě, napadlo u soudu místní ochranářské sdružení. Jeho zástupci tvrdí, že umístění projektu do chráněného území Natura 2000 ohrožuje tamní vzácné druhy.

Konflikt postavil ochranáře do přímého střetu s developery a státními úřady, kteří projekt hájí jako nezbytný pro dosažení klimatických cílů a posílení energetické bezpečnosti země. Celý spor, který byl později po mimosoudní dohodě pozastaven, odráží širší vzorec, s nímž se můžeme setkat třebas i v některých částech Francie, Španělska a Polska.

Vedle větrné a solární energetiky jsou tu ovšem i další základní pilíře transformace, které sice nepřitahují tolik pozornosti, ale jsou právě tak klíčové. Posilování přenosových sítí nebo výroba baterií rovněž vyvolává na různých místech v Evropě spory uvnitř zeleného tábora. Vůbec nejsilnější odpor se však zvedá proti těžbě některých kritických surovin; vlna protestů proti těžařským projektům se objevila v zemích jako Srbsko nebo Švédsko.

V severním Portugalsku vyvolaly vlnu odporu plány na těžbu lithia nedaleko obce Covas do Barroso. Ačkoli úřady projekt prezentovaly jako strategický příspěvek k evropské energetické transformaci, místní obyvatelé a ekologické organizace okamžitě zareagovali demonstracemi a přípravou právních kroků.

Protestující mluvili o tom, že jejich krajina má být „obětována“ a že zdejší životní prostředí utrpí jen proto, aby dekarbonizace pokročila někde jinde. Vadilo jim také, že rozhodnutí přišlo shora bez ohledu na jejich názor. Jedna z organizací, která se na protestech podílela, Unidos em Defesa de Covas do Barroso, shrnula kritiku argumentem, že „energetická transformace, která obětuje životní prostředí a je komunitám vnucena shora, místo aby vznikala ve spolupráci s nimi, přehlíží zkušenosti místních lidí s jejich vlastní krajinou a vytváří nebezpečný nedemokratický precedent“.

Od klimatu ke krajině

Stále častější konflikty uvnitř zeleného hnutí svědčí o hlubších rozporech v pojetí ekologického aktivismu. Patrná je zejména rostoucí nespokojenost s tím, že se výhradním středobodem ekologických kampaní stává samo klima. Některé proudy radikálního ekologického hnutí dnes vnímají „klima“ jako příliš abstraktní a technokratické téma, které je navíc úzce svázáno s politikou establishmentu.

Jejich skepse často pramení z frustrace z mainstreamové klimatické politiky, kterou mnozí považují za příliš pomalou a neefektivní. Takováto kritika zaznívá už dlouho, širší odezvy se jí však začalo dostávat až po neúspěchu klimatických protestů v roce 2019. Většina účastníků akcí tehdy nabyla dojmu, že ani masová mobilizace veřejnosti nevedla k prosazení smysluplné politické změny.

Zatím nelze hovořit o tom, že by v Evropě obrat od soustředění na klima ke komplexnějšímu vnímání ekologické krize nastával v širším měřítku, některé případy však naznačují, že se takováto dynamika začíná postupně prosazovat. Jasným příkladem je francouzská radikální organizace Povstání země (Les Soulèvements de la Terre), která sdružuje aktivisty různých názorových proudů včetně těch, kteří jsou rozčarováni vývojem dosavadních klimatických protestů. Francouzská organizace prohlašuje, že klimatická politika zůstává odtržená od žité reality, a namísto toho vybízí k lokálním zápasům, které „vracejí ekologické hnutí zpátky na zem“.

Uvedený obrat je zčásti odrazem lokálního ekologického aktivismu. Odpor proti projektům energetické transformace často navazuje na dlouhodobé tradice hnutí proti jaderným elektrárnám, budování přehrad, těžbě či průmyslovému zemědělství. Takováto hnutí obvykle chápou ekologický konflikt jako obranu krajiny a každodenního života proti vzdáleným centrům politické a ekonomické moci.

Historicky se takovéto iniciativy vyvíjely v určitém odstupu od agendy klimatické transformace. S tím, jak se nyní přechod k zelené energii zrychluje, napětí mezi různými tradicemi ekologického hnutí vystupuje na povrch a v některých případech přerůstá v otevřený konflikt.

Svou roli hraje také rostoucí vliv antikapitalistických postojů v ekologickém aktivismu. Pro mnohé skupiny totiž není hlavním tématem sama dekarbonizace, ale spíše její prosazování prostřednictvím tržních mechanismů. Z tohoto pohledu se zelený průmysl nejeví jako rozchod s minulostí, ale spíš jako stará známá logika exploatace zdrojů a kumulace kapitálu v novém kabátě.

To pak znemožňuje přistoupit na to, jak si energetickou transformaci představují vlády či korporace, a to i v situacích, kdy panuje široká shoda na nutnosti skoncovat s fosilními palivy. Popsané posuny nám pomáhají pochopit, proč se určité proudy zeleného aktivismu přiklánějí stále více k lokálním konfliktům a jak spolu s tím vzrůstá i nedůvěra vůči klimatické politice. Objasňuje se tím také vznik nových spojenectví mezi radikálními ekologickými aktivisty, ochranářskými organizacemi a obyvateli venkovských či příměstských oblastí.

Spory o pojetí zelené politiky míří do vyšších pater

Vnitřní konflikty zeleného hnutí se neprojevují jen lokálními protesty, ale stále častěji pronikají i do vysoké politiky. Ačkoli obě roviny nemusí být vždy přímo provázané, často zrcadlí stejné základní napětí.

To jen potvrzuje, že nejednotnost hnutí zdaleka není jen záležitostí lokálních sporů. U některých ekologicky zaměřených stran to pak vede k odmítání dekarbonizačních projektů, které by vyžadovaly jakékoli kompromisy.

Ačkoli se rétorika politických stran nemusí vždy přesně krýt s argumenty v lokálních sporech „zelených proti zeleným“, často s nimi sdílí podobnou vnitřní logiku. Příklady z nedávné doby najdeme po celé Evropě. Ve švýcarském kantonu Valais se například postavila Strana zelených proti vybudování fotovoltaických elektráren v alpských oblastech. V Portugalsku se zase levicový Bloco de Esquerda zapojil do kampaní proti těžbě lithia, v níž varuje před ničivými dopady na tamní krajinu.

Další, taktéž výmluvný příklad najdeme ve Španělsku, kde se podobný střet odehrál na parlamentní půdě. Poté, co zemi v roce 2025 postihl rozsáhlý výpadek elektrické energie, navrhla vláda opatření k posílení stability distribuční sítě a navýšení podpory obnovitelných zdrojů.

Vládní návrh byl však nakonec zamítnut, a to i s přispěním levicové strany Podemos, která se k zelené politice jinak hlásí. Její poslanci argumentovali tím, že reformy nijak neposilují veřejné vlastnictví ani demokratickou kontrolu, a naopak obsahují hrozbu, že upevní pozici stávajících energetických hráčů.

Uvedené obavy nebyly neopodstatněné. Bezprostředním důsledkem však byla patová situace: vládní návrh byl smeten ze stolu a žádná alternativní opatření se nepřijala. Odmítání obnovitelných energetických projektů s odůvodněním, že přinášejí prospěch především energetickým gigantům, se stalo trvalou součástí rétoriky Podemos.

Všechny uvedené případy mají jeden společný rys: aktéři, kteří nenesou přímou odpovědnost za dodávky energií a politiku v oblasti průmyslu, snáze odmítají kompromisy spojené s energetickou transformací. Naproti tomu ti, kteří jsou u moci, jsou strukturálně nuceni na ústupky přistupovat.

Nevyhnutelné napětí

Evropské spory uvnitř zeleného hnutí nabývají na intenzitě v kontextu zcela specifické politické situace. Odehrávají se v kontextu celosvětové vlny odporu proti ekologické politice, což se v Evropské unii projevuje rostoucí snahou vytlačit ekologický aktivismus na okraj. Evropská unie se přitom paradoxně snaží urychlit budování energetické a průmyslové infrastruktury založené na obnovitelných zdrojích, a to navzdory mnohým rozporům ve svém vlastním zeleném programu. Popsaná dynamika pak vyvolává stále naléhavější otázky ohledně směřování evropské ekologické politiky.

Popsaný vývoj lze interpretovat jako upevňování jakéhosi evropského energetického státního zájmu (raison d’état). Členské státy a instituce Evropské unie se stále častěji zaštiťují klimatickými cíli a energetickou bezpečností a velké energetické a průmyslové projekty označují za strategickou prioritu, kterou je nutno realizovat rychle a bez zbytečných průtahů.

Takovýto trend potvrzují i nedávné politické změny, jako je zrychlení schvalovacích procesů či upřednostňování strategických projektů. V unijním politickém diskursu se už energetická transformace nezdůvodňuje ani tak ochranou lidí a životního prostředí, jako spíše nutností zachovat konkurenceschopnost prostřednictvím ambiciózních, velkokapacitních projektů.

Bude-li takovýto vývoj pokračovat cestou oslabování ekologických pojistek, pravidel územního plánování a veřejné kontroly, lze očekávat, že i vnitřní střety v zeleném hnutí naberou na síle a prohloubí se polarizace. Některé spory pak mohou přerůst institucionální rámec a nabývat ostře konfrontačních podob.

Fragmentace zeleného hnutí znamená velké politické riziko — zejména v době, kdy ekologičtí aktéři potřebují utvářet široké a stabilní koalice, aby dokázali čelit sílícímu odporu vůči klimatické politice. Má-li zelený tábor prosadit podstatné změny, musí najít společnou řeč napříč celým spektrem zastánců zelené transformace, aby se rozdílné priority dařilo překonat jednáním, spíše než aby vedly k rozkolům.

Nicméně soudržnost nelze vynucovat. Mnohé požadavky, které ve vnitřních konfliktech zeleného hnutí zaznívají, jsou zcela legitimní. Projekty energetické transformace často prosazují hráči, jejichž prioritou je korporátní zisk, nikoli ekologické či sociální zájmy — a škody, které působí, jsou zcela reálné.

Mnozí z těch, kdož se odvolávají na naléhavost situace, se často jen pokoušejí odsunout požadavky na participaci, inkluzi či spravedlnost na vedlejší kolej. Z tohoto pohledu jsou debaty uvnitř zeleného hnutí nezbytné. Nutí totiž centra moci ke konfrontaci s konkrétními místy, kde zelená transformace získává svou hmatatelnou podobu, a podtrhují zásadní argument: energetická transformace si nemůže nárokovat legitimitu, pokud při své realizaci ničí ekosystémy, biotopy a místní komunity.

