A pesar de las numerosas crisis mundiales, el Pacto Verde Europeo ha puesto en marcha una serie de cambios trascendentales de cara a lograr una economía europea más sostenible. No obstante, la agenda climática del bloque corre el riesgo de ralentizarse o estancarse debido a las guerras culturales en materia de agricultura, unas políticas industriales menos ambiciosas que las de los competidores globales de la Unión Europea y la falta de medidas que mitiguen las repercusiones sociales.

El Pacto Verde, tal y como se presentó por primera vez de la mano de Von der Leyen, constituía una iniciativa global, “una hoja de ruta de gran alcance” que abarcaba la biodiversidad y los bosques, la agricultura y el sector alimentario, las ciudades verdes y la economía circular. A pesar de estas aspiraciones, la agricultura ha quedado excluida en su mayor parte de la agenda del Pacto Verde. En el año 2020, la Comisión Europea propuso una estrategia denominada De la granja a la mesa, que consistía en alejarse de la antigua lógica de la Política Agrícola Común para avanzar hacia un “sistema alimentario justo, sano y respetuoso con el medio ambiente”.

La primera pieza legislativa clave del plan, el Marco legislativo sobre sistemas alimentarios sostenibles, desapareció del programa de trabajo de la Comisión a finales de este año debido a una gran oposición por parte del Partido Popular Europeo. Como alternativa, la presidenta de la Comisión declaró en el reciente discurso sobre el estado de la Unión que la Comisión quiere entablar un “diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la UE”. Sin embargo, no queda muy claro qué se conseguirá con ello. Según Tycho Vandermaesen, de WWF, la Política Agrícola Común se ha convertido en una “vaca sagrada” y es la principal causante de los problemas climáticos y naturales que afectan a la agricultura europea convencional. Vandermaesen expresa su escepticismo ante la posibilidad de que dicho “diálogo estratégico” consiga ponerla en tela de juicio.

A pesar de estas lagunas, Klaus Röhrig, de Climate Action Network Europe, afirma que el pacto verde ha tenido un “impacto significativo” en la agenda política de la UE. Las cuestiones climáticas se han integrado en todos los ámbitos políticos y la agenda se ha respetado “incluso cuando el contexto internacional planteaba unos retos de gran magnitud”. El nuevo contexto brinda un razonamiento más sólido que nunca para actuar ante el cambio climático: “Cualquier retroceso que se produjera equivaldría a ignorar los efectos devastadores que una crisis climática descontrolada tendría en áreas como la salud pública, la competitividad industrial y la seguridad alimentaria”.

Con las elecciones europeas de 2024 a la vista, los grupos de activistas medioambientales temen que el Pacto Verde se convierta en el blanco de cada vez más ataques. “Existe una campaña contra el Pacto Verde basada en la desinformación y el miedo y encabezada por una coalición de sectores conservadores, populistas y extremistas de derechas, con cierta ayuda de algunos liberales”, sostiene Jutta Paulus, eurodiputada ecologista. También señala que, en la primavera de 2023, el PPE arrancó con una “lista negra” de legislación sobre el pacto verde, lo que supone un giro de 180 grados en contra de la agenda legislativa de su propia presidencia de la Comisión. Paulus apunta que los próximos meses se convertirán en una “lucha constante contra los planes que pretenden desalentar las aspiraciones y retrasar el progreso”.

Una transición industrial

Durante el lanzamiento del Pacto Verde, Von der Leyen anunció a sus comisionados que la iniciativa era “nuestra nueva estrategia de crecimiento, una estrategia de crecimiento que aporta más de lo que consume”. Si se demostrara que las políticas para reducir las emisiones y regenerar la naturaleza pueden crear empleo y prosperidad, entonces sería absurdo empeñarse en ralentizar o incluso detener el Pacto Verde.

