Más de 700 000 personas duermen en la calle en toda Europa en una noche, según datos del Parlamento Europeo. Esta cifra ha aumentado un 70 % en la última década, ya que los alquileres en las ciudades se han disparado, se ha reducido la oferta de vivienda social y los gobiernos han tenido que batallar contra el impacto de la crisis financiera de 2008. Millones más viven en viviendas temporales, refugios informales y sofás y pisos de amigos, familiares y conocidos.

El perfil de las personas sin hogar varía en toda Europa, y resulta difícil hacerse una idea clara de la situación, ya que no disponemos de datos transeuropeos. Sin embargo, la comparación de los datos nacionales revela que algunos grupos corren más riesgo que otros y que el panorama está cambiando. Los inmigrantes indocumentados, que carecen de acceso a la protección social, corren un alto riesgo en toda Europa y representan a más de la mitad de los que duermen en la calle en algunas ciudades de Europa, como Madrid. Por el contrario, en Portugal, de las 1386 personas sin hogar asistidas por la ONG Assistência Médica Internacional (AMI), el 79 % nació en el país. En Austria, existe una creciente preocupación por el impacto del aumento de los alquileres en las personas empleadas de «clase media». En el Reino Unido, un mayor número de jóvenes menores de 25 años se han quedado sin hogar. En Bruselas, un recuento en 2016 reveló que, de las 3386 personas sin hogar de la ciudad, el 35 % vivía en la calle, el 25 % se encontraba en un alojamiento temporal y el 39 % vivía en viviendas inadecuadas.

La pandemia del coronavirus ha dado urgencia a la lucha contra la falta de vivienda. Los gobiernos han tomado medidas sin precedentes para proteger a las personas sin hogar contra el riesgo de infección y muerte. En el Reino Unido, por ejemplo, el Gobierno financió por poco tiempo el programa «Everyone In» (Todos dentro) en marzo de 2020 para llevar a las personas que dormían en la calle a hoteles que se habían vaciado. Por el contrario, a los sintecho de Bruselas se les expidieron «pases de toque de queda» que les permitían permanecer en las calles. En París, Médicos sin Fronteras descubrió que cuatro de cada diez personas que se encontraban en albergues para personas sin hogar daban positivo por COVID-19, con tasas de hasta el 94 % en un albergue.

Alianzas progresistas para políticas ambiciosas en Brighton

En los últimos seis años, varias olas ecologistas han recorrido distintos países de Europa occidental y han llevado a más Verdes al poder a nivel local, regional y nacional. Estos nuevos (y, en algunos casos, no tan nuevos) gobiernos Verdes y dirigidos por Los Verdes están teniendo que lidiar con el creciente número de personas sin hogar como parte de sus agendas políticas. Para ello, se inspiran con frecuencia en enfoques innovadores para la provisión de vivienda, al mismo tiempo que construyen servicios de albergues de emergencia, crean más vivienda social y buscan fortalecer los derechos de las personas que corren un mayor riesgo de quedarse sin hogar.

Brighton & Hove, en la costa meridional de Inglaterra, acapara muchos de los problemas a los que se enfrentan las ciudades costeras, que han sufrido la pérdida de las industrias tradicionales y ahora tienen mucho más trabajo turístico estacional mal pagado. Esta ciudad cuenta con una larga lista de espera de viviendas sociales, cientos de familias alojadas en viviendas de emergencia y sintecho que duermen en las calles. Durante la pandemia del coronavirus, el ayuntamiento trabajó arduamente para sacar de la calle a los sintecho como parte del programa «Everyone In». Este ayuntamiento está siendo dirigido por un gobierno en minoría del Partido Verde desde el año pasado, y la vivienda y la falta de vivienda son una de sus prioridades.

David Gibson es el presidente conjunto del comité de vivienda de la ciudad. Según explica, el consistorio está trabajando a diferentes niveles: aumentar la oferta de vivienda social y ampliar la disposición «La Vivienda Primero». «Desde que llegamos al ayuntamiento, hemos creado tantas viviendas sociales adicionales en un año como las que creó el anterior gobierno municipal en cuatro años», nos cuenta.

