Los impactos de Covid-19 han sido profundos y diversos, las mujeres de todo el mundo han estado en primera línea de la crisis. En España, el legado del movimiento feminista de los últimos años se percibe en la atención prestada a las cuestiones de género en el plan de respuesta a la crisis y de recuperación del gobierno. Pero las secuelas de la pandemia, combinadas con la creciente polarización, el parón de la movilización y la desaparición del debate público de las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres, ponen en peligro los logros feministas. Para evitar una regresión, la recuperación debe abordar las desigualdades de género fundamentales.

Si analizamos el impacto de la pandemia en España con perspectiva de género en España, seguramente nos encontraremos que los datos no difieren enormemente respecto a otros países europeos. Sin embargo, merece la pena detenerse en el diagnóstico y datos que dos informes publicados a lo largo de 2020, uno del Gobierno de España y otro del Gobierno Vasco, recogen para el periodo de marzo a junio, cuando con una incidencia altísima y una situación muy grave en hospitales y residencias de mayores se decretó uno de los confinamientos más duros y largos de toda Europa. ¿Qué impacto tuvo esta situación excepcional en las mujeres españolas?

En primer lugar las mujeres se han contagiado más de COVID-19: a 15 de julio 2020 el 55,7% de las personas contagiadas eran mujeres, mientras que a 14 de abril 2021 52%. En ambas fechas, las mujeres están sobrerrepresentadas en los grupos de edad laboral. La explicación se encuentra en que el 66% del personal sanitario (84% en enfermería) y 84% de la plantilla en centros residenciales son mujeres. Si añadimos el altísimo grado de feminización de trabajos esenciales que implican un gran contacto social como cajeras de supermercados, limpiadoras o cuidadoras (trabajos sin reconocimiento social y altamente precarizados), la conclusión es las mujeres estuvieron mayoritariamente en primera línea de la primera ola, cuando no existían equipos de protección y apenas se sabía nada del virus.

Pero el impacto en la salud de las mujeres no se limita solo al mayor número de contagios, será necesario un análisis con perspectiva de género para ver como el retraso en pruebas, diagnósticos, operaciones y tratamientos de otras enfermedades derivados de la saturación del sistema de salud va a impactar en el bienestar físico, la salud y la mortalidad de la población en general, y las de las mujeres en particular. Y desde luego, no podemos olvidar el impacto de la pandemia en la salud mental. Un estudio realizado por la Universidad del País Vasco señala que las mujeres han incrementado en mayor medida su malestar psicológico que los hombres.

las mujeres estuvieron mayoritariamente en primera línea de la primera ola, cuando no existían equipos de protección y apenas se sabía nada del virus

La suspensión de los servicios de cuidados (guarderías, colegios, centros de día para dependientes, etc.) supuso un gran esfuerzo adicional de conciliación para las familias durante el confinamiento. Diversas encuestas y estudios publicados relativos a este periodo muestran que a pesar de que los hombres incrementaron ligeramente su participación en las tareas domésticas, esto fue claramente insuficiente para la carga adicional de trabajo que supuso el confinamiento y que recayó mayoritariamente en las mujeres. La situación fue muchísimo más complicada en los hogares monoparentales, alrededor de un 80% encabezados por mujeres (más de 1,5 millones de hogares).

Si el trabajo doméstico, el de cuidados a menores, mayores o dependientes y o el apoyo educativo ya es de por sí exigente, muchas mujeres tuvieron que seguir trabajando en puestos esenciales, mantener el peso del hogar teletrabajando o bajo la angustia de no tener ningún tipo de ingreso. La posición de las mujeres en el mercado laboral ha empeorado con la pandemia. Actualmente España tiene una tasa de desempleo femenino del 18,4% (frente al 16,13% de los hombres), la segunda más alta de Europa tras Grecia. Hay que destacar, que si bien hay una alta presencia de mujeres en los sectores esenciales (sanidad, educación, cuidados profesionales, distribución) que no se verán afectados en términos de mantenimiento del empleo; hay otros sectores dónde las mujeres están sobrerrepresentadas y que se están viendo muy afectados por la pandemia: hostelería, restauración, comercio o servicios asociados al turismo, que además por sus altas tasas de precariedad generan derechos de prestación igualmente precarios.