Sin embargo, el objetivo de convertir el Pacto Verde en una estrategia económica ha peligrado seriamente, incluso a pesar del lanzamiento de la Ley sobre la industria de cero emisiones netas de la UE y la Ley de materias primas fundamentales. Ambas medidas tienen como finalidad proteger y desarrollar las industrias ecológicas en la UE mediante políticas sectoriales específicas y el aumento del suministro de los recursos naturales necesarios.

Según Viktoriya Kerelska, de WindEurope, el Pacto Verde ha servido para “concretar escenarios” que permitan aumentar masivamente la energía eólica hasta alcanzar el nivel necesario para cumplir los objetivos de reducción de emisiones. Desde que Rusia invadió Ucrania, el sector de las energías renovables de la UE se ha beneficiado de varias medidas de emergencia acordadas por la Comisión a fin de ayudar a reemplazar el gas ruso, tales como el plan RePowerEU y paquetes de medidas destinadas a facilitar la concesión de permisos. Kerelska “valora positivamente que la UE esté pensando más en el ámbito industrial” del pacto verde, pero considera que todavía queda mucho por hacer si se pretende que la transición energética “se produzca en Europa” y esté a la altura de las aspiraciones económicas prometidas.

En el caso de la industria eólica, se podría facilitar aún más la obtención de permisos, afirma Kerelska. La UE aprobó leyes de urgencia a finales del año 2022 para que los Estados miembros agilizasen los permisos de planificación de proyectos de energías renovables. Sin embargo, un estudio publicado en septiembre de 2023 por SolarPower Europe revela que muchos países no están aplicando los cambios. El resultado es que los proyectos solares y eólicos tardan demasiado tiempo en conseguir aprobación o no logran superar unos procesos burocráticos excesivamente complicados, lo que está provocando el cierre de fábricas ante la escasez de pedidos.

Kerelska señala que agilizar los procesos de concesión de permisos “ayudaría a desbloquear una oleada de proyectos” y a cumplir con los objetivos de empleo y crecimiento del Pacto Verde. Según revela, existen 18 GW de proyectos eólicos “atascados” en toda Europa.

Un cambio en los criterios de las subastas de energías renovables también contribuiría a alcanzar los objetivos económicos del Pacto Verde, asegura Kerelska. En su opinión, “es conveniente optar por fórmulas que se alejen de modelos basados únicamente en el precio, para así poder tener también cuenta otros criterios”, y propone que los criterios de subasta incluyan “la ciberseguridad y la protección de datos, así como unas estrictas normas sociales y de gobernanza que deberíamos cumplir”. Una tercera propuesta es que todos los países empiecen a aplicar la indexación en las subastas, especialmente en periodos de alta inflación como el que atravesamos actualmente. Es más, este cambio evidenciaría “una comprensión del contexto económico”.

Buenos planes para buenos acontecimientos

En el terreno de los vehículos eléctricos también se está debatiendo si la transición energética se llevará a cabo “en Europa” y si la UE cosechará los frutos en forma de prosperidad económica y puestos de trabajo.

La decisión de la UE de abandonar gradualmente la venta de vehículos nuevos equipados con motores de combustión interna de aquí al año 2035 ha marcado una dirección muy definida para la industria automovilística. La transición de los combustibles fósiles a los vehículos eléctricos sería “muy difícil de desandar”, afirma William Todts de Transport & Environment. “Hay cierta confusión política, pero para revertir de verdad la transición hacia vehículos de cero emisiones de carbono tendría que producirse un giro trumpiano”, asegura Todts en referencia al que fuera presidente de Estados Unidos, un apasionado de los combustibles fósiles.

El horizonte fijado en 2035 para el fin de la venta de coches propulsados por combustibles fósiles en la UE “se aceptó, pero no porque lo quisieran las ONG, sino porque lo quería la [propia] industria”, explica Todts. Las empresas automovilísticas buscan una “certidumbre para sus inversiones”. La industria no está por la labor de apostar 50.000 millones de euros y planificar nuevas fábricas y acuerdos a largo plazo con proveedores de baterías simplemente para “enterarse unos años después de que todo era una broma”.