Bajo el mandato de Los Verdes, el ayuntamiento ha acelerado su programa de compra de viviendas en Brighton para añadirlas a las que ya ha encargado a través de una combinación de préstamos y dinero de las arcas públicas. «Como parte del conjunto de medidas, debemos hacer frente al tema de la oferta», agrega David. Se trata de una política que han podido seguir aplicando, incluso con la interrupción de la industria de la construcción a causa de la pandemia.

Al ser un gobierno en minoría, David explica que Los Verdes trabajan con los concejales del Partido Laborista en la elaboración de un programa conjunto de vivienda y falta de vivienda que apruebe las políticas y los presupuestos necesarios, y en el establecimiento de objetivos más ambiciosos.

El ayuntamiento también ha comprado varios de los mejores edificios usados como viviendas temporales con vistas a convertirlos en viviendas a largo plazo en el futuro. Recientemente, adquirió un bloque de 38 viviendas sociales en el distrito de David. Así pues, lo que de otra forma hubiese sido una vivienda para el lucrativo mercado es ahora propiedad del ayuntamiento.

Un «éxito considerable» para David y la delegación Verde es la ampliación de los hogares «La Vivienda Primero» de 20 a 60, con más en camino. Basándose en el enfoque pionero de Nueva York en la década de los 90, el proyecto «La Vivienda Primero» hace hincapié en la necesidad de que las personas tengan una vivienda estable y cumplan todas sus necesidades de asistencia en cuanto a, por ejemplo, salud mental o adicciones, con carácter permanente. Se trata de una completa vuelta de hoja al pensamiento hegemónico de que las personas deberían tratar sus problemas antes de acceder a una vivienda, lo que resulta prácticamente imposible cuando una persona vive en la calle o en una vivienda que carece de seguridad.

La ampliación es fortuita para Brighton & Hove, ya que muchas de las personas alojadas en hoteles debido a la pandemia son justo las mismas a las que puede ayudar el programa «La Vivienda Primero». Sin embargo, sin un aumento de la financiación por parte del Gobierno central y con la posibilidad de que se levante la prohibición de desahucio en Inglaterra (la prohibición se ha prorrogado hasta mayo), David predice que el ayuntamiento seguirá teniendo dificultades para alojar a todas las personas necesitadas. «Existe este problema a largo plazo que, en estos momentos sin la financiación necesaria, no tenemos perspectivas de resolver».

La pandemia del coronavirus ha dado urgencia a la lucha contra la falta de vivienda.

Las barreras burocráticas socavan las soluciones locales de Ámsterdam

En Ámsterdam, el consistorio dirigido por Los Verdes se enfrenta a retos similares con el Gobierno central del país, explica Marijn van der List, portavoz de GroenLinks (Izquierda Verde) sobre la falta de vivienda en la ciudad. Como capital, la falta de vivienda es especialmente grave, y el gobierno local ha tenido que responder a la COVID-19. «Es bastante contradictorio que nos pidieran “quedarnos en casa”, ya que ¿cómo puedes quedarte en casa si no tienes un hogar?», apunta. A nivel local, la falta de vivienda disponible obstaculiza el sistema de carencia de vivienda. «Quieres que las personas tengan un hogar lo antes posible para que puedan retomar sus vidas o salir adelante con algo de ayuda o poco a poco por sí mismas, pero no hay viviendas disponibles», explica.