Sin embargo, en el ámbito donde más conciencia se ha mostrado desde las administraciones y los medios de comunicación es el de la violencia machista en el hogar, así como el de niños y niñas víctimas de abusos en el ámbito familiar. Los datos muestran que el número de denuncias se redujo drásticamente, mientras que aumentaron notablemente las peticiones de ayuda y consulta a través de los diferentes servicios telefónicos. Este fue sin embargo, el campo dónde más medidas excepcionales se tomaron desde el gobierno y desde las Comunidades Autónomas: un plan de contingencia que incluía entre otras medidas la consideración de esenciales todos los servicios de atención a las víctimas, activación de servicios de apoyo vía WhatsApp, apps de ayuda, convenios con farmacias para solicitar ayuda con el código Mascarilla19…

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

UN Women lanzó en septiembre los resultados de un análisis global sobre la perspectiva de género en las medidas adoptadas por todos los países del mundo para hacer frente a la pandemia.  Los resultados del COVID-19 Global Gender Response Tracker [1] es poco esperanzador. De un total de 2.517 medidas específicas derivadas de la pandemia y sus efectos en todo el mundo, sólo 992 tenían perspectiva de género. De estas, 704 eran específicas sobre la violencia contra las mujeres.

En Europa (incluyendo Rusia), un total de 298 medidas se han considerado con perspectiva de género: 225 relativas a la violencia contra las mujeres, 16 relativas a la seguridad económica y 54 a los cuidados no remunerados. Austria fue quien más medidas puso en marcha, 17, seguida de España con 16, Grecia 14, Portugal y Bélgica 13, Reino Unido, Francia y Rumania 12. Solo 9 países adoptaron medidas en los tres ámbitos, entre ellos España.

En el caso español, merece la pena destacar las medidas adoptadas para facilitar los cuidados durante el confinamiento, fruto sin duda del lugar relevante que los cuidados habían ocupado en la agenda política anteriormente:  flexibilización de horarios, reducción de jornada y excedencia temporal para el cuidado de menores o dependientes, fomento o hacer prioritario el teletrabajo. Estas medidas, se complementaron en septiembre con una nueva normativa para el cuidado de personas en cuarentena por ejemplo o una ley de regulación del teletrabajo. Adicionalmente se aprobó una cantidad extraordinaria de 300 millones de euros para reforzar los servicios a personas mayores y dependientes, así como a personas sin hogar. En cuanto a la seguridad económica, la medida estrella ha sido el Ingreso Mínimo Vital[2], que, aunque con muchas deficiencias en su diseño y procedimientos que está dificultando el acceso a muchas personas que lo necesitan, es el primer paso para la protección de las personas más vulnerables.

merece la pena destacar las medidas adoptadas para facilitar los cuidados durante el confinamiento, fruto sin duda del lugar relevante que los cuidados habían ocupado en la agenda política anteriormente

Sin embargo, hay una medida que, a pesar de no estar incluida en el informe de UN Women, merece ser destacada, y es en mi opinión consecuencia directa del impulso feminista de los últimos años: el subsidio extraordinario para empleadas del hogar por cese de actividad que tuvieran contrato regularizado. Según datos del Eustat, España es el segundo país de la Unión Europea en número de empleadas del hogar, por detrás de Italia (entre ambos países suman más de la mitad del total de empleos en este sector en Europa)[3]. Este colectivo, formado mayoritariamente por mujeres migrantes, vivió verdaderos dramas personales durante el confinamiento, muchas mujeres se vieron en la calle o sin ingresos de un día para otro. Algunos colectivos feministas organizaron cajas de resistencia via crowdfunding y algunas organizaciones consiguieron pagar billetes de vuelta a sus países a quienes no tenían ni casa ni red familiar. Aunque, el impacto de la medida fuera relativo en términos cuantitativos (es uno de los sectores con mayor economía sumergida), hay que valorar simbólicamente el peso de la medida, en el sentido de que se puso el foco en un colectivo de mujeres con una altísima precariedad, condiciones de trabajo duras y sin ningún tipo de reconocimiento social, víctimas muchas veces de explotación y abusos.

¿Y ahora qué se está haciendo?

