En octubre de 2023, los ciudadanos polacos echaron del poder al partido nacional conservador Ley y Justicia, abriendo el camino a un cambio político. El nuevo Gobierno presidido por Donald Tusk —una coalición de varios partidos que van del centro-derecha al centro-izquierda— tomó posesión en diciembre. La Comisión Europea no tardó en desbloquear el dinero para Polonia que había sido retenido debido al mecanismo del Estado de Derecho. Esto ocurrió incluso antes de que el nuevo Gobierno pudiera dar pasos sustanciales para cumplir realmente las condiciones. Como explicó en la televisión Leszek Miller, ex primer ministro y actual eurodiputado, “yo mismo lo he oído en los pasillos [de Bruselas]: señores, el hito más importante para nosotros ha sido el cambio de gobierno”. Más allá de la euroburbuja, en muchos países se oyen voces que afirman que Polonia es la prueba de que se puede derrotar a los populistas y evitar una deriva aparentemente inevitable hacia la extrema derecha en todo el continente. Grandes esperanzas suscita este nuevo Gobierno no sólo a nivel nacional, sino también en el seno de la Unión Europea.

En términos de políticas, el nuevo Ejecutivo presenta una mezcla de ruptura y continuación. El acuerdo de coalición es breve y vago, rico en promesas generales, pero cauteloso con los detalles. Hay buenas razones para ello. La actual coalición pudo imponerse en las elecciones precisamente porque no era una coalición electoral bajo un liderazgo único. Los futuros socios de gobierno se habían presentado en tres papeletas distintas: la Coalición Cívica (centro-derecha), la Tercera Vía (centrista-agraria) y Nueva Izquierda. Aunque todos coinciden en la necesidad de restaurar el Estado de Derecho, en otros ámbitos políticos suelen tener programas diferentes, cuando no contradictorios.

¿Se puede ignorar la Constitución “sólo esta vez” y esperar construir un marco sostenible que posteriormente sea respetado por todas las partes?

La dinámica de la lucha política viene dictada por el calendario electoral. Las elecciones parlamentarias de octubre de 2023 constituyeron, por así decirlo, el partido inaugural, al que seguirían las elecciones locales de abril, las europeas de junio y —el gran partido final— las presidenciales del primer semestre de 2025. Con el presidente Andrzej Duda, asociado a Ley y Justicia, todavía en el cargo y ejerciendo el poder de veto sobre la nueva legislación, el margen de maniobra del Gobierno es limitado, y todo el tiempo entre el otoño de 2023 y la primavera de 2025 se percibe como un tiempo de transición entre el periodo antiliberal y una democracia plenamente restaurada. Mientras que la nueva coalición espera obtener pleno poder ejecutivo y poder pasar la página del periodo iliberal, el partido Ley y Justicia también puede esperar contraatacar y hacer girar la ola a su favor.

Primeras batallas

La política del Estado de derecho sirve así a un doble propósito: restaurar un orden democrático y preparar el escenario para las elecciones venideras. Algunos pasos son obvios y fáciles. Sustituir a los consejeros delegados de las empresas públicas y a los directores de las instituciones culturales es algo obvio, como lo es la creación de algunas comisiones parlamentarias de investigación encargadas de esclarecer, y ajustar cuentas, con algunos de los escándalos más controvertidos en los que se vieron implicados funcionarios del gobierno anterior. Entre ellas, probablemente la más importante sea la comisión encargada de investigar los abusos de la vigilancia estatal con Pegasus, el programa espía israelí utilizado por el anterior gobierno contra muchos políticos de la oposición (y también contra algunos de sus propias filas). Pero otras tareas, como el restablecimiento de la confianza en los medios de comunicación públicos o los esfuerzos por volver a reformar el poder judicial, plantean un auténtico enigma. El presidente y la sombra de su veto no son el único obstáculo en los esfuerzos por salir del antiliberalismo.

