La crisis económica

La crisis económica de 2008 golpeó a España de una forma especialmente severa. Algunos de los motivos son el deterioro de su sistema productivo e industrial, su falta de control a la especulación financiera, su crisis bancaria y la apuesta por el crecimiento sin límites de su burbuja inmobiliaria. La crisis elevó la tasa de paro al 25,8% y, pese a convertirse en el país con la mayor tasa de viviendas vacías del mundo, más de 600.000 familias fueron desahuciadas.

Por aquel entonces, el movimiento político verde en España estaba tratando de unificarse en torno a una única fuerza política, por lo que no se encontraba en condiciones de ofrecer un sólido análisis de la situación económica ni, mucho menos, soluciones. Mientras en otros países europeos el mayo del 68 había contribuido al surgimiento de movimientos ecologistas, las movilizaciones que tuvieron lugar en la España franquista de entonces fueron más bien de carácter democrático. Esto dificultó el surgimiento de una identidad ecologista que pudiera articular una base social y electoral suficiente para sostener siquiera un partido verde mínimamente estable en España en las siguientes décadas.

Las identidades políticas tradicionales se estaban desvaneciendo y el sistema político se mostraba incapaz de incorporar el descontento ciudadano.

La gestión de la primera parte de la crisis económica de 2008 por parte del PSOE se basó, al igual que en otros países con gobiernos socialdemócratas, en los postulados neoliberales. Esto significó, por ejemplo, los primeros recortes de las inversiones públicas en renovables por parte del mismo gobierno que las había impulsado de forma decidida en los años precedentes. En un sistema bipartidista como el que tenía España en ese momento, estas medidas generaron una gran desafección y la ilusión de un consenso neoliberal por el que las diferencias ideológicas se reducían a una mera capacidad de gestión “técnica” de las políticas económicas y presupuestarias exigidas desde Bruselas.

Pero esta suerte de paréntesis pospolítico duraría poco. En 2011, ante la falta percibida de alternativas por el consenso bipartidista, estalló de forma imprevista el movimiento 15M de los “indignados”, haciendo patente la brecha entre representantes y representados. Las identidades políticas tradicionales se estaban desvaneciendo y el sistema político se mostraba incapaz de incorporar el descontento ciudadano.

La crisis social

La crisis social fue la consecuencia directa de la crisis económica y se agudizó con la llegada del PP al poder en las elecciones de noviembre de 2011. Los sectores populares fueron los más golpeados por sus políticas de austeridad y recortes sociales, al tiempo que se agravaban las desigualdades y se quebraban las  promesas neoliberales de ascenso social, tanto mediante el trabajo duro como del enriquecimiento fácil que había ofrecido hasta entonces la cultura del crédito y el pelotazo. En paralelo, el nuevo gobierno impulsó una auténtica contrarreforma ambiental, recortó la inversiones en energía limpia y apostó decididamente por los combustibles fósiles como el fracking, el gas o el carbón. España quedó definitivamente fuera de la carrera de la transición energética en Europa.

A medida que la crisis social se agudizaba, las protestas del 15M evolucionaron dando lugar a la mayor oleada de movilizaciones sociales desde el final de la dictadura. Con la llegada de las redes sociales y el deterioro de las identidades de clase tradicionales, la ciudadanía se comenzó a organizar fuera de cauces tradicionales como pudieran ser los sindicatos. Así, surgieron movimientos como las “mareas” ciudadanas, organizadas de forma autónoma en torno a demandas particulares. Pero uno de estos movimientos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), logró que su causa y relato condensaran todo un sentimiento de descontento generalizado frente al sistema. Su lema, “sí se puede”, fue rápidamente asumido como un símbolo por toda clase de movimientos sociales.

En este contexto, el movimiento político verde en España consiguió unificarse en torno al partido político EQUO (exceptuando Cataluña, donde ya existía ICV). Optó por sumarse a las protestas, denunciar los recortes en políticas medioambientales y apoyar las reivindicaciones sociales en paralelo. Pero lo cierto es que sus reivindicaciones principales, las medioambientales, eran una preocupación totalmente secundaria para una población sumida en una situación social absolutamente dramática. EQUO no logró tampoco armar un relato que le permitiera articular políticamente una amplia diversidad de demandas sociales en torno a sus postulados verdes para encarnar así una vía de escape a la abrumadora desesperación social. Lo logró Podemos en 2014 en torno a reivindicaciones de carácter social y democrático, y asumiendo como propio el lenguaje de las movilizaciones ciudadanas. Su lema: “sí se puede”.

