Un intento de cruce en la frontera española de Melilla en junio de este año dejó decenas de muertos. Los dirigentes españoles, marroquíes y de la UE culparon del incidente mortal a los traficantes de personas, negándose a verlo como consecuencia de unas políticas fronterizas racistas y cínicas que castigan a los más vulnerables. Esta tragedia debería llevar a Europa a adoptar una política más humana para sus fronteras, sin embargo, los líderes de ambos lados de la frontera están llegando a acuerdos que se traducirán en un trato aún más duro para los migrantes.

“El viernes negro”, como ya se denomina el 24 de junio de 2022, al menos 23 personas migrantes perdieron la vida por asfixia al quedar aplastadas en la frontera terrestre entre Marruecos y España. Además, más de 200 migrantes resultaron heridos, y 140 agentes marroquíes y 49 españoles fueron atendidos por diferentes lesiones. Es la mayor tragedia en la frontera sur de Europa. En la anterior catástrofe, en 2014, fallecieron 14 personas en la playa de El Tarajal de Ceuta.  

“Estaban esperando por nosotros. Nos dispararon con gases lacrimógenos, entró mucho humo en nuestros ojos, corrimos, algunos pudieron entrar, otros fueron detenidos por los guardias españoles, y otros se quedaron en la parte marroquí, donde empezaron a pegarnos. No se qué pasó con ellos. Es la primera vez que ocurre algo así. Antes nos rompían las manos y los brazos, pero matarnos es nuevo. No fue un accidente, estaba organizado. Usaron incluso pequeños cuchillos. No teníamos la posibilidad de hacer nada, nos daban con palos una vez en el suelo”, narra telefónicamente desde Casablanca Ali, nombre ficticio de un migrante sudanés que prefiere mantener el anonimato por miedo a ser devuelto a su país, de donde huyó por la guerra. 

En todo caso, las cifras oficiales de muertos distan bastante de las aportadas por las organizaciones no gubernamentales. El colectivo Caminando Fronteras documenta que al menos 37 personas migrantes perdieron la vida ese fatídico día, mientras la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) de Nador, región marroquí colindante con la ciudad autónoma española de Melilla, ha contabilizado 27 personas muertas y 64 desaparecidos.

Cómo se mascó una tragedia sin precedentes 

Alrededor de 1.700 personas migrantes intentaron acceder ese viernes desde Marruecos a España a través del puesto fronterizo de Barrio Chino a Melilla, a pesar del despliegue de las fuerzas de seguridad marroquíes, que superaban el millar de agentes. A las 6.40 horas, un dispositivo anti-intrusión de la comandancia de la Guardia Civil de Melilla detectó la aproximación al vallado de un numeroso grupo de migrantes con palos y piedras y actuó junto a 1.200 agentes de las fuerzas marroquíes para evitar su entrada. Igualmente, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía colaboraron en la contención del salto. 

Dos horas después, tras romper la puerta de acceso del puesto de control fronterizo de Barrio Chino, iniciaron la entrada a Melilla saltando por el tejado del mismo. Según se pudo ver en un vídeo grabado por el fotógrafo Javier Bernardo y publicado en varios medios de comunicación españoles, agentes marroquíes cruzaron la valla de Melilla y golpearon a migrantes en territorio español para devolverlos a Marruecos.   

Esto no fue ninguna sorpresa para el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Melilla, que trabajan con migrantes para defender sus derechos. “Suele pasar” asegura un portavoz de la asociación, “Desde nuestro punto de vista estos rechazos son ilegales, son devoluciones en caliente. No se ha dado un trato personalizado a cada persona en la frontera, porque la mayoría de estos migrantes tienen derecho a protección internacional”.  

Mientras, desde el Ministerio de Interior español mantienen que la Guardia Civil intervino “en todo momento dentro del marco legal nacional e internacional” y “sin que pueda atribuirse a ninguno de los agentes ningún tipo de actuación contraria a ellos”. Afirman rotundamente que “no se devolvió a nadie en la frontera”. 