A nivel nacional, las políticas antimigratorias aprobadas por los sucesivos gobiernos hacen que muchas personas indocumentadas se queden sin hogar y no puedan acceder a estos servicios. Marijn entró por primera vez en el mundo de la política mostrando su rechazo a políticas como la denegación a las personas indocumentadas del derecho a tener un techo y un sistema de asilo justo. «Las ciudades siempre han proporcionado cobijo de alguna forma a las personas indocumentadas», explica. Actualmente, hay implementado un programa de vivienda nacional en cinco gobiernos locales, incluyendo el de Ámsterdam, y el consistorio de esta ciudad, que está dirigido por Los Verdes, ha ampliado la financiación para aumentar la capacidad de alojamiento. Esta iniciativa ofrece alojamiento las 24 horas del día para unas 500 personas, junto con asistencia para las solicitudes de asilo. El grupo de gobierno también está trabajando con otros partidos para implantar un «carné de identidad urbano» para los residentes de Ámsterdam, incluyendo a personas indocumentadas, emulando los esfuerzos de Nueva York, París y otras ciudades europeas con el fin de garantizar derechos básicos, como el acceso a cuentas bancarias y a edificios estatales.

Marijn siente frustración al ver que los esfuerzos de los gobiernos locales no están a la altura de los cambios políticos y del apoyo del Gobierno central en lo que respecta a la falta de vivienda y a la financiación para servicios de salud mental. «A veces, me resulta muy difícil mirar las cifras que invertimos en este sistema, con el que intentamos ayudar a las personas que han tocado fondo, porque, si estás “demasiado bien”, no recibes ayuda», afirma. Las largas listas de espera para optar a una vivienda y las normas de conexión locales para acceder a ellas ponen más trabas a las personas que han tenido que moverse mucho. El sistema del bienestar neerlandés también desincentiva las casas compartidas al recortar las ayudas para las personas que comparten su hogar, incluidos padres con hijos adultos. Estas políticas, desarrolladas a nivel nacional, plantean dificultades para los gobiernos locales. «No puedes solucionar todos los problemas de la ciudad», afirma Marijn van der List.

El proyecto «La Vivienda Primero» hace hincapié en la necesidad de que las personas tengan una vivienda estable y cumplan todas sus necesidades de asistencia.

Los Verdes en Finlandia: usar la influencia en el Gobierno para cambiar las políticas

Finlandia ya es líder en la reducción de personas sin hogar. En 1987, había unas 18 000 personas durmiendo en la calle. Sus estrategias a lo largo de la década de los 90 y principios de los 2000 aplicaron el enfoque de «escalera», donde, en teoría, una persona sin hogar pasaba de estar en la calle a un albergue, una vivienda temporal y, en última instancia, un alojamiento permanente. Sin embargo, este enfoque de escalera no lograba atajar el problema de la falta de vivienda a largo plazo. En 2007, el Gobierno y los ayuntamientos, como el de Helsinki, lanzaron sus propias políticas «La Vivienda Primero»: se construyeron 1250 viviendas en ciudades finlandesas, o se pusieron a disposición de personas sin hogar de larga duración, convirtiendo los albergues existentes y brindando una gran asistencia centrada en su bienestar social y sanitario. Al mismo tiempo, el Gobierno mejoró sus esfuerzos de prevención y siguió construyendo más vivienda social para cubrir necesidades generales. Para el año 2017, el número de personas sin hogar era de 6600, mientras que actualmente se sitúa en 4600. Esta cifra contrasta fuertemente con otras partes de Europa, como el Reino Unido, donde se ha producido un aumento del 141 % en los últimos diez años.

Como parte del acuerdo con los cinco partidos que forman el Gobierno, Los Verdes finlandeses negociaron la inclusión del objetivo de reducir a la mitad la falta de vivienda para 2023 y erradicarla para 2027. La actual Ministra para el Medio Ambiente, el Clima y la Vivienda responsable de que esto ocurra es la diputada Verde Krista Mikkonen. El Gobierno ha introducido un nuevo Programa de Cooperación para la Falta de Vivienda entre el Estado, los ayuntamientos, los proveedores de servicios y las ONG. Este programa se centra en financiar y apoyar el trabajo municipal para acabar con la falta de vivienda.