Na hlubší úrovni popsané rozpory odrážejí ústřední dilema klimatické krize. Dekarbonizace musí proběhnout rychle a ve velkém měřítku, jenže aktéři, kteří by ji dokázali provést sociálně spravedlivě a s citlivostí ke krajině, momentálně nemají v rukou politickou moc.

Vzhledem k naléhavosti a rozsahu celého úkolu si lze jen stěží představit, že by energetická transformace mohla proběhnout hladce a bez třenic, a to i za těch nejpříznivějších politických okolností. Ačkoli tedy zůstává hlavním úkolem budování rozsáhlých akceschopných koalic k odvrácení klimatické katastrofy, vnitřní konflikty v zeleném hnutí budou pravděpodobně přetrvávat.

Takovéto spory nejsou chybou v procesu zelené transformace, nýbrž jen symptomem toho, jak hluboko do různých vrstev ekologické a politické reality celý proces zasahuje. Z toho důvodu je bezkonfliktní transformace nejen nerealistická, ale dost možná i nežádoucí. Skutečnou otázkou tedy není, jak střetům mezi zastánci zelené politiky zabránit, ale zda je lze zvládat tak, aby se zelené hnutí mohlo stát silou, která energetickou transformaci usměrní, namísto toho, aby ji paralyzovalo.

Hungary’s Restart 

Viktor Orbán’s Fidesz was defeated by a grassroots movement that faced down systematic intimidation in an extraordinary act of popular mobilisation. The attempt to restart democracy in Hungary stands a better chance of success than at any time since 1989. Will Péter Magyar take the country in the right direction?  

The events in Budapest on the night of Viktor Orbán’s election defeat on 12 April were pivotal and unforgettable. Hundreds of thousands of people flooded the streets in a carnival-style fiesta. This level of popular enthusiasm was seen neither in October 1989, when the new republic was proclaimed, nor in May 1990, when the first democratically elected government was formed. “It was like winning the World Cup,” witnesses said. 

Younger generations, who have spent all their adult lives under Orbán’s rule, campaigned hardest for change and feel that they are the main winners. Generation Z’s overwhelming support for Péter Magyar’s Tisza party spread to older age groups, too, and was a game-changer across the country. 

According to political scientists Andrea Szabó and Zoltán Gábor Szűcs-Zágoni, what happened on 12 April 2026 was “not just a critical election, a landslide or a change of government. It can truly be described as an electoral revolution: a bloodless constitutional political shift marking the beginning of a new era driven by the collective power of society.” 

What made this “electoral revolution” possible? What consequences is Viktor Orbán’s downfall likely to have in Hungary, Europe and beyond? And how easy will it be to restore democracy to a country in which the division of powers has effectively collapsed? 

Changing course 

The Hungarian constitutional system is modelled on Germany’s Kanzlerdemokratie and gives the prime minister a particularly strong position vis-à-vis the other parts of government. However, after 2010, Orbán effectively turned Hungary into an “absolute republic”, a term coined by political scientists Gábor Török and Péter Farkas Zárug to describe a system combining electoral democracy with the unrestrained use of state resources and a personality cult surrounding the leader.1

János Széky wrote in Élet és Irodalom that Magyar’s victory in fact ends Viktor Orbán’s 28-year reign, which began during his first term in office between 1998 and 2002. But the significance of the 12 April vote pertains to an even larger period of recent Hungarian history. These elections also mark nearly four decades since the transformation from a one-party system to a Western-type liberal democracy in 1989. 

A former frontrunner of westernisation in the east-central European context, Hungary began to lose ground in the 2000s. The overwhelming vote for change can be interpreted as a call for another push towards the West after the previous attempt in 1989–90, which started promisingly but ultimately failed. 

The 12 April election also marks the end of decades of fruitless and detrimental political rivalry between a triumphant radical right and an increasingly frustrated and powerless Left. The “cold civil war” that Orbán has been waging since 2004 with his left-wing counterpart, the former prime minister Ferenc Gyurcsány, has finally ended in mutual destruction. Gyurcsány’s Democratic Coalition received just one per cent of the popular vote and will not be represented in parliament. Orbán is also leaving parliament after 36 continuous years as an MP. 

For the first time since 1920, there will be no left-wing or liberal parties in the Hungarian parliament. The political landscape now comprises three different shades of right: EU-compatible, moderate conservatism (Tisza); anti-EU radical illiberalism (Fidesz); and neofascism (Mi Hazánk, or “Our Motherland”). 

The absence of left-liberal opposition in the Hungarian parliament sends a grim message to the rest of Europe. If left-wing political parties cannot connect with voters, those voters will have to look elsewhere for political representation. Almost two-thirds of the 3.4 million Hungarians who voted for Tisza came from liberal, left-wing or green backgrounds. There are several new MPs in the 141-strong Tisza group with left-wing and/or liberal leanings. Despite its conservative profile, represented by Magyar himself, Tisza is a surprisingly diverse party, where leaders and rank-and-file activists from different backgrounds coexist. 

Political scientist Balázs Jarábik has argued that the elections demonstrated Hungary’s ongoing democratic potential. But if Péter Magyar truly intends to effect change, he must address the long-standing illiberal tendency to grant the government almost unlimited power. Will Magyar make wise use of the complex network of legal instruments that could easily transform a democratically elected prime minister into a plebiscitarian leader and potential autocrat? And can he resist the temptation to use his supermajority to consolidate his personal power? 

These are the real questions awaiting answers. Viktor Orbán’s authoritarian path was not an anomaly or a bug in the system, but the extreme consequence of a constitutional mindset anchored in the idea of a dominant party and “stable” governance. 

A defeat for Putin 

Following the vote, Fidesz pundits began arguing that Orbán’s swift acceptance of the results showed that the system was far less authoritarian than his opponents claimed. However, this is contradicted by the evidence. For almost two years, Fidesz had employed a variety of tactics, legal and illegal, to suppress the dissent voiced by Tisza. Since 2024, the Hungarian government had exploited the powers of the security agencies and received covert support from Russia and, to a lesser extent, the United States to destroy the only genuine contender and secure Orbán’s fifth consecutive term in office. 

Orbán’s ultimate decision not to crack down on the opposition was motivated not by respect for the democratic will of the Hungarian people but because of an unprecedented display of force from Europe. It is tempting here to draw a parallel with the changes of 1989. However, in 1989, the peaceful transformation of communist Hungary into a multi-party democracy was supported by all the major powers and took place at the end of the East–West ideological divide. During this election campaign, by contrast, both Putin’s Russia and Trump’s United States openly backed Fidesz. 

Since late February, Orbán had been plagued by damaging press leaks. These originated from an entity of which Hungary was still a part, but which Orbán had started to label as his “main enemy”: the European Union. Several European security agencies cooperating on the Hungarian file had intercepted phone conversations between Orbán’s foreign minister, Péter Szijjártó, and his Russian counterpart, Sergei Lavrov, as well as between Orbán and the Russian president, Vladimir Putin. They revealed a pattern of strategic cooperation and moral collusion that made Orbán’s presence in Brussels undesirable. 

The exposure of the public misconduct of senior Hungarian officials went far beyond the well-known issue of systemic corruption. The failed geopolitical ventures of the Orbán system were exposed, including the attempted armed rescue of former Bosnian–Serb leader Milorad Dodik in 2025, which was thwarted by decisive American intervention, and the scandal surrounding the planned Hungarian military mission to Chad. While rumours could be heard in diplomatic and military circles about Hungarian involvement in the African operations of the infamous Wagner Group, the truth appears to be more straightforward. The deployment of 200 military personnel to a high-risk combat zone of little strategic importance to Hungary may have been driven by the glory-seeking ambitions of Gáspár Orbán – the son of the outgoing prime minister and then-army captain – who wanted to save local Christians regardless of potential losses among his fellow soldiers. 

According to analysts in both the West and Russia, Orbán’s departure represents a significant strategic setback for Putin. Although Hungary is not a major military or economic power, it has played a crucial political role in advancing Russian interests. Moscow has lost its most valuable and long-cultivated “insider” within the European Union and NATO. As a legitimate European leader rather than a puppet, Orbán was the Kremlin’s most effective tool within the West. 

Moscow secures loyalty by offering cash, business opportunities, and political attention. Amplifying fears of migration, war, and the loss of national identity has helped to translate pro-Kremlin sentiments into local politics across the region. Now, with the collapse of the invincibility myth, other pillars of Russian influence in East-Central Europe may also be under threat. 

Moscow has lost its most valuable and long-cultivated “insider” within the European Union and NATO. […] Now, with the collapse of the invincibility myth, other pillars of Russian influence in East-Central Europe may also be under threat. 

Péter Magyar has said his government will seek pragmatic cooperation with Russia, particularly on energy, and an immediate “crusade” against Moscow is not in sight. Nevertheless, Hungary will cease to be a “spanner in the works” in the EU, enabling more coherent decision-making. Putin’s loss of his only real foothold in Europe is a significant setback for Russian foreign policy. 

The revolt of “deep Hungary” 

Much has been said and written about Péter Magyar, the mole within the system who has exposed its moral decay and corruption more than anyone else. Gábor Bruck, one of Hungary’s leading election campaign strategists, has said that in his many decades in the field, he has never witnessed a performance of such calibre. For around two years, Magyar travelled the length and breadth of the country – literally on foot for weeks at a time – visiting no fewer than 700 locations and reaching millions of citizens in person. Many Hungarians living outside Budapest had never had the opportunity to shake hands with or speak to a national politician. 

Counting on the support of Budapest – a long-standing stronghold of the anti-Fidesz liberal left – Magyar instead focused on the hidden, invisible Hungary of 2,500 villages and hundreds of small towns with populations of just a few thousand. The election results show that support for Tisza was spread across the whole country and not limited to the cities. Orbán’s electoral and cultural stronghold, “deep Hungary”, turned its back on him and embraced the vision of radical change promoted by Magyar. 

However, it would be reductive to focus solely on the top level of the Tisza Party. Magyar deserves historic credit for daring to issue an existential challenge to Orbán’s power within the unfair electoral system Orbán had established. Nevertheless, he had something that Orbán’s power machine lacked: a genuine grassroots movement with widespread support. In the years to come, Tisza will likely be studied as the model of a “popular front” democratic mobilisation, capable of uniting right, left and centre behind a common cause. 