Bien distintos son los testimonios de las víctimas. Al menos los entrevistados para elaborar este reportaje coinciden en asegurar que sufrieron o vieron como otros compatriotas padecían las devoluciones desde Melilla a Marruecos. “No se hizo nada mientras las autoridades marroquíes nos mataban. E incluso los guardias españoles nos detenían cuando ya estábamos dentro de Melilla y nos llevaban de vuelta a las autoridades marroquíes para que nos golpearan y mataran”, relata Ali. 

Finalmente, solo 133 personas (provenientes de Sudán, Chad, Sudán del Sur, Eritrea y Níger) consiguieron llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Melilla, de las que ya han pedido asilo más de un centenar. “Estos países tienen una tasa de reconocimiento de asilo muy alta, por lo que los van a admitir a trámite a todos”, aseguran desde el SJM de Melilla. 

Las autoridades marroquíes han detenido a 64 migrantes que están siendo juzgados en dos procedimientos en los tribunales de Nador por varios delitos, entre ellos “tráfico de seres humanos” y “organizar y facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia y desde Marruecos”. De ellos, 33 personas han sido sentenciadas a 11 meses de prisión, a una multa de 500 dírhmas (47 euros) y a una indemnización de 3.500 dírhmas (329 euros).  

Según los testimonios de las víctimas, se realizaron devoluciones en caliente desde Melilla a Marruecos.

Además, durante las horas posteriores al intento de entrada a España, las autoridades marroquíes alejaron a 1.300 migrantes desde Nador a diferentes regiones del país en autocares custodiados por las fuerzas de seguridad. De esta manera, en la ciudad de Casablanca se han conformado tres campamentos donde malviven vigilados por la policía, que controla los espacios dos veces al día. 

Aquí duermen al aire libre y sobreviven gracias a la ayuda de la sociedad civil. “Hasta ahora nos han tratado mal. No hay transporte disponible para nosotros, y no hay medicinas para los que están sufriendo mucho por las piernas y las manos rotas”, se queja Ali.  

España, Marruecos y la UE culpan a las mafias  

Una delegación del Parlamento europeo viajará a Melilla para investigar, y no se descarta que se amplíe su viaje a Marruecos. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, conocida también como Comité LIBE, solicitó la comparecencia del ministro de Interior español para explicar la gestión migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. 

Los gobiernos español y marroquí han responsabilizado del suceso a las mafias. De esta manera, la Unión Europea y Marruecos acordaron el 8 de julio en una reunión en el Ministerio de Interior de Rabat actualizar la cooperación en materia migratoria y ampliarla a los nuevos métodos operativos de las redes de tráfico.  

Hasta la capital marroquí se desplazaron la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, y el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, para encontrarse con su homólogo, Abdelouafi Laftit. En la reunión acordaron impulsar nuevos mecanismos contra la migración irregular que incluirán principalmente “el apoyo a la gestión de fronteras, el refuerzo de la cooperación policial con investigaciones conjuntas, la sensibilización frente a los peligros de la inmigración irregular, así como el fortalecimiento de la cooperación con las agencias de la Unión Europea”.  

“Estos sucesos, además de constituir una tragedia humana, pusieron a prueba los dispositivos tradicionales de lucha contra el tráfico de personas y demuestran la extrema peligrosidad de las redes de trata de personas y los riesgos que están dispuestas a generar”, señalaron en un comunicado conjunto. Algo que los migrantes contactados niegan en las entrevistas con los abogados de asilo. “Dicen claramente que no están organizados, afirma Javier Giménez Rivadeneyra, abogado del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en la oficina de Melilla.  

Los nuevos mecanismos para frenar la migración tienen un coste 

Una vez superada la crisis diplomática bilateral desatada en abril de 2021 tras acoger en un hospital español a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, el Ministerio del Interior español busca lograr un convenio de colaboración en materia migratoria con Marruecos, al estilo de los rubricados con Senegal (2006) y Mauritania (2014), para establecer patrullas conjuntas que permitan a la Guardia Civil interceptar la salida de embarcaciones con migrantes irregulares.  