Asimismo, el Gobierno está sorteando la legislación para regular el asesoramiento en materia de vivienda, lo que supondrá su obligatoriedad en cualquier ayuntamiento y unificará servicios. De esta forma, se podrá intervenir para evitar desahucios y negociar diversas cuestiones, como las deudas por impago del alquiler.

Al igual que ocurre en muchos países, la falta de vivienda en Finlandia se centra en las ciudades, especialmente en Helsinki, donde los costes de la vivienda han aumentado por encima de las posibilidades de las personas para poder pagarlos. Los Verdes finlandeses de Helsinki ostentan la vicealcaldía de asistencia social y sanitaria, junto con la vivienda. Han trabajado para integrar diferentes servicios que ayuden a las personas con necesidades variadas y complejas, como la falta de vivienda, la adicción y la salud mental, y son también los propulsores de la iniciativa «La Vivienda Primero» como uno de los principios de su política en materia de vivienda. A diferencia del modelo «La Vivienda Primero» de Nueva York, los inquilinos en Finlandia pagan el alquiler totalmente por su cuenta (basándose en el sistema de prestaciones), y los servicios sociales y sanitarios, relativamente bien financiados, permiten que sea menos necesario recurrir a grandes reuniones de apoyo interinstitucional, como ocurre en Estados Unidos.

La falta de vivienda en Finlandia se centra en las ciudades, especialmente en Helsinki, donde los costes de la vivienda han aumentado por encima de las posibilidades de las personas para poder pagarlos.

Progreso y perspectivas a nivel de la Unión Europea

El problema de los crecientes costes de la vivienda en las ciudades es algo en lo que la eurodiputada neerlandesa de GroenLinks Kim van Sparrentak ha estado trabajando en su papel de relatora del Parlamento Europeo sobre el acceso a una vivienda digna y asequible para todo el mundo. El informe redactado por esta relatora recomienda al Parlamento la adopción de una nueva legislación comunitaria, lo que constituye una fase clave del proceso legislativo de la Unión Europea. El informe sobre la vivienda de Kim van Sparrentak ha tardado un año en elaborarse y cubre una amplia gama de cuestiones, como la asequibilidad, la falta de vivienda, la discriminación, la especulación, la inversión en vivienda pública y los desahucios.

La principal recomendación del informe ha sido la creación de un objetivo comunitario que permita acabar con las personas sin hogar para el año 2030, y el grupo parlamentario formado por Los Verdes/Alianza Libre Europea va a presentar una petición en favor de este objetivo. Sin embargo, Kim van Sparrentak cree que, mientras los gobiernos se aferren a las políticas de austeridad, este objetivo será difícil de alcanzar. «La falta de vivienda no es parte de la vida y no tiene que ser considerada como tal», afirma Kim, que destaca el éxito en Finlandia. «Existen soluciones si nos atrevemos a invertir en ellas y a adoptar un enfoque diferente al apoyo social». Kim añade que existe un gran respaldo para combatir la falta de vivienda en la Unión Europea y que se pueden dar pasos para permitir que los gobiernos nacionales y locales tomen medidas y atajen las verdaderas causas de este problema, como la especulación.

Este trabajo se basa en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, adoptado por la Comisión Europea en 2017. El principio 19 versa sobre la vivienda y la asistencia para las personas sin hogar, e insta a la Unión Europea a trabajar en esta cuestión. La Comisión publicó su plan de acción a principios de marzo y, aunque no ha habido grandes avances, es un paso importante. Junto a esta iniciativa, se han adoptado planes para lanzar una «plataforma colaborativa» en junio que permita a los Estados miembros de la Unión Europea trabajar de forma conjunta y compartir información sobre la falta de vivienda. La Unión Europea también puede desempeñar un importante papel para mejorar la calidad y la disponibilidad de los datos, junto con el desarrollo de un conjunto común de conceptos y terminología política para abordar el problema de las personas sin hogar.