The party’s structure was organised into three distinct yet loosely connected tiers. The first was Péter Magyar, a political animal with innate charisma, a huge capacity for work, and exceptional strategic instincts. András Körösényi, the doyen of Hungarian political scientists, pointed out that Magyar’s extraordinary success highlights not only the fragility of an autocratic system, but also an increasingly widespread and pronounced trend towards plebiscitary democracy. 

The second tier, which has so far been almost imperceptible, concerns the party as a formal political structure. With only a few dozen members, the party could easily be described as an electoral committee centred around its founder and natural leader. 

The third tier is perhaps the most intriguing. Since 2024, over two thousand “Tisza islands” have spontaneously formed in hundreds of Hungarian localities, including villages where there has probably been no political activity since 1945-46 or the turbulent days of the 1956 uprising. 

Although it is impossible to estimate the exact number, it is safe to say that hundreds of thousands of people have been actively involved in opposition politics over the past two years. This is in a country with barely eight million potential voters. The Tisza Islands have no legal status and are not formally affiliated with the small party headquarters. The members form a grassroots civic community of equals and have become a powerful example of informal, bottom-up democracy in a country that has lost its institutional democracy. After long complaining about the lack of civic commitment and interclass solidarity in Hungarian society, social scientists have finally found a topic of great interest: the emergence of a politically oriented social force outside the traditionally progressive capital city of Budapest. 

The best example of grassroots action came on election day, when Tisza mobilised 50,000 unpaid volunteers. Despite the personal risks, they dedicated themselves to political change – the first time this has happened in recent Hungarian history. Almost 5,000 civilians patrolled the polling stations most affected by Fidesz’s well-established vote-buying scheme. As the documentary film A szavazat ára (“The price of the vote”) revealed, this ranged from bussing voters to polling stations to handing out alcohol and drugs to addicts. Fidesz reportedly even threatened to take away people’s jobs or custody of their children. Vote-buying gained the ruling party more than 200,000 votes in 2022; its campaign strategists hoped it would secure up to twice that number in 2026. 

The presence of these volunteers, who were travelling around by car or motorcycle, managed to curb the phenomenon. In areas where “electoral tourism” had been most heavily monitored, observers prevented tens of thousands of people from voting fraudulently. 

Tisza is also leading a quiet gender revolution in a country where politics has always been heavily male-dominated. Women make up one-third of its parliamentary group, while only 17 of Fidesz’s 135 MPs during the previous parliamentary term were women. According to the party’s list, successful businesswoman Ágnes Forsthoffer will become president of the National Assembly, while the former diplomat and energy expert Anita Orbán has been designated foreign minister. 

The greater presence of women in the Tisza is not the result of compliance with “gender quotas”, but a sociological reality and cultural breakthrough. Female activism has played a decisive role in establishing and operating Tisza. These women are primarily middle-aged and active in the private sector. Dissatisfied with the state of the country, they have the time and practical experience of managing daily life to contribute to the community. 

Democratic culture 

All this said, the damage inflicted on representative democracy in Hungary between 2010 and 2026 will be long-lasting. Orbán’s System of National Cooperation found fertile ground due to the established pattern of patronage-based autocracy and the lack of functioning democratic models. 

The largely spontaneous social mobilisation that brought about the downfall of the Orbán regime is not enough to overcome the longstanding weakness of Hungary’s democratic culture. Magyar’s parliamentary supermajority enables him to dismantle the former power system brick by brick without putting the legal system under strain, as happened in Poland after the defeat of PiS in 2023. The question is whether he will be able to restrain his own almost unlimited power, or whether his charismatic leadership of the party will backfire when serious issues concerning democratic standards arise. 

Perhaps even more importantly, the new government will need to democratise the education system and political discourse. Mutual hate, grievances and scapegoating must be replaced by a new collaborative spirit. The hundreds of thousands of young people who voted for democracy and integration with the West should be given the opportunity to learn about democracy while attempting to implement it. 

The support received by the new elite on 12 April brings great historical responsibility. Magyar and his government will need to study the errors made during the 20-year experiment that began in 1989–90 in order to avoid repeating them. For example, the political reintegration of the former authoritarian elite should be preceded by a process of lustration; crimes should be prosecuted and publicly exposed. 

Above all, however, the new government must abandon the anti-democratic practices deeply rooted in the past century – from Miklós Horthy to Viktor Orbán and János Kádár – and establish a democratic state capable of addressing the numerous challenges of the current one. 

This article first appeared in Eurozine. It is republished here with permission.

  1. Péter Zárug Farkas, Gábor Török: Orbán ​kora. Vázlat egy abszolút köztársaság felemelkedéséről, Budapest, L’Harmattan, 2026. ↩︎

Polanski, Mamdani, and the Others: Time for Left Economic Populism? 

Recent polls and elections in the UK, New York City and Germany tell a story of polarisation: disappointed with the centrist consensus, voters are looking for alternatives to politics as usual. A focus on affordability could channel this discontent towards progressive options. 

For years now, the radical right has appeared to be the sole beneficiary of a strong anti-institutional, anti-political sentiment. For voters who felt betrayed by the status quo and ignored by the political class, the far right seemed to offer a visible avenue for protest. Or, in many circumstances, a lit match to take to the political consensus.  

However, the winds may be changing. Under the leadership of Zack Polanski, the Green Party of England and Wales has surged in popularity to more than double its 2024 election vote share. The Greens are mounting a formidable assault on the country’s political consensus on an unashamedly left-wing platform. At the time of writing, the party is polling at 16 per cent, a dead heat with Labour and one point below the Conservatives. Its campaign touts it as the strategic choice for those wanting to keep the far-right Reform UK out of power in the upcoming May local elections. Until recently, the UK was thought of as a two-party system.  

The 2025 German federal election also told a story of growing polarisation. The centre-right CDU/CSU (and, to a lesser extent, the outgoing coalition of Social Democrats, Greens, and Liberals) expected to lose voters to the far-right AfD, which recorded its best result to date with a 21 per cent vote share. What was surprising was the late surge of Die Linke (“The Left”), reportedly as a result of a viral TikTok campaign featuring its co-leader, Heidi Reichinnek. From polling at just 3 per cent one month before the election, the party more than doubled its 2021 result, winning 9 per cent of the vote. Since the election, Die Linke has continued to gain in popularity, and at the time of writing, is polling just 2 per cent below the Social Democrats. 

In the US, the New York City mayoral election provided another blueprint for the shift towards a more “fringe” left politics: Zohran Mamdani’s win over the Democratic old guard demonstrated the potent electoral appeal of a “services for all” platform. 

The insurgent left is finally a player in the polarisation game. Regardless of whether one laments the deterioration of legacy parties and institutional politics, that must be a better outcome than the far right holding an unchallenged monopoly on protest politics.  

Economic justice first 

Something powerful and, crucially, replicable that these campaigns have in common is a focus on left economic populism. They refuse to centre “culture war” issues and instead have adopted an unrelenting focus on affordability, trying to awaken class consciousness. They have each outlined a clear narrative of deprivation where the victim/hero is embodied by the working people, characterising large corporations and the mega-wealthy as the enemy. They propose “radical” economic reforms to expand the welfare state and transfer wealth, including rent reductions, a higher minimum wage, free public transportation, and heavier taxes on the wealthy.  

This platform proves effective for a few simple reasons. First, affordability remains on average the number one thing on European voters’ minds. Second, people (at least in Western European democracies) more or less agree on what’s to blame: elite collusion and government mismanagement. This story is easier to tell from the left than from the right.  

According to research carried out by Mandate, the organisation I work for, in August 2025,1 left-wing economic populism has the potential to be a consensus platform.  

Figure 1.

The cost of living “crisis” has hardly followed the temporality of a typical short-term shock. It’s been around for a while. The cost of living overtook health as the public’s number one concern in Europe in the wake of the pandemic sometime in 2021. This was first picked up by the Winter 2021 Eurobarometer survey, where it was one of the top two concerns for 41 per cent of respondents. The “crisis” had already been listed as the top concern for the EU overall since the spring of that year.  

In 2025, the inability to afford basic necessities remained the most pressing concern for both men and women (though slightly more so for women), and across all age groups except those aged 75 or older 2. This was hardly a surprising result. We’d seen the cost of living top the most important issue tables in every country we surveyed for years; it did again in our most recent cross-country survey in March 2026. Nor were we surprised by voters’ growing pessimism about their country’s trajectory. The 2025 survey showed that half of all voters thought their country was moving in the wrong direction. In some cases, this number had increased substantially since we last asked this question three months earlier (by as much as 8 per cent in France).  

The hardship was palpable, and the resentment directed. When we asked respondents what was “most to blame for high inflation in recent years”, a majority in six out of eight countries pointed the finger at the political class and their mismanagement of the economy 3. 

Figure 2.

What the numbers tell 

When Europeans are asked to define a successful economy, their vision is strikingly left-wing. Far from the early 21st-century neoliberal consensus, their priorities suggest that the hallmarks of a flourishing society are in communal stability and the strength of the state.  

A significant 34 per cent of voters define success as an economy that can fund quality public services for all, while 33 per cent prioritise secure employment. These features of the European post-war social democratic movement are consistently prioritised over neoliberal totems; only 16 per cent of voters view global leadership in technology as an economic priority, and 14 per cent believe rewarding entrepreneurship is a top-tier goal.  

The data also suggests that the public does not instinctively view low migration as a good economic indicator, with only 18 per cent ranking it as a feature of a successful economy. This indicates that the far right isn’t as successful at linking high migration to high inflation. 

Figure 3.

Another clear finding from the survey concerns attitudes towards progressive taxation. Higher taxes on the wealthy are often resisted by free market logic, which states that, if faced with a wealth tax, billionaires will take their business elsewhere. Most Europeans don’t buy this theory. When asked which statement comes closest to their views, the majority of the public believes that higher taxes on the wealthy will give them exactly what they want – better-funded public services – rather than triggering capital flight.  

Figure 4.

We also evaluated the diverse narrative frameworks Western governments currently use to address the cost of living and housing crisis. Messaging ranged from far-right, anti-immigrant framing to technocratic and centrist positions (“We just need to build more homes!”), right capitalist small-state arguments, through to overtly left-populist framings.  

The overall winner, with a net approval of over 50 per cent in all countries, was the left economic populist message. This message frames the cost of living as a conflict between “working people” and “billionaires”. Its policy imperatives to cut grocery prices and bring down rents speak directly to real, material changes for working people and the instant transfer of wealth from property owners and large megacorporations to the working class. These policies mirror the Mamdani playbook, and are popular even when not delivered by the dimpled man himself. 

