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Democracy

¿Tiene futuro el federalismo en España?

By Josep Vendrell

En España se da una paradoja singular con el federalismo. El federalismo parece, a priori, la solución político-jurídica más lógica para la articulación de una realidad territorial tan diversa como la española, pero en cambio ha sido y es rechazado tanto por los dos grandes partidos del Estado, el PSOE y el PP, como por los partidos nacionalistas.

El federalismo ha sido reivindicado especialmente por la izquierda, por Izquierda Unida (IU) y, con especial intensidad por la izquierda catalana, el PSC (partido socialista catalán vinculado al PSOE) y Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), además de por algunos ámbitos académicos. pero dejando de lado Catalunya en el resto de España ha sido siempre una opción minoritaria. Sólo en el lejano 1873, en el marco de un proceso revolucionario, la primera y breve república española, llegó a aprobarse una constitución federal.

Las razones de este rechazo se encuentran en que federalismo tanto para la derecha, como para izquierda más jacobina es sinónimo casi de ruptura del Estado, de reconocimiento de las partes de como sujeto político propio y de soberanía compartida. Y para los nacionalistas vascos y catalanes el federalismo supone la aceptación de la unidad del estado, comporta renunciar al sueño de la plena soberanía y establecer un modelo de estado sin las ambigüedades y lecturas varias que podía tener el estado autonómico.

El modelo de organización territorial del Estado español, llamado autonómico, es un sistema con algunos elementos propios de un sistema federal, las comunidades autónomas disponen de parlamentos con poderes legislativos y gobiernos propios y de una serie de competencias especialmente en las políticas sociales como salud, educación, cultura, medio ambiente o ciertas infraestructuras de transporte.

Pero no es un modelo plenamente federal por las siguientes razones: los Estatutos de las comunidades (constituciones) han de aprobarse por las Cortes Generales (Congreso y Senado) antes de ser sometidas a referéndum en las comunidades correspondientes; las comunidades autónomas no cuentan con un marco competencial propio plenamente garantizado, el gobierno del Estado tiene una gran capacidad de imponer sus políticas aunque se trate de ámbitos competenciales autónomicos; el sistema de financiación está controlado por el Estado central, siendo escasos los elementos de corresponsabilidad fiscal; los mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas son inexistentes y los de las comunidades con el Estado muy débiles, el Senado es una cámara de segunda lectura sin representación directa de las comunidades.

Pero el principal déficit federal del sistema político español es la falta de cultura federal, el escaso aprecio y la falta de generosidad del Estado central hacia las minorías nacionales que conforman el Estado.

Las lenguas catalana, vasca o gallega, por ejemplo, no tienen la misma consideración que el castellano, son lenguas coofiaciales en sus territorios respectivos pero no reciben el mismo amparo y protección que la lengua mayoritaria y ello a pesar de haber sufrido la marginación y persecución por el Estado central a lo largo de la historia.

El otro ejemplo de la falta de cultura federal es la vulneración sistemática de las competencias autonómicas que realiza en gobierno del Estado, hasta llegar en estos momentos a un auténtico proceso de recentralización y de vaciado de las competencias autonómicas.

La Constitución de 1978, fue fruto de una serie de complejos equilibrios y de la presión de los poderes fácticos provenientes del franquismo, como el ejército, contrarios al reconocimiento de la diversidad territorial de España.

La Constitución reconoce la existencia de nacionalidades y regiones y al mismo tiempo estable la “indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, un lenguaje que refleja el nacionalismo español más rancio. Establece el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, pero manteniendo la provincia, la división territorial provincial propia del estado centralista.

Aun así la Constitución no establecía un modelo de estado cerrado, permitiendo diversas posibilidades para el desarrollo de un modelo territorial que en principio estaba pensado para resolver la demanda de autogobierno de Catalunya y Euskadi. Las aspiraciones de Catalunya y Euskadi no fueron plenamente satisfechas pero en cambio las autonomías se generalizó al conjunto de España.

En estos momentos este peculiar modelo casi federal está en crisis. Catalunya ha sido históricamente quien ha liderado el proceso de desarrollo del Estado autonómico. Las reivindicaciones de las fuerzas políticas catalanas y catalanistas, ya sea la asunción de competencias en sanidad o educación o los distintos modelos de financiación con una mayor participación de las comunidades en los tributos del Estado o las últimas reformas de los estatutos de autonomía (2006-2008), han sido impulsadas y pactadas con Catalunya y, posteriormente, generalizadas al resto de comunidades.

Las estrategia de las fuerzas políticas catalanas ha sido primero la de conseguir una lectura autonomista y federalizante de la Constitución y después ,ante las limitaciones de esta estrategia, impulsar la reforma del Estatuto de Autonomía que fue emulado por otras comunidades para federalizar el Estado sin llegar a reformar la Constitución, un objetivo muy difícil y complejo por las mayorías necesarias.

El nuevo Estatuto de Autonomía de 2006, aprobado por una mayaría de más de dos tercios del Parlamento catalán, aprobada en las Cortes Generales, con el rechazo del PP y ratificado en referéndum por la ciudadanía de Catalunya, reflejaba las aspiraciones de que Cataluña fuera reconocida como nación, de una mayor protección de la lengua catalana, de mayores y más garantizadas competencias y de un sistema de financiación más justo.

