El primer ministro de Hungría Viktor Orbán y su gobierno del partido Fidesz son considerados como miembros aislados en la Unión Europea debido a su ideología de odio de género y homofobia. La Comisión Europea incluso llevó a Budapest a los tribunales en 2022 por una ley anti-LGBT+ conocida como ley de “Protección a la Infancia”.

La controvertida ley, aprobada el 15 de junio de 2021, contiene también un registro de delincuentes sexuales pedófilos como ocurre en EE. UU.  y una prohibición al estilo ruso contra la exposición de menores a la denominada propaganda LGBT+ en el contexto de la educación sexual y representación general en la educación, los medios y la publicidad.

La ley fue objeto de amplias críticas tanto dentro como fuera del país por socavar la igualdad, los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero más censurable es que la ley, al desdibujar las líneas entre las minorías sexuales y los pedófilos, da a entender que ambas categorías merecen un juicio social similar. La nueva ley también ha sido objeto de críticas por no definir claramente el tema central de la “propaganda LGBT+”, dejándolo abierto a interpretaciones subjetivas y posibilitando la confusión y una posible utilización abusiva.

¿Qué incluye la ley?

La ley prohíbe hacer accesible a menores de 18 años de edad cualquier contenido que “promueva o muestre sexualidad para sus propios fines, o que promueva o muestre cambio de género/sexo u homosexualidad”. Unas pautas ulteriores publicadas por la principal autoridad reguladora –la Autoridad para Medios de Comunicación– estipulan que los niños y niñas no han de verse expuestos a temas de reasignación de género y homosexualidad si estos temas se destacan como partes cruciales, esenciales o indispensables del contenido. La recomendación estipula también que la presentación de tales temas como normas sociales y estilos de vida atrayentes se considera propaganda, que supuestamente pretende difundir las “ideologías” LGBT+ e influir en los menores.

Aunque la Autoridad para Medios de Comunicación facilita una breve lista de producciones cuya distribución se ha restringir (tales como las series dramáticas norteamericanas The L Word y Queer or Folk, o la comedia dramática de Pedro Almodóvar Todo sobre mi Madre), estas explicaciones no aclaran lo que constituye “propaganda” y lo que determina si los elementos queer son cruciales en una obra de arte. En ausencia de definiciones precisas, la orientación más exacta solamente se puede extraer de decisiones anteriores de la Autoridad para Medios de Comunicación o de los tribunales.

Aplicación incongruente

En principio, la Autoridad para Medios de Comunicación no supervisa o controla directamente la publicidad húngara. No obstante, se ha visto envuelta en casos que han despertado la atención del público o que se han proseguido a instancias de informes emitidos por las Autoridades para Protección del Consumidor. Aun así, la ley de Protección de la Infancia no se aplica uniformemente en todos los casos.

Por ejemplo, el sitio web de la Autoridad para Medios de Comunicación tiene un formulario de fácil cumplimentación para brindar información anónima. En los seis meses transcurridos entre junio de 2021 y finales de ese mismo año, se recibieron 84 notificaciones cursadas por ciudadanos respecto a la ley de Protección de la Infancia, pero en los primeros ocho meses del siguiente año, solamente se recibieron 12 notificaciones.

Tal como la autoridad reguladora informó a los periodistas, ninguna de las 96 quejas presentadas por ciudadanos fue objeto de seguimiento. La efectividad de la ley se ve además entorpecida por ámbitos jurídicos internos e internacionales. Las disposiciones de la Ley para Medios de Comunicación solamente es aplicable a proveedores de servicios para medios residentes en Hungría, con exclusión de los servicios para medios extranjeros disponibles en el país. Sin embargo, en 2022, la Autoridad para Medios de Comunicación ha criticado a las plataformas de streaming como Netflix y Disney+. Los proveedores de streaming han hecho caso omiso de estas quejas, pero la Autoridad para Medios de Comunicación ha alegado que estas empresas son “responsables” de cumplir la legislación húngara, aunque no estén obligadas a hacerlo.

Lo mismo ocurre con las redes sociales y los sitios web alojados en servidores no húngaros, donde es más probable que los niños se topen con contenidos nocivos. El gobierno y los medios de comunicación progubernamentales simplemente pasan por alto esta flagrante contradicción. Además, no abogan por mejorar la alfabetización mediática de la infancia ni por crear programas para ayudar a los maestros y a los padres a proteger a los niños y niñas. En lugar de ello, la Autoridad para Medios de Comunicación centra sus miras en instituciones seleccionadas y domiciliadas en Hungría con perfiles y audiencias bien definidos –medios analógicos nacionales, museos y librerías– solo para fracasar ante los tribunales nacionales.