There’s room on the board for the Left to define a political enemy on their own terms. And there’s a clear candidate for the role: the uber-wealthy.  

A more traditional market-liberal message about investing in businesses and reducing barriers to trade is also highly competitive. While voters want systemic change, they are not necessarily “anti-business”. On the other end of the spectrum, centrist triangulation touting legacy politicians as the “grown-ups” in the room delivering systemic change receives far less universal support. As does linking green energy to long-term economic growth targets. Voters want to see real change in the price of their everyday lives, and they want to see it yesterday.  

Interestingly, not every statement that punches up towards “elites” cleans the board. In fact, explicitly populist messaging bookends the spectrum of best and worst performers. While the left-populist proposition that explicitly offers billionaires as the enemy of the working class is favoured by consensus, a similar statement message framed in far-right populist terms – where the “elite” conspiracy is to prioritise immigrants over native-born people – is the least universally popular message in all surveyed countries (except Romania, by 1 percentage point).  

When talking about the cost of living, immigrants aren’t an effective scapegoat. While voters care about immigration deeply – it’s their second most important issue on average (see Figure 1) – they aren’t forming a knee-jerk association between high immigration and the cost of living despite elite messaging. This remains true even when messaging frames immigration as aligned with elite interests. Voters simply aren’t buying that there’s a link between immigration and inflation. There’s room on the board for the Left to define a political enemy on their own terms. And there’s a clear candidate for the role: the uber-wealthy.  

The opening for an insurgent Left 

Figure 5.

The data further suggests that the economy is unclaimed territory in the current party landscape. We asked voters to pick, from a list of issues, what they think the main “progressive” party and far right party in their country “cares about” the most. The coordination and message discipline of the far right, and the disorganisation of the institutional left, are laid bare in the results. While the far right has a clear and dominant issue profile – they care about immigration above all, but are also the party of security and crime reduction – progressives are floundering. The most chosen response is either that the respondent doesn’t know what the progressive party in their country stands for, or that they stand for “none” of the salient issues. “Social security” and the “cost of living”, once the bread and butter of the social-democratic movement, come in a weak third and fourth. 

Figure 6.

According to respondents, high inflation is primarily a consequence of political incapacity, where leaders want to help but are unable to, and political indifference, where they possess the means to act but choose not to. In each country, we see that politicians suffer from a perception of indifference rather than impotence on the cost of living.  

A belief that parties are trying but failing to make things more affordable is tricky to overcome, but not terminal: they can blame technical limitations or pass the buck to the private sector. But indifference is a death sentence. When voters believe you have the ability to help them but are choosing not to, frustration turns to anger, and, as we have seen in the recent waves of anti-incumbency, they take their vote elsewhere.  

In this climate, credibility on the cost of living would have to come from outside the system. And the ultimate outsiders – the far right – are also stumbling in this important issue space. There is a huge hole in the issue space begging to be filled, and a clear mandate from voters as to what they want to see fill the gap.   

Facing the far right 

The era of radical-right dominance over anti-establishment sentiment may be reaching a structural limit. Cost of living remains a persistent priority for the European electorate. And, while legacy parties are paralysed by a perception of institutional indifference and the far right remains laser-focused on immigration, a significant opening has emerged for an insurgent left.  

Voters are clear on the type of economy they desire. They want quality public services and secure employment prioritised. They’re seeking bold messaging framing redistribution as a necessary transfer of wealth to fund the social contract. They’re rejecting centrist rhetoric that serves as a veil for inaction, and aren’t willing to lay the blame at the feet of migrants.  

There is a rare opportunity here to (re)define and (re)own an issue that actually matters to voters. Left economic populism does appear to be a consensus platform, allowing challenger left and green parties to grow their base. Here may be an opportunity to challenge the far right’s grip on voter frustration, and channel anti-institutional sentiment leftwards.  

  1. In the following countries: France, Germany, Italy, Poland, Romania, Spain, Sweden, UK.  ↩︎
  2. Where concerns were divided between the cost of living, immigration, and healthcare. ↩︎
  3. The exceptions are Germany and Sweden, who still laid a lot of the blame on the Ukraine war. ↩︎

Spain’s Energy Lesson: Independence Through Renewables 

The temporary closure of the Strait of Hormuz, triggered by the US-Israeli war on Iran, has once again exposed Europe’s dangerous dependence on imported fossil fuels. As geopolitical shockwaves ripple through transport, industry, and household budgets, Spain is better positioned to face this challenge. A decade of sustained investment in renewables has made it a blueprint for coordinated European action towards energy independence.  

The war in Iran and the temporary closure of the Strait of Hormuz – through which one-fifth of the world’s oil and LNG flowed – have once again placed energy at the heart of the global political economy over the past month. The recent ceasefire agreement offers some relief, but it does not eliminate the current geostrategic risks. 

As with Russia’s invasion of Ukraine, geopolitical instability has quickly spilt over into international oil and gas markets, driving up fossil fuel prices. This surge in fossil fuel prices has been feeding through the economy via multiple channels. It raises transportation and industrial costs, while also pushing up electricity prices, as gas continues to act as the marginal price-setting technology in many countries. The result is rising energy inflation that – if the conflict persists after the recent ceasefire – will spread throughout the entire price structure of economies. 

 The EU has been reminded of this vulnerability in stark terms. In just the first month of the conflict, its fossil fuel import bill rose by more than 7 billion euros.

Exposed EU 

The European Union is particularly exposed. Highly dependent on imports – it sources more than 90 per cent of its natural gas and nearly all of its oil from abroad – the EU has been reminded of this vulnerability in stark terms. In just the first month of the conflict, its fossil fuel import bill rose by more than 7 billion euros. Yet the impact has not been uniform. Differences in energy mixes, domestic generation capacity, and levels of electrification are producing markedly divergent outcomes across countries. 

In economies such as Italy, Germany, and the Netherlands, where natural gas remains central to both electricity generation and final consumption, higher gas prices translate directly into elevated energy costs and stronger inflationary pressures. 

By contrast, countries with more diversified and electrified energy systems are proving more resilient. Among the eurozone’s largest economies, Spain stands out. Its rapid expansion of renewable energy is reducing its exposure to fossil fuel volatility. 

The Spanish exception 

Over the past decade, Spain has invested heavily in wind power and, above all, solar photovoltaics, significantly increasing their share in the electricity mix. This accelerated energy transition (Figure 1) means that, by 2025, 56 per cent of Spain’s electricity generation came from renewable sources – 22 percentage points more than in 2019. 

Figure 1. Spanish energy mix (electricity produced, 2019-2025).  
Source: Red Eléctrica (2025) 

At a time of turbulence in fossil fuel markets, countries most reliant on gas for electricity generation are also the most vulnerable to price spikes. Indeed, the sharp rise in gas prices across Europe has driven up the cost of electricity produced from gas by over 50 per cent since the outbreak of the conflict. Spain, however, has largely broken this link between gas and electricity prices. The expansion of renewable energies has reduced the impact of costly fossil-fuel power generation on electricity prices by 75 per cent since 2019. 

The payoff is clear. Throughout 2025, Spain’s electricity prices have been 33 per cent lower than in Germany, the UK, and the Netherlands, and 50 per cent lower than in Italy. While Spain is not immune to geopolitical shocks, its energy system has proven significantly more resilient since the onset of the war in Iran. In March, wholesale electricity prices averaged 52 euros per MWh – roughly half the level seen in Germany and the UK, and just one-third of Italy’s (Figure 2). Among Europe’s major economies, only France, with its nuclear-based system, has posted similar figures. 

Figure 2. European wholesale electricity, €/MWh (average for the past seven days)  
Source: Market data 

Beyond resilience, the energy transition is also creating new industrial opportunities. Electricity prices for Spanish industry are now 20 per cent below the EU average, whereas during the previous expansion (2014–2019) they were 25 per cent above it. This reversal positions renewables as a powerful driver of reindustrialisation, capital attraction, and international competitiveness. 

These gains could be amplified further if the European Union reformed its marginal pricing system, preventing the most expensive technology from systematically setting prices for all others. Such a reform would accelerate the decline in energy costs. A precedent already exists: during the 2022 energy crisis, Spain implemented the so-called “Iberian exception,” which reduced wholesale electricity prices in the Iberian market to levels up to three times lower than elsewhere in Europe. As economist Natalia Fabra has argued, this should now be seen not as a national advantage, but as a blueprint for coordinated European action. Spain is pointing the way, but others can follow. 

 Spain, […] reduced the impact of costly fossil-fuel power generation on electricity prices by 75 per cent since 2019. Throughout 2025, electricity prices have been 33 per cent lower than in Germany, the UK, and the Netherlands, and 50 per cent lower than in Italy.

A new era 

That said, Spain’s energy transition is not without its shortcomings. Not everything shines under the sun. Investment in grid infrastructure – essential for integrating high shares of renewables – has lagged behind. Between 2019 and 2024, Spain recorded the lowest grid spending in Europe, allocating just 0.30 euros to grids for every euro invested in renewables, compared to a European average of 0.70 euros. Addressing this gap will be critical if Spain is to sustain its progress without jeopardising supply security. 

More broadly, a new era in the geopolitics of energy is clearly emerging. The succession of crises – Ukraine in 2022, Iran in 2026 – has exposed the structural fragility of fossil fuel-dependent economies. Far from ensuring energy security, oil and gas leave importing countries vulnerable to price volatility, supply disruptions, and unpredictable risks. 

Renewable energy, by contrast, offers a strategic advantage. It acts as a buffer against external shocks while strengthening economic sovereignty. In this new paradigm, energy security is no longer defined by reliable access to imported fuels, but by the ability to generate clean electricity domestically. As the Ember think tank has shown, scaling up renewables, electric vehicles, and heat pumps could reduce fossil fuel imports by up to 70 per cent. Decreasing exposure to the instability of distant fossil fuel supply chains is therefore essential – not only for energy policy, but for broader monetary, macroeconomic, and social stability.

Europas Entscheidungen können das Klima retten oder zerstören

Ein zunehmender Anteil der Emissionen wird außerhalb Europas entstehen. Während die EU derzeit darauf fokussiert ist, sich selbst zu dekarbonisieren, sollten ihre Ressourcen auch global eingesetzt werden. Vom dringenden Anpassungsbedarf bis hin zu einer Gegenreaktion auf den europäischen Green Deal ist das eigene Haus nicht vollständig in Ordnung. François Gemenne spricht darüber, wie die EU und ihre Grünen Parteien extern und intern einen Strategiewechsel vornehmen können.