Muchos de los riesgos y dilemas asociados a la restauración se han puesto de manifiesto durante la batalla por “recuperar los medios de comunicación públicos”. En diciembre, el ministro de Cultura cambió los consejos de administración de la televisión estatal, la radio y la Agencia Polaca de Prensa. Con la ayuda de la policía, que impidió que altos funcionarios despedidos ingresaran a las instalaciones, la nueva junta tomó el relevo y, tras una brevísima pausa, procedió a emitir. Para conseguirlo, el ministro hizo caso omiso tanto de una orden de protección dictada días antes por el Tribunal Constitucional, como de la ley vigente sobre medios de comunicación públicos. La decisión se basó en una resolución del Parlamento (no legislativa y, por tanto, no sujeta a veto presidencial) y en una pretensión de vacío legislativo en la materia. La oposición denunció el acto como “un golpe contra la democracia”, mientras muchos partidarios del Gobierno disfrutaban de su momento de dulce venganza. Una de las reacciones más notables fue la de la Fundación de Derechos Humanos de Helsinki, ONG comprometida con los derechos humanos y el Estado de Derecho, y una de las más feroces opositoras al anterior Gobierno iliberal. La Fundación criticó enérgicamente la actuación del ministro y preguntó si se basaba en algún asesoramiento jurídico previo, presentando una solicitud de información pública. A pesar de que el Ministerio ha asegurado que existe tal documento, hasta la fecha el Gobierno no lo ha presentado.

El nuevo Gobierno parece incapaz y poco dispuesto a convencer a los líderes de la oposición y a sus votantes de que un orden constitucional liberal es mejor para ellos

Si todo esto podría haberse hecho de otra manera, de forma más lenta, pero con plena legalidad procesal, es ahora una cuestión académica. Los medios de comunicación públicos fueron una de las áreas en las que los abusos del Gobierno anterior fueron más tangibles y las expectativas de un arreglo rápido fueron elevadas. Lo interesante es que empieza a ser un patrón. Un método similar —crear un simulacro de vacío legislativo para saltarse las prerrogativas del presidente— fue el elegido por el ministro de Justicia para sanear la fiscalía. Queda por ver si esto se aplicará también al poder judicial. Va a ser aún más difícil debido al desacuerdo entre las filas de los propios abogados liberales. La Fundación de Derechos Humanos de Helsinki y la Asociación de Jueces Polacos Iustitia propusieron dos visiones muy diferentes sobre cómo restaurar la independencia del poder judicial. Sea cual sea la versión que elija el Gobierno, una parte de la sociedad civil liberal se llevará una decepción.

La apuesta de Münchhausen

En todos estos esfuerzos hay una paradoja: para restaurar un orden liberal, el Gobierno necesita pasar por alto las prerrogativas constitucionales del presidente e ignorar un creciente número de sentencias del Tribunal Constitucional. Esto se presenta como justificado, porque el Gobierno considera que el Tribunal Constitucional existente es inconstitucional, por lo que no puede emitir ninguna sentencia vinculante. Y hay buenas razones para ello: en primer lugar, algunos miembros del tribunal no deberían formar parte de él, y la presidenta del tribunal se aferra a su cargo a pesar de que su mandato legal ha expirado hace tiempo. Pero esto tiene un coste. Para restablecer el Estado de Derecho, el Gobierno tiene que declarar un vacío constitucional e introducir de hecho un estado de excepción legal limitado. Todo esto se parece cada vez más al aprieto del famoso barón Münchhausen, que afirmó haber salido de un pantano tirándose de los pelos.

No es malo salir de un pantano, a menos que lo que se haga sea justo lo contrario. Hay que ignorar la Constitución, porque había sido ignorada, así que hay que ignorarla una vez más, sólo esta vez, para volver al buen camino. Pero, ¿se puede ignorar la Constitución “sólo esta vez” y esperar construir un marco sostenible que posteriormente sea respetado por todas las partes? El supuesto necesario es que la oposición acabe aceptando las reglas del juego o que se le impida para siempre volver al poder. De lo contrario, la actual apariencia de vacío constitucional podría, en lugar de una excepción, convertirse en un punto de referencia.

La Tercera Vía bloquea los avances en los derechos de las mujeres. Quiere volver al statu quo anterior

Circulan muchos argumentos para explicar por qué la Ley y la Justicia no volverán jamás. Teniendo en cuenta las tendencias políticas y los movimientos tectónicos en Europa y fuera de ella, la mayoría de estos argumentos son claramente delirantes. En particular, el modelo de la transición poscomunista de los años noventa es engañoso. Dos aspectos de la situación eran diferentes: la democracia era la tendencia global, por lo que el contexto internacional estabilizó la transición y, lo que es más importante, la propia transición se negoció entre los líderes de ambos lados de la división, que posteriormente aceptaron las nuevas reglas. Hoy, la tendencia mundial es hacia el iliberalismo, no alejarse de él. Y el nuevo Gobierno parece incapaz y poco dispuesto a convencer a los líderes de la oposición y a sus votantes de que un orden constitucional liberal es mejor para ellos.