Los ejemplos de estas contradicciones son abundantes. Mientras que Netflix, con sede en los Países Bajos, ofrece libremente en streaming la serie Heartstopper sobre la llegada a la mayoría de edad de unos homosexuales, en julio de 2023 la distribuidora húngara de libros Lira fue multada con 30 000 euros por mostrar la novela original Heartstopper en la sección de literatura juvenil. La librería impugnó la decisión en los tribunales y, en febrero de 2024, ganó debido a un error de puntuación en la ley. (Aunque el problema se descubrió en octubre pasado, el gobierno no sustituyó la coma que faltaba hasta hace poco).

También hay otras incoherencias en la forma en que se vigila a las librerías. Lira recibió una multa adicional de 12 500 euros por exponer como literatura juvenil el libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, dado que la obra incluye el relato de una niña transgénero entre las 100 biografías femeninas que incluye este volumen. Sin embargo, el juzgado desestimó el caso junto con la multa por Heartstopper. Otra librería fue sancionada con solo 2500 euros por el mismo libro en febrero de 2024.

Las empresas de mayor tamaño tienen sus propios mecanismos de defensa cuando se trata de afrontar las inciertas realidades del mercado húngaro. En respuesta a una pregunta de Amnistía Internacional Hungría, las grandes compañías multinacionales contestaron que  ya no merecía la pena seguir lanzando sus campañas internacionales de publicidad relativas al colectivo LGBT+ o al Mes del Orgullo en Hungría, ya que no ven razón que justifique el arriesgarse a sufrir las sanciones que pueden llegar a 1,2 millones de euros. Por otra parte, la cadena alemana de televisión RTL comentó que formulaba regularmente consultas preventivas ante la Autoridad para Medios de Comunicación a fin de evitar cualquier penalización.

Un desbarajuste público

La ley anti-LGBT+ ha generado controversia en las instituciones, tanto nacionales como municipales. En 2023, el líder del partido de extrema derecha Mi Hazánk (“Nuestra Patria”) llamó la atención respecto a una exposición de World Press Photo celebrada en la Galería Nacional Húngara que incluía imágenes de hombres gay ancianos conviviendo en una residencia de la tercera edad. Alegó que la institución nacional estaba infringiendo la ley de protección de la infancia al promover la homosexualidad en una exposición sin límites de edad. Como reacción a estas alegaciones, el ministro de Cultura ordenó al director de la galería (nombrado por el Fidesz) que solo dejara visitar la exposición a mayores de edad.

Dado que los museos no están autorizados para exigir la documentación a los visitantes, Laszló L. Simon rechazó el requerimiento. Esto dio lugar a que el ministro de Cultura lo destituyera basándose en “una carencia de aptitudes de liderazgo”. Las autoridades no tuvieron en cuenta el hecho de que la Ley para Protección de la Infancia carece de articulado referente a las exposiciones museísticas.

El propio L. Simon había votado a favor de la Ley para Protección de la Infancia como miembro del Fidesz en el Parlamento húngaro en 2021. Siguió defendiendo la ley después de haber sido despedido, criticando solamente su irregular aplicación. La exposición de World Press Photo en la Galería Nacional húngara alcanzó una cifra récord de visitantes después de la controversia. En paralelo con el escándalo del Museo Nacional y para evitar posibles consecuencias desagradables, el Museo de Etnografía cerró una sección de su exposición en curso en la que se habían incluido fotografías de hombres homosexuales.

La carga de la ambigüedad

Mientras que esta práctica preventiva de autocensura puede parecer absurda cuando la lleva a cabo una institución que desea evitar sanciones, puede constituir una auténtica tortura mental y psicológica para una persona que actúe individualmente.

Este fue el caso de Gideon Horváth, renombrado escultor cuyas obras se basan frecuentemente en marcos teóricos de ecología o historia queer. Desde 2021 se ha enfrentado repetidamente a avisos de las autoridades que controlan las instituciones artísticas. En 2022, el director de un museo municipal autónomo de Budapest intentó censurar los textos explicativos de Horváth para una exposición en grupo.

En 2023, dentro del marco de Veszprém-Balaton Capital Europea de la Cultura, Horváth fue invitado a un programa residencial. Su plan de obras sobre ecología queer fue aceptado inicialmente, pero poco después tropezó con presiones para que retirara algunas palabras a fin de cumplir los dictados del “clima político”. Se negó a hacerlo y, después de un prolongado debate, consiguió que las descripciones de sus obras se publicaran sin cambio alguno.

Un incidente similar ocurrió en septiembre de 2023, dentro del programa público de arte de la bienal de la Galería Municipal de Budapest, que inicialmente contaba con el apoyo de los líderes políticos anti-Orbán de la capital húngara. Basándose en la Ley de Protección a la Infancia, el subdirector de la Galería Deák17, organismo municipal autónomo que acogía a la sazón una subsección de la bienal, trató de evitar que las descripciones de las obras de Horváth aparecieran en la exposición.