Green European Journal: Wie werden die Auswirkungen der Klimakrise Europa in den kommenden Jahrzehnten verändern?

François Gemenne: Das hängt in erster Linie von den Entscheidungen ab, die gerade jetzt in Kairo, Jakarta, Lagos, Mexico City und Delhi getroffen werden. Mindestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts wird die Klimazukunft Europas nicht von dem abhängen, was Europa tut, sondern von dem Entwicklungsweg, den die Länder des globalen Südens einschlagen. Das Problem ist, dass Europa heute zu sehr auf sich selbst fokussiert ist und nicht ausreichend auf die Entscheidungen, die in Kairo und Jakarta getroffen werden. Europäische Länder haben natürlich absolut kein Recht oder keine Legitimität, diesen Ländern zu sagen, wie sie sich entwickeln sollten. Wir können keinem Land sagen, es soll seine fossilen Brennstoffe im Boden lassen. Aber wir müssen viel enger mit ihnen zusammenarbeiten als wir es derzeit tun. Europas Priorität muss es sein, Investitionen in ihre Energieübergänge zu fördern und den Zugang zu kohlenstoffarmen Technologien weltweit zu erhöhen. Wenn wir das nicht tun, werden sie fossile Ressourcen anzapfen, und damit ihre Entwicklung vorantreiben.

Es bringt nichts, wenn Europa zu einer dekarbonisierten Insel in einem Meer von Kohlenstoff wird.

Also muss Europa über einen globalen grünen Übergang nachdenken, anstatt sich als der „erste klimaneutrale Kontinent der Welt“ zu rühmen, wie die EU-Kommission es getan hat?

Europa denkt, es wird im Klimawandel mit gutem Beispiel vorangehen, und alle anderen Länder der Welt werden folgen. Doch so funktioniert das nicht, insbesondere im aktuellen geopolitischen Kontext, in dem das europäische Modell nicht positiv gesehen wird. Viele Staaten – ich denke zum Beispiel an einige afrikanische Regierungen – betrachten erneuerbare Energien als Mittel für Europa, die Dominanz über die Länder des globalen Südens zu bekommen. Sehr oft denken Europa und andere industrialisierte Länder, dass sie ihren Beitrag leisten sollten, und dass dieser Beitrag auf den Anteil an Treibhausgasemissionen begrenzt ist, den sie repräsentieren. Das ist ein Ansatz der niemals funktionieren wird. Bis 2030 wird Europa etwa 12 Prozent der Emissionen ausmachen. Bis 2050 werden es weniger als fünf Prozent sein. Es bringt nichts, wenn Europa zu einer dekarbonisierten Insel in einem Meer von Kohlenstoff wird. Wenn Europa nicht aufpasst, wird genau das passieren.

Es geht also nicht in erster Linie um Altruismus, sondern um das Interesse Europas, den Kampf gegen den Klimawandel voranzubringen. Welche Hebel stehen Europa dazu zur Verfügung?

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Damit Entwicklungsländer einen anderen Entwicklungsweg einschlagen können, müssen wir ihnen einige Alternativen anbieten. Im Moment bleiben die Investitionen in kohlenstoffarme Energie im globalen Süden dramatisch niedrig. Europa sollte sich verpflichten, mit Ländern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um diese Investitionen zu erhöhen. Europa hat genügend Geld, Investoren, große Banken und Technologien: es hat die entsprechenden Hebel zur Verfügung. Das Problem ist, dass Europa darauf fokussiert ist, Klimatechnologien für sich selbst zu entwickeln. Das gleiche gilt für die der Kernenergie und die künstliche Intelligenz. Es reicht nicht aus, die europäischen Energiesysteme zu verbessern. Es ist entscheidend, diese Technologien weltweit verfügbar zu machen.

Inwieweit scharen sich Länder und globale Führungspersönlichkeiten um Klimafragen?

Die bloße Existenz der COP (der jährlichen globalen Klimakonferenz der Vereinten Nationen) und des Pariser Abkommens zeugt davon dass Länder auf der ganzen Welt sich um ein globales Problem scharen, das einer kollektiver Lösungen bedarf. Alle Länder haben sich darauf geeinigt, etwas zu unternehmen, und sind eine formelle Verpflichtung dazu eingegangen, auch wenn sich das, was folgte, als unzureichend erwiesen hat. Unklar ist, wie sich die aktuellen geopolitischen Spaltungen auf die Klimaverhandlungen auswirken werden. Zur Zeit des Pariser Abkommens im Jahr 2015 war die globale Gemeinschaft weit weniger gespalten als heute. Ich bezweifle, dass das Pariser Abkommen heute erfolgreich ausgehandelt werden könnte. Man kann sich darüber beschweren, dass die COPs zu schwerfällig und kostspielig sind oder dass sie zu viel Kohlendioxid ausstoßen und dass sie in Dubai, umgeben von Lobbyisten, abgehalten werden. Aber dieses Treffen bleibt ein kleines Wunder.

Wenn Europa seine Klimadiplomatie entwickeln will, sollte es mehr politische Energie in die COPs investieren oder sich auf andere kleinere Initiativen konzentrieren?

Bilaterale oder kleinere multilaterale Initiativen stehen nicht im Widerspruch zu den COPs. Allianzen zwischen Ländern, aber auch Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen sind die effizientesten Wege, wie COPs vorankommen können. COPs sollten nicht nur anhand der Einigungen bewertet werden, die von Regierungen erzielt werden, sondern auch nach den anderen Initiativen, die gedeihen können. Hier kann Europa ein Beispiel setzen. Wenn die Europäische Union mit der Einführung des Euro bis zur Einstimmigkeit gewartet hätte, würden wir immer noch mit belgischen Franken bezahlen. Stattdessen war es eine kleinere Koalition von Ländern, die den Weg für den Euro ebnete, während andere schrittweise dazugekommen sind. Wir müssen den Pionieren erlauben, vorzupreschen, statt auf die Nachzügler zu warten.

Europa wird nicht vor den klimatischen Auswirkungen verschont bleiben, und es wird immer klarer, dass es äußerst unvorbereitet ist.

Zurück zu den Auswirkungen des Klimas: Wie werden sie Europa ändern?

Extreme Wetterereignisse wie plötzliche Überschwemmungen, Dürreperioden und Hitzewellen werden an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Das Klima wird sich insgesamt stark wandeln. Brüssel wird heute das Klima von Lyon haben, während Lyon das Klima von Tunis oder Rabat haben wird. Stockholm wird ein Klima haben, das mit dem von Brüssel heute vergleichbar ist. Was wir sehen werden, ist eine Verschiebung nach Norden, die auch Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben wird. Diese Verschiebungen erfordern umfassende Antworten, und zwar, von einer Neudefinition der gemeinsamen Agrarpolitik der EU bis hin zu neuen Maßnahmen zum Schutz der Arbeitsbedingungen und zur Aufrechterhaltung der Produktivität sowie zum Schutz vor neuen Risiken für die Infrastruktur.

Was muss Europa tun, um sich an das sich verändernde Klima anzupassen?

Lange Zeit dachte Europa, es sei immun gegen die Folgen des Klimawandels. Es fühlte sich gewissermaßen unverwundbar und war der Meinung, dass die Anpassung in der Verantwortung der Länder des globalen Südens liegt, während die Aufgabe Europas darin besteht, die Treibhausgasemissionen zu mindern. Heute wissen wir es besser.

Europa wird nicht vor den klimatischen Auswirkungen verschont bleiben, und es wird immer klarer, dass es äußerst unvorbereitet ist: Überschwemmungen in Belgien und Deutschland im Jahr 2021, Brände und Dürre in Frankreich im Jahr 2022, Brände und Überschwemmungen in Griechenland in diesem Jahr. Wir haben gesehen, wie extreme Wetterereignisse schnell außer Kontrolle geraten können und wie Grundausstattung und Schulungen fehlen.

Die Anpassung des europäischen Kontinents betrifft aber nicht nur klimatische Extreme. Wir müssen in die Infrastruktur gegen den Anstieg des Meeresspiegels investieren, mit Landwirten zusammenarbeiten, um landwirtschaftliche Prozesse zu transformieren, und die Industrien bei der Umstellung und der Absicherung Ihrer Lieferketten unterstützen. In Bezug auf die Anpassung muss Europa auch erkennen, dass es viele Lektionen vom globalen Süden zu lernen gibt, der über einige dieser Probleme schon viel länger nachdenkt.

Vier Jahre nach dem Europäischen Green Deal, wie würden Sie ihn insgesamt bewerten?

Es gab Rückschläge, aber insgesamt war er ehrgeizig und relativ erfolgreich. Der Green Deal bietet die Chance, ein neues Modell für die europäische Wirtschaft zu entwickeln. Heute sieht sich der Green Deal jedoch einer populistischen Gegenreaktion gegenüber, die die europäischen Institutionen viel ernster nehmen sollten. Viele Menschen, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, betrachten den Green Deal als Beschränkung und nicht als Chance.

Wenn die EU darauf aus ist, den Green Deal in den Antrieb für ein neues Wirtschaftsmodell umzuwandeln, muss sie effektiver kommunizieren, damit die Menschen etwas anderes als Bürokratie und Vorschriften sehen. Natürlich sind einige der Mängel des Green Deal das Ergebnis politischer Kompromisse und Verhandlungen. Doch in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit muss ein erheblicher Aufwand betrieben werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der reale Rückschlag gegen Umweltpolitik den Green Deal gefährdet und das gesamte Gebäude zusammenbricht.

Die Grünen haben mit dieser Ablehnung der Umweltpolitik zu kämpfen. Warum sind sie besonders anfällig?

Die Grünen wurden auf der Grundlage eines Konsens und einer Diagnose gegründet: Die Umweltlage war schlecht, und es musste etwas unternommen werden. Aber wenn es darum geht, was unternommen werden muss, und insbesondere um die Verknüpfung von Umweltpolitik mit sozialer und wirtschaftlicher Politik, fehlt es den Grünen an Konsens. Es gibt ein Paradoxon, dass man von den Grünen erwarten würde, dass sie besser abschneiden, wenn die Situation schlechter aussieht. Aber die Realität ist genau das Gegenteil, weil viele ihrer bevorzugten Lösungen als von oben auferlegt und unzureichend mit wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen verknüpft angesehen werden.

Muss der Klimaschutz für die Menschen sichtbar gemacht werden, mit bedeutenden Investitionen in den öffentlichen Verkehr und in die Infrastruktur erneuerbarer Energien.

