Los jóvenes en España se enfrentan a una perspectiva incierta después de dejar el instituto. De hecho, en todo el sur de Europa, el desempleo juvenil en la región se ha mantenido obstinadamente alto desde la crisis financiera. Resolver este problema es una tarea difícil, especialmente cuando muchas escuelas carecen de los recursos y la orientación adecuados. ¿Podría la reciente inversión gubernamental en formación profesional darnos pistas sobre cómo conectar la educación, la justicia social y la transición verde?

El sistema educativo de España vive en una contradicción: los jóvenes estudian carreras para trabajos que no existen y, sin embargo, la Transición Verde genera empleos para los que no hay perfiles. La respuesta a este problema podría encontrarse en el reciente impulso que el Gobierno ha dado a la Formación Profesional, una opción educativa que históricamente ha sido relegada al segundo plano. 

Despertar a un diplodocus de un sueño eterno no es tarea sencilla. Requeriría de una gran habilidad y esfuerzo que una especie tan majestuosa como esta abriese los ojos. Para el pedagogo José Antonio Marina, tal y como describe en su libro  ‘Despertad al diplodocus’, el sistema educativo de España es ese dinosaurio en brazos de Morfeo. Un animal de gran potencial, pero siempre dormido. Y es que mientras el mundo cambia, la educación parece seguir con los ojos cerrados, aferrada a una idea de Estado de bienestar que evolucionó hace tiempo. Bajo su inamovible sombra intentan crecer –muchos sin éxito– los jóvenes que quieren formar parte del futuro laboral de España. 

Desde la gran crisis económica de 2008, las cifras se han encargado de demostrar que el fino hilo que conecta el sistema educativo y el mundo real está cada vez más desgastado. En la actualidad, el desempleo juvenil alcanza en España una tasa del 29,4%, la segunda más alta de la Unión Europea después de Grecia. Además, según las últimas cifras de Eurostat, en 2021 uno de cada cuatro españoles con estudios universitarios adquiridos en los últimos tres años seguía en paro pese haber alcanzado un alto nivel en el sistema educativo. Décadas atrás, en 2007, el porcentaje de graduados con empleo (87,7%) superaba al de la media europea (86,9%). Ahora se sitúa casi 10 puntos por debajo. Es uno de los peores datos del continente.

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¿Dando la vuelta a la esquina? 

Contar con un título universitario ya no garantiza un empleo digno, a pesar de que el sistema educativo siempre haya insistido en esa promesa. El sueño se ha roto y, paradójicamente, los jóvenes estudian carreras para puestos que ya no existen. Una dura evidencia de ese desacoplamiento entre la educación y la economía: mientras que la segunda cambia de forma continua, se vuelve más líquida y multiplica sus sectores en busca de nuevas cualificaciones, la primera sigue descansando en aquella idea meritocrática heredada de la Revolución Industrial que, aún a pesar de la evidencia, todavía tiende a concebir la educación superior como el camino hacia una vida económicamente estable.

Pero el diplodocus podría abrir pronto los ojos. Los daños colaterales provocados por la pandemia en España, al igual que en otros países europeos, dejaron el mercado laboral al borde del colapso, con una tasa de desempleo juvenil que rozó el 42% en pleno pico de la enfermedad y que situó a España, de nuevo, en otro ranking a la inversa: esta vez, se convirtió en el país con mayor desempleo juvenil de la OCDE.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza, nos encontramos con que, durante el periodo educativo de 2020 a 2021, el número de matriculaciones en Formación Profesional aumentó en un 5,2% respecto al periodo anterior, lo que llevó a miles de alumnos a quedarse sin plazas en este formato educativo. Fue un dato histórico en el país: después de décadas relegada a ser ‘la segunda opción’ de aquellos que no entraban en la Universidad –España es el país de la OCDE con menor porcentaje de alumnos matriculados (12%)–, la FP ganaba más reconocimiento que nunca. Tiene motivos para hacerlo: según las estadísticas del Ministerio de Educación, la tasa de paro juvenil en este tipo de formación ni siquiera alcanza el 7%.