Pasada la primera ola, la emergencia sanitaria y el confinamiento, la pandemia continúa teniendo efectos desiguales en las mujeres, y sin embargo la igualdad está completamente ausente del debate político en el último año. Tras la crisis de cuidados que supuso el cierre de escuelas, centros de día para dependientes, el colapso de la sanidad y el fracaso del modelo de residencias era de esperar que la fuerza del movimiento feminista empujara lo suficiente para abrir un debate amplio sobre la reorganización social de los cuidados y esto se convirtiera en uno de los ejes de la reconstrucción económica. Nada de eso está pasando. En ningún nivel institucional, foro de debate político o mediático hay lugar para la crisis de cuidados en sentido amplio.

Las instituciones están reduciendo principalmente su actuación en el ámbito de los cuidados al incremento de inversión y cambios de orientación en las políticas asistenciales, pero esta visión obvia no solo el cuidado de menores, sino los cuidados diarios que todas las personas necesitamos en nuestro día a día con independencia de nuestra edad y estado de salud. El trabajo doméstico o el cuidado emocional son, por poner un ejemplo, dos de las dimensiones que nunca aparecen en el debate político sobre cuidados y que recaen (también) en las mujeres.

En el Plan de recuperación, transformación y resiliencia presentado por el Gobierno de España para la inversión de los fondos Next Generation EU aparece la igualdad de género, junto con la transformación verde, la digital y la cohesión social como uno de los ejes transversales del plan. En la última versión publicada, el plan reconoce el mayor impacto del COVID en las mujeres y la brecha existente en el mercado de trabajo, así como la infrarrepresentación de las mujeres en las áreas formativas que darán acceso a los puestos de trabajo del futuro.

El plan establece medidas transversales como la perspectiva de género en la recopilación de datos y análisis, criterios de compra pública, requisitos en las convocatorias abiertas o la participación de las mujeres en foros y espacios de decisión. Pero resultan mucho más interesantes las medidas específicas que el gobierno identifica con un impacto directo en la reducción de la brecha de género tales como: creación plazas educación de 0-3 años, mejora de los servicios sociales y el IMV, medidas relacionadas con la pobreza energética y la vivienda o inversión específica en movilidad y transporte.

Sin embargo, hay dos medidas, cuyo éxito o fracaso va a determinar la igualdad económica y laboral en las próximas décadas: El plan de choque de economía de los cuidados y el Plan de competencias digitales. El primero tiene un doble objetivo, por una parte, facilitar una mayor participación de las mujeres al mercado de trabajo y por otra mejorar las condiciones de las trabajadoras del sector. En lo que respecta a la formación para la economía digital, se señala específicamente la brecha digital como uno de los vectores de desigualdad que condicionarán el mercado de trabajo en los próximos años y sobre el que hay que actuar.

no hay habrá recuperación resiliente mientras haya desigualdad

Es un gran avance que el Plan de Recuperación tenga este planteamiento de partida y sobre todo que se haya identificado la necesidad de diseñar políticas que corrijan el desequilibrio inicial  y fomenten el desarrollo profesional de las mujeres en los ámbitos de actividad del futuro (no solo lo digital, sino también el ecológico) para que las mujeres no queden excluidas de la nueva economía. Es decir, sin introducir la perspectiva de género en la gestión de los fondos Next Generation EU, tal y como solicitó el Parlamento Europeo el pasado mes de enero, la millonaria inversión para la recuperación y la transformación de la economía europea, no sólo no ayudará a reducir la desigualdad de género sino que contribuirá a hacerla mayor, ahondando en la brecha salarial, la temporalidad y el diferente reconocimiento social de los diferentes trabajos.  Hay que reconocer, que este sentido, la dimensión que se le da a la igualdad de género en el plan español está en el camino correcto y nos recuerda que no hay habrá recuperación resiliente mientras haya desigualdad.

El 8M en pandemia: ¿dónde está el movimiento feminista en España?

A lo largo de este año de pandemia han sido numerosas y variadas las manifestaciones y movilizaciones de diferente signo que se han celebrado en todo el país. En ningún caso se puso nunca en duda ni el derecho de manifestación ni la responsabilidad de las organizaciones para cumplir con las normas de seguridad, hasta que llegó el 8 de marzo. Las semanas previas el debate giró sobre la conveniencia o no de las movilizaciones, reafirmando el marco de la derecha (que durante meses culpabilizó a la manifestación feminista de 2020 de la virulencia de la primera ola en España) y escondiendo el debate real que debería haber sido las consecuencias de la pandemia en la vida de las mujeres y las políticas que se están adoptando.