Hinzu kommt, dass dort, wo die Grünen in der Regierung waren, sie nicht viel erreicht haben. In Belgien besetzen die Grünen die Ministerien für Verkehr, Energie und Umwelt. Als belgischer Bürger habe ich, abgesehen von einigen interessanten Initiativen auf lokaler Ebene, nicht viel Wandel gesehen. In Deutschland hat Robert Habeck ein riesiges Ministerium eingerichtet, das das Wirtschaftsministerium und das Klimaministerium zusammenbrachte. Was wir gesehen haben, sind neue Kohlebergwerke und andere politische Maßnahmen, die die Wählerschaft vor Herausforderungen stellen. Wir haben es letztendlich mit Klimaaktivisten zu tun, die Kampagnen fahren gegen eine Regierung, in der die Grünen eine wichtige Rolle spielen.

Wenn der grüne Übergang als Zumutung wahrgenommen wird und dadurch gefährdet ist, wie kann er dann wünschenswerter gemacht werden?

Um die Menschen von der Notwendigkeit des Klimaschutzes zu überzeugen, haben wir uns bisher stark darauf konzentriert, was passieren würde, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Wir haben uns auf katastrophale Visionen davon konzentriert, wie Europa aussehen würde. Das Problem ist, die Menschen wissen sehr gut, dass es eine lange zeitliche Lücke zwischen den Emissionen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort und den Auswirkungen zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort gibt. Die Menschen wissen, dass die Auswirkungen in Europa von vergangenen Emissionen abhängen und von
Emissionen in China und den USA genauso wie von dem, was Europa heute tun kann. Es ist also falsch, zu versuchen, die Menschen zum Handeln zu bringen, indem man betont, was schiefgehen kann.

Ich denke, dass der Weg, Menschen zum Handeln aufzufordern darin besteht, ihnen zu zeigen, warum es in ihrem besten Interesse ist. Dafür muss der Klimaschutz für die Menschen sichtbar gemacht werden, mit bedeutenden Investitionen in den öffentlichen Verkehr und in die Infrastruktur erneuerbarer Energien, um die Energiekosten zu senken.

Müssen wir uns von US-Präsident Bidens Inflationsbekämpfungsgesetz inspirieren lassen?

Das Interessante an Bidens Plan ist, dass er deshalb erfolgreich ist, weil er gerade nicht als Klimaschutzplan, sondern als Inflationsbekämpfungsgesetz bezeichnet wird. Viele Menschen betrachten Klimaschutz als etwas, das sie nicht wollen, aber jeder macht sich Sorgen über die Inflation. Wenn die Menschen sehen, dass der Inflation Reduction Act neue Arbeitsplätze für die amerikanische Wirtschaft schafft und neue Infrastrukturen aufbaut, dann kann Biden sagen: „Sehen Sie doch, wie der Klimaschutz in Ihrem Interesse ist“. Tragischerweise musste Europa auf den Krieg in der Ukraine warten, um die Bedeutung einer europäischen Vision für die Energiepolitik zu erkennen.

Klimamaßnahmen werden viel öffentliche Mittel kosten, und es gibt bereits zahlreiche Forderungen an die Staatsausgaben. Wie sollten wir den grünen Übergang finanzieren?

Wir sollten mehr tun, um privates Geld zu mobilisieren. Die Europäer haben viel Erspartes auf der Bank. In Frankreich liegt die Gesamthöhe der Sparguthaben der privaten Haushalte zwischen 4.000 und 6.000 Milliarden Euro. Das ist enorm – das entspricht etwa fünf Prozent des globalen BIP, wenn man nur das Sparguthaben der Franzosen sieht. Wenn die EU-Kommission Anleihen oder bedeutende Investitionsmöglichkeiten anbieten würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Europäer bereit wären, sich zu beteiligen und ihr Geld sinnvoll zu investieren.

Umweltbewegungen haben sich seit langem gegen Megaprojekte und die mit großen Infrastrukturprojekten einhergehenden Umweltschäden ausgesprochen. Brauchen wir jetzt einen Umweltaktivismus, der etwas aufbaut?

Auf Französisch sagen wir, man kann nicht „le beurre et l’argent du beurre “haben. Das entspricht dem deutschen Sprichwort: „Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen.” Wir müssen akzeptieren, dass Klimaschutz massive Infrastrukturprojekte erfordern wird und es manchmal einen Ausgleich zwischen Klimapolitik und Biodiversitätspolitik geben muss. Für die Grünen bedeutet das nicht nur zu sagen, dass wir Flugzeuge am Boden halten oder Autos abschaffen müssen. Das grüne Denken muss aufhören, sich auf die Welt zu konzentrieren, die sie nicht wollen, und zeigen, wie die Welt aussieht, die wir wollen.

Was halten Sie von einer Klimapolitik, die sich auf den überproportionalen Kohlenstoffverbrauch wohlhabender Menschen konzentriert, wie z.B. das Verbot von Privatjets oder Einschränkungen für SUV-Fahrer?

Diese Maßnahmen geben Aktivisten ein gutes Gefühl, weil sie die Vorstellung stärken, dass sie für eine gute Sache kämpfen. Der Effekt für die meisten Menschen ist, dass sich die Vorstellung erhärtet, Klimaschutz bedeute Einschränkungen und Verbote. Wenn die Menschen hören, dass Klimaaktivisten Jets, Autos oder sogar Golf verbannen wollen, denken sie: „Was kommt als Nächstes? Bin ich der Nächste? Ist Fleisch das Nächste?” All diese Slogans schaffen Angst und führen zu verlorenen Stimmen und weniger Unterstützung in öffentlichen Debatten. Es geht nicht darum, die Menschen von den Vorteilen des Übergangs zu überzeugen.

Wir müssen mehr darüber nachdenken, wie wir Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten erreichen können.

Ich denke nicht, dass wir Privatjets für Geschäftsreisende verbannen sollten. Wir sollten Hochgeschwindigkeitszüge attraktiver machen. Die Grünen lieben Nachtzüge. Aber ich geschäftlich viel unterwegs, und ich werde nicht mit Nachtzügen fahren, und die meisten Geschäftsreisenden auch nicht. Ich habe Kinder zu Hause und arbeite bereits viel, also werde ich nicht eine Nacht unterwegs verbringen, wenn es eine einfachere Option gibt. Von Paris nach Berlin mit dem Nachtzug ist nichts für Geschäftsreisende, sondern für junge Leute. Von Paris nach Berlin in sechs Stunden mit dem Hochgeschwindigkeitszug und Hochgeschwindigkeitsinternet – das wird bei Geschäftsreisenden punkten.

Wir müssen verschiedene Gruppen berücksichtigen, wenn wir über die Politik der Bahn nachdenken, und das Gleiche gilt für alle anderen Maßnahmen. Manchmal scheint es, als seien die Grünen zu eifrig dabei, ihre Stammwählerschaft zu erfreuen. Wir müssen mehr darüber nachdenken, wie wir Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten erreichen können.

Wenn Sie denken, dass man durch Reichen-Bashing die Arbeiterklasse anzieht, dann ist das nicht richtig. Die meisten Menschen wollen gut leben. Sie möchten reich sein. Durch Angriffe auf die Reichen spricht man vor allem die obere Mittelschicht an – die Menschen, die bereits genug Geld haben und wissen, dass sie wahrscheinlich nie viel mehr verdienen werden.

Wie hat der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise die Klimafrage in Europa verändert?

Der Krieg in der Ukraine bot eine Möglichkeit, diejenigen, die sich um das Ende der Welt sorgen, mit denen zu versöhnen, die sich um das Ende des Monats sorgen. Plötzlich existierte das Dilemma zwischen Klimaschutz und Erschwinglichkeit nicht mehr. Das Dilemma wurde nicht gelöst. Es wurde einfach beseitigt.

In vielerlei Hinsicht ist es am einfachsten, die Menschen von den grundlegenden Vorteilen des Klimaschutzes zu überzeugen, wenn man das ganze aus einer anderen Perspektive betrachtet. Mit einer größeren Kapazität an erneuerbaren Energien wäre Europa nie in die Krisensituation geraten, in der wir uns im Jahr nach der Eskalation des Krieges in der Ukraine befanden. Viele Menschen, die soziologisch nicht so nahe bei den Grünen stehen oder die sich einfach nicht so sehr um die Umwelt kümmern, erkennen das ebenfalls. Die gleiche Logik könnte auch international der Ausgangspunkt sein. Europa muss seine grüne Diplomatie entwickeln, und ich denke, dass hier noch sehr viel Potenzial steckt.

Was sollte nach 2024 im Zentrum des Europäischen Green Deal stehen?

In erster Linie öffentliche Investitionen. Bislang ging es beim Green Deal hauptsächlich um Regulierung. Erst durch Investitionen in den öffentlichen Dienst, Transport und Infrastruktur werden die Menschen feststellen,
dass Klimaschutz in ihrem besten Interesse ist. Wir müssen sicherstellen, dass Klimaschutz mehr bietet als Einschränkungen, Steuern und Kürzungen.

Zweitens muss Europa den Green Deal für die Menschen sichtbar machen. Menschen in ganz Europa müssen wissen, was der Green Deal für sie tut. Sie müssen wissen, dass der neue Bahnhof durch den Green Deal finanziert wird.

Öffentliche Investitionen, die europaweit richtig kommuniziert werden, können die Menschen davon überzeugen, dass der Green Deal auch für sie relevant ist.

Ewige Migranten? Die Zugehörigkeit der Roma zu Europa

Trotz ihrer langen Geschichte in Europa und ihres Status als größte ethnische Minderheit werden Roma weiterhin als „ewige Fremde“ wahrgenommen und haben Gewalt, Marginalisierung und Ausschluss erlitten. Ein echtes Zugehörigkeitsgefühl für die Roma in Europa kann nur auf der Anerkennung der bestehenden Machtverhältnisse basieren.

Obwohl die Roma seit mindestens dem 11. Jahrhundert1 in Europa sind, werden sie oft als ewige Migranten oder „Fremde“ angesehen, wie der deutsche Soziologe Georg Simmel es beschreibt.2 Sie leben neben uns, doch wir kennen sie nicht wirklich; sie sind gleichzeitig nah und fern. Und was wir zu wissen glauben – aus Medienberichten und flüchtigen Begegnungen – sind oft nicht mehr als Stereotype und Vorurteile.