Después de muchas discusiones, Horváth consiguió que se expusieran sus textos, aunque con las palabras relativas al tema LGBT+ completamente tachadas. De esta forma, evidenció el impacto de la censura de una manera muy representativa de cara al público. Un texto similar apareció, sin censura alguna, en un espacio público de otra sección del mismo festival.

Posteriormente, Horváth fue nominado para un prestigioso premio por la Fundación Esterházy, que es independiente, participando así en la exposición de artistas preseleccionados del Museo Ludwig, financiado por el Estado. En radical oposición a los razonamientos de Horváth, el director del museo decidió censurar los textos acompañantes, ciñéndose así a las directrices del partido Fidesz que le había nombrado para tal puesto. Al final, Horváth ganó el premio y el museo compró algunas de sus obras para la colección pública.

Posteriormente, Horváth contó en las redes sociales que, además de soportar una censura constante, se vio atormentado por sus críticos, que por lo general son contrarios a la clase dirigente. Lo acusaron de legitimar la censura institucional impuesta por el gobierno al participar en la exposición en lugar de condenarla como protesta. Estas censuras insinuaban que Horváth tenía la obligación moral de renunciar a una importante oportunidad para su carrera artística que incluía tanto su nominación, como la prestigiosa oportunidad de participar en la exposición y la posibilidad de ganar el premio.

Tal vez sea este último ejemplo lo que mejor ilustra la carga impuesta por la extrema ambigüedad de esta ilógica ley y su incoherente aplicación contra creadores individuales, ONG, editores y otras entidades mercantiles. Que se enfrentan a una incertidumbre extrema cada vez que piensan publicar o exponer algo que se pueda vincular, aunque sea marginalmente, con la representación de minoría sexuales.

Y, sin embargo, a pesar de la retórica anti-LGBT+ del gobierno, la aceptación de las personas LGBT+ en Hungría no ha disminuido en los últimos años. De hecho, los resultados de una encuesta internacional IPSOS 2023 muestran exactamente lo contrario: el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo en Hungría ha aumentado del 30 al 47 por ciento en los últimos 10 años. En el mismo período, el apoyo a la adopción por parejas del mismo sexo aumentó del 42 al 59 por ciento. ¿Ha fracasado toda la propaganda anti-LGBT+?

Un instrumento de división y distracción

Aun cuando se acepte la explicación del gobierno en el sentido de que la ley está destinada a proteger a la infancia, su incoherente aplicación obligatoria pone en evidencia la flagrante hipocresía de Fidesz. La ley no puede ser interpretada en términos de rigor ideológico, sino solamente como una herramienta de oportunismo político. Mientras que los activistas, creadores y distribuidores húngaros están hechos un lío en su intento de interpretar la ley, el gobierno disfruta con las oportunidades creadas por una situación persistentemente confusa.

Tal como era de esperar, el gobierno del Fidesz se limita sencillamente a explotar la ley y las voces críticas reaccionarias para legitimar su simbólica lucha contra los supuestos intentos de la Unión Europea para subyugar la soberanía húngara y destruir la identidad cultural nacional.

Para el gobierno, crear una situación de incertidumbre es suficiente para abrir una brecha en el tejido social basado en la ideología de las fobias de género y para demonizar y alejar aún más de la principal corriente de convivencia a las organizaciones LGBT+ y a sus aliados políticos y sociales. Además, la ley permite al Fidesz reprimir a los partidos de la oposición y a la intelectualidad liberal que apoyan las causas LGBT+.

La atención persistente y la fijación de una agenda en torno a esta cuestión sirven para calificar a quienes apoyan los derechos de las minorías sexuales como actores antinacionales que pretenden destruir la soberanía húngara, cometiendo así una forma de cuasi traición. Para que esta estrategia tenga éxito, el gobierno húngaro no necesita una ley bien pensada que solo se pueda aplicar con una gran inversión financiera y de infraestructura. Es suficiente que exista un proyecto de ley de este tipo y que se pueda recurrir a él en determinadas situaciones en las que la voluntad del gobierno lo requiera.

Por supuesto, estas ocasiones no son aisladas, sino que están integradas en la más amplia propaganda agresiva contra los grupos LGBT+ que propagan los medios de comunicación favorables al gobierno. Estos canales deshumanizan asiduamente a los integrantes de las minorías sexuales y se dedican a tomarlos como objetivo de sus prácticas difamatorias. Cuando surge la oportunidad, la Ley para Protección de la Infancia se adapta rutinariamente a las cuestiones políticas del momento.

En conclusión, las consecuencias internas de la evidente injusticia de la ley no se derivan precisamente de su cumplimiento, sino de su incumplimiento incoherente, que crea un agobiante clima de incertidumbre total.

Translated by Voxeurop.