La pregunta es: ¿por qué si la FP promete una mayor estabilidad laboral, la universidad aún se mantiene por encima? Ante esta arraigada contradicción, el Gobierno socialista dirigido por Pedro Sánchez – el primer Gobierno en coalición con el partido de izquierdas Podemos de la historia de España – ha optado recientemente por destinar una parte de los Fondos de Recuperación europeos asignados por un volumen de hasta 385.500 millones de euros a impulsar un Plan de Modernización de la Formación Profesional y pulverizar el paro juvenil. Concretamente, son 2.076 millones de euros destinados a este cometido a través del VII Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Y es que más allá de lo que ha supuesto la pandemia, este cambio ya se vislumbraba años atrás cuando España aceptó el ambicioso reto eurpeo de descarbonizar la economía antes de 2050 para intentar frenar las consecuencias del cambio climático. Abordar una transformación de tal nivel se traduce también en una metamorfosis del sistema económico y social desde todas las aristas para evitar efectos negativos en el proceso, lo que requiere inequívocamente de una transición justa que palie la desigualdad (y no añada más). Para ello hay que replantear las bases. 

los jóvenes estudian carreras para trabajos que no existen

Una transición justa a través de la educación

Así, en 2019 España elaboró hace varios años la Estrategia de Transición Justa, un conglomerado de medidas aplicadas a nivel estatal y a través de las diferentes Comunidades Autónomas que aprovecha el potencial de la Transición Verde para transformar los sectores sociales. En líneas generales, a través de la ya aprobada Ley contra el Cambio Climático y el Plan Nacional de Energía y Clima,  hace especial énfasis en la generación de empleo ecológico en la España vacía a través del impulso a las renovables y el desarrollo de los llamados convenios de transición a nivel que crearán oportunidades de empleo en las comarcas a través del acompañamiento verde a empresas y colectivos vulnerables. Pero, además, revisa los currículos educativos a todos los niveles para acercarlos más a la futura economía verde, incluyendo la propia Formación Profesional. 

La Transición Energética derivada de la estrategia verde del gobierno, así como el resto de propuestas de las agendas marcadas por las instituciones internacionales, requieren una amplia proporción de perfiles técnicos ahora mismo inexistentes. «Necesitamos duplicar en los próximos años el número porque los indicadores alertan de que más de la mitad de los puestos de trabajo requerirán de estos perfiles», explica Clara Sanz, Secretaria General de la Formación Profesional en el Gobierno.  

Concretamente, en la Unión Europea, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) calcula que los empleos verdes sumarán en 2030 más de 2.5 millones de puestos. De hecho, según la organización, más allá de los puestos verdes, en España la FP podría cubrir hasta 10 millones de oportunidades de empleo de aquí a 2030 surgidas, principalmente, del reemplazo de trabajadores por jubilación.

En el ámbito de esos nuevos sectores que surgen gracias a la Transición Verde, según valora Marta Suárez-Varela, economista en el Banco de España, la demanda de perfiles técnicos va a ser acuciante para facilitar el despliegue de la renovación de la vivienda y la transición energética a través de las energías renovables, uno de los sectores predilectos del Gobierno ya que España, además de ser uno de los estados europeos con mayor potencial de aprovechamiento de las energías renovables gracias a su disponibilidad natural de recursos (sol, viento, biomasa y litio), también se posiciona como el tercer territorio más atractivo del mundo para invertir en energías verdes según CBE Group, una firma inmobiliaria estadounidense. 

De la misma forma, pronto se expandirán la construcción, la instalación de equipos, las finanzas verdes y el desarrollo relacionado con la innovación climática en torno a energías como el hidrógeno verde, el coche eléctrico o la eficiencia energética. «La inversión en formación es esencial para que los fondos europeos sean eficaces y, aquí, la FP dual –combina la enseñanza con un periodo de prácticas en la empresa– juega un papel clave», indica Suárez-Varela. «La adaptación de las necesidades formativas a la habilidades que demandan las empresas permitiría un mejor ajuste de un mercado de trabajo en el que, actualmente, a pesar del desempleo, numerosas vacantes quedan sin cubrir por la falta de trabajadores con las habilidades que se buscan».  

Una realidad que corroboran también desde el Cedefop. «En España existe un cierto grado de sobrecualificación: los jóvenes se gradúan con carreras universitarias pero trabajan en empleos donde se exigen habilidades que podrían resolverse con un grado medio», analiza Ernesto Villalba, experto en Formación Profesional del Cedefop. «Aquí se juntan dos aspectos fundamentales: por un lado, la necesidad de que la educación esté conectada con el mundo que hay ahí fuera y, por otro, el hecho de que ante un mercado laboral tan cambiante y adaptativo, es importante estar aprendiendo constantemente». 