La derecha española, profundamente nacionalista, inició una campaña en contra del Estatuto que culminó con la presentación de un recurso contra el Estatuto en el Tribunal Constitucional.

Las deliberaciones del Tribunal se convirtieron ante la opinión pública catalana en un escándalo. Tres años de largas deliberaciones, con constantes filtraciones a la prensa; sin que los miembros del mismo fueran renovados, a pesar de tener el mandato caducado por el veto del PP; con maniobras diversas para mantener la mayoría a pesar de violentar los usos y normas del propio tribunal; con una politización del Tribunal hasta aquel momento nunca vista culminaron con el desprestigio de esta institución.

Al final de todo este proceso partes importantes del Estatuto fueron declaradas  inconstitucionales o se impusieron interpretaciones restrictivas de las partes que no eran contrarias a la Constitución. La sentencia produjo un conflicto de legitimidades: un Estatuto aprobado en referéndum que fue modificado por un Tribunal que actuó más como cámara legislativa que como tribunal. Los catalanes tenemos un Estatuto impuesto por el Tribunal Constitucional que no fue el que votamos.

Todo este largo proceso se produjo liderado por la derecha española y ante la pasividad del PSOE. El fracaso del Estatuto provocó en Catalunya una ola de indignación que se tradujo en un incremento del independentismo en Cataluña, mucha gente que se consideraba federalista ahora es partidaria de la independencia ante la imposibilidad de pactar con el Estado y ante la falta de federalistas en el conjunto del Estado con quien pactar.

Por otro lado las campañas del PP y de sus medios de comunicación afines, culpabilizando, falsamente, de la deuda pública a las comunidades autónomas, han provocado un creciente rechazo a las autonomías en buena parte de la opinión pública española.

La salida que pretenden dar a la crisis la mayor parte de las fuerzas políticas catalanas, incluida ICV, es consultar a la ciudadanía sobre su futuro político. Cuando una parte muy amplia de la ciudadanía cuestiona el marco constitucional y estatutario e incluso la pertinencia al Estado español, hay que comprobar democráticamente cuál es la voluntad de la mayoría de la sociedad catalana, como ha hecho Gran Bretaña con Escocia o en su momento Canadá con Quebec.

A diferencia del gobierno conservador británico, el gobierno conservador español se niega a cualquier acuerdo para realizar dicha consulta.

En este contexto de creciente divergencia entre las mayorías políticas de Cataluña y la del resto de España y de divergencia entre las respectivas opiniones públicas, es posible plantear una solución federal?.

De hecho últimamente el PSOE está proponiendo una reforma de la Constitución en un sentido federal, aunque distinta a la planteado por ICV o IU.

La solución federal, en mi opinión, continúa siendo una opción razonable y válida si se quiere resolver el conflicto territorial español, pero no sirve cualquier federalismo. Lo que propone el PSOE es resolver las contradicciones del modelo autonómico español pero sin afrontar los problemas de fondo.

Y no hay solución si no se reforma la Constitución para, entre otras cuestiones, reconocer el carácter plurinacional y plurilingüístico del Estado, España no es una única nación con hechos diferenciales sino un Estado plurinacional o, si se quiere, una nación de naciones. Es necesario reconocer del derecho a decidir su futuro de las partes que componen el Estado, como una garantía democrática básica de un nuevo acuerdo con el Estado. Hay que preservar las competencias de las comunidades de las ingerencias del gobierno del Estado. Es imprescindible un sistema de financiación más equilibrado y justo, ahora las comunidades con más capacidad económica, con Catalunya a la cabeza, son las que contribuyen en una proporción mayor de las que lo hacen los estados más ricos en cualquier estado federal. Y hay que regular la participación de las comunidades o estados miembros en las decisiones del Estado y en la política europea.

Hemos llegado tarde para una solución federal? Depende de si el Estado central y sus fuerzas políticas mayoritarias son capaces de plantear un nuevo acuerdo a Catalunya que recoja las aspiraciones de la mayoría de la sociedad catalana. Hay que recordar que el crecimiento del independentismo es reciente y se debe al fracaso del Estatuto y a la actitud de un Estado desleal con Catalunya, por tanto podría ser receptivo a negociar una propuesta de acuerdo.

Ante el rechazo mayoritario en Catalunya al marco constitucional y ante las dificultades y conflictos que podría comportar un proceso de secesión sería razonable buscar soluciones como las de Quebec, donde la celebración de dos referéndums sobre la soberanía provocaron una dinámica de nuevos acuerdos entre Quebec i Canadá o en el caso de la Gran Bretaña, donde la celebración del referéndum en Escocia va acompañado de una propuesta de ampliación del autogobierno escocés.

No hay demasiadas razones para el optimismo, en el caso español las soluciones razonables no han sido históricamente las opciones que más se han impuesto. A pesar de los treinta y cinco años de democracia y de descentralización el problema de España sigue siendo la existencia de una débil cultura democrática y de una inexistente cultura federal.

A pesar de ello una idea profunda de la democracia y de la cultura federal continúan siendo para muchos los valores por los que vale la pena trabajar, en Catalunya, en España y en Europa.

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