In seinem Artikel aus dem Jahr 2012 „Europa erfindet die Zigeuner: Eine Geschichte von Faszination und Verachtung“ argumentiert der Literaturwissenschaftler Klaus-Michael Bogdal, dass, da die Roma ihre eigene Geschichte nicht niederschreiben konnten und sie vielmehr von anderen geschrieben wurde – deren Wahrnehmungen die Erzählung stark prägten. Er ist der Meinung, dass die Roma eine moderne, europäische Erfindung sind und das Bild, das sie repräsentiert, verzerrt ist. In seinem Buch „Roma in Europe“ von 2007 stellt der Soziologe und Roma-Experte Jean-Pierre Liégeois fest, dass die Einstellungen gegenüber den Roma durch ein Maß an „romantischer Sympathie“ definiert werden können, aber die negativsten Stereotype wiederbelebt werden, sobald soziale Spannungen auftreten. Verbreitete Überzeugungen über Roma-Gemeinschaften können ebenso verzerrt sein. Die Ansicht, dass die Roma einen nomadischen oder halbnomadischen Lebensstil führen, ist oft unbegründet, da viele Roma inzwischen tatsächlich sesshaft sind, während die Behauptungen, die Roma-Kultur mit einer allgemeinen Missachtung von Regeln zu verknüpfen, der Tatsache widersprechen, dass das Leben der Roma durch komplexe soziale Verhaltensnormen geregelt wird.

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Anderes und Subversion

Um das Fehlen der Zugehörigkeit der Roma zu den nicht-Roma-Gesellschaften, mit denen sie leben, zu erklären, identifiziert der rumänische Kultur Anthropologe Vintilă Mihăilescu drei Elemente der „Roma-Bedingung”. Das erste ist die Beziehung der Roma zum Land. Mihăilescu stellt fest, dass es keine Beispiele für signifikante Zahlen von Roma gibt, die Bauern oder Landwirte geworden sind, bei welchen ihre Wurzeln und Ressourcen vom Land abhängen würden. Dies führte dazu, dass die Roma von den Anwohnern als „absolutes Anderes“wahrgenommen wurden. Mihăilescu stellt in den Raum, dass die Mobilität der Roma tatsächlich durch die Suche nach Existenzgrundlagen getrieben wurde. Darüber hinaus verweist er auf die Zeit der Versklavung der Roma auf dem Gebiet des heutigen Rumänien (nachfolgend detaillierter erörtert), als die meisten Roma ein sesshaftes Leben führten, und postuliert, dass der Nomadismus von den „Gastgesellschaften“ erfunden wurde und als ausdrücklicher oder stillschweigender Betreiber sozialer Kategorisierung und Stigmatisierung fungierte.

Das nächste Element der „Roma-Bedingung“ ist ihre Beziehung zum Raum. Der Raum im allgemeinen und das Land im Besonderen bieten den Roma kein Gefühl von Identifikation oder Zugehörigkeit. Da sie sich nicht einem „Kult des Territoriums“ unterwerfen, haben die Roma keine Skrupel, die Interessen anderer an deren Eigentum zu verletzen, und sind deshalb bereit, sich auf jedem verfügbaren Land niederzulassen. Da ihnen Land entzogen wurde und sie kein Interesse daran haben, beziehen sich die Roma auf eine andere Kategorie von Ressourcen – nämlich auf ihr eigenes Handwerk, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten. Mihăilescu merkt an, dass dies die Roma oft zu einem integralen Bestandteil ihrer „Gastgesellschaften“ und ihrer wirtschaftlichen Funktionsweise machte – was bedeutet, dass die soziale Inklusion der Roma viel tiefer war, als allgemein angenommen wird.

Das dritte Element der „Roma-Bedingung“ ist ihre Beziehung zu Eigentum. Abgesehen von seltenen Ausnahmen neigten die Roma nicht dazu, signifikanten Besitz anzuhäufen; ihre wertvollsten Besitztümer wurden normalerweise mit dem Wagen transportiert. Daher war ihre wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend auf das Überleben ausgerichtet, nicht auf Wachstum. Dies führte zur Vorstellung von den Roma als einer „Wirtschaft des Abfalls”, was erheblich zur Reproduktion ihres marginalen Status beitrug.

Die Abschaffung der Sklaverei das wichtigste gesellschaftliche Ereignis in der modernen Geschichte Rumäniens war.

Interessanterweise ist Mihăilescu der Auffassung, dass diese drei Elemente – ein Mangel an Bindung an einen Ort, ein Mangel an Eigentum und die Ausübung einer Dienstleistungswirtschaft, die auf einer peripatetischen Basis je nach Verfügbarkeit von Chancen angeboten wird – eine Art Umkehr-Ritual erleichtern, das durch die Darstellung eines Spiegelbildes der nicht-Roma-Gesellschaft die explizite Dominanz der Gastgesellschaften auf den Kopf stellt und die Subversion des Status quo erlaubt.

Sklaverei, Emanzipation und Migration nach Westen

Laut dem Experten für Minderheiten und marginalisierte Gemeinschaften Aidan McGarry3 wird bei der Konstruktion von Mainstream-Identität in der Regel eine Außenseiter-Person – eine Person, die nicht dazugehört – als Gegenstück bestimmt. Ein sozialer Raum wird konstruiert, und diejenigen, die als nicht zugehörig angesehen werden, werden sowohl physisch als auch konzeptionell aus ihm ausgeschlossen. In Europa werden Roma sowohl physisch als auch konzeptionell außerhalb des Raums platziert, der den Nicht-Roma gehört, und als Bedrohung für die Europäer interpretiert.

Das eklatanteste Beispiel für einen Ausschluss ist die Versklavung der Roma auf dem Gebiet des heutigen Rumänien von mindestens 1385 bis 1856. Dies stellte die Roma nicht nur außerhalb der Gesellschaft; es schloss sie aus der Kategorie des Menschlichen aus. Sklaven waren wie Dinge: sie konnten gekauft und verkauft, geschenkt, vererbt, mit einer Mitgift versehen und anstelle von Schulden gegeben werden. Ähnlich wie in den USA boten die beiden rumänischen Fürstentümer nach der Abschaffung der Roma-Sklaverei in 1855-1856 den Eigentümern Entschädigungen für die erlittenen wirtschaftlichen Verluste, jedoch nicht den Sklaven selbst.

Der Romahistoriker Petre Petcuț4 erklärt, dass die Abschaffung der Sklaverei das wichtigste gesellschaftliche Ereignis in der modernen Geschichte Rumäniens war. Es löste zwei langanhaltende Phänomene aus: staatliche Versuche, diese neuen Bürger zu integrieren/zu assimilieren – die noch immer nicht abgeschlossen sind – und dramatische Ungleichheit zwischen den Emanzipierten und dem Rest der Bevölkerung. Die oberflächliche Politik der Abolitionisten, die angeblich darauf abzielten, ehemalige Sklaven in die Gesellschaft zu integrieren, schufen stattdessen eine eigene Bürgergruppe. Viele Menschen wurden einfach auf die Straße geworfen und gezwungen, zu Landstreichern zu werden, Bevölkerungen wurden vertrieben und ganze Gruppen wurden staatenlos.

Ehemalige Sklaven wurden vom Landbesitz ausgeschlossen, was es ihnen erschwerte, sich dauerhaft niederzulassen und einen Platz in der rumänischen Gesellschaft zu finden. Petcuț nennt das Beispiel eines emanzipierten 4 Petre Petcuţ (2015). Rromii: Sclavie şi libertate: Construirea şi emanciparea unei noi categorii etnice şi sociale la nord de Dunăre. București: Centrul Naţional de Cultură a Romilor, p. 10. 5 Petre Petcuț (2022). “Regimul administrativ al nomazilor în România și în Franța. 1856-1938”, in Adrian-Nicolae Furtună (ed.). Culegere de Studii Rome. București: Editura Centrului de Cultură a Romilor, pp. 166-209. Schmieds, der der einzige Einwohner eines Dorfes war, dem kein Land zugewiesen wurde. Infolgedessen war er nicht in der Lage, das Einkommen seiner Familie durch Landwirtschaft zu ergänzen; höchstens konnten er und seine Familie als Tagelöhner arbeiten. Die Nachkommen dieser Familie, die ebenfalls landlos waren, waren gezwungen, im Familienberuf zu bleiben. Durch diese Art von Politik bleiben die Roma in einer Art sozialer Peripherie am Rande der rumänischen ländlichen Gesellschaft.

Ein weiteres wichtiges Phänomen, das durch die Emanzipation der Roma ausgelöst wurde, war eine Migrationswelle von hauptsächlich nomadischen Roma nach Westeuropa. Aufgrund mangelnder Kenntnisse von Roma-Kultur und -Praktiken wurden diese Nomaden zum Ziel permanenter Druckausübung, verdächtigt, Straftaten zu begehen oder illegal zu sein. Die Vermischung von Nomaden und Delinquenten durch die öffentlichen Behörden und in der öffentlichen Meinung wurde in den Ländern Europas immer häufiger – die Roma wurden beschuldigt, Dörfer auszurauben, unbefugt Grundstücke zu betreten und Kinder zu entführen – und besteht auch weiterhin.

Petre Petcuț5 beschreibt die Figur des „bedrohlichen, nomadischen Zigeuners“, der zu einem unbestimmten Bild in einer Welt wird, die von politischer Gewalt und Rassismus dominiert wird, wo Legenden und Ungeheuer aufeinandertreffen. Er betont, dass die Darstellung des „nomadischen Zigeuners“, der stiehlt, Kinder entführt oder sogar vergewaltigt und mordet, das Ergebnis des populären kulturellen Konsums ist und keine echte Gefahr für die Mehrheit der Gemeinschaft darstellt, und hebt hervor, dass die Bewegungsfreiheit der Roma hauptsächlich mit der Ausübung ihres Berufs oder Handwerks verbunden ist.