En este escenario, y acompañado de una nueva Ley de Formación Profesional que consolida la formación dual, el nuevo plan del Gobierno busca modernizar la oferta formativa y crear 28 nuevas titulaciones vinculadas a estos sectores y otros que emergen de la digitalización y que serán fundamentales en el futuro próximo, como el big data, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o la robótica, entre otros. Además, el documento financia la creación de 200.000 nuevas plazas y apoya la acreditación de las competencias profesionales para aquellas personas que las adquirieron a través de la experiencia profesional. La línea de meta: conseguir que el porcentaje de españoles con cualificaciones intermedias (Bachillerato y FP) ascienda del 24 al 49%  en los próximos diez años. Pero, antes, hay que despertar el todo al dinosaurio.

Abordar una transformación de tal nivel se traduce también en una metamorfosis del sistema económico y social desde todas

Una historia de lastres

Si bien el plan del Gobierno ha sido aplaudido sobre el papel, los expertos no se atreven a valorar cómo se acomodará en el sistema educativo. Principalmente, porque el mencionado desacoplamiento también bebe de una tradición cultural. En España, el rechazo a la Formación Profesional proviene del retraso de la industrialización española, que provocó la implantación tardía de esta formación –no se hizo formal hasta 1975–, lo que se sumó a la conocida tradición humanística de las universidades nacidas en el país.

Ambos factores construyeron esa infravaloración de los trabajos técnicos que, poco a poco, encaminó, por un lado, a la propia sociedad a rechazarlos y, por otro, a priorizar el certificado universitario en la legislación educativa. Se construyó así el conocido ‘modelo diábolo’ que el propio Gobierno de España describe al analizar el sistema en su propuesta de mejora de la FP: siguiendo la forma de ese instrumento –sus extremos son mucho más anchos que su tronco–, en las partes amplias se ubicarían, arriba, el porcentaje de españoles con titulación superior y, en el otro extremo, la proporción con baja cualificación,, aquella que solo incluye la educación básica. En el centro, la parte más estrecha, encontraríamos el escaso porcentaje de españoles que estudian formación profesionales. En otras palabras, el reparto no es proporcional.

Sin embargo, el obstáculo capital que incrementa la desconexión educativa y laboral es que en España –a diferencia de otros como Finlandia o Japón– no existe un Pacto de Estado, es decir, una ley aprobada en consenso entre el Gobierno y el resto de representantes políticos blinde algunos aspectos educativos –como el porcentaje de financiación– y proteja al sistema educativo de los vaivenes políticos y posibles reformas legislativas cada cuatro años tras las elecciones. Hasta ahora, según indica el medio Newtral, España aprueba una nueva ley educativa cada cinco años, lo que se traduce en ocho reformas desde el inicio de la Transición (1975).

Como apunta el pedagogo José Antonio Marina, que acumula décadas de experiencia estudiando la educación española, «hemos aprobado demasiadas leyes y, sin embargo, no hemos sido capaces de generar un gran interés educativo en la sociedad: en el último CIS –una encuesta estatal que consulta a los españoles sobre sus principales preocupaciones–, solo un 7% de los encuestados se reconoció inquieto por el estado de la educación».

Además del desequilibrio social, esta falta de consenso alimenta un problema aún más difícil de resolver: la infrafinanciación de las escuelas públicas. En la actualidad, el gasto educativo no llega a alcanzar el 5% del PIB en España, un porcentaje distinto al de países vecinos como Dinamarca (6,3%), Bélgica (6,2%) o Estonia (6%).  Ante la falta de ese Pacto de Estado que afiance el gasto de forma definitiva, el dinero que se destina a Educación es variable, lo que sume al sistema educativo en la incertidumbre. También hay que tener en cuenta la otra cara del débil gasto público educativo: el alto gasto privado en educación, especialmente en las etapas obligatorias, que origina una mayor inequidad en el acceso a la educación.

En última instancia, como Estado autonómico, las competencias en Educación pertenecen a cada comunidad autónoma –gobernadas por distintos partidos–, por lo que ellas también pueden decidir sobre la cantidad de dinero que destinan o cambiar algunos aspectos del currículum educativo. Esto abre la puerta a una mayor ramificación de desacuerdos por motivos ideológicos ante algo tan sustancial como la educación. De hecho, tras la aprobación de la última ley educativa en 2020 que permite pasar de curso sin un límite de suspensos, hasta siete comunidades autónomas se mostraron en contra y plantearon medidas alternativas.