La crisis política

Con su irrupción, Podemos propició y lideró la canalización política de la protesta social. Con el ascenso también del partido liberal Ciudadanos en 2015, el tablero político español quedó irreconocible. EQUO tenía dificultades para asentarse como un partido ecologista relevante por lo que, ante la tormenta política, optó por cobijarse bajo el paraguas de otras fuerzas políticas. Con la participación de EQUO e ICV en procesos de confluencia política, la ecología política logró en 2015 representación en muchos municipios y accedió a responsabilidades de gobierno en algunas tan importantes como Madrid, Barcelona o Valencia. Sus políticas en materia de movilidad sostenible, como el plan Madrid Central, han contribuido a modificar el sentido común mayoritario que hoy facilita una mayor proyección y apoyo social de las políticas verdes. En paralelo, también se produjeron cambios de gobierno a nivel autonómico que contribuyeron a un punto de inflexión en las políticas ecologistas, que adquirieron una mayor relevancia y comenzaron a superar su concepción meramente sectorial. Estos cambios políticos y el Acuerdo de París facilitaron que el cambio climático comenzase a penetrar tímidamente en la agenda política española.

En 2016, gracias a sus alianzas con otras fuerzas, EQUO alcanzó el mayor nivel de representación institucional que haya tenido la ecología política en España: 3 escaños en el Congreso, 1 eurodiputado, 5 escaños autonómicos y más de 100 concejalías en todo el país. Sin embargo, la falta de una estrategia clara orientada a aprovechar su presencia institucional desencadenó importantes conflictos internos, a medida que la visibilidad y autonomía del partido se empezaban a ver comprometidas por su integración en proyectos más amplios. Por otro lado, el PP consiguió mantenerse en el gobierno este año gracias a la abstención del PSOE, pero las mayorías parlamentarias habían cambiado significativamente. Esto se evidenció, por ejemplo, en el debate en el Congreso sobre el “Paquete de Invierno” de energía de la Comisión Europea, donde quedó patente que el gobierno del PP se había quedado atrás frente a una nueva mayoría parlamentaria favorable a una descarbonización de la economía mucho más rápida.

el llamado “espacio del cambio”, hasta ahora liderado por Podemos, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento y disgragación

Más adelante, la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña en 2017 supuso la culminación de una crisis territorial que, junto a la inestabilidad del nuevo sistema de partidos, había desencadenado una importante crisis de gobernabilidad y una dinámica de bloques y vetos cruzados. Ante esta realidad política compleja e inestable, todos los partidos políticos españoles experimentaron procesos internos de verticalización, uniformización, exclusión de las diferencias, vuelta a las esencias y cierre de filas en torno a hiperliderazgos muy masculinizados. Este deterioro de la política se topó, no obstante, con el regreso de la movilización social de la mano del movimiento feminista, con las huelgas de mujeres de 2018 y 2019 como hitos principales. Mientras el feminismo marcaba la agenda política y los partidos progresistas adoptaban su lenguaje y reivindicaciones, EQUO ya mostraba su debilidad y su incapacidad de representar una apuesta ecofeminista potente y diferenciada.

En 2018, la Justicia condenó por corrupción al PP, lo que llevó al PSOE a impulsar con éxito una moción de censura contra el presidente del gobierno Mariano Rajoy. El cambio de gobierno supuso un terremoto político y un punto de inflexión en el conjunto de políticas gubernamentales. Con la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica, una nueva perspectiva ecológica mucho más transversal y ambiciosa llegó también al gobierno central y posibilitó un giro de 180 grados en el papel de España en las políticas climáticas y energéticas de la UE. Sin embargo, la inestabilidad política ha impedido hasta ahora que estas buenas intenciones puedan materializarse en forma de reformas e inversiones de calado.

Annabelle Dawsonadawson

El cambio de gobierno, la irrupción del movimiento feminista, la sobredimensión del debate territorial y la inestabilidad política sirvieron como caldo de cultivo para una reacción de carácter nacional-conservadora. Así, en 2019, un partido de ultraderecha ha llegado por primera vez a las instituciones españolas después de la dictadura y tanto PP como Ciudadanos han optado por pactar con ellos y radicalizar sus postulados ideológicos. Por su parte, el llamado “espacio del cambio”, hasta ahora liderado por Podemos, ha comenzado a mostrar signos de agotamiento y disgregación. Debido a ello, la política de alianzas que había permitido a EQUO subirse a la ola de cambio político en 2015 ha comenzado a convertirse ahora en un handicap para el mantenimiento de su cohesión interna, al verse sometido a fuertes tensionamientos contradictorios desde el exterior. Estas circunstancias acabaron imposibilitando incluso su participación en las Elecciones Europeas y EQUO ha terminado este ciclo electoral con un único diputado en el Congreso, fuera del Parlamento Europeo, con 5 escaños autonómicos y unos 20 concejales en todo el país.

¿Y la crisis ecológica?