Kontrollsysteme, Vertreibung und Genozid

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Mobilität der Roma zu einem internationalen Thema in Europa. Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit begannen, die Mobilitätsparameter der Roma-Gruppen zu beeinflussen. Die gegenseitigen Ausweisungen, die zwischen Frankreich und Belgien, Frankreich und der Schweiz sowie Frankreich und Italien stattfanden, demonstrierten das Ausmaß einer Roma-feindlichen Stimmung und waren begleitet von der Entwicklung eines noch rigideren Systems der Überwachung und Kontrolle nomadischer Roma-Gruppen. Die Schweiz schlug die Einrichtung einer Kommission mit supranationalen Befugnissen vor, die auf europäischer Ebene für das „Zigeunerproblem“ zuständig sein sollte, doch diese Initiative scheiterte – vor allem an Italiens, das die Roma als ausschließlich zu den Staaten Mitteleuropas und des Balkans gehörend betrachtete, sowie wegen der Weigerung anderer Staaten, die Roma zu „nationalisieren“, während sie sich in einem Strudel aus Nationalismus und Angst gegenüber Ausländern befanden.6

Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verschlechterte sich die Situation deutlich. 1940 begann die deutsche Polizei, Roma aus dem nationalsozialistischen Deutschland und Österreich in das von Deutschland besetzte Polen zu deportieren – vorwiegend nach Auschwitz-Birkenau, wo im Februar 1943 ein „Zigeunerfamilienlager“ eingerichtet wurde. Bis Ende 1943 lebten 18.736 Roma in dem Lager, von denen etwa 9.500 unter 15 Jahre alt waren. Fast 400 Kinder wurden dort geboren.7

Insgesamt sollen etwa 21.000 Roma aus 12 Ländern in Auschwitz-Birkenau ermordet worden sein. Ein ähnliches Schicksal erlitten Roma in anderen Konzentrationslagern. Viele weitere waren Opfer der sogenannten Einsatzgruppen – paramilitärischer Todesschwadronen, die sowohl einzelne Juden als auch Roma sowie ganze Gemeinschaften exekutierten. Die genaue Zahl der Roma, die auf diese Weise getötet wurden, ist nicht bekannt, doch es wird geschätzt, dass es 180 Massengräber in der Ukraine, Weißrussland, dem ehemaligen Jugoslawien und Polen gibt.8 Wissenschaftler wie Angus Frazer, Jean-Pierre Liégeois und Ian Hancock schätzen, dass mindestens eine halbe Million Roma aus ganz Europa während dessen, was als „Roma Holocaust“ bekannt wurde, ums Leben kamen.

Der Roma-Völkermord in der öffentlichen Diskussion selten erwähnt und nicht ausreichend untersucht.

Am 15. April 2015 verabschiedete das Europäische Parlament eine Resolution, die den Völkermord an den Roma anerkennt und den August zum europäischen Roma-Holocaust Gedenktag erklärt. Das Datum wurde zum Gedenken an das Massaker an den fast 3000 Roma-Männern, -Frauen und -Kindern gewählt, die in der Nacht des 2. August 1944 im Zigeunerfamilienlager verblieben waren und dort von SS-Truppen festgehalten wurden. (Laut einigen Quellen lag die Zahl der Todesopfer bei über 4000.) Dennoch war der Weg zur Anerkennung nicht einfach: Die Roma mussten kämpfen, als Opfer des Holocaust anerkannt zu werden. Sie wurden von den Nürnberger Prozessen ausgeschlossen, da ihre Verfolgung auf sozialen nicht aber auf rassischen Kriterien beruhte, wie es bei Juden der Fall war.

Am Karfreitag 1980 unternahmen Roma-Rechtsaktivisten unter der Leitung von Romani Rose – dem Vorsitzenden des Zentralrats der deutschen Sinti und Roma seit dessen Gründung – einen verzweifelten Versuch, den deutschen Staat zur Anerkennung der Verfolgung der Roma aufgrund rassischer Gründe zu bewegen, und traten in den Hungerstreik. Dank ihrer Bemühungen erkannte Kanzler Helmut Schmidt offiziell an und betonte die Verpflichtung zur Entschädigung der Opfer. Roma-Opfer des Holocaust erhalten seit Mitte der 80ger Jahre, Entschädigungszahlungen.9

Trotz dieser Bemühungen wird der Roma-Völkermord in der öffentlichen Diskussion selten erwähnt und nicht ausreichend untersucht. Forscher auf diesem Gebiet konzentrieren sich hauptsächlich auf die administrativen und organisatorischen Aspekte und heben die Rolle der lokalen Behörden bei der Kategorisierung und Deportation von Roma hervor und legen weniger Wert auf die Gedanken, die dieser europaweiten ethnischen Säuberungskampagne zugrunde lagen.

Romaphobie im heutigen Europa

Romaphobie ist in Europa nach wie vor weit verbreitet, wobei Roma massenhaft als Kriminelle stigmatisiert werden. In Frankreich beispielsweise beschloss die Regierung im Sommer 2010, Roma-Migranten, die die Staatsangehörigkeit anderer EU-Länder hatten, zu deportieren – manchmal unter Zwang. Diese Kampagne wurde von anti-RomaRhetorik begleitet, wobei die gesamte Roma-Gemeinschaft kriminellen Verhaltens beschuldigt wurde. Ein weiteres Beispiel ist die bedauerliche Wortwahl, die von einigen Kandidaten bei den italienischen Wahlen 2008 verwendet wurde, was zu hässlichen Vorfällen von Gewalt gegen Roma und ihre Lager führte. Gleiches gilt für den Mord an sechs Roma, darunter ein 5-jähriges Kind, in Ungarn, der in einer von Hassrede angeheizten Atmosphäre stattfand.

Die Roma sind die Außenseiter geblieben, die Sündenböcke Europas, die in Krisenzeiten beschuldigt werden, wenn niemand bereit ist, die Verantwortung für die Situation zu übernehmen. Das jüngste Beispiel ist die Corona-Pandemie, in deren Verlauf Hassreden und Aufstachelung zum Hass gegen die Roma – und sogar Gewalttaten gegen sie – merklich zunahmen.

Der bisherige Einfluss öffentlicher politischer Konzepte für Roma in der europäischen Gesellschaft war begrenzt.

Die Geschichte der Roma im europäischen Raum ist eine Geschichte von Gewalt, Marginalisierung und Ausschluss. Sie wurden als minderwertig angesehen und ausgebeutet. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich eine ganze Reihe von Bildern, die kollektive Stereotype kristallisierten, ohne die Machtverhältnisse zu berücksichtigen, die zwischen Roma und Nicht-Roma entstanden.

Politikinitiativen und Machtverhältnisse

Um den Status der Roma zu verbessern und ihnen gleiche Rechte als europäische Bürger zu gewähren, wurden in den letzten 25 Jahren zahlreiche politische Initiativen ins Leben gerufen. Die vielversprechendsten Initiativen waren die nationalen Strategien für die Roma, die von den Regierungen der Beitrittskandidaten für die Europäische Union in Mittel- und Osteuropa entwickelt wurden, das Jahrzehnt der Roma-Inklusion 2005-2015, das von der Weltbank und dem Open Society Institute initiiert wurde, sowie der strategische Rahmen der EU für Roma in Bezug auf Gleichheit, Inklusion und Partizipation. Letzterer wurde am 7. Oktober 2020 konsolidiert und reformiert. Im Vergleich zum vorherigen Rahmen, der sich auf die sozioökonomische Integration der Roma konzentrierte, ohne ihre kulturelle Besonderheit zu berücksichtigen, wird damit ein komplexeren Ansatz für die Roma-Problematik auf europäischer Ebene geschaffen.

Entsprechend dieses neuen Rahmens sollten alle Roma die Möglichkeit haben, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und sich am politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben zu beteiligen. Dieser neue Ansatz legt einen stärkeren Fokus auf die Vielfalt unter den Roma, um sicherzustellen, dass nationale Strategien auf die spezifischen Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen, einschließlich Roma-Frauen, junger Menschen, Kinder, mobiler EU-Bürger, staatenloser Personen, LGBTQIA+-Menschen sowie älterer und behinderter Roma, eingehen. Der europäische Rahmen fördert einen intersektionalen Ansatz, der berücksichtigt, wie verschiedene Identitätsaspekte kombiniert werden können, um Diskriminierung zu bekämpfen. Er legt auch mehr Wert auf Maßnahmen, die einen politikbezogenen Ansatz zur Thematik der Roma-Inklusion bieten, neben spezifischen Maßnahmen, die darauf abzielen, effektiven gleichberechtigten Zugang zu Rechten und Dienstleistungen für die Roma zu fördern.

Der bisherige Einfluss öffentlicher politischer Konzepte für Roma in der europäischen Gesellschaft war begrenzt. Einer der Gründe dafür, merkt der Roma-Experte Iulius Rostașan, liegt darin, dass diese politischen Konzepte die entscheidende Bedeutung ethnischer Identität als wesentlichen Ursache für die soziale Ausgrenzung und Marginalisierung der Roma nicht ausreichend berücksichtigen. Um diese Diskrepanzen zu verringern und sicherzustellen, dass die öffentlichen politischen Konzepte bezüglich der Roma ihren Zweck erfüllen, müssen die historischen Machtverhältnisse zwischen Roma und Nicht-Roma sowie die Ausgrenzung der Roma berücksichtigt werden. Macht muss geteilt werden10, sodass sie allen gleichermaßen gehört – auch den Roma. Nur so werden sie ein echtes Zugehörigkeitsgefühl zu Europa empfinden – als europäische Bürger mit all den damit verbundenen Rechten, nicht nur als die ältesten „Migranten aus Europa”, die ewigen Fremden.

  1. Gheorghe Sarău (1997). Rromii, India și Limba Rromani, București: Editura Kriterion, p. 26. ↩︎
  2. Georg Simmel (1908). Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. Leipzig: Duncker
    & Humblot, p. 1. ↩︎
  3. Aidan McGarry (2017). Romaphobia: The Last Acceptable Form of Racism. London: Zed Books. ↩︎
  4. Petre Petcuţ (2015). Rromii: Sclavie şi libertate: Construirea şi emanciparea unei noi categorii etnice şi sociale la nord de Dunăre. București: Centrul Naţional de Cultură a Romilor, p. 10. ↩︎
  5. Petre Petcuț (2022). “Regimul administrativ al nomazilor în România și în Franța. 1856-1938”, in Adrian-Nicolae Furtună (ed.). Culegere de Studii Rome. București: Editura Centrului de Cultură a Romilor, pp. 166-209. ↩︎
  6. Ibid, S.188. ↩︎
  7. Sławomir Kapralski, Maria Martyniak & Joanna Talewicz-Kwiatkowska (2011). Voices of Memory 7: Roma
    in Auschwitz.     Auschwitz-Birkenau State Museum. ↩︎
  8. Ibid. ↩︎
  9. „Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma”. Zenralrat Deutscher Sinti und Roma. Abrufbar auf https://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat/geschichte-der-organisation/. ↩︎
  10. Iulius Rostaș (2020). O muncă de sisif. De ce eșuează politicile europene pentru romi. București: Editura Centrului Romilor, p.VI ↩︎