En este momento, la gran pregunta es si la próxima generación de vehículos eléctricos se fabricará en la UE. “Tal y como están las cosas, no [será así]”. Todts señala las cuantiosas subvenciones que ofrecen EE UU y China para apoyar la fabricación de vehículos eléctricos en estos países. Algunas empresas de la UE, como BMW, están invirtiendo en fábricas en China para luego enviar sus vehículos a Europa. “Es una cuestión industrial”, afirma Todts. “Podemos elegir entre vehículos eléctricos subvencionados y baratos que se fabriquen en China o proteger nuestra industria automovilística, ya que genera puestos de trabajo y otros beneficios”.

No hay una respuesta fácil ante este dilema, pero Todts cree que la estrategia del Pacto Verde era “acertada” y que lo que ha cambiado en los últimos 12 a 18 meses han sido más bien “las reglas del juego”. “El Pacto Verde arranca en el año 2019, mucho antes de que EE UU empezara a tomarse en serio todo esto (la Ley de Reducción de la Inflación solo tiene un año y ya ha alterado radicalmentelas reglas del juego) y las relaciones con China han cambiado de manera drástica”, sostiene Todts. “No se trata de que a la UE se le haya escapado algo, sino que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias”.

“Nuestro plan era bueno”, continúa. “Fíjate en el número de fábricas de baterías que se habían previsto en Europa. Era algo espectacular y todas las demás venían a Europa”. Sin embargo, desde que se conocieron los miles de millones destinados a subvenciones estadounidenses, las multinacionales han cambiado de estrategia y van adonde les ofrezcan una mejor oferta. El Pacto Verde fue “una estrategia tan buena que los estadounidenses y los chinos la copiaron y ahora la están aplicando mejor que nosotros”, dice Todts. “Tenemos que ponernos las pilas”.

Los esfuerzos por descarbonizar el transporte terrestre, aéreo y marítimo afrontan el mismo reto. Todts califica las normativas FuelEU Maritime y ReFuelEU Aviation de “avances” que demuestran hasta qué punto la UE ha aceptado la necesidad de liderar el cambio en estos sectores altamente contaminantes, pero vuelve a insistir en la necesidad de “acelerar” el desarrollo de los combustibles sintéticos o e-fuels.

La UE tiene que empezar a ponerse manos a la obra en cuanto a los esperados aspectos sociales del Pacto Verde Europeo

La velocidad de la transición en el sector de la construcción también es “sumamente preocupante” en la práctica, afirma Adrian Joyce de Renovate Europe, a pesar de que la reducción de la energía necesaria para la calefacción y la refrigeración de los edificios es “una clara prioridad” del pacto verde.

“Si los responsables políticos de la UE están decididos a sumarse a la ola de renovación, es preciso que presten mucha más atención a los edificios y a las medidas de eficiencia en los próximos cinco años”, sostiene Joyce. “La UE y los Estados miembros deben trabajar codo con codo para aplicar sin dilación las medidas contempladas en la Directiva Europea de Edificios, financiar grandes renovaciones y crear ventanillas únicas, en colaboración con el sector privado, para que las personas que deseen renovar sus viviendas desde el punto de vista energético puedan encontrar información fiable con facilidad”.

La UE tiene que empezar a ponerse manos a la obra en cuanto a los esperados aspectos sociales del Pacto Verde Europeo. En lugar de ocuparse únicamente de la cuestión legislativa, Joyce sugiere que los responsables políticos empiecen a pensar con un enfoque diferente si es que realmente pretenden hacer realidad los objetivos del Pacto Verde. “En términos generales, los responsables políticos y el público en general están estancados en un concepto de la energía muy del siglo XX”, observa. “Siguen enfocados en una gran producción centralizada de energía y perciben las medidas de eficiencia como una privación o un sacrificio, en lugar de considerarlas una solución que, en última instancia, reduce el gasto energético, crea puestos de trabajo de calidad y mejora la calidad de vida de las personas”.