El informe de Kim van Sparrentak también reclama que todos los Estados miembros de la Unión Europea cuenten con una estrategia para las personas sin hogar, donde la UE proporcione coordinación, y que la principal solución sea ofrecer una vivienda segura permanente, lo que se traduce básicamente en implementar la iniciativa «La Vivienda Primero» en toda Europa, explica la eurodiputada. La interseccionalidad es otro aspecto clave del enfoque de Los Verdes para combatir la falta de vivienda, prestando especial atención a que se atiendan las necesidades específicas de diversos grupos, como mujeres y jóvenes del colectivo LGTB, máxime cuando el abanico de personas sin hogar se ha vuelto más diverso. Un área donde la Comisión podría tomar medidas más severas, según las palabras de Kim van Sparrentak, es la criminalización de los sintecho. En Hungría, por ejemplo, dormir en la calle está penado como delito, lo que infringe la legislación de la Unión Europea.

El gran desafío, y donde la Unión Europea podría tener el mayor impacto, son las causas que subyacen al aumento de la falta de vivienda. Las políticas de austeridad han hecho que, actualmente, exista un déficit de 57 000 millones de euros para invertir en vivienda social y asequible en toda Europa, un problema que se une a la privatización de la vivienda pública y a la desregularización de la vivienda privada de alquiler. «Lo que vemos es que muchas personas quedan desatendidas en los mercados de la vivienda social y del alquiler privado», explica Kim van Sparrentak. No pueden acceder a las cada vez menos disponibles viviendas sociales, ni tampoco pueden permitirse alquilar una vivienda privada. Aunque los gobiernos nacionales tienen en sus manos gran parte del poder para combatir la falta de vivienda, la Unión Europea también puede desempeñar su papel apoyando a los gobiernos locales y nacionales. Actualmente, la normativa fiscal de la Unión Europea se centra en gran medida en el equilibrio de presupuestos y la eliminación de déficits, lo que no permite el nivel de inversión requerido para la vivienda u otras infraestructuras. Sin embargo, esta normativa se ha suspendido básicamente hasta 2023 debido a la pandemia, pese a que podría inspirar una actitud generosa hacia la inversión con el fin de permitir la recuperación de las economías de la Unión Europea.

En un plano más general, la Unión Europea puede ayudar a combatir la especulación de la vivienda. Grandes empresas institucionales, como Blackstone, han adquirido viviendas y han utilizado el valor de las casas y el flujo de ingresos procedentes del alquiler para obtener préstamos y comprar más viviendas. Lo que estas operaciones significan en la práctica es que estas empresas pueden ganar dinero con la reventa de las viviendas y los ingresos procedentes del alquiler, y que solicitan préstamos a través de bonos poniendo como aval estas propiedades. La Unión Europea puede hacer uso de sus competencias en el marco de la normativa bancaria y financiera para tener un impacto basándose en las políticas existentes y las investigaciones en curso. «Esta es una de las grandes historias que nos permiten saber el origen del aumento de los precios y la causa de la crisis de la vivienda», afirma Kim van Sparrentak. En 2019, la entonces Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos remitieron una carta a Blackstone en la que señalaron sus preocupaciones sobre el papel de la empresa en la financiarización de la vivienda. Blackstone respondió defendiéndose con firmeza.

Es probable que la magnitud de la falta de vivienda aumente en las ciudades y más allá a medida que los gobiernos deciden cuál es la mejor forma de responder al daño económico creado por la pandemia En el Reino Unido, el Gobierno ya ha anunciado que probablemente adoptará otro conjunto de políticas de austeridad y reducirá el gasto público, lo que socavará los progresos realizados por los gobiernos locales para atajar el problema de las personas sin hogar mediante la construcción de viviendas sociales y la adopción de políticas de tipo «La Vivienda Primero». Estas medidas expondrán a las futuras generaciones a un mayor riesgo de convertirse en personas sintecho. Los Verdes pueden desempeñar un papel fundamental para oponerse a estas tendencias a escala europea y nacional, además de marcar la diferencia a nivel local en aquellas regiones donde tienen poder.