Estos bandazos complican también el desarrollo de los currículums educativos, una dificultad añadida para el docente tal y como lo describe Alejandra Cortés, investigadora permanente de la Cátedra Unesco y profesora: «Es una cuestión de estabilidad, tanto económica como formativa. El bandazo de los partidos políticos no puede influir en lo que se enseña en las aulas». El propio Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha solicitado expresamente este consenso político que destine la financiación correcta y conecte el currículum educativo con la demanda del mercado, subrayando la urgencia de hacerlo para acabar con el otro gran problema de la educación española: el abandono escolar.

Aunque en 2021 consiguió su cifra más baja desde que existen registros (13,3%), España no alcanza la meta europea de reducir la deserción en un 10%. «Un currículo que da la espalda a los intereses sociales contribuye a que el alumnado abandone el sistema», reconoce el propio Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, órgano superior del Ministerio de Educación. «Esto se suma a la carencia de plazas de Formación Profesional, ya que la mayoría de quienes están en situación de abandono tienen el título básico pero no han encontrado una plaza en la que continuar sus estudios».

Un argumento que completa Alejandra Cortés, quien además critica la excesiva memorización teórica que ha caracterizado siempre a la educación española: «La buena formación tiene que responder a lo técnico desde infantil; necesitamos enseñar competencias transversales más allá de lo teórico: capacidades técnicas, resolución de conflictos, capacidades comunicativas…». Aunque, afirma, «por suerte la imagen de la Formación Profesional empieza a ser mucho más positiva: las familias y los alumnos lo ven mucho mejor, y eso hay que cuidarlo». No se trata de desprestigiar a la universidad, sino de encontrar el punto medio entre ambas formaciones: «Mucho alumnado con el que trabajo hace una FP primero y acude a la universidad posteriormente, adquiriendo el bagaje práctico de uno y el academicista de otro. Eso es muy enriquecedor».

Educación para el futuro

En conclusión, la amenaza del cambio climático y la apuesta política por descarbonizar la economía ha desenterrado algo que hasta ahora pasaba completamente desapercibido en el sistema educativo español cuando se hablaba de la Transición Verde: esa conexión entre la educación y la transición justa. Las cifras del abandono escolar y el desempleo juvenil venían ya avisando de que faltaba otra mirada en el sistema educativo, una capaz de superar el horizonte del «enseñar para producir» y hacer de las aulas ese espacio responsable de garantizar una evolución social en concordancia con lo que exige una  economía en continua transformación.

Tal y como apunta el Secretario de Estado de Educación, a fin de cuentas, «las grandes fracturas de los diferentes sistemas educativos se producen cuando los cambios importantes en la sociedad, relevantes para la vida y las personas, no tienen un reflejo en los conocimientos, las habilidades y las actitudes que esa sociedad considera como equipaje vital que deben portar sus jóvenes». «Sin olvidar la necesidad de ir construyendo un camino de convergencia con los sistemas educativos de la Unión Europea, es nuestra obligación incluir valores, destrezas, motivaciones y actitudes para formar una ciudadanía activa en la sociedad en la que va a vivir», añade.

Ante esta amalgama de dificultades por resolver, ¿podemos fiar la revolución educativa (y, por tanto, del Estado de bienestar) a este impulso de la Formación Profesional desde el trampolín de la Transición Verde? Como un gran árbol, cada raíz de lo que nos define como sociedades juega un papel fundamental. Si una se evoluciona, el resto también debe hacerlo. Por lo tanto, acabar con esa idea de ‘universidad = trabajo’ y abrir otras opciones puede contribuir a germinar nuevos modelos de trabajo que aborden otros debates, como la reducción de la jornada laboral a cuatro días o mayores permisos de paternidad, y doten de mayor importancia a sectores comúnmente olvidados por esta tendencia a favorecer los empleos universitarios, como el sector de los cuidados o el turismo (uno de los principales contribuyentes al PIB español).

Para que esto ocurra, son los propios representantes políticos los que deben mover la ficha y facilitar este entorno de cambio, porque abandonar lo que se ha arrastrado ancestralmente requiere una acción conjunta. Es complicado, pero la evolución es la moneda de cambio para seguir garantizando el bienestar de las sociedades. Y todo empieza en la educación: si el diplodocus, finalmente, abriera los ojos y diera el primer paso, la huella que dejaría sería imborrable. Y no solo eso: las generaciones venideras aprenderían durante siglos de ella.

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