Brechas sociales

Ludovic Voet, de la Confederación Europea de Sindicatos en materia de clima y transición justa, sugiere que la UE tiene que empezar a ponerse manos a la obra, por no hablar de agilizar los esperados aspectos sociales del Pacto Verde Europeo. Hasta ahora, la iniciativa “ha pasado completamente por alto las repercusiones sociales y no avala realmente una transición justa”. Los sindicatos europeos reclaman un “marco de transición justa a escala de la UE” que “complemente el Pacto Verde”. Las intervenciones actuales de la UE siguen “limitándose demasiado a las regiones y los empleos intensivos en carbono” y se quedan muy cortas a la hora de servir como “herramientas para transformar el mundo laboral”, afirma Voet.

Voet esboza una serie de políticas que se incluirían en ese marco, tales como una “cartografía granular” para cada política climática que ponga de manifiesto su impacto sobre las competencias y el empleo en cada región y cada sector. De este modo se podrían planificar los cambios con antelación y entablar las conversaciones oportunas con los trabajadores. Además, una transición justa requiere más financiación, y es necesario que las personas trabajadoras participen en los diálogos sobre los procesos de transición. “Uno de los riesgos de la transición verde” es que los trabajadores de más edad no se reciclen y se les sustituya de aquí a 10 años, cuando haya que cumplir los objetivos, por “trabajadores más jóvenes y peor pagados”.

El Pacto Verde Europeo ha progresado considerablemente desde su presentación, pero todavía hay algunas cuestiones decisivas que siguen siendo muy conflictivas desde el punto de vista político. Según Voet, si no se avanza en este sentido, la clase política europea no debería extrañarse de que se produjera una “reacción violenta” contra el Pacto Verde.

El Pacto Verde Europeo ha progresado considerablemente desde su presentación, pero todavía hay algunas cuestiones decisivas que siguen siendo muy conflictivas desde el punto de vista político.

De forma similar, Röhrig, de Climate Action Network Europe, opina que el dinero destinado a amortiguar los perjuicios sociales de la ampliación del impuesto comunitario sobre el carbono a la calefacción doméstica y el transporte (también conocido como Fondo Social para el Clima), fue un “primer paso muy útil” para “integrar más eficazmente la cohesión social en la transformación verde”. Sin embargo, el fondo es demasiado escaso e “insuficiente a la hora de acometer cuestiones estructurales relacionadas con la erradicación y prevención de la pobreza”, señala.

No obstante, “la presión política en torno a la crisis del coste de la vida” no debe “dar lugar a una ralentización de la agenda de medidas climáticas”, sostiene Röhrig. Dicha presión sería una maniobra desacertada: “Una intervención insuficiente ante la emergencia climática conllevará unas convulsiones sociales aún más considerables, lo que incidirá de forma negativa en la salud y la resiliencia, especialmente entre los grupos sociales que ya se encuentran marginados”. Quizá la clave para garantizar y aumentar el éxito del pacto verde sea esclarecer cómo se financiará todo este proceso de cambio a partir del año 2026, cuando concluya el presupuesto actual de la UE y la financiación del proyecto NextGenerationEU.

“Necesitamos inversión si queremos que los Estados miembros implanten el pacto verde y muchos países no dispondrán del espacio fiscal para hacerlo en solitario”, subraya Todts, abogando por un “plan de inversión a largo plazo” con un horizonte de entre cinco y diez años. “Si hay inversión, dinero y empleo, avanzaremos por el buen camino”, remata.

En resumidas cuentas, el Pacto Verde Europeo ha progresado considerablemente desde su presentación y ha mantenido el rumbo a pesar de la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis energética. Sin embargo, hay algunas cuestiones decisivas como la agricultura que siguen siendo muy conflictivas desde el punto de vista político y que no se han abordado debidamente. A partir de 2024, el pacto verde tendrá que evolucionar de la regulación y los objetivos a una fase mucho más complicada en la que habrá que recurrir a políticas industriales y sociales y a la inversión pública para garantizar un éxito duradero.