Cada año en España, la contaminación del aire causa 10.000 muertes. Además, España desperdicia 14 millones de toneladas de residuos, gasta casi 40.000 millones de euros en importar combustibles fósiles y los incendios forestales arrasan en torno a 100.000 hectáreas del país cada año. La desertificación ya afecta al 20% del territorio español y amenaza al 75% del mismo.

Desde una visión ecologista esencialista, estos datos revelarían la existencia incuestionable de una crisis ecológica en España, cuya solución lineal residiría en los postulados de la ecología política. Sin embargo, desde esta perspectiva, la escasa educación ambiental y la ocultación mediática de los datos le estarían privando de un apoyo electoral a la altura de la gravedad objetiva de la situación. Pero lo cierto es que, independientemente de su nivel de difusión, los datos nunca son elevados espontáneamente a categoría de crisis ni cobran por sí solos un determinado sentido político. Puesto que para expresarse políticamente, la crisis ecológica debe haber sido construida políticamente, dejémonos de chivos expiatorios. Es la propia debilidad de la ecología política española lo que explica que la expresión política de este fenómeno esté llevando más tiempo en España que en otros países de la UE pese a la mayor disponibilidad de evidencias científicas.

No obstante, esta batalla ya ha comenzado en España y la expansión de una nueva hegemonía verde se ha acelerado en el último año tras la recuperación de la iniciativa política por parte de las fuerzas progresistas. También se está viendo favorecida por los ecos de la agenda mediática internacional, muy marcada en el último año por el cambio climático, el movimiento Fridays for Future de Greta Thunberg o el Green New Deal rescatado por Alexandria Ocasio-Cortez. Así, cada vez son más los actores políticos en España que se están volcando en la construcción política de la crisis ecológica para posicionarse desde ya con las mejores perspectivas de ser quienes lideren la salida.

la ecología política española tiene el reto de pasar del esencialismo al constructivismo, del nicho a la transversalidad, de la protesta a la propuesta y del catastrofismo a la esperanza.

Quienes se están disputando de forma más clara el liderazgo de la hegemonía verde a nivel estatal son PSOE y Podemos. La nueva dirección del PSOE ha hecho una apuesta discursiva clara en torno a la transición ecológica y se enmarca en un proceso de renovación ideológica de la socialdemocracia para recuperar la iniciativa en una sociedad cada vez más postindustrial. Por su parte, Podemos ha hecho una apuesta discursiva que podría volverse cada vez más estructural con el crecimiento de las voces internas que defienden que su proyecto ya no puede basarse ni en la oposición a un sistema político del que ahora forman parte ni en la mera denuncia de sus consecuencias sociales. Sin embargo, la crisis de gobernabilidad está dificultando que esta disputa pase del nivel retórico al de las políticas concretas.

Aunque la ecología política española se ha visto hasta el momento incapaz de liderar esta cuestión a nivel estatal, sectores y actores importantes de ese “espacio del cambio” en proceso de reconfiguración se están acercando cada vez más a sus postulados desde una perspectiva ecosocial y compartiendo la necesidad de aprovechar la transición ecológica como un auténtico vector de transformación social. Algunos de ellos ya estaban organizados en partidos de ámbito autonómico muy relevantes de los que EQUO formaba parte, como Más Madrid, Compromís en la Comunidad Valenciana o MES en Baleares, y ya se están dando pasos hacia una mayor cooperación entre ellos que está llevando a la creación de un nuevo partido  verde en España. De hecho, para la repetición de las elecciones generales en noviembre de 2019 tras la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos para formar gobierno, algunos de estos partidos junto a EQUO ya se han unido en la coalición estatal “Más País”. En su declaración conjunta apuestan por “poner la ecología en el centro de su acción política como defiende el Partido Verde Europeo” y buscan aprovechar el potencial de “la transición ecológica justa y el Green New Deal como el principal vector de transformación política y social en los próximos años”. Por lo tanto, la ecología política española tiene ahora una clara oportunidad de abrirse a nuevos secotres y ampliar sus bases en un clima cada vez más favorable a la puesta en marcha de políticas verdes transversales: de la salud al empleo, pasando por la seguridad, la industria o la igualdad de oportunidades.

No sabemos qué le deparará el futuro a la ecología española, pero sí sabemos que la futura puesta en marcha de políticas ambiciosas en materia de transición ecológica en España dependerá directamente de qué actor político se haga definitivamente con el liderazgo de la nueva hegemonía verde, de la consolidación de un contexto europeo e internacional favorables y de la capacidad de influencia cualitativa y cuantitativa que la ecología política logre en este nuevo contexto. Para lograr esto último, la ecología política española tiene el reto de pasar del esencialismo al constructivismo, del nicho a la transversalidad, de la protesta a la propuesta y del catastrofismo a la esperanza. Es decir, aprovechar la oportunidad de dejar de ser la resistencia ecologista para estar en condiciones de liderar la nueva hegemonía verde.