Para ello, el Gobierno tendría que ofrecer una dirección para el país y contrarrestar la visión de comunidad construida por la Ley y la Justicia con otra más atractiva. Y esto va a ser una lucha cuesta arriba.

Una coalición de minorías de bloqueo

El Gobierno ganó las elecciones gracias a una división bien diseñada de los mensajes dirigidos a diferentes partes del electorado. Pero precisamente lo que hizo posible ganar hace también más difícil gobernar. La agenda del Ejecutivo puede entenderse como una reacción al legado del Gobierno anterior: ya sea una inversión o una continuación del mismo. Y, aparte de la corta lista de temas en los que existe consenso dentro de la actual coalición, el curso de acción depende de quién pueda bloquear a quién.

La continuidad es más visible en las áreas de política exterior asociadas a cuestiones de seguridad. Apoyo militar y diplomático a Ucrania, conflicto persistente con Ucrania en relación con las exportaciones agrícolas, contratos de defensa con Corea del Sur… en estos ámbitos existe un amplio consenso entre las partes. También continúan las políticas represivas contra los refugiados en la frontera con Bielorrusia, y el viceministro responsable de migración afirma que ahora son “empujones éticos”, mientras que las ONG humanitarias con conocimiento de primera mano de la situación discrepan.

Otra área de continuación es el gasto social. El Gobierno está dispuesto a continuar los programas sociales generales de sus predecesores, e incluso a subir la apuesta, con aumentos salariales a profesores y policías y exenciones fiscales prometidas (aunque aún no aplicadas) a especialistas en informática, al sector de la belleza y a empresarios. Aunque algunos de los socios de la coalición no estén contentos con ello, en general se entiende que el gasto social es una buena inversión para que la Ley y la Justicia no vuelvan al poder.

En otros ámbitos políticos, el curso de acción viene determinado por el bloqueo de las minorías internas. La izquierda está bloqueando el retroceso de algunos derechos laborales. En 2018, Ley y Justicia hizo realidad una vieja reivindicación de algunos sindicatos e introdujo una reforma que limitaba seriamente el comercio los domingos. La reforma fue recibida con entusiasmo por los empleados del sector y la población en general se ha habituado a ella, con la pluralidad de ciudadanos apoyando ahora el statu quo. Aunque tanto la Plataforma Cívica como la Tercera Vía prometieron volver a permitir que los centros comerciales abrieran los domingos, esto no podrá hacerse sin el apoyo de la izquierda y del actual ministro de Familia, Trabajo y Asuntos Sociales, que parece conformarse con las restricciones actuales.

Es probable que la Plataforma Cívica bloquee algunos de los megaproyectos iniciados por el Gobierno anterior. Ley y Justicia inició el proceso de construcción de una central nuclear y de un Polo Central de Comunicaciones que constaría de un enorme aeropuerto y de varias líneas ferroviarias de alta velocidad que lo conectarían con el resto del país. Ahora, lo más probable es que se abandone el aeropuerto, aunque la izquierda intente defender el proyecto como símbolo de modernización e inversión pública.

La Tercera Vía bloquea los avances en los derechos de las mujeres. Quiere volver al statu quo anterior, es decir, deshacer los cambios introducidos con la prohibición del aborto por malformación del feto por parte del Tribunal Constitucional, quedando pendiente de referéndum cualquier cambio más profundo. Tanto la Plataforma Cívica como la Izquierda se muestran escépticas a la hora de someter a referéndum los derechos de las mujeres y ambas prometieron el acceso al aborto legal a petición de la mujer dentro de las 12 primeras semanas de embarazo. Sin embargo, sin los diputados de la Tercera Vía no habrá mayoría para aprobar una ley.

En octubre, los ciudadanos polacos echaron del poder al partido nacional conservador Ley y Justicia, abriendo el camino a un cambio político. El factor más importante fue la movilización sin precedentes de los votantes jóvenes y las mujeres. Fue la primera vez en la historia reciente en que la participación femenina fue superior a la masculina. ¿Les merecerá la pena votar la próxima vez? El mayor reto para el Gobierno es no dejarse defraudar. Para ello, tendrá que ganar no sólo la batalla con los populistas, sino, lo que es más importante, la batalla consigo mismo.