Es cierto, que ese día la mayor parte de los medios de comunicación dedicaron especiales y se trató de visualizar el impacto de la pandemia en las mujeres, con diferentes testimonios y voces. Sin embargo, fue más de un ejercicio de ensalzamiento de la heroicidad y la abnegación de las mujeres para cuidar que un análisis político de profundidad con vocación transformadora.

A fecha de cierre de este artículo, un mes y medio después del 8 de marzo de 2021 podemos afirmar que ni las movilizaciones, ni el foco del debate público estuviera en la igualdad de género durante unos días ha servido para recuperar la centralidad que los derechos de las mujeres ocuparon en la agenda política en los dos últimos años. El momentum feminista en España ya no existe, o al menos está hibernando. Indudablemente, durante estos años se ha construido un sentido común intergeneracional sobre la desigualdad estructural de las mujeres que, si bien no ha sido suficiente para que la igualdad mantenga su presencia en la agenda pública durante la pandemia, sí debería serlo para recuperarla en un plazo razonable. Sin embargo, hay algunos elementos del contexto político que no van a favorecerlo.

En primer lugar, el enfrentamiento en el seno del gobierno por el proyecto de ley sobre las personas transexuales. Un debate que se está dando también en las redes sociales y una parte del movimiento feminista, cuyo marco y tono quedan muy lejos de la situación y los intereses de la vida de diaria de la mayoría de las mujeres. En segundo lugar, la polarización de la política española, con debates broncos, mentiras, insultos y la radicalización de algunas posiciones impiden tener debates constructivos sobre cuestiones estructurales, como la igualdad (pero también podríamos añadir la lucha climática o la digitalización). En esta espiral del todo vale, ya no solo la extrema derecha, sino también la presidenta de la Comunidad de Madrid, líder al alza en el Partido Popular, cuestiona sin rubor la violencia de género, un consenso que parecía intocable dentro los partidos.

España y sus comunidades autónomas corren el riesgo de estancarse en términos de políticas públicas, pero también en cuanto a avances logrados en igualdad durante los últimos años

Por último, los términos en los que se está dando el debate de la recuperación y de las inversiones de los fondos europeos no permite introducir el debate de los cuidados o la igualdad en la agenda. El debate se ha convertido en una especie de competición entre empresas y territorios, por ver quien capta más y mejor inversión. En ese marco, dónde lo cuantitativo y lo geográfico son las claves, España y sus comunidades autónomas corren el riesgo de estancarse en términos de políticas públicas, pero también en cuanto a avances logrados en igualdad durante los últimos años.

Ante una agenda pública que ha dado la espalda a la igualdad y una situación política de polarización continua, solo cabe esperar que los agentes que consiguieron abrir y consolidar debates impensables hace tan solo pocos años, sepan construir alianzas y estrategias que permitan que la recuperación post-covid tenga presente y como elemento central la igualdad de género y el reparto de las tareas de cuidados. De lo contrario, las mujeres saldremos más desiguales de lo que empezamos la pandemia.

No hay duda, de que lo sembrado en estos años ha condicionado para bien algunas decisiones y políticas adoptadas en el último año, y en especial la perspectiva de género introducida en el Plan de Recuperación. Pero en general, podemos decir que al movimiento feminista no le ha sentado nada bien la pandemia. Esperemos que la ansiada normalidad traiga de vuelta, entre otras cosas, la igualdad a la agenda y el debate público, y sobre todo sea capaz de hacer un seguimiento de cómo las inversiones y planes de transformación afectan, para bien o para mal a las mujeres.


[1]El COVID-19 Global Gender Response Tracker analiza 4 tipos de políticas: protección social, mercado laboral, fiscal y económicas y violencia contra las mujeres. Según su metodología se consideran con perspectiva de género todas las medidas relacionadas con la violencia contra las mujeres, y de las otras categorías aquellas que o bien reconozcan el trabajo de cuidados no remunerados o que incidan en la seguridad económica de las mujeres.

[2]     Hasta la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el acceso a una renta mínima no contributiva dependía de la Comunidad Autónoma de residencia, lo que llevaba a fuertes disparidades en el nivel de protección y tasas de pobreza. El IMV tiene por objetivo cubrir el vacío de los sistemas autonómicos de protección social

[3] Informe de trabajo doméstico en España. UGT. 2017 https://ugt.es/sites/default/files/migration/Informe_trabajo_domestico_UGT_sept2016.pdf

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