La mala relación del rey Mohamed VI con el presidente español Pedro Sánchez comenzó en enero de 2020, cuando se conformó el gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, partido que reclama el referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. El malestar creció con el reconocimiento de Donald Trump de la soberanía marroquí sobre todo el territorio saharaui en diciembre de ese mismo año. España no siguió sus pasos, y la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, más tarde destituida, defendió una postura internacional en consonancia con las Naciones Unidas. 

La unidad territorial con el reconocimiento del plan de autonomía marroquí, que se anexiona el Sáhara Occidental como las provincias del sur, es el objetivo principal al que se orientan desde hace más de un lustro las políticas de Marruecos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  

Las organizaciones de derechos humanos consideran que el drama del 24 de junio en la frontera con Melilla es consecuencia de las políticas migratorias.

La fórmula mágica la entonó Pedro Sánchez por medio de una carta al rey Mohamed VI el 14 de marzo: “El plan de autonomía marroquí es la solución más seria, creíble y realista” para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental. A partir de ahí, el monarca alauita recibió al presidente español el 7 de abril en Rabat, donde firmaron la paz con una nueva hoja de ruta, que destaca el control de los flujos migratorios.  

Marruecos juega con esa posición de guardián de las fronteras. En el intento de calmar el enfado de Rabat por acoger a Brahim Ghali, España le entregó 30 millones de euros para frenar la inmigración irregular en mayo de 2021, cuando dejó pasar a 12.000 personas a la ciudad autónoma de Ceuta por mar y tierra ante la impasividad de la Gendarmería Real.  

España ya le había dado en 2019 otra ayuda directa de 32 millones de euros. Al final, Marruecos recibe más fondos que otros países africanos en los que la cooperación policial está consolidada, como Senegal y Mauritania. De hecho, las autoridades en Rabat sostienen que necesitan alrededor de 500 millones de euros anuales para afrontar los gastos de control de sus fronteras. Así, el ministro Grande-Marlaska demandó este mes a Europa que incremente los fondos destinados a proyectos de colaboración migratoria en África.  

España juega un papel de intermediario entre Europa y Marruecos, y Madrid gestiona el dinero que la Unión Europea entrega a Rabat para el control de las fronteras del sur. Por eso, las organizaciones de derechos humanos consideran que el drama del 24 de junio en la frontera con Melilla es consecuencia de las políticas migratorias. Se trata de “delitos cometidos por las políticas migratorias criminales”, coinciden AMDH en Nador y SJM en Melilla.  

“Ese es el arma de Marruecos, recibe mucho dinero por la externalización de las fronteras”, resume en una entrevista con esta publicación Javier Giménez de SJM. 

En la actualidad, con el control férreo, la violencia contra las personas migrantes, las redadas en las casas y en los bosques, se puede entender que Marruecos ha dejado de ser un país de acogida de migrantes, a pesar de haber organizado la Conferencia Intergubernamental para el Pacto Mundial sobre Migración en Marrakech en 2018 y de sus dos programas de regularización en 2014 y 2016. En estos momentos, la hospitalidad y la cálida acogida han llegado a su fin; las personas con las tarjetas de residencia caducadas se encuentran con trabas administrativas, se les exigen más documentación y se ralentizan los procesos.  

En esa línea, y tras esta catástrofe, el gobierno marroquí restablecerá su programa de devolución de personas migrantes irregulares a sus países de origen, paralizado desde 2006. A pesar de que desde 2018 se vienen produciendo expulsiones puntuales organizadas con las embajadas de ciertos Estados africanos. 

La tragedia de la frontera de Barrio Chino, que separa Marruecos y la ciudad autónoma española de Melilla, demuestra una vez más que el ejercicio por parte de Rabat del papel de gendarme y guardia de las fronteras del sur de Europa, con la complicidad de las autoridades españolas y con el beneplácito de la Unión Europea, es el principal responsable de las violaciones que afectan a migrantes y a solicitantes de asilo que intentan acceder al continente. 

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